VIDEOCONFERENCIA CON EMPRESARIOS DE LA CIUDAD DE TIJUANA2017-12-18T11:54:47+00:00

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Apreciados amigos empresarios de Tijuana:

Primero que todo, quisiera decirles que me siento muy honrado y muy complacido al tener la oportunidad de dirigirme hoy a mis buenos amigos de México, un país al que tantos admiramos y apreciamos los colombianos.

Como pueblos hermanos hemos compartido alegrías y problemas, siempre en un ambiente de cooperación y siempre aprendiendo el uno del otro.

Nuestras naciones son herederas de ancestrales culturas indígenas y orgullosas guardianas de la herencia hispana. Hoy son un ejemplo de democracias vivas y operantes, que buscan llevar a sus gentes a un horizonte de progreso y justicia social.
Me dirijo ante ustedes, en mi condición de latinoamericano, de ex alcalde de Bogotá y ex presidente de Colombia, para compartir, de manera abierta y clara, experiencias de gobierno y reflexiones que, –si bien nacen de mis propias vivencias y del proceso que ha vivido mi país– pueden aplicarse a países que, como México, también transitan el derrotero de consolidar su democracia, derrotar definitivamente la violencia –en particular la violencia derivada del narcotráfico– e integrarse a un mundo globalizado con competitividad que garantice su desarrollo.

La paradoja de Colombia.

En diversos escenarios internacionales, interlocutores o amigos me hacen a menudo la misma pregunta: ¿Cómo es posible que Colombia, con ese problema de violencia y de narcotráfico que ha sufrido por varias décadas, se mantenga, sin embargo, como una democracia fuerte y una de las economías más sólidas del continente?

En verdad, parecería que Colombia encarnara una paradoja gracias a la cual, a pesar de tener que lidiar con inmensos problemas, hemos logrado importantes avances a nivel político, económico y social.

Es más: en las diferentes encuestas y estudios que con frecuencia se realizan para medir la felicidad de los pueblos, los colombianos ocupamos casi siempre el primer o el segundo lugar como la gente más feliz del planeta.

Debe haber incontables explicaciones culturales o sociológicas a esta situación. Yo, sin embargo, desde mi análisis, adjudico esta estabilidad y esta visión optimista a la adecuada continuidad de políticas que ha tenido nuestro país desde 1958, –cuando un Frente Nacional bipartidista puso fin a la única y breve ruptura democrática que tuvimos en el siglo XX–, y, muy especialmente, en la última década, desde el año 1998.

Carlos Fuentes resaltaba en una conferencia el contraste que se da en nuestro subcontinente entre la continuidad que denotan nuestras culturas y la discontinuidad en el campo político y económico.

Decía el intelectual mexicano, refiriéndose a América Latina:

“Nuestra vida política y económica es la historia de múltiples fracturas, una tras otras. En cambio nuestra cultura no las sufre, es una línea continua y en ascenso, en la que el pasado se va acumulando, añadiendo al presente y proyectando al futuro, lo que es, finalmente, la función de la cultura y que nunca nos ha fallado. Incluso en países que han atravesado tremendas crisis, se ve que la cultura ha seguido floreciendo (…). ¿Cómo trasladar esa continuidad y vigor a la vida política y económica? Ese ha sido un gran problema interno de América Latina”.

En efecto, si de algo han adolecido los países de la región es de continuos cambios de regímenes y de políticas, que impiden tener unas instituciones fuertes, un manejo económico estable y políticas sociales efectivas.

Si con cada cambio de gobierno hacemos “borrón y cuenta nueva” con los programas y proyectos del anterior, o expedimos una nueva constitución al antojo del gobernante de turno, mal podemos los latinoamericanos aspirar a atraer inversión extranjera, -y con ella empleo y desarrollo-, o a adelantar esfuerzos de largo aliento en infraestructura y competitividad.

La ciudad de Tijuana –agobiada por el terrible cáncer del narcotráfico– busca hoy, con toda razón, un camino para salir adelante y proyectar una imagen mejor frente a sus propios habitantes y frente al mundo. Un camino para superar el estigma de la violencia del narcotráfico. Espero de verdad que algo de lo que hablemos hoy sirva para acentuar u orientar el justo empeño de los tijuanenses.

Con este propósito, quisiera dividir esta conferencia en dos partes: primero, la referente a la experiencia de Bogotá en una situación similar a la que hoy vive Tijuana, y cómo logramos superarla, y segundo, la experiencia misma de Colombia, como país, en su determinación de salir del espiral de la violencia y la corrupción para construir un futuro de prosperidad.

De ambos ejemplos podemos extrapolar conclusiones y enseñanzas aplicables a Tijuana y a México, que espero les sean de utilidad. Para hacerlo, –y con la venia de ustedes– debo remitirme a aspectos de mi historia personal, que dan contexto a estas experiencias.

El narcoterrorismo.

