LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA CON PROYECCIÓN HACIA EL SIGLO XXI2017-12-18T11:48:35+00:00

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Discurso del presidente Andrés Pastrana Arango, con ocasión del nonagésimo aniversario de la Escuela Superior de Guerra

Hoy vengo por primera vez al principal centro de formación de los militares colombianos, en mi condición de Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas de la Nación. Ante todo quiero, con lo más profundo de mis sentimientos, dejar ante ustedes y a nombre de todos nuestros compatriotas nuestra expresión de gratitud por todos los sacrificios y esfuerzos que las Fuerzas Arma- das a diario realizan en todos los rincones de la patria en defensa de nuestra democracia, de nuestras instituciones y de nuestros compatriotas.

Estar hoy con ustedes se constituyen un honor que me hace sentir orgulloso de regir en estos momentos los destinos del país. Como Presidente de Colombia quiero aprovechar este privilegio para compartir con los más altos oficiales, algunos temas que considero vita- les para el destino de nuestra nación.

Los oficiales que aquí se forman tienen la enorme responsabilidad de liderar nuestras tropas, de conducirlas en todo momento hacia el cumplimiento leal de cada una de las funciones que nuestra Constitución les ha dado. La historia no puede mirar sólo al pasado, sino también debe construir el porvenir. Eso es lo que se ha hecho desde esta Escuela Superior de Guerra. Aquí se han formado los oficiales que han llevado a nuestras Fuerzas a ser unas fuerzas de paz, por- que nuestros ejércitos lo que portan son las armas de la paz, de la convivencia y de la reconciliación de los colombianos y sobre ellas han reposado seguros los cimientos de las normas jurídicas que rigen nuestra República.

Lo que hoy vaya plantearles, quiero que ustedes lo trasmitan a todos los demás oficiales, a los suboficiales y a los soldados, porque como siempre lo he hecho, vengo ante nuestros oficiales a hablarles con sinceridad, acerca de los temas que más preocupan a nuestra nación y esto debe ser conocido por todos los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas.

A las Fuerzas Militares se les reconoce una autonomía en los asuntos especializados y propios del quehacer militar. Y ello es así por- que la profesión militar requiere de una intensa y particular preparación, la que no está al alcance sino de quienes han escogido desde muy jóvenes ingresar a la carrera militar. Es un conocimiento que requiere la especialización propia de exigentes disciplinas y que se adquiere a lo largo de toda una vida.

Por otro lado, en un estado democrático, como el nuestro, lo natural y lo deseable es que los civiles conozcan los temas militares y que por ello discutan los aspectos políticos y estratégicos de la Fuerza Pública, tales como su papel en la sociedad y su relación con los poderes públicos. Incluso es sano para una democracia que civiles discrepen de las visiones originadas en academias militares y que estas opiniones se discutan a plena luz del día.

Pero insisto, hay que mantener, dentro del ámbito exclusivamente militar, un grupo de decisiones que corresponden a la autonomía propia de un cuerpo organizado, ya que aquéllas se derivan de un conocimiento especializado. Mal harían, entonces, los políticos, los académicos y los analistas, en pretender entrometerse en decisiones puramente militares. El gobierno civil tiene la obligación, no sólo de respetar esta autonomía especializada, sino también de impedir que haya injerencia de posturas partidistas. En otros países hemos visto el daño que produce en las filas castrenses, y en el respeto hacia éstas por parte de los conciudadanos, que las instancias partidistas sean las que determinen, por ejemplo, estímulos, ascensos, o cuestiones puramente operacionales.

Esta autonomía especializada no significa que el estamento militar posea independencia absoluta con respecto a la sociedad; o sea, una isla dentro de las instituciones del Estado. Al contrario, en una democracia, la política general dentro de la cual se enmarca la acción militar es de responsabilidad del poder político y, en particular, del Jefe del Estado. La fuerza pública ejecuta su tarea dentro de lineamientos de política que traza el gobierno. Es al Presidente a quien corresponde la inmensa responsabilidad del orden público y para ello tiene a su disposición el poder regulado de la fuerza pública y los instrumentos políticos y legales que le da la Constitución.

Es también un principio esencial de nuestro ordenamiento democrático que las Fuerzas Militares estén subordinadas en todos los aspectos al poder político materializado en el Presidente de la República y en su Ministro de Defensa. Eso no tiene discusión de ninguna índole. No la ha tenido en el pasado, ni deberá tenerla en el futuro. El Presidente tiene, por lo tanto, la atribución directa, o a través de su Ministro de Defensa, de tomar determinaciones sobre la permanencia de mandos militares por los motivos contemplados en el reglamento.

Esto no es un capricho de nuestra legislación ni es tampoco una disposición arbitraria.
El gobierno tiene que velar por el bien común, por la armonía de las relaciones entre poderes públicos y por la eficacia en el ejercicio del poder. Para ello es soberano al tomar las decisiones discrecionales que mejor convengan al futuro del país.

