JUSTICIA ORIENTADA A GARANTIZAR LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE TODOS LOS COLOMBIANOS2017-12-18T11:48:21+00:00

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Palabras del presidente Andrés Pastrana Arango, con ocasión de la imposición de la Orden de San Carlos en el Grado de Comendador a los Magistrados salientes del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia

Con verdadero orgullo de demócrata les doy la bienvenida a la Casa de Nariño. Pocas veces en la historia de Colombia un Presidente de la República ha actuado como honrado anfitrión de las altas cortes en pleno. Su presencia constituye una demostración clara y contundente de que podemos trabajar unidos, manteniendo la independencia de cada rama del poder público, pero en bien de la República. Lejos de abordar la idea pertinaz de un choque de trenes, nos enfrentamos a la poderosa visión de un esfuerzo mancomunado que sacará adelante el destino de nuestros compatriotas.

Colombia se ha definido a sí misma, a través de su Constitución Política, como un Estado Social de Derecho. Esto significa, como lo señaló la Corte Constitucional, «Una pérdida de la importancia sacramental del texto legal entendido como emanación de la voluntad popular y mayor preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos». La intervención del juez desde esta perspectiva «no se manifiesta sólo como el mecanismo necesario para solucionar una disfunción, sino también, y sobre todo, como un elemento indispensable para mejorar las condiciones de comunicación entre el derecho y la sociedad».

En un mundo en permanente cambio, tanto la justicia y el derecho como la sociedad y su futuro deben construirse. De esta manera, el quehacer de la justicia adquiere una dimensión ética, una responsabilidad histórica en la construcción de ese futuro. La interpretación de la ley a través de la actividad judicial, está así vinculada a la evolución del derecho, de la vida, de las formas de convivencia, y al establecimiento de un diálogo creador entre la realidad del discurso jurídico y las realidades múltiples que conforman nuestra sociedad.

De esta concepción nació la reestructuración del Ministerio de Justicia y del Derecho y su orientación. Muchas voces propusieron, de manera reiterada que este ministerio debía desaparecer. Fui de los defensores leales y valerosos de la cartera del derecho. Nunca pude concebir cómo podríamos seguir abanderando nuestros más altos principios democráticos sin mantener una relación formal, dialéctica y productiva con la Rama Judicial. Conscientes de esas preocupaciones encaré la modernización del Ministerio del ramo.

Entre otras tareas se incluyeron en esa labor, la concertación en la formulación de políticas en materia de justicia; la coordinación de la Rama Ejecutiva con la Rama Judicial y los órganos de control para la realización de los fines del Estado; la promoción de mecanismos formales y alternativos de acceso a la justicia; el diseño de políticas y estrategias integrales para la defensa de la libertad personal; la disminución del costo de transacción entre los sujetos de derecho; la racionalización del derecho vigente y de la formulación normativa; la democratización de la información jurídica, todo ello orientado a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.

En nuestro sentir, ese es el camino que debe tomar en adelante la justicia. Un camino donde las decisiones de los jueces surjan del entendimiento del presente de esta comunidad humana a la que pertenecemos y de la urgencia de promover la aplicación del Derecho Internacional Humanitario; donde la impunidad no sea un obstáculo para la convivencia pacífica y ningún colombiano quede al mar- gen del acceso a la justicia; un camino a través del cual sea posible crear una voz nueva, la voz de la equidad, ausente a veces del rigor de la norma, que permita abrir el espacio que aguardamos: un espacio de paz y reconciliación.

Como lo señalé en una oportunidad anterior, los jueces del futuro tendrán que ser pedagogos de una sociedad que ha extraviado su rumbo y necesita con urgencia recuperar los valores ciudadanos, no sólo para satisfacer aquellas necesidades superiores del hombre que requieren de su interacción con el otro, sino también porque, como lo señala Francis Fukuyama, «el bienestar de una nación y su capacidad para competir, están condicionados por una única y penetrante característica: el nivel de confianza inherente a esa sociedad». Esa confianza «depende del grado en que los integrantes de una sociedad compartan las mismas normas y valores, así como de su facilidad para subordinar los intereses individuales a los más amplios del grupo».