Antes de incursionar en la política, siendo aún muy joven, –en los años ochenta–, yo dirigía y presentaba un noticiero de televisión con importante audiencia nacional denominado TV-Hoy.

No eran tiempos fáciles aquellos, pues los carteles del narcotráfico –particularmente los de Medellín y Cali– estaban en un momento de gran expansión, y buscaban permear todos los sectores de la sociedad con su inmenso poder corruptor.

Aquí quiero destacar el importante papel que pueden y deben jugar los medios de comunicación en la lucha contra este fenómeno criminal.

Los periodistas colombianos en esa época nos dedicamos a desenmascarar los carteles de la droga, con las únicas armas de nuestros micrófonos, nuestras plumas y nuestras cámaras. Formamos un grupo de colegas al que le pusimos el nombre de “El Kremlin”, nos reuníamos en diversas casas, coordinábamos nuestras investigaciones y datos, y publicábamos los resultados simultáneamente en la televisión, la prensa y la radio. Fue una acción realmente contundente que mostró al país la funesta realidad de un negocio que entonces era visto con alguna complacencia o tolerancia por parte de la sociedad colombiana.

Como periodista gané varios premios nacionales y dos veces el Premio de Periodismo “Rey de España”, en una ocasión por un reportaje sobre los gamines de Bogotá y en otra por una crónica sobre las rutas del narcotráfico, desde la producción de las matas en Bolivia y Perú, pasando por su procesamiento en Colombia, hasta su consumo final en los Estados Unidos. Titulé a ese reportaje “La Ruta de los Dioses”, y fue un llamado de alerta a la sociedad colombiana y al mundo entero sobre una situación que se salía de las manos de Colombia para convertirse en un problema mundial.

En 1984 la mafia asesinó al Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y el presidente Belisario Betancur inició una guerra frontal contra los carteles con el arma que más les dolía: el tratado de extradición a los Estados Unidos.

Los narcotraficantes respondieron de la única forma que saben hacerlo: intimidando con su violencia a la sociedad, y presionando a la clase política para que diera marcha atrás a la norma que permitía la extradición. Llegaron a aliarse con la guerrilla del M-19 para que ésta se tomara el Palacio de Justicia y destruyera los expedientes en su contra, lo que generó un holocausto que causó la muerte decenas de personas, incluyendo 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en noviembre de 1985.

Durante los años siguientes los carteles del narcotráfico, y grupos privados armados por su dinero, iniciaron un proceso de exterminación selectiva sin precedentes. Asesinaron a Guillermo Cano, periodista director de “El Espectador”. Recuerdo que todos los medios de comunicación nos silenciamos por un día entero, como rechazo a ese atentado contra la prensa, la integridad y la inteligencia. Asesinaron a los candidatos presidenciales de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, y a cerca de cuatro mil de sus activistas por todo el país.

Muchos de estos hechos los viví y conté a los colombianos desde el Noticiero “TV Hoy”, y otros los enfrenté desde mi ciudad, como concejal de Bogotá. Entonces ocurrió un verdadero hito democrático para Colombia, como lo fue la primera elección popular de alcaldes en toda su historia. Propuse mi nombre para el cargo de Alcalde Mayor de Bogotá y, cuando estaba en plena campaña, un nuevo evento me puso en medio de esa violencia en que se convulsionaba el país.

El 18 de enero de 1988 fui secuestrado en mis oficinas de campaña, en el barrio Teusaquillo de Bogotá, y pasé una semana sin libertad, viviendo el mismo tremendo drama que han sufrido tantos colombianos. Los autores de mi secuestro operaban bajo las órdenes del famoso capo del Cartel de Medellín Pablo Escobar, dentro de un grupo que se hacía llamar “los Extraditables”. Yo había recibido amenazas de muerte del mismo Escobar desde 1982, lo que me hacía temer, con justa razón, un desenlace fatal.

Felizmente, el 25 de enero, una semana después, fui liberado gracias a una acción relámpago de la Policía Nacional en el municipio de El Retiro, en Antioquia. Pero fue un día triste para el país, porque al mismo tiempo “los Extraditables” secuestraron y asesinaron al Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos.

De retorno al escenario público después de mi secuestro, fui elegido Alcalde Mayor de Bogotá, y ejercí el cargo entre junio de 1988 y junio de 1990.

Los temas del narcotráfico y la drogadicción –como ocurre hoy en Tijuana– estaban a la cabeza de mis preocupaciones. En 1989 propuse realizar una reunión de alcaldes de capitales de América Latina, de Estados Unidos y de Europa para intercambiar experiencias sobre estos asuntos, la cual se realizó en Nueva York, con la acogida del alcalde de esta ciudad, Edward Koch. Tres meses más tarde, en la Conferencia Anual de Alcaldes de los Estados Unidos, en Charleston, pude plantear con toda claridad un tema que desde entonces ha sido recurrente en mi vida pública: la responsabilidad compartida como principio para combatir el problema mundial de las drogas.

