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  • LA EFICIENCIA DE UN ESTADO MODERNO

    Palabras del presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, al anunciar las medidas tomadas dentro del programa de reforma del Estado

    Compatriotas:

    La modernización del Estado presenta hoy su primer avance. Este es un proceso dinámico y una política permanente. Después de un extenso proceso, el Consejo de Ministros ha aprobado cambios fundamental orientados hacia la modernización de la Administración Pública.

    Siguiendo las definiciones tomadas en la Constitución de 1991, el Gobierno que lidero trabaja en la expedición de decretos para la modernización del Estado.

    El proceso de modernización que hemos iniciado descansa sobre tres columnas fundamentales: La lucha contra la corrupción, la lucha contra la tramitomanía y la reorganización de las estructuras de las diferentes organizaciones del Estado.

    En cada uno de estos tres temas hemos avanzado con acciones concretas. En la lucha contra la corrupción, además de todas las acciones conjuntas que estamos adelantando por intermedio del programa anticorrupción, hemos decidido fortalecer las oficinas de control interno cuyos directores serán nombrados por el Presidente.

    En la lucha contra la tramitomanía se expedirá un decreto en ejercicio de las facultades extraordinarias mediante el cual se suprimen más de 280 trámites que dificultan el diario vivir de los colombianos.

    Así mismo, en el tema de la organización de las entidades hemos flexibilizado y modernizado la estructura de la mayoría de ellas reorganizando sus funciones para evitar la duplicidad que hoy se presenta y para que los ciudadanos puedan acceder con más facilidad a ellas. Se han fusionado 13 entidades que cumplen la misma función, otras 9 han sido suprimidas y se han reubicado algunas.

    Este proceso ha estado precedido por una serie interminable de rumores y divagaciones sobre los alcances de la reforma. Lo cierto es que el Presidente de la República escuchó, sopesó y evaluó las pro- puestas que nacieron de la discusión entre muchas instituciones del Estado.

    Desde el mes de marzo, cuando se expidieron las directivas presidenciales sobre la modernización del Estado y la supresión de trámites, procedimientos y regulaciones, las personas interesadas en cada tema debatieron en forma amplia y aportaron sus ideas.

    Recibimos múltiples propuestas que sirvieron de base a este proce- so y finalmente fueron presentadas para su aprobación definitiva.

    Se habló mucho de la supresión y fusión de ministerios y otras entidades descentralizadas. Ello significaba, de un lado, el despido de muchos trabajadores al servicio del Estado y, por otro, que los aho- rros que traían estas modificaciones eran muy pequeños con res- pecto al tamaño del problema.

    Este proceso de modernización no es mejor si se reduce más personal. Tampoco es mejor si se suprimen ministerios. La calentura no está en las sábanas.

    Mantenemos nuestro compromiso con un ajuste fiscal a fondo pero este no solo se da con la reducción de nómina sino, ante todo, con eficiencia y racionalización del gasto público y de la gestión.

    Por la complejidad de algunas instituciones he decidido que la refor- ma se realice en forma progresiva. Hemos definido un proceso escalonado para continuar el proceso que hoy comenzamos.

    Entidades como el Instituto de Seguros Sociales y el Sena serán analizadas dentro del marco concertado de la Alianza para el Empleo, la Recuperación Económica y la Productividad.

    Así mismo, se modernizará todo el sistema de inspección y vigilancia que hoy se encuentra en cabeza de las diferentes superintendencias. se modernizará el sistema de apoyo al sector agrícola hoy disperso en diferentes entidades y reorganizaremos el sistema de previsión social de los funcionarios públicos para hacerla más eficiente.

    Debo resaltar el trabajo que se está adelantando en materia de creación de los mecanismos orientados a proteger el patrimonio público mediante la reorganización de las empresas industriales y comerciales del Estado, de tal forma que su acción resulte más coordinada y productiva.