La razón estriba en el concepto de la no deliberancia contemplado en los estatutos y reglamentos militares desde el propio inicio de nuestra fuerza pública republicana. Menciono solamente el Estatuto de la Guardia Colombiana de Tomás Cipriano de Mosquera que establecía que la guardia era obediente y no deliberante. En la Constitución del 91, tal como lo señala el general Alvaro Valencia Tovar, verdadera insignia del pensamiento militar, se mantiene con acierto la previsión consagrada en la Carta del 86 sobre la no deliberancia de los miembros de las instituciones armadas. Incluso se convierte en más exigente con un criterio que el mismo general Valencia Tovar califica de afortunado: se prohíbe explícitamente la participación en debates políticos y las actividades en partidos o movimientos.

Deliberar es discutir órdenes superiores. El reglamento lo prohíbe aun cuando llegue el caso en que no se esté de acuerdo con la orden. La milicia es obediente y así debe serlo. La no deliberancia también se ha interpretado como no intervenir en controversias políticas dentro de nuestra dinámica democrática. La neutralidad de la fuerza pública en política es y debe ser rigurosa y rígida. No se puede desviar ni un milímetro pues se perdería, no sólo el acatamiento a normas expresas, sino lo que tal vez es peor, conduciría a perder la confianza de los ciudadanos.

Quiero ahora referirme al tema de la paz. Para afrontar y tratar de ponerle fin a la alteración del orden público que vive Colombia desde hace décadas he decidido intentar, con decisión y consciente de mi responsabilidad política, una salida negociada con quienes se han alzado en armas contra el Estado. Y mi propósito ha sido claro y transparente.

Ya lo he dicho antes. No es el gobierno el que escoge entre una política de guerra y una política de paz. El Gobierno sólo tiene la opción de cumplir con la Constitución. La guerrilla es quien tiene abierta la opción del diálogo, pero esta disposición abierta del gobierno y del pueblo colombiano con la guerrilla no debe olvidar que el objetivo es la superación definitiva del conflicto de tantos años. El solo diálogo como fin en sí mismo o como estrategia ante la prolongada violencia no es aceptable.

Desde antes de asumir la jefatura de Estado propuse que el conflicto interno se resolviera por medio de una negociación política. No sólo lo dije sino que, aún antes de asumir la responsabilidad que impone el ser Presidente de la República, abrí personalmente el camino del diálogo con la dirigencia de las Farc.

Debo insistir, entonces, en que intentaré la vía de la negociación para buscar la reconciliación nacional, sin renunciar en ningún caso al uso legítimo de la fuerza que me impone el mandato constitucional de respetar la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

Con base en lo anterior, tomamos decisiones en esa dirección. Estas no deben sorprender cuando abrimos espacios al diálogo. Es más, para ello tengo un mandato popular irrebatible. Hace menos de dos años diez millones de colombianos votaron libremente para definir un mandato categórico que invita al Estado a buscar una salida negociada al conflicto interno. Y más recientemente para las elecciones presidenciales, mi propuesta de paz fue conocida por todos y votada favorablemente por la mayoría de los compatriotas. Tengo, por lo tanto, un mandato popular, expresado en las urnas, que debo respetar.

He vuelto a dialogar con la dirigencia de las Farc con el propósito de mostrar no sólo mi compromiso con la solución negociada, sino para destacar la importancia que tiene el pasar al proceso de negociación. Comprendo que estos encuentros con líderes de la insurgencia armada puedan causar cierto impacto entre quienes luchan por doblegar esos grupos ilegales.

Pero siempre he dicho que personalmente lideraré este proceso y por eso ha sido necesario realizar estos contactos personales para lograr un intercambio más franco y directo que haga posible el camino de la paz.

En estos casos recuerdo siempre una frase que solía decir mi padre, citando a un gran escritor: lo único imperdonable es no hacer lo necesario cuando es necesario.

Aunque reconozco las dificultades que encontraremos en nuestra travesía, debo decir que hemos avanzado. Estamos pasando de una etapa de diálogo hacia un proceso de negociación, el cual se iniciará a partir de la agenda común acordada.

De igual manera, nos hemos comprometido a dar desarrollo al acuerdo suscrito el pasado 28 de abril entre los representantes de las dife- rentes fuerzas políticas y el Gobierno Nacional, acuerdo que de- muestra la voluntad política de la sociedad colombiana de darle una salida negociada al conflicto interno.

Soy consciente de las observaciones y quejas que se han presentado en torno a la zona de distensión que fue establecida de acuerdo con la ley. Al respecto quisiera señalar que se trata de un ejercicio complejo y sin antecedentes pero indispensable para avanzar en el proceso de paz. Con el fin de que cumpla adecuadamente su función, hemos acordado la creación de una comisión internacional de acompaña- miento integrada por personalidades que permita servir de verificadora para superar cualquier inconveniente que se pueda presentar. Confío en que este mecanismo de verificación contribuya a crear el clima propicio para la negociación.

