FORO “SOSTENIBILIDAD DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA”2017-12-18T11:56:09+00:00

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Quiero, ante todo, agradecer muy especialmente a mi buen amigo, el doctor Juan Manuel Santos, por su amable invitación al análisis y la discusión de las nociones y políticas de paz, seguridad y democracia en la Colombia de hoy.

La Fundación Buen Gobierno se ha destacado por propiciar el libre examen y el debate equilibrado, tan esenciales para el desarrollo de una sociedad democrática en tiempos turbulentos. Esto se lo reconoce el país desde las primeras actividades políticas e intelectuales que daban fe de su ecuanimidad.

Los temas que hoy nos convocan en torno de la política de la llamada Seguridad Democrática han demostrado ser, a lo largo de los últimos dos años y medio, eje de la vida nacional y poderoso instrumento de convocatoria. Sin embargo, con el paso del tiempo y el normal tránsito de un gobierno, su debate ha sido distorsionado por una cierta sensibilidad, no siempre sana cuando de definir el futuro de nuestra Patria se trata. Es por ello que eventos como el que hoy nos congrega son una vacuna democrática frente a la exagerada polarización de ideas y posturas.

Para aproximarnos a la paz debemos entender -y acudo al plural-, siguiendo la famosa sentencia de don José Ortega y Gasset, que nosotros somos nosotros y somos nuestras circunstancias. Digo aproximarnos a la paz porque tal es el norte de una política de seguridad si ésta ha de ser, en verdad, democrática. Y digo nosotros, porque la paz es un anhelo colectivo y una tarea que en las democracias se debe acometer de frente a la opinión pública. La concordia no se puede definir como si fuera algo ajeno al futuro de todos. Por el contrario, a todos nos concierne y a todos nos pertenece.

Por ello, resulta hoy esencial preguntarnos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde -colectivamente- debemos apuntar.

¿DE DÓNDE VENIMOS?

Alguna vez nuestro hoy anfitrión, en calidad de comentarista político, y acudiendo al Diccionario de la Real Academia, advertía: “¡Ojo con el adanismo!”, recalcando su definición como “el hábito de comenzar una actividad cualquiera como si nadie la hubiera ejercitado anteriormente”.

Con este ingenioso recurso, el doctor Santos recordó que lo que algunos funcionarios reclamaban como éxito exclusivamente propio y personal, tiene sus raíces en un pasado no muy lejano.

Alguna referencia hizo, si mal no recuerdo, el doctor Santos en su escrito al Ministerio de Hacienda, lo que considero justa reivindicación por un trabajo bien hecho.

Algo dijo de inflación e intereses bajos, del saneamiento del sector financiero y de la reactivación del crédito hipotecario. Se refirió a que se habían puesto en cintura a las entidades territoriales al punto de generar superávit fiscal y a la reestructuración voluntaria de la deuda pública que permitió aliviar las amortizaciones del futuro cercano. Recordó la recuperación de la confianza de los mercados internacionales que dejó al país con las reservas internacionales más altas de su historia. Se preguntó, además, sarcásticamente, quién hizo aprobar la reforma a las transferencias y la ley 715 que mejoró notablemente la eficiencia del gasto en salud y educación y le duplicó al gobierno central el producido de cualquier reforma tributaria; quién puso en marcha las medidas para que despegara la construcción que hoy está jalonando el crecimiento; quién salvó al sector cafetero de la quiebra con subsidios directos como parte del paquete de reactivación que hoy está dando sus frutos, y quién puso en marcha los planes de Jóvenes, Familias y Empleo en acción, pilar de la política social de este gobierno.

Este balance editorial constituye en sí mismo la síntesis de lo que fue el trabajo de desactivación de la bomba social que, cuando recibí el mando del Estado, amenazaba la supervivencia de las instituciones democráticas. Este logro, sobre el cual se hace mutis en el foro de la seguridad, es esencial al planteamiento de una política de paz y de justicia. El elemento social, tan ausente del debate actual, es el cimiento de la seguridad, de la democracia y del desarrollo.