El narcotráfico, entre tanto, dio su estoque mayor a la democracia colombiana con el asesinato, en 1989, de la más renovadora y popular figura dentro del partido liberal después de Jorge Eliécer Gaitán: Luis Carlos Galán, un prominente y joven político santandereano que había sido Ministro de Educación en el gobierno de mi padre. Ocho meses después las fuerzas oscuras siguieron su carrera de muerte y cobrarían la vida de Carlos Pizarro, el líder del desmovilizado M-19 y su primer candidato presidencial.

Como alcalde tuve que enfrentar una de las más difíciles situaciones de seguridad que haya vivido Bogotá en toda su historia: los atentados terroristas de “los Extraditables” para exigir el desmonte de la extradición, una época que pasó a la historia como la época del “narco-terrorismo”.

Sucesos sangrientos y terribles que dejaron numerosas víctimas, como la bomba frente al Centro Comercial 93 o la que destruyó las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad, nos obligaron a convocar la ciudadanía a enfrentar unida, con colaboración y serenidad, estos duros embates contra su vida y su tranquilidad.

Y aquí quiero hacer una reflexión: aún ante situaciones tan difíciles como éstas es posible reunir lo mejor de la gente con un liderazgo positivo que fomente la convivencia.

En mi alcaldía me propuse devolverle a los bogotanos un sentido de pertenencia a su ciudad que tal vez habían perdido desde los aciagos hechos del 9 de abril de 1948, el día del famoso “bogotazo”, generado por el asesinato del líder liberal  Jorge Eliécer Gaitán, que marcó el comienzo de décadas de violencia política.

Me llamaron el “Alcalde Rockero” porque promoví el “Concierto de Conciertos”, un multitudinario espectáculo musical en el que un público joven y alegre colmó el Estadio El Campín y disfrutó la presentación de los mejores grupos de rock en español de España y América desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana.

No hubo un herido ni un hecho lamentable. Solamente miles de ciudadanos cantando, bailando, aplaudiendo y recuperando su derecho a la alegría. Cuando yo entré al estadio recuerdo el coro de miles de gargantas que habían vuelto a creer en su ciudad (y les ruego me disculpen la cita textual): “¡Bogotá, del putas, Bogotá!”.

Este lema espontáneo era el símbolo de una nueva era que nacía para una capital que no quería ser más desunida y gris, o sometida al terrorismo de los narcos, sino símbolo de tolerancia y de convivencia, una ciudad que hoy sigue renovándose en esa misma dirección. ¡El arte se puso al servicio de la convivencia!

Algo similar ocurrió con la Troncal de la Caracas, que puse en marcha para ordenar el tráfico urbano y mejorar el desplazamiento de las clases populares hacia y desde sus trabajos, un experimento exitoso que se convirtió en el antecedente del actual sistema de transporte de Transmilenio. Allí, en la Troncal, nuevamente la gente respondió con civismo inusitado y cumplimiento de las reglas frente a una obra concebida en su beneficio.

Resumiendo, queridos amigos de Tijuana, en Bogotá enfrentamos la crisis del narcoterrorismo con varias medidas complementarias: primero, un fortalecimiento de la seguridad, por supuesto, basado en la acción de la fuerza pública, y en la colaboración ciudadana; segundo, una estrategia internacional que puso sobre el tapete el tema de la responsabilidad compartida frente al problema de las drogas; tercero, un renacimiento del sentido de pertenencia, con actos simbólicos como el Concierto de Conciertos, y cuarto, la construcción de obras públicas que aumentaran el bienestar de los ciudadanos.

El más grande esfuerzo por la paz.

Ya hablamos del caso-ciudad. Ahora ampliemos el horizonte para estudiar el caso-país.

Muchos de ustedes recordarán que durante mi gobierno se adelantaron los más grandes procesos de paz con las guerrillas de las FARC y del ELN.

Fue un esfuerzo sin precedentes, en el que participaron todas las facciones políticas, el sector privado, la academia, organizaciones no gubernamentales y, –algo muy importante–, la comunidad internacional, a través de entidades multilaterales y de por lo menos 27 países, -incluido el Vaticano-, que acompañaron las distintas instancias del proceso de paz.

Las FARC y el ELN, nutridos por los ingentes recursos del secuestro y, sobre todo, del narcotráfico a partir de los ochentas, creyeron, con arrogancia y falta de visión, que podrían someter algún día a la nación colombiana a sus designios, y desaprovecharon la mano tendida que la sociedad les ofreció durante mi gobierno, optando por el cruel sendero del terrorismo y el narcotráfico.

No escucharon el clamor de un pueblo cansado del terror y de la infamia, y al diálogo respondieron con bombas y secuestros.

La verdad es que no se puede construir paz si antes no limpiamos los corazones.

