LA HUMANIZACIÓN DEL DESARROLLO, CLAVE PARA LOGRAR JUSTICIA SOCIAL, PAZ Y ESTABILIDAD2017-12-18T11:48:27+00:00

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Discurso del presidente Andrés Pastrana Arango, con motivo de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Humano.

El siglo XX se ha caracterizado por la temática del desarrollo, de la misma manera que el siglo XIX lo fue por la de la libertad. A medida que avanzó nuestro siglo, el mundo fue tomando conciencia de los problemas de la pobreza, el hambre, las enfermedades, el desempleo y la infraprodución, y su impacto para el progreso del hombre.

Si bien en un principio el tratamiento del tema del desarrollo se vio restringido a una significación puramente económica, poco a poco se fue re definiendo su verdadero contenido para darle un sentido más humano. El desarrollo dejó de ser un fin en sí mismo y se ajustó a la medida del ser humano.

Hace ya más de 30 años, Pablo VI señalaba con acierto en su encícli- ca sobre el desarrollo de los pueblos, cuál debía ser el verdadero contenido de este concepto, cuando afirmaba: «No se trata solo de vencer el hambre, ni siquiera retroceder la pobreza. El combate contra la miseria, urgente y necesario, es insuficiente. Se trata de construir un mundo donde todo hombre, sin excepción de raza, religión o nacionalidad, pueda vivir una vida plenamente humana, emancipado de las servidumbres que le vienen de parte de los hombres y de la naturaleza insuficientemente dominada; un mundo donde la li- bertad no sea una palabra vana».

Como sostiene Octavio Paz: «Desarrollo es abrir aquello que se encuentra enrollado, desdoblar, crecer libre y armoniosamente».

Es esta una excelente oportunidad para reflexionar acerca de los desafíos del desarrollo en América Latina y el Caribe, para analizar el papel de las Naciones Unidas en la región y para proyectar nuevas estrategias de cooperación entre nuestros pueblos.

Ahora que enfrentamos los desafíos y riesgos de la globalización, la humanización del desarrollo se ha convertido en una pieza funda- mental para lograr, sobre bases sólidas y duraderas, los propósitos inaplazables de la justicia social, la paz y la estabilidad que reclaman las democracias en nuestra región.

El intenso proceso de cambios en los países latinoamericanos y del Caribe, apoyado en una ampliación de los espacios democráticos y en rápidas transformaciones económicas, se ha traducido en avan- ces y rezagos. La mayoría de países ha logrado progresos en materia de estabilidad macroeconómica, diversificación de las exportaciones y mayor acceso al financiamiento externo. Las reformas han producido un entorno más estable y favorable para las inversiones foráneas y han mejorado las perspectivas de la integración regional.

Sin embargo, los ritmos de crecimiento han sido insuficientes para superar los atrasos tecnológicos y la brecha social acumulados durante décadas anteriores. Necesitamos crecer a tasas superiores al 6%, de manera sostenida, y profundizar las reformas económicas, sociales y políticas, como condición necesaria para romper el círculo vicioso de la pobreza, para mejorar la distribución de los ingresos y para garantizar una inserción dinámica de la región a los mercados internacionales.

Necesitamos, igualmente, impulsar una política social activa que se traduzca en la formación del capital humano requerido para mantener en el largo plazo un crecimiento sostenido y equitativo. Necesitamos crear un círculo virtuoso, dentro del cual el crecimiento estable permita reducir la pobreza, mejorar el empleo y los salarios, y aumentar los ingresos requeridos para financiar el gasto social, generando así condiciones para acelerar de nuevo el crecimiento. La formación del recurso humano y la generación de puestos de trabajo son el puente insustituible entre lo económico y lo social, y un requisito para lograr una mejor inserción de nuestros países en la economía mundial.

En materia de empleo, el crecimiento económico en América Latina y el Caribe ha tenido escaso impacto en el mercado laboral. La mayor parte de los puestos de trabajo generados durante la presente década, 84 de cada 100, se han dirigido al sector informal. Este sector absorbe más del 50% del empleo en la región. En un número importante de países, el salario mínimo real es todavía inferior al observado a comienzos de la década de los ochenta.

