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  • DE FRENTE AL PAÍS, SERIO EMPEÑO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

    Palabras del presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, con ocasión de la presentación del Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción

    Considerando que cualquiera empleado en la Hacienda pública que abusando de la confianza con que el gobierno le ha distinguido, se entrega al fraude y mala versación de los intereses públicos es acaso más traidor a su patria que lo es el que trama una conspiración o deserta de las banderas en dónde se ha alistado, he venido en virtud de las facultades que en mí deciden en decretar y decreto:

    Primero. El empleado en la hacienda nacional a quien se le justificare sumariamente fraude o mala versación en los intereses públicos o resultare alcanzado, se le aplicará irremisiblemente la pena de muerte sin necesidad de formar más proceso que los informes de los tribunales respectivos.

    Segundo. Al empleado al que se le justificare sumariamente poco empeño en el desempeño de su destino con perjuicio del erario nacional, se le privará de su empleo y será destinado al servicio de las armas o a un presidio de los de Guayana, según las circunstancias”.

    Esa afirmación se hizo ley, el 23 de octubre de 1819, cuando el General Santander expidió la Ley Principal contra los Empleados de Hacienda.

    Desde ese momento, el “hombre de las leyes” sentó las pautas para que nuestro país tuviera una herramienta, capaz de poner en evidencia a los empleados públicos culpables de corrupción.

    Las palabras del General Santander se han revalidado, aunque hayan pasado casi dos siglos, pues los valores de la ética, la transparencia, y la honestidad, son los pilares de nuestra democracia y deben ser la virtud que caracterice nuestra identidad nacional.

    Hoy, -al igual que hace doscientos años lo hiciera Santander-, la Nación señala a los corruptos como los hombres más despreciables de la sociedad, y a la corrupción, como el estigma que más le resta posibilidades a la justicia social. La gravedad de esta práctica es tal, que el Departamento Nacional de Planeación, en un estudio reciente ha calculado que la corrupción le puede llegar a costar al país cada año, por lo menos un punto en el PIB, es decir, más de 1.32 billones de pesos.

    Con el convencimiento de que la reconciliación y el progreso requieren del cambio, mi gobierno viene realizando su más serio empeño en la lucha contra la corrupción y contra el desgreño administrativo.

    Con satisfacción puedo decir a todos los colombianos que les estoy cumpliendo: que hoy el Gobierno junto con los organismos de control, podemos mostrar a Colombia y al mundo cifras contundentes en su lucha contra la corrupción.

    Esa es la prueba fehaciente de la voluntad de cambio del pueblo colombiano. Un pueblo que ha sufrido las consecuencias de la corrupción, pero que tiene un gobierno honesto que ha sabido asumir la actitud clara y decidida del cambio, emprendiendo desde el primer día las acciones inmediatas que muestran una lucha decidida contra esas prácticas y que ha puesto todo su empeño para que los responsables de esos delitos, paguen, hasta la última consecuencia, sus cobardes actos.

    Es así como la eficiente labor que viene cumpliendo el DAS impidió que se sustrajera de una cuenta del Instituto de Seguros Sociales, la suma de mil cuatrocientos millones de pesos. En la costa atlántica se descubrió un mecanismo ilícito mediante el cual, empresas temporales cobraron más de 20 mil millones de pesos al ISS en incapacidades para empleados que no habían sido afiliados legalmente.

    Así mismo el DAS puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación una serie de irregularidades que se estaban cometiendo en la Caja Agraria en el procedimiento de adjudicación de créditos sin el lleno de los requisitos. La suma correspondiente a los créditos otorgados de forma ilícita asciende a 44 mil millones de pesos. Afortunadamente las autoridades encargadas, ya han atajado esa práctica fraudulenta.

    Durante los últimos diez meses el DAS evitó que se cometiera fraude por más de 46 mil millones de pesos en entidades como el Ministerio del Interior, Cajanal, el Instituto de Seguros Sociales y la DIAN. Así mismo sus acciones efectivas evitaron que se cometiera fraude a las entidades financieras por un valor superior a los 9 mil millones de pesos. En los últimos días, se logró determinar que en Cajanal personas inescrupulosas, defraudaran a la entidad, sumas en pensiones equivalentes a 542 millones de pesos.