En el mundo de hoy, sin lo social no hay estrategia de seguridad posible. Tampoco es posible con el narcotráfico enquistado en todos los niveles de la vida nacional.  Así lo planteamos internamente y así se lo hicimos saber a la comunidad internacional. Sobre estos principios, de la mano del fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la Policía, se concibió el Plan Colombia, política que ha perdurado en el tiempo y que hoy se constituye como el pilar fundamental que permitió que la política de Seguridad Democrática del Presidente Uribe pudiese ponerse en marcha -con el respaldo de un poderío militar sin antecedentes- desde su primer día en la Casa de Nariño.

Otro panorama era el del país del siete de agosto de 1998. Recuerdo particularmente mi primera reunión con la cúpula militar en la que escuché al Comandante de las Fuerzas Armadas, general Fernando Tapias, afirmar tajantemente: “Presidente, la democracia está en peligro. Estamos perdiendo la guerra”.

Lo que me correspondió durante mi gobierno fue conjurar ese peligro anunciado y cambiar para siempre la ecuación de la guerra en el país, haciendo de nuestra Fuerza Pública una fuerza profesional, moderna, ofensiva y exitosa

En la preparación de estas palabras, el aparte que más tiempo me ha demandado ha sido el resumen de las cifras y, teniendo en cuenta que abrevio para no aburrirlos, les pido me excusen si no ahondo en especificaciones técnicas.

Gracias a la Diplomacia por la Paz que adelantamos con todo entusiasmo para volver a situar a Colombia en un lugar digno del escenario internacional, logramos recomponer las relaciones con nuestro aliado natural, los Estados Unidos, y concretar su compromiso contra el narcotráfico y el terrorismo en la más grande ayuda jamás recibida.

En total, los Estados Unidos entregaron al país, en desarrollo del Plan Colombia, 74 helicópteros, ¡setenta y cuatro! Con su concurso modernizamos con tecnología de punta las bases de Tolemaida y Larandia, actualizamos la aviación existente -incluyendo la entrega de 5 nuevas aeronaves Schweitzer-, y se capacitaron y entrenaron sus tripulaciones.

También apoyaron a la Armada Nacional, entregando 4 buques patrulleros ‘PointClass’ para el cuerpo de Guardacostas y 2 aviones para apoyo logístico en las Fuerzas Navales del Sur y del Pacífico; dotando, además, un avión de reconocimiento, y mejorando los sistemas de aviónica de los helicópteros de la Armada.

Con el esfuerzo propio de los colombianos, vale decir, con recursos del presupuesto nacional, adquirimos 12 helicópteros Black Hawk artillados que se sumaron a los 4 existentes, así como otros 7 Black Hawk UH-60 y 6 helicópteros rusos MI-17, que hoy son el sustento de la movilidad y rápida reacción de nuestros soldados. Para la FAC se adquirieron tres aviones fantasma y 4 aviones “Gavilán” de carga.

Hoy podemos decir, sin temor a exagerar, que Colombia posee la Fuerza Aérea más operativa en América, después de la estadounidense.

Resumiendo este punto: cuadruplicamos el número de helicópteros pesados artillados, pasando de 4 a 16, multiplicando así nuestro poder ofensivo, e incrementamos en 100 los helicópteros destinados al transporte de tropas, generando una transformación profunda en la capacidad de reacción y movilización de nuestras tropas.

Todo esto se vio, además, apoyado por la creación de cuatro nuevas brigadas móviles; la creación de la Brigada Antinarcóticos y la creación de la Fuerza de Despliegue Rápido, un magnífico cuerpo élite, compuesto por cinco mil hombres de combate, bien armados y bien dotados para operaciones especiales, que ha probado su efectividad en incontables operaciones contundentes.

También se instaló el primer batallón de alta montaña en la región del Sumapaz -que cortó el principal eje de comunicación de las FARC-, se dejó financiado el batallón de alta montaña para la zona de los Farallones en el Valle del Cauca y se planearon otros dos en la Sierra del Cocuy en Boyacá y en la Sierra Nevada de Santa Marta, los cuales fueron construidos y puestos en marcha por el siguiente gobierno.