Los procesos que lideré durante mi administración no llegaron al puerto deseado de la paz, pero sirvieron para desenmascarar a las guerrillas ante la opinión pública nacional e internacional en su verdadera dimensión, como grupos terroristas y narcotraficantes extraviados de cualquier norte ideológico.

Cuando la actitud terrorista de la guerrilla obligó a la terminación del proceso de paz, fuimos nosotros los que la denunciamos y la llevamos a las listas internacionales de terroristas. ¡Esa ha sido la mayor derrota política de la guerrilla en toda su historia!

Fuerzas Armadas que producen resultados.

Para un observador desprevenido, mi gobierno y el del presidente Uribe parecen completamente opuestos en materias de paz y de seguridad. Mientras en el mío se privilegió la búsqueda de la paz mediante el diálogo, en el de mi sucesor se ha dado prioridad a una respuesta militar frente a los grupos terroristas.

No es cierto. Más que opuestos, nuestros gobiernos han sido complementarios en la búsqueda de un objetivo común: acabar con la violencia y construir un entorno de tranquilidad para el progreso de la nación. En 1998, el mandato popular ordenaba buscar la paz a través del diálogo, y así lo hicimos, con sinceridad y voluntad. Pero también le envié un mensaje claro a las FARC: Mi gobierno fortalecería decididamente al ejército colombiano.

Dentro del objetivo de recuperar el monopolio de la fuerza en manos del Estado, puse en marcha el proceso de fortalecimiento y modernización de nuestras Fuerzas Armadas más importante de nuestra historia, para construir un ejército que fuera fuerte para defender la paz que buscábamos, o fuerte para la guerra, si así lo exigía la intolerancia de los grupos violentos.

Las cifras son contundentes. En 1998 apenas teníamos 82 mil soldados combatientes, -de los cuales 60 mil eran soldados regulares y 22 mil soldados profesionales-; 4 helicópteros Black Hawk artillados y 72 helicópteros de transporte.

Al terminar mi administración, dejamos un pie de fuerza de más de 132 mil soldados combatientes, dentro de los cuales 55 mil eran profesionales. ¡Eso significó un incremento general del pie de fuerza en un 60%, y del número de soldados profesionales en un 150%! Se cuadruplicó el número de helicópteros artillados y se dotó a la Fuerza Pública de cerca de 100 helicópteros adicionales para transporte de tropas.

También creamos en dicho cuatrienio la Fuerza de Despliegue Rápido -Fudra-, la Brigada Fluvial y la Brigada Antinarcóticos; se dio nueva vida a la Infantería de Marina, y comenzaron los batallones de alta montaña.

Intentamos alcanzar la paz con audacia, pero, al mismo tiempo, fortalecimos las Fuerzas Armadas para la seguridad. Porque no se puede combatir la amenaza del narcotráfico, con sus ingentes recursos que patrocinan guerrillas, grupos paramilitares y pandillas, si no se cuenta con un Ejército y una Policía fuertes y profesionales y, además, revestidos de legitimidad.

Para ello, así como las Fuerzas Armadas se fortalecieron en hombres y en equipos, también lo hicieron en un aspecto intangible tan importante como los anteriores: en respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Gracias a este énfasis, hoy las Fuerzas Armadas colombianas, aún en medio del difícil conflicto armado, son tal vez las más preparadas del continente en estas materias.

¡De qué sirve ganar una guerra si se pierde el alma! En Colombia tenemos claro que no podemos combatir a los terroristas con el mismo juego sucio que ellos utilizan: secuestros, reclutamiento de menores, minas antipersona, armas no convencionales… Nuestra lucha la libramos bajo las reglas humanitarias del conflicto, porque sólo respetando las instituciones podemos salvar las instituciones.

Con estas Fuerzas Armadas renovadas, que han seguido creciendo y modernizándose bajo el actual gobierno, el presidente Uribe ha adelantado su Política de Seguridad Democrática, y ha logrado los resultados que hoy aplauden los colombianos.

El gobierno del presidente Uribe ha respondido a las nuevas circunstancias, y al clamor del pueblo colombiano contra la subversión, y le ha asestado contundentes golpes estratégicos a las FARC, -incluyendo la famosa Operación Jaque que permitió la libertad de Íngrid Betancourt, 3 norteamericanos y 11oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas-, sin desistir por ello de mantener abierta la opción del diálogo.

Además, hay que enfatizar algo muy importante: En la medida en que construimos, en los últimos 10 años, unas Fuerzas Armadas más fuertes, más profesionales, con mayor legitimidad, es decir, instituciones armadas sólidas y eficaces, perdieron razón de ser los grupos de autodefensa, esos ejércitos privados que, por querer tomar la justicia por propia mano, acabaron convirtiéndose en una amenaza tan grande como aquella que pretendían combatir.