    Los colombianos de bien estamos demostrando que el crimen no paga y que tarde o temprano los culpables de los robos al Estado caen por el peso de sus propias acciones: ese es el caso de una ex funcionaria de la DIAN en el Norte de Santander que tendrá que cumplir con una condena de seis años y devolver al Estado colombiano más de mil millones de pesos, equivalentes a los robos que gestó cuando trabajaba al servicio de dicha entidad.

    Durante los primeros meses de gobierno, el DAS capturó 62 empleados de Cajanal, que venían cometiendo abusos administrativos en detrimento del patrimonio de la entidad, 11 funcionarios del Seguro Social, y 6 funcionarios de la Previsora. Esto nos demuestra que en Colombia los corruptos sí van a la cárcel.

    El DAS, a través de la Unidad Especial de Investigaciones Informáticas y Electrónicas, realizó un operativo en las principales de la Costa Atlántica en el cual logró incautar software pirata por un valor superior a los dos mil millones de pesos. Y es que la piratería es también una forma de corrupción, que resta oportunidades al empleo y fortalece el contrabando.

    La Contraloría puso en funcionamiento mecanismos excepcionales de intervención fiscal en el nivel territorial, al intervenir la Contraloría Distrital de Cartagena y al Distrito mismo. En ese caso se encontró que existían funcionarios dedicados a anidar la corrupción, y a entorpecer las acciones de control que debe ejercer dicho organismo.

    Adicionalmente la Contraloría realiza investigaciones a 689 funcionarios públicos involucrados en casos de detrimento patrimonial contra el Estado.

    La Procuraduría General de la Nación, en los últimos meses, abrió investigación disciplinaria en contra de 186 funcionarios y dispuso auto de cargos en contra de 108. De otra parte dictó suspención provisional a dos gobernadores y a un alcalde.

    De igual forma la Fiscalía General de la Nación, ha venido realizando importantes esfuerzos en su lucha contra la corrupción. Es así, que durante los últimos cuatro años este organismo ha abierto 18.653 investigaciones contra funcionarios involucrados en delitos contra el patrimonio público, de las cuales 1.456 se abrieron en los últimos diez meses. Esta cifra nos confirma la alta capacidad investigativa de este organismo de control.

    De igual forma, durante estos primeros meses de gobierno hemos dado trámite a través del Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción a 289 denuncias de casos de corrupción. Estas denuncias han sido tramitadas según sus características ante los distintos organismos de investigación y es compromiso primordial del programa presidencial, hacerles el seguimiento con el fin de que se muestren resultados concretos. En ellas están implicados funcionarios de diferentes entidades oficiales que tendrán que asumir su responsabilidad frente a todos los colombianos.

    He querido mostrar al país estos resultados concretos, porque estoy seguro que nuestra lucha anticorrupción va por buen camino.

    Ya han señalado los estudiosos de este flagelo que el vínculo entre corrupción y eficiencia es el punto esencial en la lucha contra la corrupción. Cuando se examina dónde ha sido posible reducir la influencia de las distintas modalidades de corrupción, se encuentra que las medidas adoptadas se relacionan siempre con una mayor eficiencia en el cumplimiento de los objetivos en la gestión pública.

    Algunas veces se ha pretendido generalizar asociando a todo funcionario público los individuos corruptos. Yeso de ninguna manera es así. Desafortunadamente por unos pocos se han ganado mala fama otros. Quiero aprovechar esta ocasión, para resaltar la eficiente labor de la mayoría de los funcionarios que trabajan al servicio del Estado, y que en cada una de sus actuaciones, anteponen la prudencia, la delicadeza y la conciencia social. Ellos deben ser nuestros prin- cipales aliados en la lucha contra la corrupción.

