PALABRAS DEL PRESIDENTE PASTRANA, ANTE LA ASAMBLEA ANUAL DE LA –ANIF-2017-12-18T11:46:47+00:00

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Palabras del Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, ante la asamblea anual de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras –ANIF-

Hace unos días, un amigo común presentó un caso ante un auditorio de exportadores que hoy quiero compartir con ustedes, porque ilustra como pocos la realidad que está viviendo el país.

Los invito, entonces, a que pensemos por un momento en los hijos que, por una u otra razón, se van de casa a estudiar afuera, y en cómo allí, mientras buscan hacer su propia vida, aprenden también a manejarnos según su lógica y nos dan verdaderas lecciones que es indispensable aprender.

Por favor hagan el esfuerzo de ubicarse en el lugar de un padre o de una madre preocupados que reciben de su hija única, que hace su primera experiencia de persona libre e independiente, una carta como la siguiente:

“Queridos Papi y Mami:

“Me apena mucho la demora en escribirles nuevamente, pero resulta que mi papel de cartas se perdió la noche del incendio del dormitorio ocasionado por la huelga estudiantil y la asonada subsiguiente. Yo ya estoy fuera de peligro y ya salí del hospital y me informa el médico que recuperaré la vista en pocos días más. Lo sabremos cuando me quiten las vendas de la cara.

“El muchacho que me salvó del incendio, Juan, muy amablemente me ofreció que me quedara en su apartamento con él hasta que construyeran los dormitorios. Él viene de una familia buena y por eso espero no se sorprendan si les participo de nuestro próximo matrimonio. De hecho, ustedes siempre han querido un nieto y por lo tanto me da mucha alegría anunciarles que el nieto vendrá en cosa de un mes más o menos.

“Por favor, no le paren bolas a la anterior práctica de composición y gramática castellana. No ha habido tal incendio, no he estado en ningún hospital, no estoy embarazada, ni siquiera tengo novio.

“Lo que pasó fue que me rajaron en Matemáticas, lo mismo que en Química, en Francés y en Física, y simplemente quería que recibieran esta noticia dentro de la perspectiva adecuada.

“Todo mi amor.

“María”

Realmente María conocía bien a sus padres. Lo catastrófico se reduce siempre a lo conflictivo y esto, a su vez, encuentra una realidad más cierta, que es lo problemático.

Esto es lo que acontece con los diversos temas que componen la compleja agenda del país, incluido, por supuesto, el tema económico, donde a veces se escuchan opiniones tan escépticas y pesimistas que parecería que seria mejor no hacer nada o que no existiera ninguna salida adecuada.

Como en el final de la carta de María, yo les puedo asegurar que la economía del país está a salvo y que la reactivación es un hecho cumplido que tenemos que preservar. Aceptemos que no hay buenas notas en todas las asignaturas, pero tenemos el chance de presentar nuevos exámenes, de habilitar la materia, de recuperarla y, como dice la misma niña, mirar la cosa dentro de la perspectiva adecuada.

Antes de quejarnos por la situación actual o de fruncir el ceño en gesto de escepticismo, pensemos por un momento en la situación económica que vivía nuestro país hace poco más de dos años y comparémosla con la que hoy tenemos, después de haber adoptado las medidas que hemos considerado más pertinentes para generar un ambiente de estabilidad y propiciar la reactivación. Este es un ejercicio de perspectiva, necesario para obtener una conclusión objetiva.

¿Cuál era la situación en 1998 cuando recibí mi Gobierno? Teníamos una inflación del 16.7%, unas tasas activas de interés que superaban el 50% efectivo anual, un peso revaluándose artificialmente en perjuicio de nuestras exportaciones, un sector de la construcción disminuido en un 13%, el desempleo superior al 17% y en ascenso, y un Producto Interno Bruto con un crecimiento casi nulo.

En el campo internacional, el horizonte se complicaba aún más con el anuncio de Rusia de no pagar su deuda externa y con la devaluación abrupta de su moneda, además del ataque especulativo contra la banda cambiaria de Brasil y la difícil situación del sistema financiero japonés, que generaron desconfianza entre los inversionistas y prestamistas internacionales.

Para el país, estos sucesos se tradujeron en la reducción de los ingresos netos de capital extranjero, la liquidación de fondos de capital foráneo, la elevación del costo del financiamiento y la frustración de decisiones de inversiones, algunas de gran importancia en el sector financiero. También obligaron a replantear la programación macroeconomía y a revisar negativamente el comportamiento de las principales variables.