Un patrón de crecimiento que no genere empleos productivos difícilmente conducirá a disminuir los niveles de pobreza y a reducir las desigualdades económicas y sociales. Se requiere, por tanto, una transformación gradual y estructural de nuestras economías, en donde el crecimiento esté acompañado de cambios tecnológicos que se reflejen en aumentos de la productividad laboral. Y para ello, resulta indispensable desarrollar un nuevo modelo de educación y capacitación, como condición básica para incrementar la competitividad en nuestros países.

Debemos insistir, pues, en la definición de una nueva agenda social para América Latina y el Caribe. Una agenda en la que se puedan integrar las dimensiones económicas, sociales, ambientales y culturales, que permita un eficaz complemento entre crecimiento y desarrollo humano, y en donde se realicen plenamente los principios de equidad, justicia e integración social.

Desde mediados de la década de los ochenta el tema de las reformas institucionales se ha convertido en un aspecto fundamental dentro de los programas de desarrollo que adelantan tanto los gobiernos nacionales como los organismos internacionales.

Para lograr adecuados niveles de progreso, resulta fundamental hacer del Estado una institución eficiente que responda efectivamente a las necesidades de los ciudadanos. Antes que nada, el Estado debe garantizar un marco legal estable que dé certeza y brinde seguridad a las personas y a los inversionistas.

Redefinir el papel que debe cumplir el Estado es un requisito para asegurar el desarrollo de nuestros países. El Informe sobre el Desarrollo Mundial de 1997 publicado por el Banco Mundial hace un detallado análisis del Estado en un mundo en transformación y afirma cómo el hecho de haber ignorado el aspecto institucional de los programas de desarrollo condujo a que «los gobiernos emprendieran proyectos poco realistas. Los inversionistas privados se abstuvieran de invertir por falta de confianza en las políticas públicas o en la firmeza de los dirigentes. Poderosos gobernantes actuaron en forma arbitraria. La corrupción se convirtió en mal endémico, el proceso de desarrollo perdió impulso, y la pobreza se consolidó».

Porque estoy convencido de la necesidad que tenemos los colombianos de contar con unas instituciones públicas eficientes, transparentes y justas, al alcance de los ciudadanos, estoy liderando el Programa de Reestructuración del Estado Colombiano.

Vamos a hacer que el Estado deje de ser este monstruo de siete cabezas, alejado de los individuos, para convertirlo en un aliado al servicio de los ciudadanos. Es el Estado quien está al servicio de la persona humana y no ésta al servicio de aquél.

Es un programa de reforma ambicioso, a fondo y abierto, al que están invitados a participar todos los colombianos aportando ideas novedosas y creativas. Particularmente importante es la participación de los sindicatos de trabajadores, pues ellos más que nadie conocen el funcionamiento real de las instituciones públicas.

Con este programa no vamos simplemente a reducir el aparato administrativo o las plantas de personal, sino que vamos a dotar al Estado de los mejores instrumentos para asegurar la protección y garantía de los derechos de todos los colombianos, y la satisfacción adecuada de sus necesidades.

Liderado directamente por la Presidencia de la República, el programa trabaja actualmente en la optimización del uso de los recursos
públicos, la racionalización de la organización administrativa, la simplificación de trámites y la reducción de la duplicidad de funciones, programas y proyectos. Todo ello bajo el criterio de profundización del proceso de descentralización.

Dentro de esta perspectiva institucional del desarrollo uno de los obstáculos más graves es la corrupción. Este flagelo deteriora la confianza de los individuos en las instituciones públicas, genera incertidumbre e inseguridad en la economía y relaja la ética ciudadana, convirtiéndose en fuente de violencia e injusticia.

La corrupción genera pobreza al impedir el acceso en condiciones de igualdad a los beneficios del progreso. Grandes cantidades de dinero destinadas a la inversión social en los sectores más pobres de la población se desvían y van a parar a los bolsillos de personas deshonestas. La corrupción es también una forma de violencia y quizá la peor por la manera encubierta como actúa, haciendo difícil su detección.

