• Banner textos

  • CONSEJO DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS ESTADOS UNIDOS OFRECE INTERÉS OPORTUNO Y CONSTANTE A COLOMBIA

    Señoras y señores:

    Es realmente un gran honor para mí volver a dirigirme al Consejo de Relaciones Exteriores, y quisiera extender mis agradecimientos a todos ustedes por la oportunidad que hoy me brindan. Durante casi ochenta años esta organización se ha hecho valorar como el centro de mayor influencia en los estudios y deliberaciones sobre asuntos internacionales, y los  Estados Unidos –y por ende, el mundo libre– se han beneficiado de su existencia.

    En los momentos de mayor transcendencia, ustedes han sido –más allá que un foro de deliberación– una voz que reclama acciones específicas. En los últimos meses, y en respuesta a un mayor interés sobre Colombia, este Consejo ha servido como fuente indispensable tanto para comprender a nuestro país como para definir el trato que Estados Unidos debe adoptar con nosotros en este momento tan transcendental de nuestra historia.

    El co-patrocinio por parte del Consejo, junto con el Diálogo Interamericano, de una Fuerza de Tarea Independiente bajo la presidencia del General en retiro Brent Scowcroft y del Senador Senior para Florida, Bob Graham, es de gran importancia. La Fuerza de Tarea ha prestado su formidable peso político e intelectual al debate sobre la propuesta de apoyo por parte de Estados Unidos al Plan Colombia, que constituye la estrategia de mi gobierno para una renovación nacional.

    Me complació bastante conocer el voto de confianza contenido en el informe interino, especialmente en términos de su convocatoria al Congreso para que apoyara la asistencia de Estados Unidos a Colombia, lo mismo que su llamado para fortalecer un acercamiento al problema del narcotráfico a un nivel más regional y para mejorar las perspectivas económicas de Colombia mediante unos ajustes positivos a sus privilegios comerciales. Espero con gran interés el informe final de la Fuerza de Tarea, ya que sin duda servirá como el estudio más integral de la situación actual en Colombia que se haya hecho en Estados Unidos.

    La visita del Presidente Clinton a Colombia la semana pasada constituye una prueba contundente de los avances que se han alcanzado con pasos agigantados en los últimos dos años. El Presidente vino acompañado no sólo por su Secretario de Estado, su Fiscal General y su Consejero de Seguridad Nacional sino también por una gran delegación de senadores encabezada por el Moderador del Senado, Dennis Hastert, Republicano,  y el Senador Joseph Biden, Demócrata. Tanto la composición de la delegación como la votación del Congreso en meses anteriores atestiguan un compromiso firme y bipartidista en el seno del gobierno de los Estados Unidos.

    No sería exagerado afirmar que nuestras relaciones bilaterales son ahora  más estrechas que nunca. No obstante, y a medida que la ayuda por parte de Estados Unidos ha aumentado, se incrementa también el cubrimiento de los medios de comunicación, y, con ello, han sobrevenido algunas distorsiones.

    En vísperas de su visita, el Presidente Clinton se dirigió al pueblo colombiano a través de una video-grabación. Su objetivo fue aminorar ciertos temores sobre las intenciones de Estados Unidos respecto a Colombia, y todo parece indicar que ese objetivo se logró. Su argumento principal se centró en que el Plan Colombia implica una lucha antinarcóticos y no una guerra. En nuestra rueda de prensa intentamos aclarar este punto ante una audiencia mucho mayor y me gustaría hacer lo mismo hoy frente a ustedes.

    Ante todo, el Plan Colombia es un plan colombiano que goza de respaldo norteamericano, y no al contrario. Consta de un programa de 3 años por un valor de 7.500 millones de dólares, en el cual Colombia, país que hasta ahora ha asumido toda la carga, aportaría 4.500 millones. Asimismo, hemos recibido compromisos  de otros países, especialmente de España, Japón y Noruega; al igual que créditos y préstamos de instituciones financieras internacionales. Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos creen que el resto del mundo, especialmente la Unión Europea,  debe aportar aún más. Ante un problema de orden global como es el narcotráfico, el fortalecimiento de la democracia en Colombia requiere de una solución también de orden global.