Hoy los principales jefes de los grupos de autodefensa o paramilitares están en la cárcel o extraditados, y la mayor parte de sus estructuras están desmovilizadas. Los colombianos respiran un nuevo aire de esperanza, los secuestros han bajado dramáticamente y las familias otra vez recorren las carreteras de nuestro país, como antaño, sin temores ni zozobra.

La política de seguridad se ha convertido en una política de Estado que ha devuelto a los colombianos la tranquilidad y a los inversionistas la confianza.

Es, sin duda, una política que va a continuar en el futuro, -cualquiera sea el gobierno que suceda al actual-, porque está firmemente arraigada en el pueblo colombiano.

El Plan Colombia

Quisiera resaltar un cambio fundamental que se ha dado en la percepción de Colombia a nivel internacional. Cuando yo llegué al gobierno, en agosto de 1998, nuestro país, para muchos analistas y observadores del mundo, hacía parte de una lista de “Estados fallidos”, con instituciones frágiles y graves problemas de corrupción, violencia y narcotráfico.

Para enfrentar ese delicado pronóstico, decidimos reunir las estrategias de paz, de lucha contra el narcotráfico, de fortalecimiento de las instituciones y de inversión social en un plan integral al que denominamos “Plan Colombia”.

Hoy podemos decir que, gracias al Plan Colombia, nuestro país ha salido definitivamente de la lista de Estados fallidos y que es, simplemente, como cualquier otro en el mundo, un Estado con problemas, que los afronta con voluntad y eficacia desde la democracia y desde la institucionalidad.

El Plan Colombia tuvo un importante componente de apoyo militar y policial por parte de los Estados Unidos para combatir el negocio de las drogas ilícitas, gracias al cual fortalecimos nuestras Fuerzas Armadas y ganamos en eficacia en la lucha contra este flagelo. Pero no fue sólo eso.

Tal como lo diseñamos en mi Gobierno, fue inicialmente un plan de 7.500 millones de dólares, de los cuales 5 mil millones correspondían a aporte nacional de Colombia y 2.500 millones a aportes de la comunidad internacional. La razón de este apoyo internacional resultaba obvia para mi gobierno: El narcotráfico era un problema trasnacional y las naciones consumidoras tenían una responsabilidad que no podían seguir evadiendo.

Si bien Estados Unidos fue el principal participante, no fue el único. Entidades como las Naciones Unidas, países de la Unión Europea y otros, como Canadá, Japón, Noruega y Suiza comprometieron también recursos para apoyar el proceso de paz, ayudar a las víctimas del conflicto, promover programas de protección de los derechos humanos, proteger el medio ambiente y estimular la constitución de “laboratorios de paz” en zonas afectadas por la violencia.

El Plan Colombia implicó un importante fortalecimiento institucional para el país, y parte de sus fondos fueron destinados a mejorar y ampliar el sistema de justicia, a profesionalizar las Fuerzas Armadas, y a construir gobernabilidad en las regiones más distantes.

También fue un Plan comprometido con la inversión social. De los 7.500 millones de dólares, 900 millones fueron destinados a programas de alto impacto social como “Familias en Acción”, “Jóvenes en Acción”, “Obras para la Paz” y “Empleo en Acción”, entre otros, destinados a combatir la pobreza y a generar trabajo y oportunidades.

Algo muy importante sobre la cooperación que logramos de Estados Unidos ha sido su carácter bipartidista. Esta cooperación fue iniciada durante el gobierno Clinton y continuada por el gobierno Bush –y ahora por la administración Obama–, porque el Plan Colombia fue aprobado con el consenso de los dos partidos políticos de dicho país, y sigue gozando del apoyo de ambos.

Además, por primera vez, los fondos estadounidenses no llegaron únicamente en la forma de helicópteros y asesoría militar, sino que se destinaron también a programas sociales, como los de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo, que abrieron nuevas oportunidades a los campesinos colombianos que abandonaran el cultivo de la coca.

Yo creo que esto es algo muy importante que los mexicanos deberían considerar en lo atinente al Plan Mérida que hoy tienen: La lucha contra las drogas no puede basarse únicamente en represión a la criminalidad, sino que requiere también apoyar procesos de recuperación social y de generación de oportunidades.

¿Qué pasó con el Plan Colombia después de mi gobierno? Fue continuado con entusiasmo por el presidente Uribe, quien ha seguido recibiendo fondos y equipos de los Estados Unidos para objetivos militares y sociales.

Aquí también la continuidad de las políticas ha redundado en resultados sólidos para la democracia colombiana.

El narcotráfico continúa siendo una amenaza no sólo para mi país, sino para el mundo, y no podemos cantar victoria frente a este flagelo planetario. Pero ¡cuánto más no habría avanzado el narcotráfico sin la erradicación y fumigación de cientos de miles de hectáreas de cultivos ilícitos lograda gracias a los recursos y equipos del Plan Colombia! ¡Cuánto más no habría afectado a nuestro país sin los programas de desarrollo alternativo que benefician a nuestros campesinos!