En un estudio realizado por el profesor Kaufman de la Universidad de Harvard en 63 países en desarrollo y ex comunistas, se estableció que la corrupción era el obstáculo número uno para el desarrollo.

Durante la «Cumbre de las Américas» realizada en Miami, el Presi- dente del Banco Interamericano de Desarrollo, don Enrique Iglesias, definió la corrupción como «uno de los mayores males que acosan la consolidación de la democracia en América Latina y el Caribe». Si la inflación es un impuesto a los pobres, la corrupción es un impuesto a toda la sociedad. La corrupción genera costos económicos al desviar recursos destinados al desarrollo; costos políticos, que causan inconformismo social, desconfianza y el debilitamiento del sistema democrático; y costos sociales, que deterioran el tejido social, destruyen los valores y la moral y abren el espacio a la ilegalidad y la delincuencia.

Porque en Colombia entendemos que la corrupción es una de las más graves amenazas para el desarrollo, me he dado a la tarea de erradicarla. Quiero que mi Gobierno pase a la historia como el más limpio, honesto y transparente de todos. No vaya tolerar a los corruptos, y eso incluye tanto a los funcionarios públicos como a quienes, por fuera de las instancias institucionales, pretenden adueñarse del sudor y el esfuerzo de los colombianos de bien.

A nivel internacional Colombia ha venido trabajando, sin descanso, en la eliminación de prácticas corruptas, en especial aquellas relacionadas con el contrabando y el lavado de activos. En noviembre del año pasado creamos el Comité Empresarial Anticontrabando, que ha sido seleccionado como plan piloto para Colombia y Sur- américa y adoptado como modelo para el desarrollo de otros capítulos a nivel mundial.

Los avances tecnológicos han hecho que el fenómeno de la corrupción sea cada vez más difícil de atacar desde una perspectiva exclusivamente nacional. Por esta razón es urgente la suscripción de acuer- dos en materia de lucha anticorrupción que, acompañados de una férrea voluntad política por parte de los gobiernos de la región, haga posibles la cooperación y la solidaridad internacional en este campo. La firma de la Convención Interamericana contra la Corrupción, en marzo de 1996, constituye un significativo avance en esta lucha.

No podríamos imaginar, por otro lado, una región próspera y estable, sin armonía con la naturaleza, sin una eficaz alianza para el desarrollo sostenible. La preservación y conservación del medio ambiente, el uso racional de nuestros recursos naturales, la defensa y promoción de nuestra diversidad biológica, y la utilización de tecnologías ambientalmente sanas, deben constituir pilares básicos de la agenda para el desarrollo de América Latina y el Caribe.

Debemos intensificar la cooperación regional para contribuir a encarar las causas económicas y sociales del deterioro ambiental. Sa- bemos que buena parte de ese deterioro se origina en los patrones insostenibles de consumo y producción en los países industrializados que se reflejan en fenómenos como el calentamiento global, la sobrexplotación pesquera, la tala irracional de bosques, la extracción incontrolada de recursos naturales y las presiones sobre la biodiversidad. Pero a los países en desarrollo, y en particular a los países de nuestra región, nos corresponde también contribuir a corregir el daño producido sobre nuestro entorno ambiental.

Uno de los desafíos que enfrenta nuestra región para avanzar eficazmente hacia los objetivos del desarrollo sostenible es lograr una combinación adecuada y armónica entre los mecanismos y prioridades establecidos en la Agenda 21, adoptada en Río de Janeiro, y la implementación del Programa de Acción acordado en la Cumbre de Santa Cruz de la Sierra en 1996.

Para ello debemos dar una especial prelación a la identificación de los vínculos y a la interdependencia entre la agenda global y la agenda regional en el campo del desarrollo sostenible, así como al impacto derivado de las políticas ambientales sobre las estrategias de desarrollo en nuestra región. Particular atención merecen las implicaciones que para América Latina y el Caribe significan las negociaciones internacionales en áreas críticas para el desarrollo sostenible como el cambio climático, la bioseguridad, la contaminación marina y la utilización de los ríos, los océanos y los mares.

