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  • COLOMBIA: UN CAMINO DE DEMOCRACIA HACIA LA PAZ

    Colombia, como las demás naciones del mundo contemporáneo, tiene una larga y compleja historia, llena de éxitos pero también de fracasos; con muchas cosas aún por hacer pero con sus propios valores, su propia cultura política y sus propias instituciones, forjadas en medio de dificultades y obstáculos como quizás ningún otro país de Latinoamérica.

    Hemos vivido largos períodos de paz en los cuales sembramos las bases de nuestro desarrollo, pero a esos años han sobrevenido otros de confrontación violenta que han amenazado con destruirlas. Sin embargo, y pese a lo duro de las confrontaciones, los colombianos seguimos trabajando por un futuro mejor, con la confianza que nos dan nuestras instituciones y el conocimiento de un pasado que ha sido testigo más de una vez de la grandeza de nuestras gentes.

    En mi país, por fortuna, la práctica de la democracia, las elecciones libres, el respeto a las libertades fundamentales, la promoción de los derechos humanos, incluyendo en éstos los derechos de contenido social y económico, así como los llamados derechos de tercera generación, sigue siendo característica esencial de nuestro sistema político.

    En octubre del año pasado millones de colombianos eligieron libremente y mediante masivas votaciones a sus mandatarios regionales: gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, en una muestra más de que Colombia, pese a las dificultades de orden público, cree  más que nada en el poder del voto y en el ejercicio de la democracia.

    Esto lo traigo a cuento porque a veces se olvida que Colombia ha construido pacientemente una institucionalidad respetable, que ha resistido durante los últimos lustros el embate feroz de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, que no se ha alejado de la democracia, que la legitimidad del gobierno es indiscutible, y que su clase dirigente ha hecho esfuerzos para abrir a todos los sectores de la sociedad el esquema político, en un sistema multipartidista que cada vez incluye más opciones independientes y novedosas.

    Colombia ha sido y sigue siendo un baluarte de democracia, estabilidad política y estabilidad económica en América Latina.

    Como toda democracia, ha tenido y tiene imperfecciones. Pero siempre hemos obrado con la voluntad de superarlas, sin transitar las vías del autoritarismo. El gobierno que me honro en presidir fue elegido en unos comicios electorales cuya transparencia nadie ha puesto en duda, con la mayor votación de la historia, y recibió el poder de su antecesor, integrante del partido contrario, sin traumatismos ni contratiempos. Las ramas del poder público funcionan en forma separada y autónoma y los órganos de control cumplen sus labores en total independencia.

    Violencia y Narcotráfico: dos fenómenos inseparables

    Por estos días Colombia vive ciertamente circunstancias que nos están poniendo a prueba como nación, pero estamos seguros de que saldremos adelante con renovados bríos, como ya lo hemos hecho en el pasado.

    En mi país vivimos un conflicto armado que nos desangra. No es una guerra civil, sino una guerra contra la sociedad civil en la que unos pocos guerrilleros y grupos de justicia privada, que no cuentan con respaldo popular y cuyos miembros no alcanzan ni siquiera a las 40.000 personas (o sea, menos del uno por mil de la población colombiana), continúan levantados en armas, en el marco de un conflicto armado que ya lleva casi 40 años. Pero, lo que es más grave, estos grupos subversivos o de justicia privada se financian en muy buena parte con dineros provenientes de los narcotraficantes, que son otra plaga que ha incidido negativamente en la realidad colombiana.

    Estos dos fenómenos: violencia y narcotráfico, que se alimentan y degradan entre sí, como un círculo vicioso, son hoy los grandes generadores de pobreza, de desempleo y de inseguridad para una gran parte de la población colombiana, que sólo quiere trabajar y progresar en paz y por medios lícitos.

    Mi gobierno ha entendido la necesidad urgente de escapar de este círculo fatal, con medidas audaces y procesos que involucren la voluntad de toda la nación, y desde hace más de dos años ha venido trabajando, de la mano de todos los colombianos y de la comunidad internacional, en solucionar estos graves problemas.

    Con este fin diseñamos una estrategia integral que permita a nuestro país salir adelante y caminar con decisión hacia las promesas y los desafíos del siglo XXI. A esta estrategia la denominamos Plan Colombia. Este es un plan que –a pesar de las críticas que han pretendido verlo, sin conocerlo bien, como un plan militarista- se centra particularmente en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y en la búsqueda de un mayor desarrollo social para la población más vulnerable del país.