De especial importancia fue la activación de la Brigada Fluvial de Infantería de Marina para el control de los más de 8 mil kilómetros de ríos navegables que surcan nuestro país, la cual dejamos con cinco batallones dotados con 130 botes pirañas y 21 botes de comando y control, además de la construcción de tres nuevos puestos fluviales avanzados en los ríos Inírida, Putumayo y Meta. Los buenos resultados de la Brigada Fluvial, protagonista principal en la acción que evitó la toma de Puerto Inírida, han sido tales que se ha convertido en el elemento clave de las más exitosas operaciones en el sureste del país y, posiblemente, en la fuerza fluvial de combate más importante del mundo. Así le dimos un nuevo sentido a la Infantería de Marina, que era un componente de gran potencial, pero absolutamente subutilizado.

Para  la Armada Nacional, además, se adquirieron 20 botes de comando y control y 9 embarcaciones blindadas para transporte de tropas en operaciones fluviales. Se reactivó la industria astillera y se recuperó la capacidad estratégica de diseñar, construir, reparar y mantener nuestra flota de guerra, muestra de lo cual fueron cinco buques nodrizas de apoyo fluvial construidos totalmente en nuestro país.

Con todos estos elementos -a los que habría que agregarles los esfuerzos hechos en materia de modernización de comunicaciones y de inteligencia, la cual dotamos de más plataformas y elementos técnicos, y de una Central de Inteligencia Conjunta para compartir información entre las fuerzas- las Fuerzas Militares de Colombia se transformaron en el curso de cuatro años en un ejército exitoso, eficaz y competente como ninguno, capaz de actuar con rapidez y contundencia frente a cualquier amenaza contra la vida o integridad de los colombianos.

Dejamos nuevos helicópteros, aviones, barcos, radares, brigadas, batallones… pero nada de esto sería valioso si no lo hubiéramos acompañado de una radical transformación en el recurso humano, en el pie de fuerza que hace operativos todos estos elementos. ¡Y aquí sí que hubo una revolución!

Cuando llegué al gobierno, en agosto de 1998, encontré que nuestro cuerpo armado estaba compuesto por 34 mil soldados bachilleres sin capacidad ni entrenamiento de combate, 60 mil soldados regulares y tan sólo unos 22 mil soldados profesionales. ¿Qué significaba esto? Que cerca del 30% del total de soldados no eran realmente combatientes y que apenas un 19% eran soldados profesionales, con el entrenamiento idóneo para ganar los combates. ¡Era urgente hacer algo!

Sin embargo, no era posible -así se tuviera el presupuesto para hacerlo- incrementar el número de soldados profesionales y regulares de un momento a otro, pues esto implicaba formar simultáneamente los cuadros respectivos de oficiales y suboficiales para que los entrenaran y dirigieran, aparte de tener preparada toda una logística de ubicación y dotación del nuevo personal. Pensando en esto, diseñamos varios planes para ir incrementando y profesionalizando nuestros soldados de manera escalonada pero sostenida. Con el Plan 10.000 comenzamos a reemplazar cada año 10 mil soldados bachilleres por soldados profesionales, y con el Plan Fortaleza, que dejamos en funcionamiento, comenzamos a incrementar el número de soldados regulares también en 10 mil anuales.

De esta forma, pasamos de 82 mil soldados combatientes, entre regulares y profesionales, en agosto de 1998 a 132 mil en agosto del 2002, lo que implicó un incremento de más del 60% en el pie de fuerza. Pero hubo algo más, muy importante, que se dio gracias al cambio de composición de la tropa: pasamos de 22 mil a 55 mil soldados profesionales (¡un aumento del 150%!) y redujimos los soldados bachilleres a una proporción mínima.

