PALABRAS DEL PRESIDENTE ANDRÉS PASTRANA, EN LA INSTALACIÓN DEL SIMPOSIO “SENTIDO Y CONTENIDOS DEL SISTEMA PENAL EN LA GLOBALIZACIÓN”2017-12-18T11:46:38+00:00

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Palabras del Presidente Pastrana, en la instalación del primer simposio internacional “sentido y contenidos del sistema penal en la globalización.”

Hace dos días los medios de comunicación nos sorprendieron con la noticia de que dos adolescentes galeses habían cometido un fabuloso fraude en la Internet, penetrando en sitios de comercio electrónico, robando información relacionada con tarjetas de crédito de más de 26.000 personas en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Japón y Tailandia, y causando pérdidas que podrían superar los 3 millones de dólares. Lo más insólito es que una de las víctimas era nada menos que Bill Gates, el genio de la electrónica que en gran parte ha contribuido a expandir el uso de la Internet.

Este hecho reciente nos sirve para ilustrar cómo, con la globalización, el delito alcanza cada día mayor sofisticación y cómo los Estados y los organismos de investigación tenemos que unirnos para combatirlo.

Y es que la globalización, con sus aspectos positivos y negativos, no es hoy por hoy una opción para los pueblos sino una realidad contundente que debemos entender y dentro de la cual debemos buscar obtener los mayores beneficios.

Ahora que el mundo se ha convertido en esa “aldea global” que anticipara McLuhan, tenemos que enfrentar en un contexto de cooperación los problemas que atacan a la humanidad en su conjunto.

Uno de estos problemas que puede afectar el desarrollo pacífico de la humanidad es la proliferación del delito. En efecto, la sociedad internacional día a día está siendo afectada por una criminalidad más organizada y poderosa, cuyo accionar traspasa las fronteras de lo nacional.

La comunidad internacional ha manifestado su rechazo frente a delitos tales como el genocidio, los crímenes de guerra, los de lesa humanidad y todo otro acto de barbarie que se cometa contra la especie humana. Así mismo, conductas como el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas, la corrupción internacional, el tráfico ilícito de órganos humanos y los delitos informáticos, entre otros, han llevado a que los países se comprometan eficazmente en la lucha común contra estos comportamientos dañinos.

Ejemplos como los tribunales penales de Ruanda y de la antigua Yugoslavia o la creación de una Corte Penal Internacional de carácter permanente para encausar los crímenes de lesa humanidad son importantes avances del sistema penal dentro del actual contexto de la globalización.

Sin embargo, el fenómeno de la globalización de la justicia genera polarizaciones inevitables, teniendo en cuenta que están de por medio, por una parte, el concepto de soberanía de los Estados, y por otra, las tendencias de universalización de las relaciones entre los pueblos.

De ahí que resulte tan pertinente que la Fiscalía General de la Nación, con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo, haya organizado este Primer Simposio Internacional “Sentido y Contenidos del Sistema Penal en la Globalización”, que nos permitirá compartir experiencias y enriquecer criterios sobre este tema trascendental, con la participación de destacados panelistas de España, Italia, Estados Unidos, Alemania y Colombia.

Dentro del propósito de enfrentar el delito en un contexto de cooperación internacional, mi gobierno ha estimulado la suscripción y aprobación de convenios bilaterales y multilaterales en materia penal, judicial y policial, así como para prevenir, controlar y reprimir el lavado de activos y el tráfico de estupefacientes.

En los últimos dos años el Congreso de la República ha aprobado convenios de cooperación judicial y asistencia penal con España, Francia, el Reino Unido, Argentina, Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela, Paraguay y Uruguay; convenios contra el lavado de activos con Paraguay y Uruguay; un convenio de cooperación en materia de asistencia jurídica con México y un convenio de cooperación policial con Venezuela.

Igualmente, estamos impulsando en el Congreso, para su futura aprobación, la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal suscrita en las Bahamas; la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra de Lesa Humanidad; convenios de cooperación judicial y asistencia penal y contra el lavado de activos con la República Dominicana; convenios con Cuba para la asistencia jurídica mutua en materia penal, para el traslado de personas condenadas y para controlar el tráfico de estupefacientes, y un convenio con Ecuador para la recuperación y devolución de bienes culturales robados.