El hecho de que un monto creciente de activos del sistema financiero presentara problemas –7 billones de pesos, equivalentes al 8.7% del total de los activos del sector y al 5.3% del PIB-, el contagio de las dificultades a varios bancos y corporaciones de ahorro y vivienda, así como las proyecciones realizadas, llevaron a las autoridades a concluir que Colombia se encontraba, además, en la antesala de una crisis sistémica que ponía en peligro la estabilidad y permanencia de los establecimientos de crédito y podía perturbar gravemente el funcionamiento del sistema de pagos y de la economía en general.

Pero volvamos a la perspectiva. Ya vimos cómo estábamos en 1998. ¿Cómo estamos hoy, cuando nos quedan sólo dos meses para concluir el año 2000? Si entonces se los hubiera dicho, no lo hubieran creído, pero las cifras hablan por sí solas.

Tenemos una inflación por debajo del 10%, las tasas de interés se han reducido en más 30 puntos efectivos anuales, la tasa de cambio fluctúa libremente sin sobresaltos, nuestras exportaciones han crecido más del 20% en el último año, las principales actividades económicas, como la industria, el comercio y la agricultura –e inclusive el golpeado sector de la construcción- han desplegado tasas de crecimiento positivo, y el Producto Interno Bruto está creciendo por encima del 3%.

Tenemos asignaturas pendientes, no lo niego, pero no podemos desconocer tampoco el esfuerzo del estudiante por superar los problemas del pasado. La materia más difícil por sortear es la del desempleo, cuyo porcentaje en las siete principales ciudades sigue estando cerca al 20%. Infortunadamente, todos lo sabemos, ésta es una variable que tarda mucho en reaccionar y que, a pesar de que depende directamente del estado de la economía, no disminuye tan rápidamente como se reactiva ésta. Pero estamos transitando el camino adecuado para derrotarlo, que es el mismo camino para la mejor salud del sector financiero: generar las condiciones macroeconómicas de estabilidad y crecimiento de la economía colombiana.

En todo caso, es importante destacar que entre septiembre de 1999 y septiembre de 2000 hemos creado 250.000 empleos, que corresponden a un incremento del 4.5% con respecto al año anterior. ¡Y escuchen esto!: Los empleos generados en los últimos 12 meses superan a los creados en todo el cuatrienio comprendido entre septiembre de 1994 y el mismo mes de 1998, que fueron 246.000.

Entonces, ¿por qué persiste el alto índice de desempleo? Porque, a pesar de que la población ocupada está en aumento, fue mayor el número de personas que ingresaron a la fuerza laboral. Por lo tanto, podemos afirmar que en este momento la economía está generando empleo, gracias al crecimiento que está teniendo, pero este crecimiento no es suficiente para crear los puestos de trabajo necesarios para que la tasa de desempleo comience a ceder. Para remontar este indicador, necesitamos un crecimiento acelerado, y éste sólo se logra mediante inversión y, particularmente, de la inversión privada.

El énfasis de las políticas de años anteriores de crecer con base en expansiones del gasto público no fue efectivo. La inversión privada experimentó una permanente y drástica caída durante los últimos seis años. Por ello, mi gobierno está empeñado en reducir el gasto público y en crear condiciones apropiadas para la inversión.

Para ello, tenemos que trabajar, y estamos trabajando, en tres frentes principales: Primero, generar un entorno macroeconómico estable y sostenible en el mediano y largo plazo, llevando a cabo el ajuste fiscal, manteniendo bajas la tasa de interés real y la inflación, y procurando la estabilidad de la tasa de cambio. Segundo, haciendo las reformas que generen estabilidad y credibilidad y que despejen el panorama fiscal de mediano plazo. Y tercero, avanzando en el proceso de paz, de forma que se garantice un entorno favorable para los inversionistas.

Y quiero ser muy claro: El ajuste fiscal es una prioridad inaplazable. Mientras persista el desequilibrio fiscal, así la economía crezca a tasas del 3 y el 4% en este año y el próximo, el recaudo de ingresos tributarios es insuficiente para reducir el déficit e implica que el financiamiento mantenga su tendencia creciente e insostenible. De ahí la urgencia de que se aprueben las reformas propuestas por el Gobierno en el frente fiscal, como la tributaria, la pensional, la del régimen de transferencias y la de responsabilidad fiscal. Sin ellas es imposible reducir el déficit y recuperar el crecimiento.

Sin las reformas la deuda del sector público subiría a niveles cercanos al 100% como porcentaje del PIB en el 2015. Si las sacamos adelante, en cambio, el endeudamiento público sería sostenible y no generaría presiones sobre la tasa de interés, tal como sucedió en la década de los noventa.