Permítanme repetir para que el impacto de las cifras no se nos escape: entre 1998 y el 2002 se incrementó el número de soldados combatientes en más del 60% y, dentro de ellos, el número de soldados profesionales en un 150%. Esto no había ocurrido jamás en toda la historia de la Fuerza Pública en el país.

Gracias al Plan Fortaleza que se dejó andando, el nuevo gobierno continuó incrementando el pie de fuerza, el cual a fines del año 2003 estaba compuesto por unos 60 mil soldados e infantes profesionales, cerca de 100 mil regulares y unos 3 mil bachilleres, para un total de 160 mil soldados realmente combatientes, el doble de los que encontré al iniciar mi gobierno.

El académico Alfredo Rangel, uno de los más serios analistas del tema de seguridad,  resume el proceso de fortalecimiento del Estado durante mi gobierno de la siguiente manera: “Buena parte de los éxitos de la política de seguridad democrática del actual Gobierno se deben al fortalecimiento del Estado que realizó la administración Pastrana. Las Fuerzas Militares dieron el más importante salto adelante en muchos años. Su modernización y reestructuración las pusieron en condiciones de contener la marcha de las FARC hacia la generalización de la guerra de movimientos, que parecía inatajable. No es fortuito que la última gran movilización de guerrilleros hubiera ocurrido en agosto del año 2000. A todo lo anterior ha contribuido en forma invaluable el Plan Colombia, que se inició con la administración Pastrana y cuya continuidad hoy todos reconocen como indispensable. En fin, el gobierno anterior hizo un inmenso aporte al fortalecimiento de la Fuerza Pública y del Estado colombiano, que es injusto no reconocer”.

Eduardo Pizarro Leongómez, en su libro Una Democracia Asediada, plantea que “Colombia se halla en un ‘punto de inflexión’ en el conflicto interno debido a la derrota estratégica sufrida por las FARC a partir de 1998, el grave proceso de desagregación de los grupos paramilitares y el hondo retroceso que ha sufrido el ELN en los últimos años”. Según Pizarro, la derrota estratégica que sufrieron las FARC a partir de 1998 “consistió en que, tras un esfuerzo para pasar de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos -mediante la conformación de unidades y cuadros militares propios de un ejército regular-, se vieron obligadas a retomar la guerra de guerrillas debido a la modernización y tecnificación de las Fuerzas Armadas”.

¿DÓNDE ESTAMOS?

Nuestras acciones, tanto en lo social como en lo militar, correspondieron, entonces, a la recuperación y recomposición de un rumbo democrático. La amenaza combinada de narcotráfico y violencia demandaban decisiones de tajo. De este entorno surgieron, simultáneamente, el Plan Colombia y los diálogos de paz que culminaron en la calificación de terroristas de los grupos armados -derrotados políticamente en Colombia- por parte de la comunidad universal.

Y recalco la noción de simultaneidad puesto que en torno a ella se configuró una estrategia en la que lo uno no se podía deslindar de lo otro.

Con el cambio de gobierno, el análisis para el diseño de la nueva política se ha limitado a los parámetros de silencio en cuanto a las bondades del Plan Colombia y el ataque indiscriminado desde todos los ámbitos a lo que fuera la búsqueda de la paz a lo largo de la historia reciente de Colombia. De tal planteamiento surge lo que el profesor Alfredo Rangel -citando al profesor Hirschman en referencia al gobierno presente- designa como la política de la “fracasomanía”, o sea, el considerar que todo lo que se hizo en el pasado estuvo mal hecho y no sirve para nada; en cambio, lo propio es lo bueno y lo perfecto. Otra cara de la moneda del “adanismo”.

Esta es la base sobre la que, suponiendo un barajar y repartir de nuevo, se formula una política de Seguridad Democrática que hoy se enmarca, a mi modo de ver, sobre cinco pilares: 1) La ofensiva de las Fuerzas Militares y la recuperación de un entorno de seguridad ciudadana; 2) El vuelco de la política de paz hacia el entorno del paramilitarismo y el narcotráfico; 3) Una política internacional postulada dentro de la lucha contra el terrorismo y un enfrentamiento con cualquier cuestionamiento a la interpretación local; 4) Las relaciones con Venezuela y 5) La reelección inmediata.

