EL COMPROMISO CON LA PAZ SIGNIFICA CAMBIO2017-12-18T11:48:24+00:00

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Palabras del presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, con ocasión de su intervención televisada

Compatriotas:

Hace 11 meses, al ser elegido como Presidente de la República, me comprometí con ustedes a liderar las negociaciones que hicieran posible desterrar el doloroso y violento conflicto que amenaza, sombrío, el diario acontecer y el destino de los colombianos.

Precedido por el Mandato por la Paz que obligaba al Primer Mandatario, me he encargado, personalmente, de conducir el delicado proceso que permita el florecer de la convivencia pacífica entre los colombianos. Mi compromiso en esa materia tiene raíces profundas porque obedece a la voluntad de todos mis compatriotas de cons- truir un país en paz y con justicia social.

Al comenzar mi mandato estaba seguro de que encontraríamos dificultades de toda índole. Pero sabía que con la ayuda y el consejo de todos los colombianos, sin distinción, avanzaríamos.

Mis compatriotas a lo largo de estos meses se han manifestado en favor del proceso, -y hoy, cuando hemos recorrido un trayecto sustancial-, puedo decirles que, nunca antes en la historia de nuestro país, se había llegado tan lejos, y en tan poco tiempo, en nues- tras intenciones de paz.

Me gustaría comenzar mi intervención con un breve resumen de las conversaciones que hemos adelantado con los grupos insurgentes dentro de nuestro propósito de alcanzar la convivencia pacífica entre los colombianos.

Una vez asumí la Presidencia de la República, me comprometí a crear una zona de distensión prevista dentro de la ley. El 7 de noviembre se inició, por noventa días. Este procedimiento consiste en un área territorial en la cual no hay confrontación armada, para que gobierno y guerrilla dialoguen y negocien la agenda que permita el renacer de la paz. No se trata de entregarle a la guerrilla un territorio, sino de contar con un lugar, en suelo patrio, en donde se pueden adelantar las conversaciones con seguridad. Esta es una experiencia novedosa en el mundo pues, como ya lo he dicho, este es un proceso de paz para los colombianos hecho por colombianos.

El 7 de febrero se prorrogó la zona de distensión en cinco municipios del suroriente del país. Gracias a las conversaciones celebradas en esa zona pasamos de la mesa de diálogo al proceso de negociación. Cuando la agenda común estaba por completarse, visité a Manuel Marulanda Vélez, jefe de las Farc, para ultimar los detalles de la misma. Por primera vez en cuarenta años se firmó un acuerdo entre el Presidente de la República y las Farc, en el que nos comprometimos a seguir con el proceso de paz, iniciar la etapa de negociación y a nombrar una comisión internacional que se encargara de verificar los inconvenientes que surjan en la zona de distensión.

Alcanzamos en tan sólo 180 días, una agenda de 12 puntos conseguida con la participación democrática de los dirigentes de las distintas fuerzas políticas, los gremios económicos, los medios de comunicación, el Congreso de la República y muchos sectores más de la opinión. Como les dije, nunca antes se había llegado tan lejos. Y, óigase bien, con resultados concretos.

He nombrado hoy los cinco negociadores que, en representación del Gobierno Nacional, se van a sentar en la mesa de negociación con las Farc: el empresario y dirigente liberal, Pedro Gómez Barrero, el antioqueño, Fabio Valencia Cossio, el general, en retiro, José Gonzalo Forero Delgadillo, hombre respetado por todos y dos profesionales jóvenes, Juan Gabriel Uribe y Camilo Gómez. Ellos, bajo la coordinación del Alto Comisionado para la Paz y con los representantes de las Farc, iniciarán el trabajo de la agenda común.

Además de los negociadores, el Gobierno Nacional ha designado al presidente del Senado de la República, al presidente de la Cámara de Representantes, al presidente del Consejo Gremial Nacional, a un representante de los medios de comunicación, a un alcalde y a un gobernador en representación de las asociaciones respectivas, al Director de Planeación Nacional, a un representante del Consejo Nacional de Paz, a un representante de las centrales obreras de Colombia y a un rector de universidad, en representación de la Asociación Colombiana de Universidades, quienes conformarán el Comité Temático Nacional. Este Comité tendrá como coordinador, por parte del gobierno, al Ministro del Interior.

Sus funciones serán las de analizar los temas de la agenda común, asesorar a los negociadores y, muy importante, coordinar las audiencias públicas que se realizarán en diferentes regiones del país. En estas audiencias, cada colombiano va a tener la oportunidad de expresar su opinión y participar directamente en la construcción de la paz, porque la paz no tiene color político.

