NUEVA CULTURA JUDICIAL PARA LOS COLOMBIANOS2017-12-18T11:48:16+00:00

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Discurso del presidente Andrés Pastrana Arango, con motivo de la promulgación de la Ley No. 497 del 10 de febrero de 1999, por medio de la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento

Hoy sancionamos la Ley sobre los Jueces de Paz, con la cual los colombianos accedemos al tratamiento integral y pacífico de los conflictos comunitarios y particulares.

Quiero contarles una anécdota que sucedió en otro país donde ésta institución ya existe y que nos explica la esencia de la Justicia de Paz.

Dos campesinos que durante años habían compartido una amistad y un lindero se peleaban por un cerdo. Cada uno de ellos alegaba su propiedad. Cuando acudieron al Juez de Paz, este adoptó una solución muy sencilla: puso al cerdo justo en el límite de las dos fincas. Esperó a que el animal saliera a buscar su corral y se lo entregó al dueño de la finca que el animal escogió asumiendo que el cerdo ha- bía optado por su verdadero propietario.

Ante la determinación del animal, el campesino perdedor se acogió a la decisión del juez: la amistad entre los dos vecinos no se acabó porque reconocieron en la instancia del Juez de Paz a una autoridad legítima que conciliaba los intereses de cada uno.

La enseñanza de esta historia nos debe llegar a todos.

Quienes queremos ver a nuestros hijos crecer en una sociedad justa y en paz, sabemos que sólo es posible si aplicamos las normas que nos dictan la ética y la equidad. En el país que queremos los colombianos no tienen cabida ni la violencia ni la impunidad.

Alguna vez alguien dijo que» la Paz es la fiesta de la vida». Yo creo firmemente en esas palabras. Por eso me atrevo a decir que hoy, cuando las comunidades reciben la oportunidad de administrarse justicia: la democracia en Colombia está de fiesta.

A partir de este día, los colombianos vamos a tener una nueva cultura judicial, esto quiere decir que vamos a cambiar de actitud entre nosotros y frente a las instancias que imparten justicia.

La promulgación de la Ley sobre los Jueces de Paz es un paso adelante en la construcción de nuestro propósito nacional. Es un paso que damos los colombianos conscientes de la urgencia de la reconciliación.

Los Jueces de Paz serán los encargados de impartir la justicia en las comunidades. Serán personajes populares, equitativos sin mas títulos que su vecindad y su compromiso con Colombia y con la
justicia.

Todos sabemos que la Justicia de Paz es el espejo de la moral de la sociedad a la que pertenecen sus jueces. Por eso en ellos tendremos un formidable soporte en nuestra tarea de hacer el cambio para construir la paz.

La Justicia de Paz, como la llamaremos desde ahora, desborda los alcances de la justicia ordinaria porque está «a la mano» del ciudadano corriente: en primer lugar reconoce a la comunidad como un nuevo agente, un nuevo intérprete y un nuevo protagonista de la justicia. En segundo lugar, utiliza el principio de equidad como una nueva herramienta para la solución pacífica de los conflictos.

Esta estrategia no tradicional obliga a la creación y al reconocimiento de nuevos instrumentos que se derivan del pluralismo jurídico. Exige el reconocimiento por parte del Estado de un derecho oficial, y la coexistencia de otros derechos que posibilitan la comunicación y la convivencia ciudadanas.

Es decir, obliga a la mirada de nuestra realidad, de pueblos y costumbres heterogéneas. Una realidad que hoy no podemos ignorar con el pretexto de la omnipotencia de la ley positiva.

Si hay un rasgo que distingue a los sistemas jurídicos estatales modernos, es la coexistencia de diversos sistemas de producción de normas en una misma sociedad.

Al revisar detenidamente la historia de Colombia, encontramos que leyes de la República en el siglo pasado contemplaban la existencia de ciudadanos capaces de impartir justicia para dirimir pequeños conflictos.

Actualmente, disponemos de variados mecanismos privados de administración de justicia como el derecho de la integración económica, el derecho de las multinacionales y el derecho laboral corporativo.

Otra importante muestra de la coexistencia en nuestras sociedades de estos sistemas es la trascendencia por ejemplo del derecho indígena. En Colombia son tradicionales, por mencionar sólo algunos, los «mayoritarios» en el Chocó y a los «palabreros» en la Guajira. Ellos nos han demostrado desde tiempos inmemoriales la validez de los mecanismos alternos de solución de los conflictos.

Esta tendencia responde a la incapacidad de las normas vigentes para adaptarse a la realidad del cambio. Todos estos mecanismos son relativamente escépticos frente a la justicia formal del Estado porque no la sienten oportuna, eficaz, transparente, o adecuada para resol- ver sus contiendas del día a día.