En términos militares podemos decir que el presidente Uribe ha abierto tres frentes en lo internacional de su política de Seguridad Democrática.

El apoyo norteamericano al Plan Colombia, que tuvo un origen bipartidista por votación unánime en el Congreso y bajo mandatarios de dos partidos en Estados Unidos, se ha convertido en un tema de debate parlamentario. Lo que nació prácticamente como una iniciativa de Estado de nuestro aliado, muestra, infortunadamente, las primeras grietas en lo que fue un respaldo monolítico a largo plazo a nuestra seguridad y democracia.

El gobierno de Venezuela, por su lado, se ha volcado al armamentismo ante el silencio diplomático de Colombia. Pocas veces se ha dado una embestida de tal magnitud en términos de acumulación de armamento sobre nuestra frontera terrestre y nuestra amenazada y disputada frontera marítima. Colombia no puede cerrar los ojos ante este factor determinante de nuestra seguridad y soberanía.

Tampoco se pueden descuidar los signos de resquebrajamiento de lo que fuera el respaldo incondicional de la Unión Europea a unas políticas claras y transparentes.

En el terreno interno es indudable el evidente éxito de la política militar en el terreno del bienestar ciudadano y la política. Las cifras de combates y muertos de la Fundación Seguridad y Democracia indican que, si bien no ha disminuido la intensidad de los ataques a las Fuerzas Armadas y la Policía ni han aumentado los éxitos militares, ha habido una evidente transposición geográfica del conflicto. Es decir, las zonas y los afectados por los reveses hoy son distintos a los de otras circunstancias estratégicas. De cualquier forma, se vive una mayor “sensación” de seguridad, y esto es destacable.

Las decisiones militares -lo sé bien y por experiencia propia- son difíciles de controvertir desde fuera, puesto que implican políticas a largo plazo y su conocimiento implica analizar componentes que no siempre pueden difundirse. Las operaciones secretas y los resultados ocultos del Plan Patriota tendrán su razón de ser estratégica. De ahí que los que en estos días aparecen como serios reveses militares para la opinión pública sean interpretados por el Jefe del Estado como gajes del oficio en una marcha victoriosa. ¡Dios quiera que sea así!

Hoy en Colombia y el mundo estamos todos unidos en el rechazo contra el terrorismo. Que en esto no quede lugar a la duda. Cualquier esfuerzo legítimo, dentro del marco natural de los Derechos Humanos y el DIH, contra el terrorismo y sus funestas ramificaciones merece toda nuestra solidaridad y apoyo.

¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Cosa bien distinta resulta el componente político de la Seguridad Democrática del presidente Uribe, signado por la mesa con los paramilitares y el narcotráfico y el vuelco del gobierno hacia un empeño electoral que los colombianos no teníamos presupuestado.

El proyecto de paz con los paramilitares del presidente Uribe ha sido celoso en la reserva del origen de sus protagonistas, hermético en su evolución y enigmático en cuanto a su rumbo.

De otro lado ha sido generoso en sus términos. Se cedió, por ejemplo, en una condición supuestamente inamovible como era la de no negociar en medio del conflicto. Pragmáticamente, el gobierno se hizo el de la vista gorda cuando el cese al fuego fue suplantado por la matanza de más de tres mil civiles en el curso de un año de conversaciones.

En otros puntos, como el mantenimiento de la estructura paramilitar denunciada por el senador Rafael Pardo, los compromisos del Comisionado de Paz sacados a flote por la representante Gina Parody y las suplantaciones en la desmovilización del Bloque Nutibara o la ejecución de cabecillas denunciadas por distintos medios, la estrategia es la de callar frente a hechos que eventualmente se deberían diluir. Si todas estas no han sido concesiones como alegan algunos, por lo menos se debe tratar de una generosa interpretación de la mano firme.