    La presentación del Programa Anticorrupción es la mejor manera de mostrar a Colombia, que este es un gobierno comprometido con un país que trabaja sin descanso por construir la paz. ¿Qué trabajo más honesto que la búsqueda de la reconciliación, la equidad y la justicia social?

    Por eso sellamos este deber ético y moral porque estamos absolutamente convencidos que los corruptos, hacen el mismo daño que los violentos, generando desempleo e injusticia.

    Hemos asumido un compromiso con la sociedad para frenar de tajo la inmensa cantidad de dineros públicos que se desvían de su destino y van a parar a “los bolsillos rotos”.

    Las entidades de la Nación, comprometidas a fondo con la lucha anticorrupción, han conformado un grupo élite encargado de realizar investigaciones a nivel nacional. Este grupo está conformado por el Procurador, el Contralor, el Ministro del Interior, el Director del DAS y el director del Programa Presidencial, y cuenta con el apoyo investigativo de la Fiscalía.

    Hemos querido “ponerle dientes” a esta herramienta institucional que acompaña la labor de los organismos de control público dotándola de mecanismos que gracias a la cooperación institucional, le permiten al Programa tener en sus propias instalaciones, un Fiscal Delegado al igual que funcionarios de la Contraloría, la Procuraduría, el DAS y la DIAN. Todos ellos trabajan bajo un esquema de cooperación y de integración absoluta.

    Con el Programa de Lucha Contra la Corrupción, el Gobierno Nacional da un paso firme en la consolidación de las herramientas institucionales y legales, que afianzan nuestro compromiso con el cambio.

    Este plan integral, permite que en todos los espacios de la vida pública nacional, prime la conciencia ciudadana. Por eso insisto en la necesidad de que el país entero reflexione con respecto a su compro- miso con el cambio. Que los individuos honestos denuncien los casos de corrupción, en actitud solidaria con la ciudadanía. Sólo de esa forma nos investiremos de la autoridad moral y social que nos permite señalar a quienes cometen actos ilícitos.

    Hago un llamado a todo el pueblo colombiano para que coopere denunciado los casos de corrupción.
    Quiero contarles un caso real en el que se comprueba la efectividad de esa colaboración: hace poco un ciudadano común, denunció a un funcionario del Instituto de Seguros Sociales, que cobraba una mordida por agilizar los trámites en dicha entidad. Hoy, ese funcionario corrupto, está en la cárcel. Eso prueba a todos que las denuncias de los ciudadanos tienen un valor incomparable. Con este ánimo los invito para que se acerquen a denunciar ante las autoridades todos los casos que evidencien costumbres corruptas.

    Colombianos:

    Hoy hemos puesto nombre a nuestra lucha anticorrupción, hoy se presenta el Programa Presidencial “De frente al país” que lidera los esfuerzos interinstitucionales que durante mi gobierno harán un frente común contra los corruptos. He encargado el cumplimiento de esta labor al Vicepresidente de la República en su condición de Alto Consejero, será el encargado de coordinar la implementación de las políticas gubernamentales orientadas a disminuir de forma sustancial la corrupción en la Administración Pública.

    Hoy también firmamos el Decreto mediante el cual se modifica la estructura interna de la Comisión de Moralización creada por la Ley 190 de 1995, que separa las actividades del sector institucional, representa- do por el Gobierno y los organismos de vigilancia y control, del sector ciudadano, para que puedan operar en forma independiente. El primero, será el espacio propicio para una permanente y estrecha coordinación entre el Gobierno y los organismos estatales que luchan contra la corrupción. El segundo, será la instancia adecuada para que la sociedad participe activamente en la lucha contra la corrupción.

    Sé que este Programa no es sólo un esfuerzo del Gobierno, sé que la voluntad de cambio de los colombianos dará el impulso necesario para cumplir con ese propósito.

    Tardaremos pocos años en ver una nueva Colombia, de manos limpias, trabajadora, justa y en paz. Tengo la certeza que nuestros jóvenes vivirán en ese país, en el que el sol se pondrá con la certidumbre que nos dan la transparencia y la honestidad.


    Lugar y fecha

    Bogotá, Colombia
    9 de junio de 1999

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