    Siguiendo los postulados de la Constitución y tal como lo ordena la ley, serán suprimidas las oficinas regionales de las entidades nacionales que resulten innecesarias.

    Se suprimirán los cargos que hoy sobran, empezando por más de 2.500 vacantes que hoy existen en la administración pública.

    En adelante los Ministerios tendrán un solo Viceministro para que estos recobren su real importancia y sus estructuras serán homogéneas y más planas.

    Como he reiterado en varias oportunidades, el Gobierno será estricto en garantizar los derechos de los trabajadores, las normas convencionales y la carrera administrativa. Los retiros necesarios de trabajadores serán debidamente indemnizados y adicionalmente se adelantarán programas de adaptación laboral.

    La próxima semana vencen las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente para modernizar la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, así como para reformar la carrera diplomática, la DIAN, el régimen de liquidación de entidades y para suprimir y modificar trámites, regulaciones y procedimientos.

    A partir del vencimiento de estas facultades, continuaremos el proceso de modernización mediante el uso de las facultades ordinarias que se le otorgaron al Presidente para que en forma permanente reestructure la Administración Pública Nacional.

    La eficiencia de un Estado moderno, que les sirva mejor a los ciudadanos, está también relacionada con procesos claros y con la transparencia en el manejo de los recursos. Caso por caso se analizaron todos estos criterios para construir un Estado mejor para todos.

    Todo esto solo busca mayor bienestar para todos los colombianos. Ese es uno de los compromisos que tengo con el pueblo colombiano y ha sido el gran parámetro que orienta la modernización que iniciamos.

    Ahora me gustaría hacer un breve resumen de algunas de las medidas adoptadas en el día de hoy:

