LA PAZ SE DEBE NEGOCIAR EN PAZ2017-12-18T11:51:48+00:00

Project Description

 XI Sesión del Consejo Nacional de Paz que se celebró en el Palacio de Nariño.

En la primera reunión del Consejo Nacional de Paz que me correspondió presidir el pasado 24 de marzo de 1999, les expresé a ustedes la plena voluntad y el firme compromiso de paz de mi Gobierno, así como mi convicción personal en el camino del diálogo y la negociación, el cual, por supuesto, está lleno de diferencias y dificultades, todas superables cuando hay voluntad, y por eso, afirmaba precisamente que la paz negociada requiere que exista una actitud positiva de los alzados en armas.

Sí. Se necesita, no sólo voluntad para dialogar, sino también se necesita voluntad, disposición y capacidad para negociar, suscribir acuerdos y firmar la paz definitiva para el país.

A lo largo de mi Período Presidencial he dispuesto todas mis energías por el avance y la permanencia del Proceso de Paz. El Gobierno ha hecho todo lo posible a su alcance para superar las diferencias, los impasses, las dificultades, y así preservar esta posibilidad única de construir conjuntamente, entre todos, una paz justa, equitativa, de reformas sociales, políticas y económicas para Colombia.

Ahora, luego de muchos esfuerzos debo resaltar la existencia de un Proceso de Paz que debe comenzar a dar resultados concretos. El Proceso necesita hechos concretos, palpables y expresos de Paz que reafirmen ante el país la voluntad de Paz expresada en la Mesa de Diálogos y Negociación, y nos eviten a los colombianos el holocausto de la guerra total.

La posición del Gobierno Nacional ante la Mesa Nacional de Diálogos y Negociación y ante el país, es la posición de los colombianos.

El Gobierno Nacional reafirma lo que pactó con las Farc-Ep en el Acuerdo de San Francisco, según el cual la negociación en medio de la guerra está agotada y, por lo tanto, el Proceso de Paz requiere un ambiente propicio para desarrollarse. Un ambiente sin confrontación armada.

El Gobierno Nacional reitera, igualmente, que el llamado Documento de Recomendaciones de las Personalidades traza una ruta adecuada para el desarrollo inmediato y el logro de acuerdos concretos en el Proceso de Paz.

Dicho documento señala con claridad una senda para abordar los temas relacionados con la disminución del conflicto. Como primer punto, es necesario pactar una tregua con cese de fuegos y hostilidades militares, para que, una vez iniciada, sea

posible continuar con la negociación de los puntos señalados en la Agenda Común.

La tregua dará confianza a los colombianos en el proceso de paz y evidenciará las enormes ventajas y beneficios que tiene la salida po- lítica negociada al conflicto armado en Colombia. El Gobierno Nacional considera que solamente pactando una tregua con cese de fue- gos y hostilidades será posible sentar unas bases sólidas que garanticen la continuidad del proceso de paz, y que al mismo tiempo permitan avanzar en la negociación.

Bajo estos lineamientos y siguiendo con lo acordado el 20 de enero de 2002, en el marco del Cronograma de Consenso para el futuro del Proceso de Paz, el Gobierno presentó en la Mesa Nacional de Diálogos y Negociación una propuesta para pactar en el corto plazo una tregua con cese de fuegos y hostilidades, cuyo punto de partida y eje central es evitar inmediatamente que la población civil continúe siendo afectada por el conflicto armado.

Con este objetivo general, el Gobierno considera, y así se lo ha deja- do saber claramente a las Farc-Ep y a todo el país, que el primer punto de la tregua con cese de fuegos y hostilidades es la suspensión inmediata del secuestro por parte de las Farc-Ep y la liberación de todas las personas que dicha organización tiene secuestradas.

El Gobierno ha reiterado repetidas veces que el secuestro y las amenazas relacionadas con esta actividad por parte de las Farc-Ep son una gravísima y permanente violación de los derechos a la vida y a la libertad, y violan abiertamente el Derecho Internacional Humanitario.

