DISPOSICIONES PARA LA MORALIZACIÓN EN EL MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS2017-12-18T11:47:21+00:00

Project Description

Palabras del presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, con ocasión de la expedición de normas anticorrupción en el manejo de recursos de tesorería de las entidades públicas.

Con profunda satisfacción quiero decirles a los colombianos que presenciamos hoy el nacimiento de una serie de disposiciones que nos permitirán hacer una operación de alta cirugía en uno de los sectores más expuestos a la corrupción en nuestro país: las tesorerías públicas que a diario mueven miles y millones de pesos de todos ustedes, los únicos y verdaderos dueños del tesoro nacional.

No estoy hablando de plata de bolsillo o simples cajas menores de entidades oficiales. Me refiero a 61.5 billones de pesos que el sector público del orden nacional colocó en inversiones de renta fija en 1998, según un reciente estudio de la Universidad de los Andes, y que carecen de estrictos controles para su manejo ficiente y transparente. ¿Cuánto de estos dineros han ido a parar durante años y años al bolsillo de delincuentes de cuello blanco? ¿Dónde estaría Colombia si esa plata se manejara con la convicción íntima de que son dineros de los empresarios que siguen creyendo en nuestro país; o de los trabajadores que entregan parte de su salario para construir un futuro para sus hijos; o de los pensionados, o de los agricultores, o del conductor de bus o del dueño de la tienda de la esquina?

Hasta el momento, nuestras investigaciones, realizadas por la Superintendencia de Valores, revelan un robo al patrimonio nacional a través de un detrimento de los recursos de tesorería, cercano a los treinta mil millones de pesos, según se desprende de 35 investigaciones que están en curso.

Quienes se han apropiado de los dineros públicos quedan notificados: Vamos a llegar hasta la madriguera donde se ocultan los roedores de los dineros de los colombianos y con la ayuda de la Fiscalía, la Procuraduría y nuestros jueces, caerá sobre ellos todo el peso de la justicia.

Hace pocos meses expedimos unas trascendentales reformas en el manejo de recursos de tesorerías, contenidos en el Estatuto Antitrámites, en especial la obligación de utilizar sistemas de subasta o transaccionales que permitan una exposición al mercado de las operaciones para garantizar su transparencia. Hoy, nuevamente, hacemos avances en el propósito fijado de darle un golpe contundente a la corrupción en el manejo de las finanzas estatales.

Con las disposiciones que hoy anunciamos, hemos «reinventado» el concepto de tesorería pública, para volverlo más dinámico y más acorde con el interés público, haciendo que nuestras tesorerías garanticen los principios de transparencia, competencia y selección objetiva, en la ejecución de las operaciones de tesorería y de administración de portafolios.

En la medida en que somos conscientes de la importancia que tiene la idoneidad profesional de quienes manejan recursos públicos, hemos querido que nuestros tesoreros y demás funcionarios de tesorería puedan ser capaces de tomar las decisiones más acertadas al momento de administrar e invertir los recursos a su cargo.

Por esta razón, se establecen unos estándares mínimos de capacidad técnica y de conocimientos en economía, finanzas, manejo de riesgos y mercado de valores, entre otros, que garanticen que cada peso que se invierte, obtenga el mayor rendimiento existente.

Igualmente vamos a involucrar a los agentes del mercado de capitales, pues consideramos que ellos tienen la responsabilidad de rodear de la mayor transparencia posible, los procesos contractuales con las tesorerías públicas.

De esta manera, les hemos impuesto un deber especial: el de conocer a fondo el régimen jurídico de las entidades públicas que utilizan instrumentos del mercado de capitales y realizan operaciones fiduciarias. No permitiremos que la falta de conocimiento de las instituciones oficiales pueda constituirse en un mecanismo de encubrimiento o protección a los corruptos.

También, de ahora en adelante, los agentes de sistemas transaccionales tendrán la obligación de reportar cualquier evidencia que tengan sobre operaciones «sospechosas», que puedan causar un deterioro potencial en los recursos del Estado.

Estas medidas son apenas el comienzo de la ardua tarea que a todos nos compete en la lucha por la moralización en el manejo de los recursos públicos, y que requiere una participación más amplia y activa por parte del sector privado, pues la corrupción no sólo se presenta en los funcionarios públicos y en las instituciones del Estado, sino que cuenta muchas veces con el incentivo del sector privado.

Mención especial merecen las acciones que de manera coordinada han adelantado entidades como la Superintendencia de Valores y la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Hacienda, las cuales, atendiendo a la Directiva Presidencial de Lucha contra la Corrupción, han trabajado conjuntamente para prevenir, investigar y sancionar las prácticas y conductas corruptas en las tesorerías públicas.

Señoras y señores:

La firma de este decreto que reglamenta el manejo de los recursos de tesorería de las entidades públicas y que contribuye a mejorar su organización constituye un importante instrumento para impedir que cumplan su propósito aquellos que, abusiva y descaradamente, aprovechando condiciones privilegiadas de educación o de confianza por el manejo de recursos estatales, asaltan a mano armada la fe pública.

Este decreto es una pieza fundamental en nuestro propósito común de modernizar las instituciones del Estado, tan necesario para atacar las fallas estructurales que crean espacios propicios para las conductas corruptas.