    • Ante la gravedad del problema del secuestro se ha querido dar una respuesta, asignando una responsabilidad a nivel ministerial para combatirlo. Para ello se trasladan las funciones del Zar Antisecuestro al Ministro de Justicia y del Derecho.
    • Se fusionan las fiduciarias estatales dejando solo tres de ellas.
    • Se flexibilizan y aplanan las estructuras de los ministerios centrando sus funciones en la determinación y evaluación de las políticas sectoriales. Se deja un solo Viceministro por Ministerio.
    • Se crea la figura del Defensor del Contribuyente. A la DIAN se le asignan recursos propios para profundizar la lucha contra la evasión y el contrabando. Se facilita la atención a los pequeños y medianos contribuyentes y a quienes están en proceso de normalización tributaria.
    • Se agiliza la destitución de los funcionarios corruptos.
    • Se fortalece la política del Gobierno Nacional para el otorga- miento de créditos en el sector agropecuario transformando la Caja Agraria en el nuevo Banco Agrario.
    • Se fortalecen las oficinas de control interno para el control de la gestión y la lucha contra la corrupción. Sus titulares serán nombrados directamente por el Presidente de la República, a quien deberán reportar periódicamente.
    • Se creará un instrumento del Estado en el Ministerio de Hacienda con el propósito de administrar y proteger el patrimonio estatal. Ella será la encargada de garantizar que las inversiones estatales generen beneficios y no se dilapiden.
    • El Ministerio de Transporte se fortalece para convertirlo en el rector del sistema de transporte colombiano como director, regulador y controlador. Se pone en marcha la Comisión de Regulación del Transporte, se transforma la Superintendencia General de Puertos en la Superintendencia General de Transporte y se hacen más eficientes sus áreas modales.
    • Se fusionará el Banco del Estado con Uconal.
    • Se constituye un patrimonio autónomo para asegurar las pensiones de Ecopetrol que hoy valen cerca de 4.3 billones de pesos, asignando durante 7 años giros efectivos de los ingresos de Ecopetrol a ese patrimonio.
    • Se hace explícito el valor patrimonial de la Nación sobre los yacimientos de hidrocarburos para hacer claramente exigible a Ecopetrol una gestión eficiente.
    • El INPEC se divide en una institución encargada de la rehabilitación y seguridad de los internos y en un fondo de construcción de infraestructura carcelaria en el Ministerio de Justicia con el fin de mejorar el sistema carcelario del país.
    • Se refuerza la función de coordinador del Sistema Nacional Ambiental SINA, dotándolo de los instrumentos necesarios para el manejo del orden ambiental y para la formulación y ejecución de la política de educación y cultura ambiental.
    • Se fortalece la dirección del empleo del Ministerio del Trabajo. Se separan las funciones de vigilancia y control de la Dirección General creando una dependencia especial dentro del Ministerio para este fin.
    • Se adscriben al Ministerio del Trabajo algunas de las entidades de previsión social, manteniendo en sus consejos directivos los representantes de cada sector.
    • El Ministerio de Cultura asume las funciones de cinematografía del Ministerio de Comunicaciones y se fusionan el Instituto Colombiano de Antropología y el Instituto de Cultura Hispánica con el fin de generar un espacio amplio para la investigación.
    • Se unifica el sector de información de estadística y de cartografía en el DANE.
    • La tarea de la Superintendencia de Servicios Públicos se simplifica para actuar a través de auditores externos pagados por las empresas. Se eliminan los engorrosos planes de gestión y se centra a la Superintendencia en la exigencia de cobertura, calidad y tarifas determinadas por cada comisión de regulación.
    • Se reestructura la Comisión Nacional de Regalías con el fin de hacer más eficiente la administración de los recursos del Fondo Nacional de Regalías.
    • Se refuerzan las funciones de regulación técnica de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones en todos los servicios de comunicaciones no domiciliarios, con excepción de los postales y de radiodifusión.
    • La defensa de los usuarios de telefonía celular, entre otros servicios de comunicaciones no domiciliarios, es asumida por la Superintendencia de Industria y Comercio.
    • El Ministerio de Comunicaciones se fortalece para administrar en su totalidad todo lo relacionado con el espectro radioeléctrico y se encargará de liderar la política sobre Informática.
    • Se reestructuran la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría para garantizar la eficiencia en la lucha contra la corrupción y la persecución del delito.
    • Se reforma la carrera diplomática para hacer más eficiente la representación de Colombia en el exterior.
    • Se expide el régimen general para la liquidación de las entidades públicas que se suprimen haciendo transparentes estos procesos y evitando que se vuelvan a presentar casos de corrupción como el de Foncolpuertos.
    • Se suprimen o reforman más de 280 trámites y procedimientos innecesarios. Se adoptan normas para garantizar la eficiencia y la transparencia de la administración pública y la función administrativa, y para hacer efectivo el principio de la buena fe. Se dictan reglas para garantizar la participación de la ciudadanía en la discusión y adopción de las decisiones administrativas.
    • Se obliga a todas las entidades a tener atención especial para los discapacitados y a tener horarios extendidos de servicio al público.
    • Se prohibe la autenticación de documentos públicos.
    • Se establece un número único para la identificación personal.
    • Se reduce a la mitad el término para el otorgamiento de licencias ambientales.
      Los trámites se podrán realizar por correo electrónico.
    • Se establece el derecho de turno para evitar que los aviva tos y los que tienen palancas obtengan preferencias para pagos o atención de servicios.
    • Se elimina la tarjeta de identidad.
    • Se establecen procedimientos ágiles para facilitar los reclamos de los ciudadanos frente a las empresas de servicios públicos.
    • Se agiliza la actuación del gobierno para lograr la extinción del dominio para los bienes de los narcotraficantes.
    • Se traslada a las Cámaras de Comercio el registro inmobiliario.
    • Se genera el registro automático para medicamentos en los laboratorios que cumplan buenas prácticas de manufacturas y se establece el formulario único en el Invima.
    • Se suprimirán 35 consejos administrativos.


    Lugar y fecha

    Bogotá, Colombia
    27 de junio de 1999

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