El Gobierno ha planteado en la Mesa Nacional de Diálogos y Negociación que de manera inmediata las Farc-Ep cumplan plena e íntegramente con las normas del Derecho Internacional Humanitario, y en consecuencia se suspenda: la extorsión, todo tipo de ataque que cause daños a la salud o la vida, el uso de minas antipersonales y armas de alcance indiscriminado, y todas las acciones que obliguen a la población civil a desarrollar actividades de cualquier tipo, para cualquier fin o que genere su desplazamiento forzado.

La propuesta de tregua con cese de fuegos y hostilidades presentada por el Gobierno incluye también la suspensión inmediata de los ataques que las Farc-Ep realizan a cualquier clase de infraestructura pública o privada.

Los efectos directos del conflicto armado están afectando la infraestructura productiva y social del país, así como las viviendas, las iglesias y demás centros religiosos, las vías de comunicación, los lugares de trabajo y los bienes de la población.

Esto ha generado una pérdida de capital productivo y de oportunidades de empleo, y ha obligado al Gobierno a destinar recursos e inversiones para recuperar la infraestructura afectada por la acción de las Farc-Ep, sustrayendo dicho capital de otras inversiones socialmente más productivas.

Para que la tregua con cese de fuegos y hostilidades sea una realidad y pueda llegar a feliz término, es condición necesaria que las Fuerzas Armadas de Colombia y las Farc-Ep estén separadas para evitar choques y confrontaciones accidentales.

Por lo tanto, es imperativo que en desarrollo de la tregua se definan y acuerden mecanismos de separación de fuerzas que garanticen su viabilidad. No obstante lo anterior, tal y como lo he reiterado en diversas oportunidades, las acciones de las Farc-Ep son solamente una de las manifestaciones del conflicto armado en Colombia.

Otros grupos armados continúan actuando de manera ilegal con presencia móvil a lo largo del territorio nacional, lo que hace necesario la acción permanente del Gobierno a través de sus Fuerzas Militares.

Por lo tanto, siguiendo lo señalado por la Constitución Nacional, la Fuerza Pública continuará cumpliendo con su indelegable labor de combatir las restantes organizaciones armadas al margen de la ley que no hayan suscrito con el Estado colombiano acuerdos similares.

Finalmente, es requisito indispensable para el éxito de la tregua con cese de fuegos y hostilidades, contar con amplios y seguros mecanismos de verificación, dada la complejidad y trascendencia de los acuerdos y compromisos que ésta implica. La voluntad del Gobierno y las Farc-Ep al pactar una tregua con cese de fuegos y hostilida- des debe ser garantizada con adecuados y confiables instrumentos de verificación, de manera que se cumpla fielmente la declaración que le sirve de sustento.

En resumen, como el Alto Comisionado y su equipo de asesores lo expresaron recientemente en la Mesa Nacional de Diálogos y Negociación, el Proceso de Paz debe entrar en una etapa definitiva de acuer- dos tendientes a la reducción del conflicto armado, que nos permitan negociar la paz en paz.

Este es el único camino viable que le queda al Proceso de Paz. Lograr que este sea el rumbo que tome el Proceso es tarea no sólo del Gobierno y de las Farc-Ep, sino de toda la sociedad colombiana, liderada por sus dirigentes sociales, políticos, eclesiásticos, sectoriales, cívicos y demás. Esta es la tarea en la que estamos hoy.

Esta semana, una Comisión de este órgano asesor del Gobierno viájará al Caguán para reunirse con los integrantes de la Mesa de Diálogo y Negociación, con el propósito de presentar las recomendaciones del Consejo Nacional de Paz sobre la manera como se debe abordar y concretar un acuerdo específico sobre la tregua con cese al fuego y las hostilidades.

Por eso los he convocado el día de hoy, para que, por consenso, definan una posición unificada que lleve el mensaje de los diversos sectores que ustedes representan en este Consejo, mediante una propuesta sobre la manera de cómo poner en marcha ya, sin más dilaciones, una tregua con cese de fuegos y hostilidades, que como se evidenció la semana pasada, es el clamor tanto de todos los colombianos, como de los diferentes aspirantes a dirigir este país.

Lugar y Fecha

Bogotá, Colombia
19 de febrero del 2002