Porque si el delito aprovecha los nuevos espacios de la globalización, los Estados no podemos quedarnos atrás en el justo empeño por prevenirlo, controlarlo y reprimirlo.

Esto resulta mucho más patente en el caso del narcotráfico, por ser éste un típico delito transnacional en cuyo combate se requiere de la lucha corresponsable de todos los Estados: No sólo de los productores, sino también de todos aquellos en los cuales el delito tiene ocurrencia, en cualquiera de sus etapas o actividades complementarias.

Como una forma de asumir esta corresponsabilidad, hemos llamado a la comunidad internacional a acompañar a nuestro país en la lucha contra este flagelo y sus graves consecuencias, a través de un programa social denominado Plan Colombia.

En este escenario privilegiado, hoy quisiera llamar la atención sobre una de las estrategias fundamentales del Plan, como lo es la denominada “Reforma del Sistema Judicial y Protección de los Derechos Humanos”.

Como es bien sabido, el Plan Colombia apunta al fortalecimiento de las instituciones públicas y al desarrollo social de nuestro país. En tal sentido, estamos trabajando para reducir la impunidad, mejorar y ampliar el acceso a la justicia, fortalecer y modernizar el sistema penitenciario, aplicar una política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario y derrotar el cáncer de la corrupción.

En la lucha contra la impunidad es fundamental la adecuada cooperación y coordinación entre las diversas entidades encargadas de la investigación y juzgamiento de los delitos, cooperación que es cada día más palpable y efectiva.

Reformas que buscan incrementar la eficacia administrativa, como las contenidas en los decretos expedidos hace cerca de un mes, reestructurando la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, nos ayudarán en este propósito. También la Ley de Reforma al Régimen de la Casación Penal, que sancioné en enero de este año, permitirá recuperar el sentido de este recurso extraordinario, evitando que se use con fines dilatarios y descongestionando la labor de la Corte Suprema.

El acceso de todos y cada uno de los colombianos a la justicia ha sido siempre una de mis principales preocupaciones. En el esquema actual, estamos promoviendo los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para facilitar el acceso ciudadano a una justicia no formal, expedita y más próxima. Con este propósito, hemos radicado en el Congreso un proyecto de ley que modifica algunos aspectos de la conciliación judicial y extrajudicial, incrementando su utilización en materia laboral, civil, administrativa y de familia.

Estamos empeñados, además, en ampliar el programa de Casas de Justicia y en desarrollar la Jurisdicción de Paz, cuya ley reglamentaria sancioné el año pasado, como otras formas de acercar cada día más la justicia al ciudadano.

En materia penitenciaria y carcelaria tenemos que empezar por una valoración realista de este delicado tema, que sin duda es el más vulnerable de nuestro sistema de justicia.

La estrategia de modernización de la función penitenciaria parte de dos hechos innegables: el rezago del sector penitenciario nacional respecto de los nuevos fenómenos atípicos de delincuencia interna o internacional y el surgimiento de una criminalidad altamente sofisticada, considerada entre las más peligrosas y poderosas del mundo.

Tenemos que volver a hacer de las cárceles lugares de reclusión y rehabilitación social y no más centros de hacinamiento y aprendizaje del delito. Para ello la dirección del INPEC ha iniciado un valeroso proceso de depuración de la guardia penitenciaria, así como un programa de capacitación y reentrenamiento de la misma. Por otra parte, en materia de infraestructura carcelaria nos hemos propuesto la superación de un rezago de más de cuatro décadas, durante las cuales no se realizó una inversión pública significativa.

Con las nuevas penitenciarías de Valledupar y Acacías, que entrarán en funcionamiento en los próximos meses, y obras de ampliación en otros centros carcelarios, estamos generando 6.900 nuevos cupos. Si unimos a lo anterior, la contratación de cuatro establecimientos de reclusión que pretendemos realizar antes de terminar este primer semestre, para albergar en condiciones óptimas de seguridad y dignidad a 5.000 internos, estamos hablando de cerca de 12.000 nuevos cupos que crearemos en este año para enfrentar con eficacia el delicado problema del hacinamiento y la inseguridad en las cárceles.

En cuanto al tema esencial de la protección de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario, no han sido menores los avances ni nuestro compromiso:

Se reformó el Código Penal Militar, disponiendo, entre otros puntos, que delitos como la desaparición forzada, el genocidio y la tortura, en cualquier caso, serán juzgados por la jurisdicción ordinaria y no militar. Se prohibió, sin ninguna excepción, la vinculación de menores de edad a la fuerza pública. Y se incorporó la Convención de Ottawa sobre la prohibición de minas antipersonales a la legislación interna.