Esta tarea de construcción de la sociedad requiere de un diálogo continuo entre tantas voces diferentes como sea posible. Ese diálogo implica algo que va más allá de la simple reconciliación de los desacuerdos, convirtiéndose en el arte de descubrir nuevas realidades que emergen del encuentro creador entre puntos de vista diversos. Y es entre esas nuevas realidades que lleguemos a descubrir donde encontraremos tanto las prioridades políticas y sociales, como las estructuras que permitan su atención.

Desde esa comunicación creativa entre el derecho y la realidad surge la posibilidad de generar un propósito común de convivencia, en que todas las partes, alejadas de la defensa de sus intereses propios, de la negación del otro, de la prepotencia del conocimiento, puedan ir más allá del conflicto y la confrontación para descubrir el potencial creativo que subyace tras las diferencias. Seremos así capaces de lograr que el peso de nuestro pasado no nos resulte un lastre inexorable, en tanto podamos contar con magistrados y jueces que comprenden que son muchos los caminos imaginables y factibles para hacer realidad ese Estado Social de Derecho, decidido a defender los derechos humanos y a convertir en realidad la justicia material.

A esos funcionarios de la justicia, comprometidos con la política de paz y reconciliación que lidero, quiero agradecerles el esfuerzo que hacen cada día para que lo vivido hasta ahora y el mundo que soñamos para nuestros hijos, puedan trenzarse en la factura del presente a partir del cual podamos todos juntos, sin reticencias ni caducidades, construir el futuro.

En este nuevo propósito de hacer de la coordinación entre los poderes del Estado un instrumento fundamental de la dinámica pública, conjuntamente con las Altas Cortes, el Consejo Superior de la Judicatura, el Presidente del Congreso, la Fiscalía General de la Nación y el gobierno hemos acordado constituir la Comisión de Coordinación Interinstitucional para la Justicia en desarrollo del artículo 113 de la Carta.

Será este, a partir de la fecha, un escenario muy útil para examinar asuntos que a todos nos preocupan y que requieren nuestra atención conjunta, en aspectos tales como el presupuesto de la Rama, la Reforma Judicial, la Política Criminal y la Política Penitenciaria.

Estoy seguro de que tendremos la oportunidad de repetir muchas veces, en esta casa o en el hogar de la justicia, una concurrencia tan abigarrada en torno a esta comunidad de propósitos. Mi convencimiento pleno parte de la certeza que tengo en que los encargados de impartir justicia en Colombia están íntimamente ligados al destino de nuestra nación. Sus sentencias son prueba de su profunda inmersión en nuestros problemas y en la tarea de salvaguardar nuestra Constitución e interpretar nuestras leyes.

Quienes hoy culminan una etapa en su lucha por la justicia y la paz han contribuido con su trabajo a abrir nuevos caminos para hacer posible la confianza, el diálogo, el acercamiento, para evitar que las diferencias se conviertan en luchas interminables o en la negación total del otro por la imposición arbitraria de una visión del mundo.

Es por ello que hoy me honra condecorar con la Orden de San Carlos en el Grado de Comendador a los doctores Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Libardo Rodríguez Rodríguez, Dolly Pedraza de Arenas, Daniel Suárez Hernández, Juan de Dios Montes Hernández y Javier Henao Hidrón, Magistrados salientes del Consejo de Estado, y Ricardo Calvete Rangel, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro Lafont Pianetta, Jorge Iván Palacio y Rafael Romero Sierra, Magistrados salientes de la Corte Suprema de Justicia.

Saludo la llegada de los nuevos magistrados. Convencido de que su tarea estará enmarcada en los preceptos aquí enunciados, les doy una bienvenida de augurio s y resultados.

Lugar y Fecha

Bogotá, Colombia
8 de julio de 1999