Cada uno de los doce puntos de la agenda común es bien complejo y, seguramente, implicará diferencias de opinión y debate franco. La oportunidad histórica de crear las condiciones para construir una Nación en la que quepamos todos y tengamos un Estado que todos respetemos no puede ser desaprovechada por afanes de tiempo o por presiones de lugar; por lo tanto, se acordó no fijar fecha para el término de las negociaciones.

En lo que hace referencia a las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, Eln, quiero contarles que, una vez comenzada mi Presidencia, el Gobierno Nacional inició un diálogo destinado a diseñar un proceso en el cual se llevará a cabo la propuesta del Eln de convocar a una Convención Nacional de Paz. Esta formaba parte integral de la búsqueda de una solución política negociada al conflicto que vivimos los colombianos.

Desde esta perspectiva, y en un hecho sin antecedentes históricos, el Gobierno Nacional aceptó la salida de la cárcel de Francisco Galán y Felipe Torres con el propósito de que se avanzara, conjuntamente con la sociedad civil, en el diseño de la Convención Nacional.

El Eln, por su parte, propuso la creación de una zona de distensión en el sur de Bolívar. El Gobierno Nacional consideró que el lugar era inconveniente por los niveles de conflicto que allí se presentaban. Por iniciativa de esta administración se realizó, entonces, una reunión en Caracas, Venezuela, en la que se presentaron cuatro alternativas sobre las condiciones del lugar en que podría realizarse la Convención Nacional. Se buscaron fórmulas de trabajo pero no se logró el acuerdo.

Posteriormente, el Eln se vio involucrado en el secuestro de los pasajeros del avión Fokker y el de los asistentes a la misa de la Iglesia de Pance en el Valle del Cauca, en hechos repudiados por el Gobierno Nacional, la Iglesia Católica y la opinión pública.

A ese propósito, el Gobierno Nacional exige que el Comando Central y el Ejército de Liberación Nacional informen la fecha de liberación de todas y cada una de las personas secuestradas. Este acto humanitario será entendido como la expresión de una verdadera voluntad de paz del Coce y el Eln. Quiero insistirle al Eln para que fije una fecha de liberación de todos los secuestrados. Inmediatamente después de que sean liberados todos los secuestrados, el Gobierno estará listo, en el lugar que se quiera, para reiniciar los diálogos, sin condiciones ni presiones, que permitan abrir caminos de reconciliación con este grupo guerrillero.

De igual forma, repetimos nuestra expresa voluntad de diálogo con todos los grupos guerrilleros.

Todos sabemos que el compromiso con la paz significa cambio. Cambio de verdad en nuestra forma de pensar y de actuar frente a los hechos violentos que muchas veces nublan nuestra visión. Concibo la generosidad de la sociedad como la prueba de que los colombianos, cansados de la violencia, están dispuestos a cambiar para ganar con el logro de la reconciliación. Sabemos, además, que nues- tra tarea implica combatir el escepticismo originado porque esfuerzos similares terminaron en callejones sin salida.

Tenemos fe y razón en lo que estamos haciendo. Hemos avanzado con plena conciencia de que se iban a presentar eventualidades pero con seguridad y convicción en nuestra tarea. No hemos cedido, en ningún momento, ni nuestros principios democráticos, ni la unidad territorial, ni nuestra soberanía. La Fuerza Pública ha ejercido su autoridad constitucional en el territorio nacional. No hay planes distintos de aquél de continuar por ese camino.

Estoy convencido de que, en la construcción de la paz, se hace necesario que otras palabras sean oídas y evaluadas. Todas ellas, igualmente válidas y respetables, son la esencia de nuestra democracia. Mi gobierno saluda el espacio que ofrece para opinar y para disentir. Reconozco los interrogante s que este proceso plantea. Hay necesidad de ajustes en el mismo. No podía ser de otra manera: el desarrollo de los diálogos ha estado sujeto a variadas posibilidades, no todas ellas previstas en un libreto escrito con anterioridad.

He manifestado, en repetidas oportunidades, mi voluntad de escu- char, dentro de las condiciones propias de la negociación, las voces divergentes, las disidencias filosóficas y las dudas respetuosas. El intercambio de ideas y la contraposición de tesis son elementos generadores del debate político, sano y constructivo. Sé que a través del fortalecimiento democrático de consensos se arma la convivencia.