Lo he dicho en varias oportunidades y quiero aquí reiterarlo. En relación con la agenda para el gobierno no existen temas vedados. Pero sí dejo en claro que en el tratamiento de todos los temas, sin excepción, el Gobierno se guiará en defensa del Estado de derecho, de la unidad territorial y de los principios democráticos que rigen nuestra historia, nuestra sociedad actual y nuestras instituciones.

La paz implica necesariamente un avance en la consolidación y modernización de nuestra democracia. Porque la democracia no consiste simplemente en que se celebren elecciones o en que haya libertad de prensa. La democracia va más allá. En ella debe existir una profunda capacidad de cada ciudadano para discutir y aportar soluciones a los distintos problemas que son propios de toda sociedad. La democracia es avanzar decididamente hacia la justicia social. La democracia es también seguridad y tranquilidad para que cada ciudadano pueda aportar el máximo de sus virtudes sin que un hecho violento o criminal se le atraviese en el camino.

Como decía Wiston Churchill, la democracia consiste en que cuando alguien golpee en nuestra puerta a las 6 de la mañana, podamos estar seguros que se trata del lechero.

De mi mente y de mis decisiones, óigase bien, nunca se apartará la necesidad de preservar el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado. La paz de Colombia es incompatible con la existencia de grupos armados, llámense como se llamen. Algo distinto iría en contra de nuestra democracia y de nuestra sociedad.

Quiero ser claro. La preservación del Estado de derecho lleva a que, en ningún caso, se pueda concebir la disolución de las instituciones armadas cuya razón de ser es el ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza. Muy por el contrario, en la Colombia en paz me imagino unas Fuerzas Militares fuertes, dinámicas y comprometidas con la paz, con el desarrollo, el cuidado de nuestras fronteras y de nuestros recursos naturales.

A su vez anhelo una Policía trabajando hombro a hombro con la autoridad civil e involucrada a fondo con la seguridad ciudadana a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

No vaya olvidar por ningún motivo a soldados y policías que han ofrendado sus vidas durante los últimos años en defensa de nuestras instituciones y de la sociedad colombiana. Es bueno recordar que gracias a su esfuerzo y sacrificio, ha sido posible que Colombia perdure como una nación libre y soberana. La función que cumplen las Fuerzas Armadas ha sido, es y será fundamental para el mantenimiento de nuestra democracia y será pilar para la consecución y consolidación de la paz.

Son ustedes los depositarios de las armas que les ha dado la sociedad para su defensa, la salvaguarda del orden y el mantenimiento de la tranquilidad. Es un acto supremo de confianza. Y sepan que, como Presidente, siempre tengo presente el imperdurable agradecimiento que la sociedad les tiene por el servicio que prestan.

Dicen los teóricos que la guerra, por su trascendencia, hace funda- mental el concurso del estamento civil. En Colombia, en la realidad, creo necesario afirmar, además, que el logro de la paz es un evento cuya trascendencia hace que sea fundamental el concurso del estamento militar y policial.

Por eso he tomado la decisión de incluir como miembro de la Comisión Negociadora de Paz a un alto oficial en retiro de las Fuerzas Armadas.

Convencido de la necesidad de fortalecer y modernizar las fuerzas militares he puesto en marcha un proceso dirigido a su reestructuración. La institución militar debe estar capacitada y dotada para enfrentar los retos que impone a diario nuestro país.

Se busca dar una mejor utilización a los recursos humanos con que se dispone y avanzar en el proceso de profesionalización. Se trata también de mejorar las telecomunicaciones, la capacidad de combate, la estructura de apoyo, la movilidad y la labor administrativa.

Quiero compartir con ustedes mi profunda convicción en que el respeto y la promoción de los derechos humanos son para mí elemento insustituible de la democracia. Así mismo, es claro que en la agenda de las naciones este tema ha adquirido lugar preponderante. El sistema internacional de protección de los derechos humanos constituye uno de los mayores avances de la sociedad contemporánea.

No sobra recordar que han sido los Estados quienes, de manera sobe- rana, han contribuido al fortalecimiento de esta realidad.

Colombia no ha estado ausente de estos desarrollos. Lo anterior nos obliga a reflexionar serenamente sobre la importancia que tiene para el Estado y para sus Fuerzas Armadas no quedarnos atrás en el cumplimiento de estos compromisos.