En este punto debo hacer un llamado de alerta: El negocio del narcotráfico no desaparece; se desplaza.

En las década del setenta y el ochenta los mayores productores de coca en el mundo eran Perú y Bolivia, y Colombia no tenía ese problema en gran escala. Sin embargo, en la medida en que se intensificó el control de los cultivos en dichos países, las siembras se trasladaron a nuestro suelo, donde encontraron, además, el amparo de grupos guerrilleros y paramilitares. Ahora, cuando, gracias al Plan Colombia, estamos fumigando o erradicando más de 200 mil hectáreas de coca por año, los cultivos otra vez están creciendo en los países vecinos.

Hoy somos tan eficientes en la interdicción aérea, por ejemplo, que prácticamente ha desaparecido el transporte de droga en aeronaves, como se usaba en años pasados, en nuestro espacio aéreo. Pero, ¿qué significa esto? Que el narcotráfico se ha volcado a los mares y utiliza ahora territorio centroamericano como ruta de transporte.

Aquí es donde deben tener mucho cuidado México y los países centroamericanos y del Caribe, que cada vez más están sujetos a la acción de los narcotraficantes dentro de sus fronteras. Siempre he dicho que el problema de las drogas ilícitas no es un problema de un solo país, sino mundial, y, como tal, debemos darle un tratamiento global, obrando conjuntamente y en cooperación.

A mis amigos mexicanos me atrevería, además, a recomendarles lo siguiente:

Es urgente reforzar los controles de la banca para evitar el lavado de activos. Es imperioso que se denuncien los bienes de los narcos y se realicen procesos de expropiación expeditos que beneficien a las comunidades. Porque el narcotráfico es un negocio y hay que atacarlo donde más les duele a sus dueños: ¡en su propio bolsillo!

Otro aspecto relevante es la necesidad de contar con un cuerpo de policía profesional y unificado que combata este flagelo.

Colombia ha aprendido, a costa de dolor y sangre, grandes lecciones en la lucha contra el narcotráfico y ha acumulado una experiencia única, que vale la pena que ustedes estudien y conozcan, para evitar que el desplazamiento de sus tentáculos de violencia y corrupción los afecte aún más.

Hoy tenemos la capacidad y la voluntad para asesorar y acompañar a las naciones amigas del continente en esta lucha, que siempre debe ser conjunta y coordinada.

Una revolución social.

En el campo social también el Plan Colombia significó una verdadera revolución silenciosa. Tanto que podríamos decir que ha sido el plan de acción social más grande de la historia del país.

Al terminar mi gobierno lo dejamos operando, con recursos asegurados hasta el año 2003. El presidente Uribe reconoció la importancia del componente social del Plan Colombia y ha basado la acción social de su gobierno en muchos de sus componentes, tales como “Familias en Acción”, que entrega subsidios directos para alimentación y educación a las familias más pobres, y “Jóvenes en Acción”, un programa a través del cual se capacita a los jóvenes desempleados de bajos recursos, mejorando su posibilidad de inserción en el mercado laboral.

“Familias en Acción” hoy llega, con subsidios directos, a más de un millón 700 mil familias, con cerca de 4 millones de niños, y se espera que alcance este año la ambiciosa meta de 3 millones de familias beneficiadas.

Pero los logros sociales de una adecuada continuidad de políticas no paran ahí. Hemos avanzado consistentemente en materia de salud y educación, y hoy vemos resultados muy positivos.

Gracias a los incrementos de cobertura alcanzados en la última década, hoy vemos cercano el día en que todos los colombianos de bajos recursos se encuentren afiliados al régimen subsidiado de salud, recibiendo servicios de salud de calidad y medicamentos gratuitos o a muy bajo costo.

En cuanto a educación, también nos acercamos a una cobertura del 100 por ciento en educación básica para todos los niños del país.

¡Jamás debe subestimarse la importancia de la educación en todo proceso de cambio!

Nuestras sociedades deben entender que la única forma de evitar que nos deje el tren de la historia es invertir, con decisión inquebrantable, en educación, al igual que en ciencia y tecnología.

Que cada niño, que cada joven, sin importar su estrato social, tenga un computador y acceso a internet disponible en su escuela, y ojalá en su misma casa.

Tenemos que cambiar de enfoque: No podemos seguir siendo sólo economías centradas en la explotación y comercialización de productos básicos y materias primas.

Mientras seguimos pensando en términos de petróleo, productos agrícolas o, incluso, confecciones, otros países como India y China, o Irlanda, llevan la delantera en la carrera tecnológica.

Es urgente que cerremos esta brecha tecnológica, en dos sentidos: Frente a las otras naciones y regiones del mundo, y entre los mismos habitantes de nuestras naciones.