    Con nuestros propios recursos y con el respaldo de la comunidad internacional hemos comenzado a implementar la más grande estrategia para fortalecer la democracia, mejorar la participación ciudadana, alcanzar la paz, luchar efectivamente contra el narcotráfico, modernizar y ampliar el acceso a la justicia, promover aún más la protección de los derechos humanos y realizar programas sociales que produzcan efectos positivos en la población más necesitada y más golpeada por la violencia y la miseria.

    La Amenaza del Problema Mundial de las Drogas

    El narcotráfico, sin duda, con los inmensos recursos económicos que genera, ha sido el principal catalizador de la violencia en el país; ha distribuido grandes sumas de dinero en diferentes sectores sociales, alimentando intensos ciclos de corrupción; ha desplazado con cultivos ilícitos la tradicional geografía agrícola de nuestro país, así como impulsado la colonización de nuevos territorios para su expansión. En esas zonas, y por la razón misma de ser una actividad ilícita, el narcotráfico se desenvuelve en medio de una dramática violencia con altos costos sociales, que lo convierten en un generador de conflictos y de pobreza.

    Colombia, sin embargo, pese a que no ha contado con los suficientes recursos para enfrentar tal amenaza, jamás ha claudicado ante ella. Por el contrario, sacrificando buena parte de sus mejores hombres y mujeres, y desviando importantes sumas de dinero que bien pudieran haberse invertido en desarrollo social, el país ha asumido con entereza y valentía la parte que le corresponde frente a un delito que tiene una naturaleza claramente internacional.

    Si seguimos en la lucha, no es porque nadie nos lo exija sino por una profunda convicción ética y porque sentimos que tenemos un compromiso con las nuevas generaciones de todo el mundo.

    Pero éste es un problema de todos. Por eso hemos acudido a la comunidad internacional para que, bajo el concepto de la responsabilidad compartida, nos ayude a erradicar este flagelo de la faz de la tierra. Los países productores, los países consumidores, los que producen los precursores químicos para fabricar la droga, los de tránsito y aquellos donde se lavan los dineros provenientes del delito, todos tenemos que unirnos en un frente común que nos permita disminuir simultáneamente la oferta y la demanda de estos venenos. ¡Es por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos!

    La amenaza de las drogas afecta también la seguridad ambiental del planeta y ha causado gran destrucción en el ecosistema colombiano, que contiene el 10% de la biodiversidad del planeta y que se ve seriamente afectado por la deforestación producida por los cultivos de coca y amapola. Se calcula que en los últimos 10 años se han destruido, por causa de la droga, cerca de un millón de hectáreas de bosques naturales en Colombia. Es una cifra aterradora que nos mueve a todos a la acción.

    Para contrarrestar este fenómeno hemos adelantado importantes programas de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo, teniendo como premisas la protección del medio ambiente y la creación de oportunidades para la población que hoy se dedica a la siembra de productos base para la producción de drogas ilícitas. Hoy vemos, por fortuna, que los programas de sustitución manual y voluntaria de cultivos ilícitos están avanzando con buenas perspectivas en zonas tan complejas como el Putumayo, donde los campesinos y los indígenas están comenzando a acogerse a los programas y las alternativas que les brinda el Gobierno.

    Por supuesto, estos programas –de inmensa trascendencia- son válidos frente a los pequeños cultivadores, pero no resultan suficientes para contrarrestar los cultivos ilícitos a escala industrial. En estos casos sigue siendo necesaria la fumigación, pero la comunidad internacional puede tener la seguridad de que, en dichos eventos, hacemos hasta lo imposible para no comprometer el medio ambiente. Es más: nos hemos negado a usar elementos exógenos como el hongo fusarium oxisporum, para evitar riesgos de deterioro no sólo ambiental, sino también en la salud humana.

    Y es importante hacer una claridad adicional: es mucho mayor el daño ambiental que producen los narcotraficantes para sembrar y producir la droga que el que pudiera derivarse de los procesos de fumigación que realiza el gobierno sobre los cultivos ilícitos extensos, donde se utilizan parámetros técnicos rigurosos para minimizar los efectos nocivos en la población y el medio ambiente. En efecto, mientras en 1998 se emplearon 150.000 litros del herbicida glifosato para fumigar, el narcotráfico empleaba 163.000 toneladas de químicos para la siembra y el procesamiento de droga.