Y también estamos empeñados en reducir el tamaño del Estado, para lo cual estamos preparando una reestructuración de todo el aparato estatal, que aliviará también la presión fiscal y abrirá más campo a la inversión.

Lo que resulta importante resaltar es que a junio de este año, mientras el PIB Privado creció en un 4.5%, el PIB del Gobierno tuvo una disminución del 1.3%, para un crecimiento total del 3.5%. Que a nadie le quede duda alguna de que el crecimiento de la economía está basado ahora fundamentalmente en la tenacidad y el empuje de la actividad privada y no en políticas expansionistas del Estado. Con ello vamos a lograr incrementos sostenidos de la productividad que favorecerán, a su vez, el mayor crecimiento económico y la generación de empleo estable.

Apreciados Amigos:

En tanto nos hemos ocupado de la macroeconomía, garantizando su estabilidad y sanidad, no hemos descuidado el trabajo por la sanidad y fortalecimiento del sector financiero porque fuimos y somos conscientes de los altos costos fiscales y sociales que hubiera tenido una crisis en este sector. Además, porque teníamos una inmensa preocupación por esos colombianos, los colombianos de carne y hueso, los trabajadores del pan de cada día, que son los que construyen la esperanza de una Colombia mejor, aquellos que, en medio de la crisis, habían tenido dificultades para seguir honrando sus obligaciones con la banca.

Por ello, dentro del paquete de medidas dictado con ocasión de la emergencia económica a finales de 1998, se tomaron decisiones y se dirigieron recursos específicamente al alivio temporal de la situación de los deudores del sistema hipotecario y del sector cooperativo.

Simultáneamente, el Gobierno emprendió la ardua e impostergable tarea de reestructurar la banca oficial, que, por su persistente ineficiencia, se estaba convirtiendo en una vena rota en las arcas del Estado, generando un alto riesgo moral para sus administradores y clientes. En este tema también se pueden mostrar los importantes logros alcanzados: el cierre de las tres entidades más ineficientes: BCH, Caja Agraria y Banco del Estado; el saneamiento de Granahorrar y el de Bancafé para su venta, y la conversión del IFI en una entidad de segundo piso. Para apreciar la magnitud de la tarea realizada y la prontitud con la cual se actuó, basta recordar que, a la fecha, todavía no se ha finiquitado la liquidación de todas las entidades que fueron intervenidas en la crisis financiera de principios de la década de los 80 y que las deficiencias de la banca estatal habían sido reiteradamente tratadas por varios gobiernos sin llegar a darle una solución de punto final.

El Estado está dejando de ser banquero, salvo en lo que respecta al Banco Agrario, el cual se mantendrá en su poder para canalizar el ahorro hacia el sector agropecuario colombiano.

En el caso de la banca privada, el Gobierno, a través del Fogafín, apoyó los esfuerzos de los accionistas privados para capitalizar sus entidades, cuando estos mostraban su disposición de efectuar un verdadero saneamiento, asumiendo los costos del proceso. Cuando no era el caso, los inversionistas perdieron la propiedad de sus entidades y el capital invertido.

Al mismo tiempo, se reforzaron las normas de regulación y supervisión para elevar, en forma prudente, pero sin demora, los indicadores del sistema hacia estándares internacionales, única manera de que el sistema financiero pueda ser un elemento fundamental en el financiamiento de los proyectos que requiere Colombia para integrarse a la economía mundial. Estas acciones han sido reconocidas a nivel internacional, en particular la labor, por cierto desagradecida, de la Superintendencia Bancaria, que tuvo la difícil responsabilidad de graduar las medidas para que la medicina aplicada no matara el paciente. La numerosa asistencia a este foro me permite afirmar con toda tranquilidad que tuvo un rotundo éxito en este campo.

Hoy puedo decir que la aplicación de la Ley de Reforma Financiera, sancionada en agosto del año pasado, ya está generando resultados positivos. Se cuenta en la actualidad con un sector financiero más fuerte y con unas entidades de supervisión, control y apoyo que no sólo protegen los ahorros del público, sino que, además, pueden responder adecuada y rápidamente a las situaciones de crisis de las entidades del sector.

Es así como el indicador de calidad de cartera vencida, que había llegado hace un año al 16.1% estaba a fines de agosto de este año en el 12%. La razón entre provisiones y cartera vencida se elevó a niveles que se consideran más prudentes, por encima del 45%, y la solvencia del sistema se mejoró, pasando del 11.18% en diciembre de 1999 al 12.13% en agosto de este año.