Hace exactamente un mes instalé la Comisión Intersectorial Permanente para la Coordinación y Seguimiento de la Política Nacional en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en la cual tiene importante participación la Fiscalía General, buscando que esta Política tenga al más alto nivel una instancia de control y seguimiento, que garantice su efectividad.

Por otra parte, hemos radicado ya en el Congreso el proyecto de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia Militar, que adecuará su estructura a las normas del nuevo Código Penal Militar y posibilitará su cumplida ejecución.

Quiero destacar también con satisfacción que el Senado de la República haya acogido la propuesta de modificación del gobierno al importante proyecto de ley que tipifica delitos como la desaparición forzada y el genocidio. Confiamos en que la Cámara de Representantes haga lo mismo, para que Colombia cuente al fin con este importante instrumento.

Y en el campo de la lucha contra la corrupción ¡sí que estamos avanzando! Yo sé que a veces la opinión pública se desalienta cuando son descubiertos los más vergonzosos casos de robo al erario público. Pero es que para combatir la corrupción, primero hay que destaparla. Y esa es precisamente la buena noticia: que hoy estos delitos están siendo denunciados, investigados y sancionados, y que sus autores no quedarán impunes. ¡Por cada corrupto que se descubre y se captura estamos dando un paso gigantesco en la búsqueda de la transparencia del manejo de los fondos públicos!

En esta tarea ha sido fundamental la eficaz labor de la Fiscalía General de la Nación, en cooperación continua con la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción.

Herramientas concretas, diseñadas con base en gestiones de cooperación interinstitucional, como el Grupo Élite Anticorrupción que lidera la Procuraduría General de la Nación y la Patrulla Voladora, creada para controlar el adecuado manejo de los recursos de la salud, están produciendo resultados cada vez más exitosos.

Y hoy quiero destacar, particularmente, la importante labor que está realizando la Unidad Especializada de Investigación, que funciona en el Programa Presidencial que lidera el Vicepresidente de la República, conformada por un fiscal delegado de la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía y funcionarios del Ministerio Público, el DAS y la DIAN.

En sólo 8 meses de funcionamiento, la Unidad Especializada ha asumido 32 investigaciones de casos de gran connotación nacional, de las cuales en 19 ya se abrió investigación; se ha vinculado a 44 personas, 19 de ellas con medida de aseguramiento, y se han dictado 8 resoluciones acusatorias y obtenido 3 sentencias condenatorias en un tiempo récord.

Precisamente, la investigación sobre la escandalosa corrupción en los procesos de contratación del Congreso de la República, que ha puesto al descubierto una infame red de ladrones de cuello blanco, fue iniciada por esta Unidad Especializada, en un trabajo conjunto entre los organismos de investigación, del cual esperamos los más drásticos y rápidos resultados.

Y no vamos a descansar en esta cruzada contra los corruptos. No más hace dos días, en una operación iniciada por el propio Ministro de Salud y coordinada por el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, el DAS capturó al Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Ministerio de Salud en el momento en que recibía su manchada comisión por la adjudicación de un contrato, funcionario que ya ha sido puesto a disposición de la Fiscalía.

Los colombianos pueden tener la seguridad de que mi gobierno no ahorrará ningún esfuerzo para detener el cáncer de la corrupción. ¡Me comprometí con el país a poner tras las rejas a los corruptos, sean quienes fueren y estén donde estén, y lo estoy cumpliendo!

Señores fiscales, investigadores y participantes del Simposio:

Colombia y la comunidad mundial hoy trabajan conjuntamente en la lucha contra el delito, y el fruto de esta cooperación será la tranquilidad, la seguridad y el progreso de nuestros pueblos.

Si, como dijo Cicerón, “la salud de un pueblo está en la supremacía de la ley”, hoy hemos comprendido, en la era de la globalización, que la salud de toda la humanidad también está en la supremacía de la ley y en el imperio de la justicia.

¡Ahí está nuestra tarea y ese es el desafío ante el cual debemos responder con decisión y valentía!

Muchas gracias.

Lugar y Fecha

Bogotá, Colombia
29 de marzo del 2000