SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES, VALIOSA HERRAMIENTA PARA TRABAJAR POR LA PAZ2017-12-18T11:47:19+00:00

Project Description

Palabras del presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, en la clausura del II Congreso de Servicios Públicos Domiciliarios.

Apreciados amigos:

Me complace sobremanera que, unidos en el común propósito de trabajar por el país, concluya con éxito el interesante experimento propuesto por la Superintendencia de Servicios Públicos y Andesco, de unir en un solo haz de voluntades a los sectores público y privado para realizar, con el aporte y la participación de todos ustedes, este II Congreso Nacional de Servicios Públicos.

Sus deliberaciones, sin duda alguna, habrán de aportar conclusiones positivas para mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas.

Se ha dicho, con razón, que el servicio más costoso es el que no se presta. Es evidente que en un país como Colombia, que en medio de tantas dificultades lucha diariamente con tenacidad admirable y con ansias de futuro por romper las barreras del atraso y de la pobreza, los servicios públicos deficientes sean un obstáculo grave en nuestro empeño por mejorar la competitividad de la economía en el disputado escenario internacional, y por disminuir las distancias entre pobres y ricos, creadas por una injusta distribución de la riqueza.

Es obvio que nuestra industria no puede ser eficiente si no cuenta con un suministro confiable de energía, o si no le garantizamos comunicaciones fáciles e inmediatas con sus clientes y proveedores; es evidente que los recursos destinados a atender la salud de nuestra gente serán siempre insuficientes, mientras una parte considerable de ellos deba ser destinada a curar las enfermedades producidas por la mala potabilidad del agua que consumen; es claro que la disminución de las tensiones sociales que nos afectan debe empezar por llevar los servicios a los sectores marginales urbanos, y desde luego al campesino que espera con impaciencia la oportunidad de incorporarse a la economía moderna que queremos impulsar para que florezca de nuevo la paz en los campos de Colombia.

Pensando en el futuro de este pueblo grande y generoso que nos confió la inmensa responsabilidad de dirigirlo en una época particularmente tormentosa de nuestra historia republicana, y sin atender los cantos de sirena que nos invitan a buscar el aplauso fácil pero pasajero de la tribuna, implantamos una decidida política de saneamiento de las finanzas de la Nación del naufragio que se avecinaba.

Con profunda satisfacción de colombiano debo decir que el esfuerzo hecho empezó ya a dar sus frutos y que signos innegables de recuperación llegaron para quedarse en el horizonte económico: el crecimiento del PIB durante el primer trimestre fue de 2.23 por ciento y la proyección del segundo trimestre es del 3.8 por ciento. Vamos a lograr la meta de un crecimiento del 3.0 por ciento este año y dejar atrás la larga vigilia de desarrollo que padecimos el año pasado! ¡Esas son noticias buenas para la Empresa Colombia de la cual todos
somos accionistas!

Señoras y señores:

Quiero compartir con ustedes mi visión del papel de los servicios públicos en el proceso de desarrollo del país, pues soy consciente de que pocos temas tienen tanta incidencia social como el de los servicios públicos. El umbral de la pobreza absoluta se puede traspasar, casi en forma definitiva, cuando la economía progresa y genera empleo, y los hombres y mujeres empiezan a disfrutar de los servicios de agua potable, alcantarillado, energía y teléfonos.

Ampliar su cobertura y mejorar su eficiencia y calidad son, desde luego, prioridades absolutas del gobierno por mi convicción política sobre la justicia social y porque, tal como reza el oportuno lema que la Superintendencia y Andesco escogieron para este Congreso, los servicios públicos eficientes son una valiosa herramienta para trabajar por la paz.

La agenda de modernización del país que me he trazado concibe los principios de libre competencia, libre entrada del sector privado a los mercados, solidaridad y redistribución de ingresos del régimen tarifario y la intervención en la actividad económica mediante la promulgación de normas que protejan al usuario. Para lograr estos propósitos necesitamos un estado que garantice la prestación de los servicios, mediante un modelo transparente y estable de regulación y control.

Como parte de ese propósito soy un convencido de las bondades de separar las funciones de regulación de aquellas de vigilancia y control. Las tres comisiones de regulación -energía y gas combustible, telecomunicaciones, yagua potable y saneamiento básico- son fundamentales para garantizar el ejercicio de la libre competencia y la prevención de acciones monopolísticas en sectores tan sensibles como los que aquí nos reúne.