Pero como mencioné, nuestra preocupación principal fueron los deudores, no para que el Estado asumiera sus deudas, sino para que el Estado, guardián de la equidad y de la justicia, tomara las medidas adecuadas que permitieran normalizar su relación con las entidades financieras, cuando éstas habían sido modificadas por factores exógenos.

No puede entonces sorprender nuestro énfasis en proteger los ahorradores de cooperativas y en enmarcar estas entidades dentro de un marco regulatorio y con los apoyos necesarios para evitar que en el futuro se reprodujeran circunstancias que afectaran la porción de la población que recurre a dichas instituciones. Hoy en día este subsector es más ordenado, más sólido, y Fogacoop esta jugando un papel preponderante para asegurar un fortalecimiento de las cooperativas en operación.

También se adoptaron medidas de apoyo para los sectores agrícola y empresarial. En el primer caso, a través de Finagro se ofrecieron varios planes de refinanciación para tomar en cuenta las dificultades especificas de algunos cultivos. En el segundo caso, gracias a la buena colaboración del Congreso, se pudo expedir muy rápidamente la ley 550 de 1999, que facilita la reestructuración de las unidades productivas. Con base en esa norma, en menos de 10 meses, se han realizado 232 reestructuraciones de empresas con activos por valor de 3.6 billones de pesos. Esto ha afectado positivamente la actividad de los establecimientos de crédito, en la medida en que les ha permitido normalizar cartera inmovilizada, pero sobre todo ha permitido mantener el empleo de miles de colombianos.

Otra porción critica de los deudores, la conforman los municipios y departamentos. Con la descentralización, se produjo un endeudamiento excesivo de las entidades territoriales, antes de que se introdujeran límites prudenciales para que guardara una proporción razonable con sus fuentes de ingresos. El pasado 6 de octubre sancioné la ley 617 de 2000 sobre ajuste fiscal territorial, en la cual se le da una solución al stock de cartera actual, a través del otorgamiento de un aval parcial del Estado, siempre y cuando se cumpla un proceso de saneamiento de las finanzas públicas y los intermediarios financieros reajusten las condiciones de los créditos vigentes.

Sin embargo, por el tamaño del problema y el numero de familias afectadas, la situación de la deuda hipotecaria fue tal vez la que requirió de mayor atención. Las acciones en este campo fueron contundentes: alivios a los deudores por un valor cercano a 3 billones de pesos, expedición de una nueva ley de vivienda que garantiza que el incremento de las cuotas y los saldos de las deudas no superen la inflación, apropiaciones presupuestales para subsidios de vivienda de interés social por 150.000 millones de pesos por año, y el inicio de una cultura de transparencia en beneficio del deudor.

Ahora bien, a pesar de que los resultados financieros de las entidades con especialización hipotecaria son relativamente aceptables, éste sigue siendo un subsector especialmente vulnerable, por lo cual estamos trabajando en diferentes frentes para reactivar el crédito hipotecario.

Para ello, conjuntamente con el Banco de la República, se está diseñando la estructura financiera del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria –FRECH-, un mecanismo que permitirá a las entidades financieras compensar el desfase entre las captaciones a DTF y las colocaciones en UVR de la cartera vigente hasta el 31 de diciembre de 2000.

Como se señaló, el diagnóstico realizado indicaba que Colombia estaba enfrentando una situación que podía conducir a una crisis financiera sistémica si no se adoptaban rápidamente los correctivos necesarios.

Todas las decisiones tomadas llevan implícito un costo para el Estado, un esfuerzo fiscal adicional, en medio de las restricciones que ya comenté. Pero aún así, lo hicimos; nuestra preocupación por los colombianos nos llevó a reconocer la existencia de enormes dificultades en la banca nacional y a asumir esos costos, los cuales, sin embargo, han sido mucho menores que los que han tenido que asumir otros países en condiciones similares.

Frente a una situación de este tipo, se debe escoger entre dos vías: posponer el reconocimiento que existe un riesgo sistémico o aceptarlo explícita y públicamente. En el primer caso, se confía en que la recuperación económica esperada diluya en corto tiempo las pérdidas ocurridas pero no reveladas. Por lo tanto, solo se adoptan medidas de tipo contable que generalmente consisten en relajar las normas prudenciales de supervisión y las exigencias de provisiones para que los balances de los establecimientos de crédito muestren una situación artificialmente mejor. En el caso de la banca pública, se entrega capital garantía, que mejora el nivel de solvencia, pero sin resolver ningún problema de fondo.

La experiencia internacional nos ha enseñado los peligros que conlleva ese tipo de “solución”. En primer lugar produce una falta de transparencia de las cifras publicadas que no permite a las autoridades, ni a los ahorradores, y a menudo ni a los accionistas o administradores, conocer la verdadera situación patrimonial de las entidades.