Pero, al mismo tiempo, demando un compromiso de verdad con la paz. Es hora de olvidarse de mezquinas diferencias, de improbables escenarios y de alocadas proposiciones de aquellos que sólo nos acompañan en nuestra tarea de palabra, mas no en la acción. No basta con ser amigo de la paz. Es necesaria la participación activa y la solidaridad presente.

En la Reforma Política, que se tramita en el Congreso, hemos solicitado facultades por cinco años para tener elementos para construir la paz. Facultades que tienen tradición en la historia constitucional y legal del país y que el Jefe del Estado requiere para conducir, formalizar y llevar adelante los acuerdos de reconciliación. Confío en que el Congreso de la República nos dará los instrumentos para avanzar por este camino.

Ofrecí liderar el cambio. Para ello dispuse la presentación ante el Congreso de la República de la Reforma Política, confiado en que nuestros senadores y representantes tienen la decisión y la capacidad suficiente para interpretar adecuadamente el cambio que reclaman los colombianos. En especial, sobre la necesidad de fortalecer nuestra democracia, abrirla a nuevos sectores de opinión ciudadana y renovar las costumbres políticas.

La Reforma Política, que se debate en el Senado de la República, recoge fielmente estos propósitos. Hemos propuesto un sistema de partidos organizados y un régimen electoral que impida la «operación avispa» para acabar de una vez por todas con el clientelismo y garantizar una representación adecuada a las minorías. Para evitar el desvío de dineros públicos hacia campañas electorales y controlar la financiación de las mismas, se crea una Comisión de Veeduría.

La reforma propuesta independiza la política de los aportes del sector privado y, a través de un mayor financiamiento público, abre las puertas de la democracia a todos los sectores de opinión. Se castiga con la pérdida de la curul, la violación de las normas sobre financia miento electoral, la compra de votos o el trasteo de electores. Para que la transparencia vuelva a ser la regla de oro de toda contienda política.

Además, se crea la pérdida de investidura para diputados y concejales. Quienes la pierdan no podrán aspirar nunca más a ejercer un cargo de elección popular.

La reforma le hace cirugía a fondo al Congreso de la República. Acaba con el ausentismo, hace más fuertes las inhabilidades parlamentarias, impide los «pupitrazos» y fortalece el ejercicio de su control político.

A caso puede negársele al país este paso hacia adelante en el cambio de nuestras instituciones políticas y de nuestra democracia? Me resisto a pensar que estos propósitos de Estado no obtengan la unidad de la Nación y que, bajo cualquier pretexto, se excuse su aprobación.

Quiero terminar con buenas noticias en el campo laboral. Ayer se firmó la Convención Colectiva entre la Unión Sindical Obrera USO y Ecopetrol. Debo hacer un reconocimiento agradecido a los trabaja- dores y a las directivas: demostraron con un proceso de negociación serio, democrático y patriótico que en Colombia es posible evitar las huelgas sin sentido o el abuso desmedido. La Convención Colectiva entiende las dificultades por las que atraviesa el país y es generosa con la situación de la empresa.

Recibo con entusiasta serenidad la liberación de la senadora Piedad Córdoba. La acción humanitaria adelantada por los diferentes sectores políticos y apoyada por el Gobierno Nacional hizo posible que, en el día de hoy, varios dirigentes del Partido Conservador obtuvieran el regreso a su hogar, sana y salva, de la destacada activista política. Su libertad encarna la anhelada por muchos. En la labor de obtenerla para los secuestrados, sin distingos de profesión u oficio, nos encontramos todos.

Por eso hoy quiero repetirlo, y no me cansaré de decirlo: vivimos épocas difíciles. Pero el valor, la comprensión y la solidaridad de mis compatriotas me animan a redoblar el paso en nuestra ruta hacia la convivencia porque seguimos convencidos de que en el horizonte de nuestra Colombia se distingue, incipiente pero segura, la paz.

Por ello convoco a mis compatriotas a seguir en el camino de la reconciliación, proponiendo alternativas, modificando percepciones, participando del cambio y ofreciendo solidaridad. Un camino que nos ha de conducir a la convivencia, al bienestar con justicia social y al progreso.

Para recorrerlo cuento con la voz cauta pero optimista de los colombianos y con la compañía del paciente Dios de Colombia que, en mucho ayuda, a afrontar nuestras dificultades.

Que Él los bendiga. Que Él me bendiga.

Lugar y Fecha

Bogotá, Colombia
4 de junio de 1999