No hay mayor responsabilidad como la que nos impone las circunstancias del país, como la de hacer lo que esté a nuestro alcance para construir una ética pública, edificada sobre los valores intrínsecos y más puros del ejercicio de la política: velar por el bien común y luchar incansablemente por la sacralidad de la dignidad humana.

Responsabilidad ésta que asiste, por igual, a todos quienes tenemos una investidura que otorga autoridad: construir una ética pública para el Presidente y su equipo de gobierno implica ser fieles con el propósito de generar las libertades necesarias para enderezar el proceso de desarrollo del país y reducir las desigualdades. Construir una ética pública implica para el Congreso legislar con una visión de conjunto de la Colombia posible, haciendo las grandes transformaciones que requiere el país en un histórico cruce de caminos entre el progreso y el atraso.

Grandes transformaciones como las que hemos propuesto para cambiar la forma de hacer la política en nuestro país. Continuaremos arando en el mar si no modificamos la estructura de incentivos perversos que hoy tiene el ejercicio político -por ejemplo, que tengamos 263 partidos políticos representados en el Congreso, muchos de ellos con una agenda personal que se limita a buscar la reelección sobre la base del clientelismo, sin estructura ideológica ni programática alguna-o Continuaremos edificando en las nubes si no buscamos esquemas de financiación de campañas políticas, que limiten la influencia de los aportes privados en la suerte de la democracia o determinen la libertad de acción de los representantes populares.

A la construcción de esa ética pública invito hoya todos los colombianos. Para mi gobierno, éste no es el final de la carrera contra la corrupción, sino apenas la culminación de una etapa. Nos reconforta saber que hoy, más que nunca, todos los colombianos son conscientes de los devastadores efectos de la corrupción sobre el crecimiento económico, la estabilidad política y el desarrollo social de nuestro país. Lo que está enjuego es mucho más que una discusión sobre la moral pública: lo que está de por medio es la supervivencia de la propuesta democrática y el desarrollo equitativo del país.

Si miramos el desarrollo de una Nación como la expansión de sus libertades políticas, de oportunidades económicas y sociales, así como de la generación de una confianza mutua, tenemos que tener como un objetivo vital del país, crear los mecanismos de transparencia y estabilidad en las reglas de juego para prevenir la corrupción o la irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos. El país no resiste que entre 3.5 y 4.5 billones de pesos al año se vayan por el sifón de los peculados al erario.

El Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, que acertadamente lidera el Vicepresidente de la República, continúa desarrollando planes y estrategias concretos para atacar las causas estructurales que propician la actividad de los corruptos. En los próximos días estaremos lanzando la campaña «En País de Mudos el Corrupto es Rey»que busca fortalecer la capacidad de denuncia de los ciudadanos frente a los actos de corrupción y aumentar la capacidad del gobierno para perseguir y sancionar ejemplarmente a los corruptos en materia de contratación administrativa. Asimismo, estamos próximos a instalar la subcomisión ciudadana de la Comisión Nacional de Moralización, que otorgará un espacio amplio e independiente de participación para que los representantes de la sociedad civil ejerzan un control social sobre la administración.

Para promover la transparencia institucional y el control ciudadano, se trabaja en un portal de internet que contendrá toda la información sobre contratación pública, proveedores y precios, así como la posibilidad de hacer trámites en línea.

Además, hemos dirigido también las investigaciones a la corrupción local que se roba la plata de la inversión social en Colombia. Prueba de ello son los esfuerzos que han permitido destituir a 2 gobernadores y 9 alcaldes, 4 suspensiones provisionales a gobernadores y 11 a alcaldes, así como miles de investigaciones que están en curso, gracias a la colaboración interinstitucional de la Procuraduría y Fiscalía, del DAS Y del Ministerio del Interior, y a través de audiencias públicas donde han participado más de 20.000 colombianos.

Pero no basta con simplemente castigar a unos corruptos. que más adelante sean reemplazados por otros, quizás más expertos, más técnicos, más eficientes o más inescrupulosos. Requerimos acciones concretas, como las que nos reúne hoy, las cuales nos permitirán subsanar los problemas de nuestro diseño institucional y consolidar un Estado más justo y transparente en sus actuaciones.

No hay duda alguna de que un Estado moderno es el mejor antídoto contra la corrupción. No hay duda alguna de que una educación como la que venimos implantando en las escuelas a todo lo largo y ancho del país, basada en los valores de la colombianidad -el trabajo duro, la solidaridad, la recompensa hallada en la superación colectiva es la manera de aislar a los vivos, a los oportunistas, a quienes creen que el miedo o el silencio son prenda de garantía de la impunidad. Los corrupto s no pasarán! Los colombianos también han dicho ¡No Más!

Vamos por la senda correcta en esta lucha sin cuartel, sin domingos ni feriados. Seguiré trabajando con el objetivo de concretar todas las iniciativas que, como la que hoy nos convoca, sirva para prevenir nuevos abusos y contribuya de manera sustancial a extirpar, de una vez por todas, el terrible cáncer de la corrupción de nuestra Nación.

Lugar y Fecha

Bogotá, Colombia
27 de junio de 2000