He señalado que la paz está vinculada estrechamente a la vigencia de los derechos humanos y estos a la vigencia de la paz. También deseo reiterar que el gobierno reconoce la seriedad de la situación de los derechos humanos. La sociedad colombiana tiene igualmente que aceptar su parte de responsabilidad para lograr adoptar los correctivos y las decisiones que nos permitan corregir las equivocaciones del pasado. Por ello, trabajamos en la adopción de un nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos que comprometa a todas las instituciones de control en hacer de este tema una verdadera política de Estado.

La vigencia de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el curso de un conflicto armado como el que enfrentamos en Colombia es y debe ser el cometido supremo del Estado y la sociedad civil. Por eso rechazamos todas las formas de violencia y terrorismo, el asesinato y el secuestro en sus diversas expresiones y todas las demás manifestaciones de barbarie.

Quiero reafirmar que la defensa del Estado de Derecho y el ejercicio de la fuerza solo les compete a las autoridades legítimamente constituidas. Cualquier expresión de justicia privada que pretenda sustituir al Estado en sus deberes constitucionales, será objeto de implacable persecución. Es por ello que la acción criminal de las llamadas autodefensas, no puede ser tolerada por acción u omisión de cualquier agente gubernamental.

En particular me abruman las amenazas de que ha sido objeto el periodismo por parte de organizaciones armadas al margen de la ley. La libertad de prensa que el gobierno, la sociedad y el Estado respetan y defienden no tiene por qué ser víctima del acoso violento y desmedido de actividades terroristas.

Es función sagrada de las Fuerzas Militares que se respeten los derechos de cada colombiano. De ahí la trascendencia de realizar esfuerzos para aclimatar al interior de ellas una cultura de los derechos humanos. Es una política que ha dado resultados. La información muestra que hay una disminución significativa en los casos investigados por posibles violaciones a los derechos humanos.

Así mismo, los informes de organismos internacionales especializados en el tema confirman esta saludable tendencia.

Debo hacer este justo reconocimiento a la institución militar que se ha comprometido a fondo en esta materia.

Hoy celebramos noventa años de fundación de la Escuela Superior de Guerra. Hoy soy testigo de que los principios con los cuales se fundó este centro de enseñanza militar se mantienen firmes como guía de las acciones de nuestros valientes militares colombianos.

En 1909 la Escuela inició la tarea de darle a la República un ejército fundamentalmente profesional, de carácter nacional, que fuera garantía real de los gobiernos legítimamente constituidos y que estuviera lejos de toda controversia partidista. Era el inicio del siglo, el principio de una nueva época. Las expectativas, las metas y las tareas que enfrentaba, eran propias de una Colombia muy distinta de la que hoy despide el milenio.

Noventa años después me encuentro ante una Escuela preparada para capacitar a quienes enfrentan los retos más significativos que impone una sociedad tan compleja como la nuestra. Hoy los oficiales reciben el más alto grado de formación. Soy un convencido de que los generales salen de estas aulas con la capacidad y el criterio necesarios para entender los problemas de nuestra sociedad a partir de una visión de Estado. Mi experiencia hasta el momento con el alto mando ha sido la de trabajar con oficiales altamente profesionales, siempre atentos a entender la problemática del gobernante y siempre dispuestos a dar consejos oportunos y sensatos.

La Escuela Superior de Guerra tiene clara la visión de cambio que propongo. De aquí que proyecte constituirse en un Instituto de Estudios Superiores con proyección hacia el siglo XXI. Esto lo logrará afianzando valores y principios, para mantener así la capacidad de conducción y liderazgo de los Oficiales Superiores, tanto en el campo militar como en el campo estratégico.

Señores miembros del Alto Mando Militar, ex alumnos de esta Escuela. Señores oficiales docentes y alumnos.

En otro momento crucial de la historia de Colombia, el expresidente Alberto Lleras señaló que «si al término de mi Gobierno, como lo espero, se puede otra vez recorrer los caminos de Colombia sin riesgo, si en cada casa vuelve a vivirse en sosiego, si nuestros compatriotas dejan de temerse y de odiarse, si donde quiera que se vea un uniforme de un miembro de los Fuerzas Armadas, hay para la institución un voto de agradecimiento y un íntimo aplauso, si los Diez Mandamientos vuelven a regir la conciencia de nuestros compatriotas y no hay más tiros, más muertos, más asaltos, más crímenes impunes, más persecuciones, volveré aquí adonde ustedes, a decirles sin adulación ni generosidad, sino como un simple acto de justicia que merecen bien de la patria». Comparto con plenitud la visión del ilustre mandatario. Esa es también la patria que anhelo. Me animan los mismos valores que alentaron a nuestros mayores.

Me anima el sueño no prohibido y posible de ver a una Colombia en paz dispuesta al progreso, a la tranquilidad y a la concordia.

Me anima mi compromiso indeclinable de cambiar a Colombia. Me anima el amor a la Patria que comparto con ustedes. No puedo tener un mejor estímulo.

Lugar y Fecha

Bogotá, Colombia
6 de mayo de 1999