REACTIVAR LA CONSTRUCCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO2017-12-18T11:47:14+00:00

Project Description

Palabras del presidente Andrés Pastrana Arango, con ocasión de la asamblea general de Camacol.

Es para mí muy grato asistir de nuevo a esta reunión con los constructores.

Camacol ha sido desde su fundación un punto de referencia obligado para quienes trabajan por el desarrollo y la justicia social. Su serie- dad y compromiso con el país son una clara muestra de lo que puede hacer el sector privado por la construcción de un mejor futuro para Colombia.

Hace un año estuvimos reunidos en la ciudad de Cali intercambiando puntos de vista acerca de la situación del país, y en particular del sector de la construcción.

Hoy, gracias a la gentil invitación de los afiliados y directivos de Camacol, y de su presidente, el doctor Hernando José Gómez, asisto de nuevo para compartir con ustedes los logros que hemos obtenido y las políticas en las que estamos comprometidos.

La industria de la construcción ha sido a lo largo de la historia colombiana un sector fundamental para el desarrollo económico y social del país, siendo una de las más importantes fuentes de empleo para miles de trabajadores.

Creo firmemente, como lo creyó mi padre en 1970, en la importancia de la construcción como una estrategia fundamental para el desarrollo de nuestro país.

No sólo la vivienda contribuye a elevar de manera dramática la calidad de vida de las personas, sino que el sector inmobiliario tiene un efecto multiplicador en la economía debido a la variedad de actividades que se llevan a cabo a su alrededor.

Los servicios públicos, el turismo, el deporte, la recreación, la industria, entre otras, son actividades que dependen de la construcción para su desarrollo.

Sin embargo, el sistema UPAC creado por mi padre en 1972, un sistema tan exitoso que con él se logró desarrollar el ahorro en Colombia y además entregar financiación a más de dos millones de propietarios de vivienda en el país, entró en una profunda crisis. Por una de esas cosas paradójicas del destino esta crisis explotó justo antes de mi llegada a la Presidencia, en plena campaña electoral, convirtiéndose desafortunadamente en tema del debate y en fuente de desinformación sobre las verdaderas causas de la crisis.

Una crisis que en realidad se gestó en una inadecuada transición que no tuvo en cuenta que el balance positivo del UPAC,se debía fundamentalmente a que las corporaciones de ahorro y vivienda disfrutaban de condiciones especiales para captar y colocar recursos y a que el índice UPAC estaba ligado a la inflación y por esa vía a los salarios.

Infortunadamente, y digámoslo con claridad, esas transformaciones al UPAC se hicieron sin tener en cuenta los riesgos que ellas implicaban para la financiación de vivienda y para la salud del sistema bancario.

Todo ello desembocó en que, para la época de mi posesión en agosto de 1998, se había incrementado el saldo de los deudores de vivienda de manera exorbitante como consecuencia de las altas tasas de interés y de la competencia por los milagritos y las cuotas mínimas y supermínimas. Además las corporaciones de ahorro y vivienda enfrentaban para ese entonces una iliquidez crónica, síntoma de la ausencia total de una regulación bancaria adecuada durante el boom de la construcción que les permitió prestar a largo plazo recursos inestables de corto plazo.

La crisis del UPAC y de la construcción se convirtieron así en uno de los mayores agravantes de la actual recesión económica. Basta comparar el comportamiento de la recesión actual con la de 1984 para darse cuenta que entonces la construcción sirvió de fuerza contracíclica, mientras que hoyes este sector el que está jalonando la recesión.

Por lo tanto, no puede caber duda que reactivar este sector es vital para el fortalecimiento de nuestra economía, de nuestra industria y para la recuperación del empleo.

Conozco de primera mano los problemas por los que atraviesa la construcción. Sé que no son momentos fáciles, pero estoy liderando con mi equipo de gobierno una estrategia integral para sacar adelante este importante sector de la economía nacional. Ustedes pueden estar seguros de que no desfalleceremos en este propósito que requiere necesariamente del compromiso de todos.

Como ustedes bien lo saben, la compleja situación económica interna de 1998, compuesta por un abultado e insostenible déficit fiscal, crisis financiera y recesión económica, se tornó más difícil por la crisis financiera internacional y su coletazo sobre América Latina.

La experiencia de los países que han soportado crisis económicas enseña que no existen remedios rápidos y dulces para curar desequilibrios estructurales tan gigantescos como los que acumulamos en los últimos años en Colombia de manera irresponsable y ante la pasividad de muchos.

Pero en medio de esa difícil situación, que ha empeorado el desempleo en cerca de cuatro puntos desde el año pasado, llevándolo de 16 a cerca del 20 por ciento, hemos aplicado y seguimos aplicando una serie de medidas que nos permiten mirar hoy con mayor confianza el futuro.