Adicionalmente, como no se adoptan los correctivos necesarios, se agudiza el riesgo moral de los administradores y los accionistas, que corren un alto riesgo de convertirse de “buenos banqueros a malos banqueros”, efectuando operaciones cada vez menos ortodoxas para buscar recuperar una rentabilidad perdida. En tercer lugar, la crisis inevitablemente se declara a menos que la recuperación de la economía sea tan rápida y contundente que permita absorber ineficiencias y altos costos, pero la debilidad de los intermediarios les hace muy vulnerables a otra fase recesiva del ciclo.

Colombia, con la experiencia de una crisis financiera a principios de los años 80, y después de un cuidadoso estudio de los ejemplos internacionales de manejo de crisis financieras, tomó el camino más difícil pero el más responsable y asumió la decisión de presentar a la comunidad económica la gravedad de la situación y las medidas propuestas para subsanarla, basadas en una serie de principios básicos, aplicables tanto a la banca privada como a la pública.

Y en toda nuestra actuación hemos tenido claro que la intervención del Gobierno es necesaria para salvaguardar el ahorro del público y para mantener la confianza en el sistema pero que, en ningún caso, su acción se debe orientar para socializar pérdidas.

Estimados representantes del sector financiero:

Es común que en medio de estos escenarios complejos nos detengamos a reflexionar acerca de la prontitud con la cuál debemos ver los resultados de nuestras decisiones. En el caso específico de la banca, aún se preguntan algunos si el problema ya pasó, o si, por el contrario, se sigue profundizando y nuestras acciones han sido tímidas e insuficientes.

Creemos firmemente que, en efecto, lo peor ya pasó. El gran riesgo, existente en algunos momentos, de que se presentase un problema sistémico en la banca colombiana ya se superó. La recuperación de la economía, por otra parte, será la principal impulsora no sólo del sector financiero, sino de unas una mejores condiciones de vida para todos los colombianos.

Por esa razón es bueno que seamos explícitos en confirmar que no debemos imaginar siquiera que puede venir una segunda ola de alivios a los deudores de la banca. No apostemos a que nuevamente vendrán reliquidaciones de deudas ni condonación de intereses o cuotas vencidas, porque no será así.

Promover en el país una cultura del no pago equivale a arriesgar el ahorro de los colombianos.

Durante más de treinta años el sector financiero le permitió a las familias del país adquirir vivienda propia, financiando sus deudas a largo plazo. Recientemente el gobierno hizo lo que estuvo a su alcance para que los colombianos no las perdieran. Ahora la responsabilidad de mantenerlas está en manos de los deudores. Los colombianos tenemos que retomar esa fama de “buenas pagas” que tanto bien le ha hecho al país a nivel internacional. Tenemos que volver a concederle a la palabra empeñada el valor incalculable del honor.

En el sector financiero hemos logrado un equilibrio entre la disminución de la administración directa del Estado de entidades financieras y el control del “riesgo moral”. Ahora nos toca a todos poner de nuestra parte, no esperando prebendas ni salvavidas, sino siendo cada uno el que ahora aporte las soluciones, el que apoye con crédito y buenos servicios la reactivación económica que ya está en marcha.

Hay una lógica elemental en todo lo que he dicho hasta ahora: Si la economía anda mal, el sector financiero, que es el torrente circulatorio del cuerpo económico, también está mal. Y no podemos hablar de estabilidad del sector financiero si antes no hemos logrado la salud de la economía en su conjunto.

Son dos vagones que van en el mismo tren. Había que evitar su descarrilamiento, enderezar su marcha y, ahí sí, incrementar la velocidad. Y cuando digo incrementar la velocidad, me refiero a tomar riesgos calculados por el futuro de Colombia.

A todos nos toca poner de nuestra parte para que lo hecho hasta ahora produzca frutos duraderos: los banqueros, prestando, que es su negocio; los empresarios, invirtiendo y creando progreso y empleo, y el Estado, generando, como lo viene haciendo, las condiciones para el resurgimiento de la economía.

Pongamos las cosas en perspectiva. Acordémonos del ejemplo de la carta de María a sus padres. El mejor porvenir de Colombia está en manos de quienes decidan apostar por él, creer en nuestras instituciones y en nuestra gente, tener fe y coraje, en lugar de dejarse contagiar por el fácil pesimismo.

¡Unidos lo estamos logrando!

Muchas gracias

Lugar y Fecha

Bogotá, Colombia
26 de octubre del 2000