    Se estima que en los últimos 15 años se utilizaron, para la producción de estupefacientes, más de 900 mil toneladas de precursores químicos, cuyos deshechos generalmente van a parar a las miles de riachuelos que circundan nuestro territorio. Así que, como pueden ver, en este caso no se puede decir que el remedio sea peor que la enfermedad. Dejar crecer el negocio de la droga, alegando motivos ecológicos, sería la más funesta y equivocada alternativa para el medio ambiente no sólo colombiano, sino mundial.

    La Paz: un propósito esencial

    Dentro de las estrategias para recuperar nuestra viabilidad como nación está en primer lugar la de adelantar un amplio proceso de paz con las organizaciones guerrilleras, para alcanzar la conciliación por la vía del diálogo y no por el penoso camino de las armas. Yo mismo he visitado en tres oportunidades a los líderes guerrilleros en sus campamentos en las montañas o en la zona de distensión y he asumido el liderazgo de un proceso que avanza con ritmo lento pero seguro.

    Por tratarse de problemas alimentados en medio de una compleja trama de procesos históricos, no hemos prometido milagros sino trabajo serio y responsable, audacia para buscar salidas creativas, tenacidad para enfrentar las adversidades y valor para aplicar los correctivos, por dolorosos que ellos sean. Superar este conflicto mediante la negociación y el diálogo es un reto que mi gobierno ha asumido en cumplimiento del mandato que le otorgaron millones de colombianos.

    En Colombia, la inmensa mayoría queremos la paz y no la confrontación, y en ese propósito estoy comprometido, en una política que no es sólo del Gobierno sino que corresponde a una verdadera política de Estado, que reúne en torno suyo a las diversas fuerzas políticas y sociales de la nación.

    Hoy puedo decir que, a pesar de los recientes tropiezos en el proceso, hemos avanzado en dos años lo que fue impensable durante décadas. Con las FARC, el grupo guerrillero más grande y antiguo del país, hemos iniciado un proceso de negociación, con una agenda y unos procedimientos definidos, en el que han intervenido todos los estamentos de la nación. Las fuerzas vivas de Colombia, mediante un proceso de audiencias públicas, expusieron ante un Comité Temático compuesto por miembros de las instituciones colombianas y de la guerrilla sus fórmulas para avanzar en materia de empleo y reactivación económica, con miras a su próxima discusión en la Mesa de Negociaciones. Más de 1.100 colombianos de todos los sectores, de todas las regiones, presentaron sus propuestas y más de 24.000 se hicieron presentes en las audiencias públicas, que, además, eran transmitidas por televisión.

    Hace un año negociadores de las FARC y del gobierno estuvieron visitando algunos países europeos con el ánimo de conocer la experiencia de diferentes modelos económicos, y de poder discutir algunos temas propios del mundo del nuevo milenio. En particular se habló del imperativo moral de humanizar el conflicto mediante el respeto por parte de la guerrilla de las normas del Derecho Internacional Humanitario.

    Más recientemente, en febrero de este año, en medio de un periodo de congelamiento del proceso por parte de las FARC, fui personalmente a encontrarme con el jefe de este grupo guerrillero y acordamos continuar el proceso, dotándolo de mayores garantías y de mayor acompañamiento internacional.

    Contra nuestra voluntad, nos hemos visto obligados a adelantar los diálogos en medio de la confrontación, pero esperamos hechos de paz de parte de los alzados en armas. Entretanto, seguiremos cumpliendo con el deber constitucional de salvaguardar el orden y la tranquilidad de los ciudadanos, para lo cual estamos fortaleciendo la eficiencia de las Fuerzas Armadas en un marco de respeto a los derechos humanos.

    Con el ELN, la segunda organización guerrillera del país, hemos avanzado también en el camino hacia la iniciación de un proceso de diálogo, que se pueda realizar en una Zona de Encuentro, con veeduría internacional y un término fijo. En esta fase del proceso hemos contado también con la presencia decidida y facilitadora de la comunidad internacional.

    En cuanto a los llamados grupos de Autodefensa, que se han formado ilegalmente como una respuesta de violencia y venganza contra los ataques absurdos de la subversión, quiero dejar muy claro que el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas de la nación los perseguimos con todo el peso de la ley, como se debe perseguir a unos criminales que siembran muerte y dolor por todo el país.