El déficit de la cuenta corriente se ha cerrado rápidamente y hasta niveles sostenibles, se han bajado de manera drástica las tasas de interés y se ha reducido el déficit fiscal primario, aunque en medio de la recesión y la consecuente caída de ingresos fiscales no era posible ni prudente apretar más el gasto público. También se logró controlar la crisis financiera que pretendió por momentos explotar en medio de la desconfianza y que hubiese tenido consecuencias desastrosas. Este nuevo conjunto de indicadores sumados a una tasa de cambio favorable para nuestros productos y a una baja inflación, son las que nos permiten mirar con mayor confianza el futuro.

Sin embargo, los síntomas de mejoría que empezaron a notarse en diversos sectores industriales a partir de la mitad del año, no han llegado todavía al sector de la construcción. A pesar de los esfuerzos y del importante apoyo que el Gobierno Nacional le ha dado a la financiación de vivienda a través de los alivios a los deudores y del programa de fortalecimiento patrimonial de las entidades financieras, la realidad es que la incertidumbre acerca del futuro del sistema UPAC se ha convertido en un obstáculo hasta ahora insalvable para reactivar el crédito.

Más de 400.000 familias han recibido los beneficios de las medidas de alivio adoptadas tanto al amparo de la emergencia económica del año pasado como en desarrollo de las estrategias adelantadas a través del Fogafín. El total de estos recursos asciende a 560.000 millones de pesos, cifra que, aunada a la baja de las tasas de interés y de la inflación ha contribuido a mejorar ostensiblemente la situación de la mayoría de los deudores.

Pero resulta claro que sin un sistema confiable de financiación de vivienda a largo plazo es imposible reactivar la construcción. Los cambios profundos que hemos introducido en la asignación de subsidios, aumentando el valor del subsidio familiar de vivienda en un 100% hasta llegar a los 25 salarios mínimos legales mensuales, creando un sistema único para la asignación transparente de los recursos y fomentando una cultura del ahorro en la población de menores ingresos, no podrán surtir los efectos deseados hasta tanto no estén acompañadas de una financiación adecuada.

La gran acogida que los hogares colombianos, los promotores de vivienda, las entidades territoriales y el sector financiero le dieron a la nueva política de subsidios augura sin embargo un buen futuro para el sector de la construcción de vivienda. Prueba de ello es que el pasado 30 de junio se postularon para subsidio más de 40.000 hogares, cifra que fue duplicada en la segunda postulación en la que se inscribieron más de 85.000 hogares.
Merece la pena resaltar el esfuerzo demostrado por los hogares colombianos con la apertura de 87.000 cuentas de ahorro programado, con una consignación superior a los 31.000 millones de pesos. Por su parte los promotores de vivienda social, los constructores y las alcaldías municipales han presentado más de 400 proyectos de vivienda nueva en todo el país.

Nos queda entonces el inmenso reto de destrabar el crédito y permitir que el sector de la construcción sea otro de los motores de la reactivación.

Con las decisiones de la Corte Constitucional incluida la de ayer sobre la capitalización de los intereses, se despeja la incertidumbre y se abre el camino al gobierno para presentar mañana mismo y con mensaje de urgencia, un proyecto de ley que tenemos listo desde hace varios meses, pero que requería de claridad por parte de la Corte. De esta manera tomamos acciones inmediatas para conjurar una posible crisis y para reversar los efectos negativos que se han venido creando con la incertidumbre.

Este proyecto persigue dos propósitos fundamentales. Establece una verdadera reforma estructural al actual sistema de financiamiento de vivienda y adopta alivios significativos para los deudores que estén al día y se mantengan al día en el pago de sus deudas. Con ello aseguramos que la gente pueda mantener sus viviendas y fortalecemos también al sector financiero que verá sin duda mejorar su cartera.

Las decisiones de la Corte ataron las deudas únicamente a la inflación, tal como originalmente lo hizo el UPAC. Para cumplir adecuadamente con este propósito, es decir mantener las deudas actuales atadas a la inflación, el proyecto de ley le proporciona los medios a los intermediarios financieros a través del Banco de la República.

Pero el gobierno considera que esto no es suficiente. Debemos equilibrar estas deudas con los ingresos actuales de los deudores de vivienda, de tal manera que ellas se puedan efectivamente pagar hoy y hacia el futuro. Por esto, en materia de alivios, el proyecto de ley prevé una reducción de los saldos vigentes que compensen el efecto adverso de la disparada de los intereses de los últimos años.

Estos alivios, en algunos casos, llegan hasta el 25% del saldo de la deuda.

Al descontar el efecto de esas mayores tasas de interés con respecto a la inflación, se restablecen las condiciones de capacidad de pago bajo las cuales los usuarios tomaron sus créditos originalmente. Esta fórmula, tiene además la virtud de aliviar más a los más perjudicados.

Estos alivios y la garantía de estabilidad que da el que estos créditos estén ahora atados a la inflación, pone a los deudores en una situación excelente para cumplir con sus obligaciones ahora y hacia el futuro.

Mucho se ha especulado acerca de la pérdida de valor real de las viviendas.