Por las mismas razones, las funciones de vigilancia y control, encargadas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, deben ser robustecidas, dotándola de herramientas eficaces para controlara los prestadores de los servicios, sancionar a los infractores y proteger a los usuarios, quienes en última instancia exigen garantizar la continuidad y calidad del servicio prestado.

De ahí que crea indispensable que, para que exista un verdadero fortalecimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos, a través de una estructura concentrada, sea necesario rescatar el control social y las auditorías externas de gestión, para que éstas provean de información confiable sobre el desempeño de las empresas, el cumplimiento de las metas y, sobre todo, que tengan la capacidad de alertar a las autoridades de factores que pongan en riesgo la solidez financiera o la continuidad o claridad del servicio público.

A esto llamo un verdadero control social de la administración pública y una rendición de cuentas de los funcionarios públicos a los asociados, que va fortaleciendo el entramado social y la generación de confianza y estabilidad en las instituciones. Así estaremos construyendo el capital social del futuro de Colombia.

Nuestro país tiene hacia adelante el enorme reto de consolidar, en medio de las enormes dificultades que padecemos, las posibilidades para la expansión de la libertad, como medio y fin del desarrollo de Colombia.

La expansión de las libertades implica, desde luego, unas garantías de transparencia en el ejercicio de lo público. La estabilidad del marco legal e institucional es uno de los principales activos para seguir transmitiendo confianza y credibilidad a los agentes privados que ingresan al mercado de los servicios públicos en nuestro país.

No me cabe ninguna duda de que avanzamos por la dirección correcta En materia de agua potable y saneamiento básico, nos hemos propuesto una política integral que ordene la acción de los organismos nacionales y permita un apoyo eficaz a los municipios que cumplan con unos requisitos mínimos de gestión, para modernizar a las empresas prestadoras de este servicio, de forma que se eleven sus niveles de eficiencia buscando beneficiar prioritariamente a la población de menores recursos.

El plan de agua potable y saneamiento básico permitirá que en el 2002 la cobertura urbana llegue en el servicio de acueducto al 96 por ciento y en el de alcantarillado al 86 por ciento. Con este plan aspiramos a beneficiar a cuatro millones y medio de ciudadanos con el servicio de acueducto y a seis millones con el de alcantarillado.

En materia de telecomunicaciones, la política que ejecuta mi gobierno está encaminada a lograr la cobertura nacional de los servicios de telecomunicaciones, fortalecer el marco regulatorio e institucional del sector -esta semana aprobamos en el Conpes nuevas directrices para la reestructuración del servicio postal-, consolidar el proceso de liberalización de los mercados, fomentar la participación de nuevos agentes en la prestación de los servicios y propiciar el desarrollo de la infraestructura.

A través del Programa Compartel, por ejemplo, estamos logrando el establecimiento de 1.115 centros de acceso comunitario a internet localizados en aquellos sectores menos privilegiados, en donde no resulta rentable para los operadores privados ofrecer acceso a la red, con lo cual aspiramos a brindarles el servicios de internet a todas las cabeceras municipales del país. El programa Compartel, tanto en telefonía como en internet, estará en completa operación hacia finales del 2001. Para esta fecha, el Estado habrá invertido la suma de 250.000 millones de pesos, y beneficiado a cerca de 7 millones y medio de habitantes de los sectores rurales y urbanos marginados.

Desde el Ministerio de Educación promoveremos el desarrollo del nuevo sistema escolar colombiano a través de la internet. Este recurso será de vital importancia para diseñar programas especiales de educación virtual, que nos permitan mejorar la calidad de la educación y optimizar su cobertura. Con la dotación a las escuelas de computadores con conexión a la red mundial se van a impulsar ambientes óptimos de trabajo, educación a distancia, aulas virtuales e interconexión entre escuelas y colegios en todas las regiones, estimulando así la creación de nuevos esquemas pedagógicos que fomenten la disciplina de la investigación.

Por su parte Telecom ha diseñado un servicio de acceso gratuito a internet, como parte de la política del gobierno de reducir los costos de conexión a la red. Esperamos que con esta iniciativa de Telecom tengamos pronto 300 mil nuevos usuarios a través de su red de fibra óptica.

En el sector eléctrico la política que estamos ejecutando tiene como objetivos fundamentales incrementar la participación de particulares en empresas de generación y distribución, consolidar el desarrollo del mercado de energía eliminando las distorsiones de precios, las restricciones de transmisión y los conflictos de intereses; fortalecer la regulación para garantizar la expansión en condiciones de competencia, ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio en todo el país incluyendo desde luego las zonas no interconectadas.