Que si el paramilitarismo controla -según sus propios voceros- el 35 por ciento del Congreso y, según diversos entendidos, 300 municipios del país, 40 por ciento de las exportaciones de droga, un alto porcentaje de las tierras cultivables y temibles ejércitos privados cuyas estructuras y zonas de influencia se conservan intactas, es una historia de vieja data. Que el paramilitarismo, con sus dineros, sus armas y sus comodines políticos pueden inclinar la balanza electoral, es un hecho notorio.

La pregunta, entonces, bajo tales supuestos, es sí es lícito negociar con tal poder electoral mientras la cabeza negociadora está en trance electoral. Si aquí hay una simple interferencia o una flagrante incompatibilidad. Si aquí se pueden dar garantías plenas –más allá de un Estatuto- de igualdad en unas elecciones.

A la reelección inmediata se le ha señalado, desde su concepción y por todos los medios, una extensa gama de incompatibilidades. Sin embargo, su incompatibilidad con un proceso o pacto de paz repercute en dos ámbitos esenciales a la supervivencia misma de nuestra democracia: el proceso de paz y el proceso electoral.

Mientras proceso de paz, poder político paramilitar y elecciones no se deslinden se cierra el espacio a la generosidad necesaria que se requiere para sanar heridas. Y se abre el espacio a la suspicacia, riesgo al que no se puede exponer la democracia representativa.

El país puede girar un cheque en blanco a una propuesta transparente, sin motivos ni ambiciones ulteriores, y lo puede hacer siempre y cuando se haga con un ánimo y un norte colectivos.

Hoy y ahora el señor Presidente de la República tiene en sus manos el capital político para congregar al país expresando un propósito claro de futuro en paz, convocando a nuestra Patria tan querida por encima de partidos y aspiraciones.

Hoy y ahora el señor Presidente puede definir si hacemos una política de futuro grande para el país o un pacto sometido al vaivén de las urnas.

Porque, finalmente, la verdadera seguridad democrática es la paz. Y la paz se garantiza con verdaderas y confiables garantías políticas sin distinciones de credos, clases o condición.

Apreciados amigos:

He hablado del pasado con la certeza de haber logrado durante mi gobierno el mayor fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en toda su historia, un logro que reivindico con un orgullo que considero justificado, y que ustedes mismos juzgarán si así lo es.

He hablado del presente con la convicción de que hay que seguir avanzando en el camino de la seguridad democrática, arrinconando a los violentos de todas las tendencias y devolviendo la tranquilidad a los ciudadanos. Eso está bien y debemos aplaudirlo y acompañarlo siempre, unidos en un frente monolítico contra el terrorismo. Señalo, eso sí, mi preocupación, en el campo internacional, por la eventual pérdida de apoyo parlamentario al Plan Colombia en los Estados Unidos, la carrera armamentista que ha iniciado nuestro vecino país de Venezuela y el resquebrajamiento del apoyo europeo a nuestras políticas de paz. Son alertas que no debemos perder de vista y que ameritan un examen cuidadoso.

Hacia el futuro contemplo, inquieto, la mella a la transparencia de cualquier proceso de paz y de la misma democracia que implicaría el envolvimiento del Jefe de Estado, garante como debería ser del equilibrio, en un proceso electoral inmediato, en el que tendrían tanto peso los hoy poderosos interlocutores en las mesas de paz. Pueda ser que me equivoque.

De cualquier forma, y ya como colofón de estas disertaciones, quiero dejarles la reflexión, no por obvia menos necesaria, de que, en aras de perseguir la seguridad, no podemos permitir que se resquebrajen otros valores esenciales de nuestra sociedad y nuestras creencias, como lo son la democracia y la igualdad.

Como dijo ese sabio libertario que fue Benjamín Franklin: “Quienes son capaces de renunciar a la libertad esencial a cambio de una pequeña seguridad transitoria, no son merecedores ni de la libertad ni de la seguridad”.

Muchas gracias

Lugar y Fecha

Bogotá, Colombia
25 de febrero del 2005