    Una política de Derechos Humanos

    Debemos también entender la difícil realidad de mi país: En situaciones tan complejas como la colombiana, donde problemas estructurales de marginalidad se suman al poder corruptor del narcotráfico, a la degradación del medio ambiente y a la violencia indiscriminada de los grupos guerrilleros y los grupos de autodefensa, que tanto daño causan a la población civil, es factible que aún se presenten algunas violaciones a los derechos humanos por parte de agentes estatales individuales, conductas que estamos persiguiendo y sancionando en la medida en que son denunciadas.

    Pero no podemos desconocer que el 98% de los casos de violaciones a los derechos fundamentales en Colombia son ocasionados por el accionar violento de los grupos guerrilleros y de autodefensa, que persisten en asesinar, secuestrar, reclutar menores y atentar contra la infraestructura energética y social del país. Debo decir que a veces los colombianos nos sentimos solos, cuando no escuchamos las protestas y denuncias de la comunidad internacional o las ONG frente a estos hechos de crueldad e inhumanidad que afectan a la población civil.

    Mi Gobierno tiene, desde sus inicios, una Política para la protección de los Derechos Humanos y la observancia del Derecho Internacional Humanitario que estamos aplicando con decisión, y lo hacemos por una profunda convicción ética, no por imposición.

    Parte de ella es la lucha contra los grupos de autodefensa y de justicia privada; también la protección de los defensores de derechos humanos, los sindicalistas y sus sedes; la prevención del desplazamiento y la asistencia a los desplazados; así como avances legislativos fundamentales, como el Nuevo Código Penal Militar, que limitó el llamado fuero militar; la consagración legal de delitos como la desaparición forzada y la tortura; la exclusión de los menores de edad de las Fuerzas Armadas, y la ratificación de la Convención de Ottawa para la eliminación de las minas antipersonales.

    Ahora bien: Debe ser claro que, mientras los intolerantes sigan persistiendo en sus métodos violentos, las Fuerzas legítimas del Estado seguirán cumpliendo con su obligación ineludible de combatir a quienes agredan a la población civil, llámense de izquierda o de derecha, subversivos o antisubversivos. Y en esto no debe quedar ninguna duda: a los criminales grupos de autodefensa también los estamos combatiendo con decisión.

    Cada día más tenemos mejores resultados operativos en la lucha contra estos grupos delincuenciales, gracias a los cuales hoy más del 10% de sus miembros se encuentran presos en las cárceles colombianas.

    Nuestro propósito es acabar con tanta violencia, venga de donde venga, y proporcionar, al tiempo, oportunidades viables de subsistencia a nuestros campesinos.

    Infortunadamente, hay quienes, en el concierto internacional, pretenden que Colombia luche contra el narcotráfico y controle a los grupos de autodefensas y otras manifestaciones delincuenciales, pero, al mismo tiempo, critican cualquier acción destinada a fortalecer nuestro ejército y nuestra policía. El absurdo de este postulado no puede ser mayor. Si Colombia quiere salir adelante, lo primero que tiene que hacer es fortalecer sus instituciones legítimas, incluyendo por supuesto a la Fuerza Pública, para combatir las actividades ilícitas y llevar mayor bienestar y seguridad a la población.

    Nada haría crecer más a las autodefensas y a la funesta actividad del narcotráfico que unas Fuerzas Armadas débiles, condenadas al fracaso y presas de la corrupción. Por el contrario, unas Fuerzas Armadas modernas, profesionales, bien dotadas, capacitadas y entrenadas, son la mejor garantía –en Colombia y en cualquier país del mundo- del imperio de la ley y de los derechos humanos, y del marchitamiento de las fuerzas marginales que crecen, justamente, donde hay menor presencia del Estado.

    La cooperación internacional

    En los últimos meses ha existido una constante que marca el devenir histórico del proceso de paz en Colombia: el acompañamiento firme de los países amigos y de los organismos internacionales, impulsando, todos a una, nuestras legítimas aspiraciones.

    Europa, Japón, Estados Unidos, Canadá, países de América Latina y los principales organismos internacionales se han hecho presentes, con  verdadera vocación de cooperación, en el Grupo de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, que tuvo el año pasado una reunión preliminar en Londres, una reunión formal en Madrid y otra en Bogotá, y que se reunió en Bruselas en los últimos días de abril del presente año.