La Ley que hoy sancionamos por la cual se crean los Jueces de Paz y se reglamenta su organización y funcionamiento se enmarca dentro del modelo de justicia popular: es un intento por ampliar la confiabilidad y la cobertura de la administración de justicia y de acercarla a los ciudadanos.

La figura de los Jueces de Paz nació con nuestra Constitución de 1991. En ella se consagró que debía ser un mecanismo ágil de resolución de los conflictos cotidianos entre los colombianos.

Hoy, estamos cumpliendo la voluntad del constituyente. Con esta nueva Ley, el sistema jurisdiccional colombiano nos abre todas sus posibilidades de acceso a la equidad y a la ética social.

Muchos esfuerzos anteceden a la Ley de Paz: Un acucioso trabajo realizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho y varios proyectos de ley que pretendieron dar desarrollo a este esfuerzo.

Esta Ley aparece en un momento oportuno para hacer frente a la crisis del sistema de administración de justicia, cuando el ciudadano común sufre por la falta de acceso a este esencial servicio público.

Como consecuencia de ese círculo vicioso, los conflictos sociales se agudizan por una situación crónica de impunidad e injusticia.

Parte del problema se explica en que hemos acudido únicamente al derecho positivo y a la jurisdicción ordinaria como instancia de resolución.

Hoy en día existe la urgencia de buscar y afianzar alternativas que den solución a las diferencias entre los colombianos. Por eso, hemos asumido la obligación de estimular las soluciones bajo un marco jurídico que consolide su reconocimiento e institucionalización. Es así, que el Congreso fortaleció esta nueva Ley por todos esperada y propició la elección popular de sus jueces.

Hoy los colombianos debemos al legislativo, pero sobre todo a los congresistas que hicieron posible la sanción de esta Ley un mecanismo de Justicia próximo y confiable al ciudadano común. Al ciudadano que por pobreza o por ignorancia recurre poco a la justicia.

Hemos visto cómo en muchas ocasiones las «soluciones» previstas por el derecho formal del Estado, no son adecuadas para quienes étnica o culturalmente no comparten de forma integral los valores incorporados en el derecho positivo.

Esta Ley vigoriza los mecanismos informales de resolución de conflictos y contribuye a fortalecer la cultura ciudadana de la tolerancia, porque nos enseña a defender nuestros intereses pero reconociendo los ajenos.

En Colombia desgraciadamente nos hemos tardado mucho tiempo en reconocer que la tolerancia no es simplemente «aguantar» al diferente. Tolerar es entender a los demás y respetar a cada uno en su diferencia.

La Ley de los Jueces de Paz responde a la urgencia que tenemos los colombianos de someternos a esos principios y a la necesidad de generar escenarios de participación ciudadana.

Muchos se preguntarán por qué en nuestro país, el denominado «País de Leyes», nace una jurisdicción especial integrada por jueces sin formación académica, elegidos por la comunidad y destinados a resolver controversias al margen de los dictados legales.

La respuesta para quienes se hacen esa pregunta, es que los colombianos estamos convencidos hoy más que nunca, que la conciencia ciudadana es nervio y savia de la convivencia y tolerancia entre to- dos nosotros: Alguien arrancó las hojas de ese árbol, le cortó sus ramas y rasguñó su tronco, pero nunca pudo tocar su raíz, porque la equidad y la justicia social son intocables, y de allí está retoñando nuevamente.

Ese joven brote es el afianzamiento del principio irremplazable de la justicia como un bien comunitario y en beneficio de todos los colombianos.

La equidad será el respaldo absoluto de las decisiones que se tomen en el ámbito de la Justicia de Paz. Ahí está la clave de la resolución de los conflictos en hogares, barrios y localidades populares.

La conciliación por esa vía se ocupará de pequeñas diferencias que se generan al interior de nuestras comunidades en asuntos comercia- les, civiles, laborales y de familia o agrarios hasta por 100 salarios mínimos mensuales.

Desde hoy los vecinos de barrio, los trabajadores, los empleadores, las amas de casa, los jóvenes, en fin cualquier ciudadano que atraviese por una situación de conflicto en su comunidad tendrá muy cerca la opción de la Paz.

Podrán acudir ante unjuez que pertenece a su propia comunidad. El buscará la manera de conciliar para llegar a un acuerdo que satisfaga a las dos partes.

De esta manera los despachos judiciales serán grandes beneficiados de esta Ley. Y todos los colombianos tendremos la opción de la convivencia pacífica.

Hoy es cuando la justicia devuelve la palabra a los ciudadanos, con la certeza de que cuando se rompen silencios se está construyendo la paz.

Lugar y Fecha

Bogotá, Colombia
10 de febrero de 1999