Dentro de estos propósitos, el gobierno considera prioritario la búsqueda de soluciones estructurales a los problemas de empresas históricamente débiles, como la Electrificadora del Chocó, las cuales son intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos y que representan un serio peligro para la consolidación de un nuevo esquema de mercado. Para ello, las entidades del Estado trabajan coordinadamente en la definición de estrategias que permitan en el corto plazo el reemplazo de estas empresas débiles por empresas sólidas, con capacidad técnica, administrativa y financiera que aseguren su viabilidad en el mediano y largo plazo.

Igualmente, con el fin de darles un contexto más social a los procesos de privatización, el gobierno ha ordenado a ISA, previo a las ventas de las acciones de la Nación, llevar a cabo el ofrecimiento al público en general del 10 por ciento de las acciones totales de dicha Empresa. Con este esquema se pretende que los ciudadanos comunes y corrientes puedan acceder a una forma de ahorro de largo plazo, como lo es la participación accionaria en ISA, empresa de reconocida trayectoria en el nivel nacional e internacional, por su manejo técnico y financiero.

Para lograr la máxima participación ciudadana en este proceso, se definirán condiciones especiales que actualmente se encuentra estudiando la Banca de Inversión contratada para apoyar a ISA en este propósito.

En cuanto a los nuevos proyectos de generación dentro de los dos siguientes años, se prevé la entrada de mil seiscientos noventa y nueve megavatios nuevos de capacidad instalada, de tal manera que en el 2002 llegaremos a más de 14 mil megavatios de capacidad total, con lo cual esperamos satisfacer las proyecciones de demanda de energía y asegurar definitivamente la confiabilidad y la solidez del sistema. En el subsector de la transmisión en el 2002 tendremos 1.931 kilómetros de líneas adicionales.

Por otra parte, para atender las necesidades de las zonas no interconectadas, hemos reestructurado y transformado al ICEL convirtiéndolo en un establecimiento público denominado Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE. Esta entidad debe enfocar su papel hacia la participación de las entidades regionales y del sector privado en la ejecución y operación de los proyectos energéticos, hacia el apoyo técnico, administrativo y financiero a las empresas establecidas, y hacia la identificación y promoción de proyectos de inversión en las zonas marginadas.

Igualmente se elabora un plan estructural, institucional y financiero que permita el abstecimiento energético de las zonas no interconectadas, con la máxima participación de las comunidades y de los agentes privados.

El costo del programa de energización de las zonas no interconectadas se estima aproximadamente en 170 millones de dólares, teniendo en cuenta que nuestra meta es proporcionar 80 megavatios adicionales de potencia, además de la ampliación de la red de distribución.

En el sector de gas, el Gobierno Nacional concentra todos sus esfuerzos en alcanzar los siguientes objetivos: 1) Incentivar la exploración y explotación de nuevos yacimientos; 2) Asegurar la expansión del sistema en condiciones de competencia y de acuerdo con las señales del mercado, y 3) Consolidar y revisar el régimen regulatorio vigente.

El Gobierno Nacional apoya las iniciativas que desarrollan las autoridades municipales para el uso del gas natural en transporte vehicular.

El desarrollo de la industria de gas natural va igualmente acompañado de un desarrollo paralelo de la industria del gas licuado del petróleo. Para lograr este propósito se estudian los aspectos regulatorios y de infraestructura que hagan viable la importación y el transporte de este producto, con miras a la conformación de un mercado de GLPsin intervención regulatoria en su comercialización.

Apreciados amigos:

Seguiré con el firme propósito de recuperar el Estado colombiano. Y la recuperación del Estado pasa por la conquista democrática de que lo público sea realmente público, con el público y para el público. Ello exige asegurar un mínimo material para la existencia digna del ser humano, que no es otra cosa que garantizar los servicios públicos esenciales.

Lograr eso es lograr también la paz. Ustedes, la Superintendencia, Andesco, los empresarios, los alcaldes, que tienen como misión servirle al pueblo, tienen la gran responsabilidad que al mismo tiempo es una hermosa oportunidad de contribuir a ese gran propósito nacional de lograr que en esta tierra bella y generosa podamos convivir todos como hermanos, trabajando con mística para lograr que cada día nuestra gente tenga servicios públicos más eficientes y confiables.

¡Por las futuras generaciones, colombianos, no tenemos derecho a desfallecer!

Lugar y Fecha

Cartagena, Colombia
30 de junio de 2000