Creo que sería un grave error que los colombianos se dejen tentar por estas especulaciones y terminen por no hacer el esfuerzo necesario para mantener sus viviendas. Estoy seguro que a la vuelta de un par de años todos nos daremos cuenta que las viviendas habrán recuperado su verdadero valor, que no puede ser lo que ofrecen por ellas en el momento de la recesión sino lo que realmente vale construir una vivienda nueva.

Por todo esto, invito al Congreso de la República a que le pongamos punto final a los problemas de los deudores y les devolvamos a estos colombianos la capacidad de cumplir con sus obligaciones. E invito a los deudores a que se pongan al día a partir de hoy, para que en muy corto tiempo, cuando este proyecto se convierta en ley, puedan acceder a estos generosos alivios.

Solucionar definitivamente los problemas de los deudores actuales es también el primer gran paso para reactivar el sector, pero no es suficiente. Esta reforma estructural busca abrir la puerta a un nuevo concepto de actividad financiera, donde la libre empresa responda a las necesidades de todos los colombianos sobre la base de un consumidor mejor informado, donde prevalezca la competencia y donde el mercado se organice para incrementar su eficiencia, sin perjuicio de la seguridad que debe caracterizar la inversión de los dineros captados del publico.

Hemos previsto la creación de una nueva unidad, la UVR, la Unidad de Valor Real, que quedará definida en la Ley para efectos de proporcionarle la estabilidad necesaria y además estará totalmente basada en la evolución de los precios al consumidor, con el fin de conservar la relación entre el crecimiento de los saldos debidos y el incremento de los salarios.

El nuevo sistema prohíbe, y ha sido ratificado por la decisión de ayer de la Corte, la capitalización de los intereses remuneratorios que se causen por encima de la inflación con el fin de impedir que se pacten cuotas con los deudores que sean fáciles de cumplir en los primeros años, pero que luego se convierten en una pesada carga. Asimismo, se termina la presunción de intereses de mora que hoy existe, y se limita el monto por el cual se pueden pactar.

Para evitar que la gente se confunda, se establece un deber de información claro, a cargo de las instituciones de crédito y se le otorga a la Superintendencia Bancaria la facultad de aprobar los planes de amortización de las deudas de vivienda. Además, se permite la constitución de patrimonios de familia inembargables, que sólo podrán levantarse a favor de las instituciones que concedan los respectivos créditos y se prevé el prepago de créditos de vivienda sin condiciones.

De otra parte, mi gobierno plantea reducir al diez por ciento las tarifas notariales y de registro actualmente vigentes para la autorización y el registro de las hipotecas destinadas a la financiación de vivienda, incluyendo las que sea necesario autorizar en eventos de prepagos, subrogaciones y nuevos créditos.

Sin embargo, la financiación de vivienda requiere también que se le abra la puerta no sólo a toda la banca sino al mercado de capitales con el fin de asegurar la disponibilidad de mayores recursos y de más largo plazo en condiciones estables.

Para lograr este objetivo, el gobierno ha propuesto la creación de bonos y títulos hipotecarios, instrumentos especializados superiores a los existentes hasta el momento. Las fortalezas más notables de estos instrumentos consisten en una mayor seguridad y en mayor liquidez. Estas dos cualidades los hacen más atractivos para los inversionistas de largo plazo como son los fondos de pensiones, las aseguradoras y las sociedades fiduciarias.

Pero lo más importante quizás, es que estos instrumentos hacen más eficiente la tenencia de los activos por parte de los establecimientos de crédito ya que, a diferencia de la cartera tradicional, son un título que se puede colocar rápidamente en el mercado en momentos de iliquidez. En este orden de ideas, el arranque de los bonos pasa necesariamente por su compra masiva inicial por parte de los mismos establecimientos de crédito, muchos de los cuales no participan hoy en el mercado hipotecario. Esto permitirá darle un impulso al sector de la construcción y generará una mayor competencia que sin duda reducirá los márgenes de intermediación y promoverá la reorganización del sector.

Todas estas medidas demuestran que el Gobierno Nacional ha dado respuesta oportuna y eficaz a las necesidades del sector de la construcción.

Corresponde ahora al Congreso de la República discutir y enriquecer la propuesta gubernamental en procura de generar el mejor sistema de financiación de vivienda. La situación requiere obrar con prontitud y exige un análisis responsable que estoy seguro los legisladores sabrán realizar.

Las dificultades por las que atraviesa actualmente la financiación de vivienda deben convertirse en la oportunidad para establecer una nueva política financiera, más moderna y más segura. Pueden estar confiados que bajo mi liderazgo esta política será pronto una realidad.

Pronto vamos a ver a más y más colombianos con empleo, más y más colombianos con casa propia, más y más compatriotas para quienes la justicia social ha dejado de ser un sueño para convertirse en realidad.

De todos nosotros depende que demostremos, nuevamente, que sabemos convertir las crisis en momentos de oportunidad.

Lugar y Fecha

Bogotá, Colombia
7 de octubre de 1999