Confucio decía que “donde hay educación no hay distinciones de clases”. Nuestra obligación hoy, nuestro desafío como pueblos y como gobiernos, es que todos nuestros niños y jóvenes no sólo tengan derecho a la educación sino, también, acceso efectivo a la tecnología.

Con afecto de latinoamericano, quiero llamar la atención de ustedes, empresarios mexicanos, sobre la urgente necesidad de que se concentren en la mejoría de la cobertura y la calidad de la educación, como fundamento para alcanzar un futuro más próspero y más igualitario.

La empresa privada tiene muchas formas de involucrarse en este tema: desde la concesión de becas, y la construcción y patrocinio de escuelas, hasta el aporte de computadores y material tecnológico que impulse a la población a entrar con herramientas adecuadas a la era del conocimiento, que es la que hoy vivimos.

Durante mi gobierno, por ejemplo, ideamos un innovador programa que llamamos “Computadores para Educar”, -que todavía sigue vigente-, a través del cual las empresas donan los computadores que remplazan por modelos más nuevos, para que sean adecuados y actualizados, y se entreguen a escuelas que atienden niños de familias de bajos recursos.

Éste es sólo un ejemplo de cómo, con acciones imaginativas, siempre podemos poner un grano de arena para que nuestros niños y jóvenes puedan competir con éxito en la carrera por el futuro.

Una economía estable.

Esto nos conduce a un último tema, donde también la continuidad ha sido la regla: la economía.

Colombia se ha consolidado como una de las economías más estables del continente. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, entre 1930 y el 2005 Colombia tuvo una tasa promedio de crecimiento de su Producto Interno Bruto del 3.2%, con un único año de crecimiento negativo, que fue 1999. Entre 1980 y 2005 el incremento del PIB promedio fue del 3.1% frente a un promedio latinoamericano del 2.5%.

Y los últimos años han sido aún mejores, con crecimientos del 6.8% en 2006 y del 7.5% en 2007.

Nunca hemos incumplido nuestras obligaciones internacionales y nunca hemos experimentado la hiperinflación que caracterizó a otros países de la región.

En este aspecto sí que ha sido importante el tema de la coherencia de las políticas: saber mantener el rumbo de la seriedad y la responsabilidad económica, gobierno tras gobierno, sin sobresaltos ni cambios repentinos en las reglas del juego.

Durante mi mandato logramos bajar la inflación -que es el impuesto más costoso para los pobres- a niveles de un dígito, pasando del 18%, que encontré, al 7% con que cerró el año 2002. Hoy se mantiene más o menos al mismo nivel.

También disminuyeron las tasas de interés, que superaban el 50% en créditos de consumo y que logramos bajar en más de 30 puntos, con lo cual se reactivó el crédito y se estimuló la inversión. Además, por la seriedad y coherencia de la política cambiaria que se adelantó, pudimos liberar la tasa de cambio, que desde entonces viene siendo fijada por el mercado.

Ahora que los mercados mundiales tambalean con la crisis de Wall Street, es inevitable recordar la crisis financiera rusa de 1998, cuyos efectos me correspondió lidiar recién llegado al Gobierno, aunados a los problemas internos que generaban unas tasas de interés tan altas que hacían los créditos impagables y que ponían en riesgo el sector financiero y cooperativo.

Con medidas de emergencia y un enérgico tratamiento evitamos que el sector financiero en Colombia cayera en una crisis sistémica, gracias a lo cual hoy continúa fuerte y consolidado, presentando importantes utilidades a pesar de los huracanes externos.

Para impedir esta crisis tuvimos que invertir unos 7.6 billones de pesos (alrededor de 3.800 millones de dólares). Sin embargo, el costo fiscal de impedir dicha crisis fue del 4.1% del PIB, sustancialmente menor que el que tuvieron que pagar otras economías en similares circunstancias, que superan casi todas el 10%. Así salvamos los ahorros de millones de colombianos y la vivienda de cerca de 800 mil familias con créditos hipotecarios.

Ahora bien, en cuanto al tema de las relaciones económicas internacionales, yo siempre he dicho: “Colombia, más que ayuda, necesita comercio”. De hecho, este lema, fue parte esencial del Plan Colombia, que propugnaba por un comercio más amplio y más justo. Obramos en consecuencia, abriendo nuestros mercados a la libre competencia y a la integración.

Lo cierto es que, en tiempos de globalización como los actuales, ningún país puede prosperar escondido bajo la cortina del proteccionismo. Tenemos que estimular las ventajas comparativas y buscar complementariedades que hagan posible una exitosa inserción en la economía mundial.

En Colombia estamos convencidos de las ventajas del libre comercio y tenemos vigentes acuerdos de libre comercio con México, Chile, Guatemala, Honduras, El Salvador y los países de la Comunidad Andina. Estamos pendientes de la aprobación del TLC con Estados Unidos en el Congreso de dicho país. Recientemente terminamos negociaciones con Canadá y los países de la Efta (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein). Y ya estamos negociando con la Unión Europea.