Hace pocos días efectuamos, en esta misma ciudad de Cartagena de Indias, la Primera Conferencia Extraordinaria de las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica. Cerca de 150 delegaciones de todo el mundo nos dimos cita en Colombia para abordar las negociaciones multilaterales sobre uno de los temas más importantes de la agenda mundial ambiental, el tema de la bioseguridad. Se produjo en esa oportunidad un avance decisivo en el objetivo de firmar un protocolo que regule esta materia.

Para lograr que el crecimiento económico resulte compatible con las metas de preservación ambiental se requiere de la cooperación inter- nacional, de una efectiva movilización de recursos y de un entorno macroeconómico internacional estable y favorable. En este sentido, una de las preocupaciones centrales recientes es el contagio transmitido a la región como resultado de la crisis financiera de los dos últimos años.

Los ataques especulativos del actual sistema financiero internacional ponen en permanente riesgo de desestabilización a la economía mundial. Lo ocurrido desde 1997 constituye, sin duda, la mayor amenaza de este tipo desde el fin de la segunda guerra mundial.

La globalización ha traído consigo aumentos inusitados en el volumen de las transacciones financieras, pero también una enorme volatilidad. Pasamos fácilmente del auge y la euforia a la incertidumbre y el pánico. Y después del pánico, al contagio.

Nos encontramos en estado de alerta ante la fuerte desaceleración que está comportando la economía mundial. Los países industrializados deben actuar rápida y oportunamente para evitar los riesgos de una recesión generalizada. Se deben asegurar los fon- dos de contingencia necesarios para restaurar la estabilidad en los países afectados por la crisis y por el contagio.

El manejo de esta situación demanda reformas de más largo alcance. Para corregir la brecha que existe entre el proceso de integración financiera cada vez más rápido y sofisticado, y su marco institucional, hoy incapaz de regularlo, es indispensable el diseño de una nueva arquitectura financiera internacional. Esta es una de las lecciones más importantes que nos deja el comportamiento de la economía mundial al final del siglo.

América Latina y el Caribe deben actuar coordinadamente para impulsar un proceso de reforma del sistema financiero internacional, que consulte la apremiante demanda de recursos para el crecimiento económico y el desarrollo social en nuestra región.

A las Naciones Unidas les corresponden una gran responsabilidad y un importante papel en esta nueva agenda de desarrollo regional.

Uno de los principales retos del sistema de las Naciones Unidas, de sus programas y agencias especializadas, debe ser la revitalización de la cooperación internacional para el desarrollo. Dentro de ella, la cooperación regional debe ocupar un lugar prioritario. La coordinación entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras instituciones regionales como la CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como con el Banco Mundial y otras entidades financieras multilaterales, resulta igualmente relevante.

El PNUD tiene ante sí grandes desafíos en América Latina y el Caribe. Confiamos en que como resultado de las reuniones que hoy se inician dispongamos de una nueva visión estratégica hacia el próximo quinquenio.

Quiero resaltar la magnífica colaboración que ha recibido Colombia de las agencias del sistema de las Naciones Unidas y en particular de las oficinas con sede en nuestro país. La coordinación de ese amigo, Francesci Vincenti, ha significado importantes avances que mi Gobierno valora y aprecia.

En esta conferencia despedimos como coordinador regional del PNUD al doctor Fernando Zumbado, a quien también deseo agradecer todo su esfuerzo y trabajo a favor de nuestros países. A su sucesora, Elena Martínez, le auguro los mejores éxitos en la labor que comienza.

Cartagena de Indias y Colombia se sienten orgullosas de que sea en esta ciudad donde se adopte la nueva plataforma sobre desarrollo humano, de vital importancia para el progreso en los países de la región. Cuentan ustedes con todo nuestro respaldo.

Les deseo los mejores éxitos en sus deliberaciones.

Lugar y Fecha

Cartagena, Colombia
10 de marzo de 1999