    De este Grupo de Apoyo hemos obtenido importantes aportes para programas sociales, de desarrollo alternativo, de derechos humanos, de asistencia humanitaria, de fortalecimiento institucional y de protección al medio ambiente

    La cooperación directa de los Estados Unidos de América, por otra parte, es también prueba de su compromiso responsable con el futuro de Colombia y de su entorno internacional, no sólo por tratarse de una cooperación en la lucha contra el problema mundial de las drogas, sino también por constituir el mayor aporte para inversión social en la historia de nuestras relaciones bilaterales.

    En la aplicación del concepto de responsabilidad compartida en la lucha contra el problema mundial de las drogas, estamos pasando definitivamente de la retórica de las palabras y las buenas intenciones a la acción concreta y efectiva.

    Colombia en el Consejo de Seguridad

    Colombia ha regresado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por sexta ocasión, y estamos ejerciendo esta gran responsabilidad desde el pasado 1º. de enero. Trabajaremos de la mano con los demás países miembros, en la certeza de que la inquebrantable vocación de paz que anima a mi Gobierno en el ámbito interno será la misma voluntad que guiará nuestra participación en ese importante órgano. En él promoveremos de manera constante el diálogo, las soluciones negociadas, las salidas políticas y diplomáticas, como único camino para darle a la paz y la seguridad internacional bases verdaderamente estables y perdurables.

    Continuaremos defendiendo e impulsando los principios del derecho internacional. Ellos constituyen pilares fundamentales de la convivencia pacífica y la solidaridad entre las naciones. Respetaremos, dentro de ese marco, la libre autodeterminación de los pueblos, la igualdad soberana de los Estados, su independencia política y su integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos y la cooperación internacional, como postulados básicos y expresiones genuinas del mundo mejor que queremos para nuestros hijos.

    Las realidades contemporáneas están signadas por grandes desafíos que sólo podremos enfrentar con eficacia si actuamos unidos, con un espíritu renovado de amistad y solidaridad. Queremos un futuro de paz en el Medio Oriente, de estabilidad en la región de los grandes lagos africanos y en otras regiones de ese continente, de tolerancia en los Balcanes y de convivencia en Asia, así como queremos también ver brillar de nuevo en nuestro país la luz de paz y reconciliación que anhelan mis compatriotas.

    Tenemos una firme confianza en el papel que pueden jugar las Naciones Unidas para prevenir las confrontaciones; para controlar y evitar el tráfico de armas pequeñas y ligeras que tantas tragedias causan en nuestros pueblos; para  promover la plena vigencia y observancia del Derecho Internacional Humanitario; para aliviar el sufrimiento de los grupos más vulnerables que resultan víctimas de los conflictos; para impulsar el desarrollo económico y social, la justicia y la democracia, como condiciones esenciales para el afianzamiento de la paz y la estabilidad internacional.

    Colombia: un compromiso con la democracia

    Al comienzo de este artículo afirmé que, por fortuna, la práctica de la democracia sigue siendo una constante en la vida de mi país. Colombia, sin duda, es una nación en pie por la democracia: un pueblo que no sólo ha vivido en democracia desde hace más de 181 años, sino que también está dispuesto a librar todas las batallas para defenderla, para consolidarla y para fortalecerla en nuestro país y en todo el mundo.

    Colombia, enfrentada a los vientos destructores de la violencia insensata y de las drogas ilícitas, se ha mantenido apegada a las soluciones de derecho. Y nuestra fuerza es la fe inconmovible en los principios de la libertad y de la democracia.

    Hemos sufrido mucho. Hemos sentido en carne propia los estragos de la violencia, pero nuestra democracia no se doblega. Está viva. Está lista para fortalecerse y para hacerse cada vez más transparente. Está construyendo nuevos conceptos de integridad pública y privada.

    Que no quepa duda. Si la democracia en Colombia fuera débil, ya habría desaparecido. Nuestra fuerza está en ella, mediante la participación libre y decidida de nuestra gente en las decisiones políticas y en nuestras instituciones republicanas.

    Colombia merece y aspira a la comprensión y el respaldo de la comunidad internacional, para salir de la pesadilla del narcotráfico y la violencia, y dar a nuestra gente oportunidades de vivir al fin una vida digna y sin sobresaltos, una vida que haga justicia a las inmensas potencialidades y riquezas naturales y humanas de nuestro pueblo.

    Todo lo que queremos en Colombia, como decía Gabriel García Márquez, es una segunda oportunidad sobre la tierra. Este es el momento de la verdad y yo sé que, con el apoyo solidario de la comunidad mundial, vamos a lograrlo.

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