Además, -a diferencia de algunos países de la región, hostiles al capital extranjero- en Colombia hemos confiado siempre en las bondades de la inversión extranjera como generadora de progreso y empleo. Eso sí, tenemos claro que no hay inversión sin estabilidad ni reglas de juego definidas.

Es bueno poder decir que en Colombia existe una ley de estabilidad jurídica para los inversionistas, y que tenemos firmados acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones con España, Perú y Suiza, además de las cláusulas en dicho sentido que muchas veces se incluyen en los tratados de libre comercio.

Durante mi gobierno establecimos, además, un atractivo y equitativo sistema de contratación para la exploración petrolera, que hizo despegar este rubro de nuestra economía.

Juan Carlos Echeverry, destacado economista que fue jefe del Departamento Nacional de Planeación durante mi gobierno, explica su optimismo sobre el futuro de la economía colombiana bajo el argumento de que “ha habido por una década, desde 1998 hasta el 2008, un manejo consistente de la economía, y que esperamos que las lecciones aprendidas hayan permeado las mentes de un amplio espectro político en Colombia”.

Según Echeverry, los puntos centrales de esta coherencia económica son:  “manejo serio y conservador de los asuntos económicos; libertad de precios que reflejen las realidades del mercado y no distorsiones antojadizas de burócratas; gasto social focalizado que acerque a los más pobres al mercado y a la prosperidad; independencia del manejo monetario en cabeza del banco central, que defienda el valor real de los ingresos; flexibilidad del comportamiento cambiario; responsabilidad en el ámbito fiscal; autonomía de la regulación de los servicios públicos; privatización parcial (o total) de muchos servicios antes prestados ineficientemente por el Estado; prioridad de la seguridad personal, familiar y nacional; estabilidad en las reglas del juego económico y jurídico; pérdida de apoyo de las opciones no democráticas de grupos extremistas y terroristas; nuevos énfasis en mejoramiento de infraestructura y logística, y atracción de inversión extranjera y orientación exportadora”.

Como se ve, se trata de una amplia receta que ha calado hondo en la mentalidad de los colombianos, tanto que resulta improbable que cualquier futuro gobierno, sea de la tendencia política que sea-, se aparte de estos conceptos que han dominado nuestra economía en los últimos años.

Puede que haya cambios de énfasis, mayor acento en determinados aspectos y menor compromiso con otros, pero, en líneas generales, también la política económica -al igual que la política de paz, la de seguridad y la social- tiende a prolongarse en una sana continuidad que garantiza el logro de las metas propuestas, incluso las de más largo plazo.

Ésta es mi respuesta a la “paradoja de Colombia”, un país que, a pesar de los violentos y del narcotráfico, mira con optimismo su futuro, confiado en el talento de su gente y en la fortaleza de sus instituciones democráticas.

Si, como decía Fuentes, refiriéndose a América Latina, -en la cita que hice al iniciar estas reflexiones-, “nuestra vida política y económica es la historia de múltiples fracturas, una tras otras”, la solución radica en evitar los saltos bruscos que impiden que sanen dichas fracturas y en actuar siempre dentro de los cauces de la democracia, consolidando políticas responsables llamadas a convertirse en Políticas de Estado.

Un sector privado actuante y solidario.

Ahora bien, no quisiera terminar estas palabras ante el empresariado de Tijuana sin llamar su atención sobre la inmensa oportunidad que tiene el sector privado para contribuir a estos fines de estabilidad democrática, económica y social.

Si he hablado de la forma como en Colombia hemos ido construyendo consensos fundamentales sobre los principales desafíos que afrontamos, ellos se deben en buena parte a la labor siempre proactiva y constructiva del sector privado, representado en el Consejo Gremial por los diversos gremios de la industria, del comercio, del agro, de los servicios, que, al tiempo que propenden por los intereses de sus afiliados, velan también por el mantenimiento del buen curso del país.

Porque ningún gremio, ninguna empresa, puede florecer en una barca que se hunde.

Con dicha conciencia, los empresarios de Colombia –y estoy seguro de que así mismo lo hacen los empresarios mexicanos–, son verdaderos apoyos de los gobernantes para superar coyunturas difíciles y destacados voceros de la sociedad civil, que ve en ellos una voz calificada, sensata y cercana, que vela por sus intereses.

Estimados amigos:

Reitero mi gratitud por esta amable invitación y espero que la experiencia de que he dado cuenta, en uno de los países más conflictivos y al tiempo más esperanzadores del continente –Colombia–, haya aportado algunas luces que iluminen el camino que hoy transita México, y en especial el estado de Baja California y la ciudad de Tijuana, que hoy enfrentan tiempos difíciles que pueden convertirse –por qué no– en semillas de oportunidades.

Muchas gracias

Lugar y Fecha

Tijuana, México
6 de marzo del 2009