    Al mismo tiempo ha surgido un desmesurado énfasis en el componente militar del Plan. Pero el Plan contiene mucho más que unos helicópteros. El 75% del Plan Colombia se refiere a aspectos sociales y políticos, y no militares. Es un Plan de paz, para la paz y para el fortalecimiento del Estado. Se trata de ofrecer desarrollo alternativo al agricultor de subsistencia, de la modernización y reforma de la rama judicial, de la protección del medio ambiente y del amparo a los derechos humanos.

    Debo reiterar, además, que mientras la mayoría de la ayuda norteamericana está dirigida a las Fuerzas Armadas de Colombia, en términos de equipos y entrenamiento, su naturaleza se ha transformado, ya que el sector social recibirá diez veces más que en el año anterior. Se destinarán 240 millones de dólares para apoyar estos esfuerzos y  para ayudas a los desplazados. Por primera vez Estados Unidos ha entendido que el reto compromete la fortaleza de nuestras instituciones y que requiere de  un enfoque mucho más amplio que la simple erradicación del narcotráfico.

    Por ello, sería un error considerar que el Plan Colombia es un plan de guerra. Es cierto que nuestros esfuerzos son contra el narcotráfico, pero al mismo tiempo son esfuerzos pro-Paz. Este punto es vital para el entendimiento de las metas de largo plazo en el Plan Colombia y de la naturaleza de la ayuda norteamericana.

    Otro punto importante tiene que ver con la cooperación regional. En nuestras reuniones con los líderes de los países suramericanos en Brasilia la semana pasada fue evidente la existencia de preocupaciones de nuestros vecinos sobre el posible desborde hacia sus territorios como consecuencia de una escalada de las operaciones antinarcóticos. Tanto Colombia como Estados Unidos tienen el compromiso de obrar en conjunto con los países vecinos, no solamente para abordar los problemas inmediatos que puedan surgir sino también para ir construyendo un enfoque más regional sobre una crisis mundial.

    Este punto se afirmó con mayor fuerza en el comunicado de Brasilia, el cual recomendó el apoyo para nuestro proceso de paz y un enfoque regional para la lucha antinarcóticos. Obviamente, la paz y la estabilidad de Colombia son del interés de todo el hemisferio.

    En términos regionales y bilaterales nuestras posibilidades de éxito dependen de una continuidad de apoyo de Estados Unidos, como líder y como socio. El primer reto, el de diseñar una estrategia y asegurar el apoyo de Estados Unidos, ha sido la tarea de los primeros dos años. Ahora que el Presidente Clinton está llegando al fin de su mandato y en pocos meses habrá otro Presidente y otro Congreso, es importante explicar las intenciones de mi Gobierno ante el segundo reto: su puesta en práctica.

    Dada la fuerte dimensión social del Plan Colombia me comprometo a implementarla con prelación sobre cualquier componente de nuestras operaciones antinarcóticos que tenga dimensiones principalmente militares. Esto se refiere especialmente a nuestras intervenciones en la región del Putumayo donde últimamente se ha presentado un aumento en el cultivo de la coca y amapola. Sigue luego el entrenamiento de nuestros tres batallones antinarcóticos; pero al mismo tiempo mi gobierno tenderá la mano a los campesinos para ofrecerles opciones de desarrollo alternativo.  Esta es una oportunidad para demostrar la sinceridad del Plan y de restaurar la confianza en el gobierno colombiano en una región donde, hasta ahora, ha habido poca presencia del mismo.

    Además, mi Gobierno se compromete a garantizar que los recursos aportados por la Comunidad Internacional se ejecutarán a cabalidad y con transparencia.

    Todo esto me lleva a la cuestión de los derechos humanos. Hemos propuesto al mundo que debe existir una distribución más equitativa de responsabilidades en la lucha antinarcóticos y mi Gobierno ve con buenos ojos la mayor atención que se está recibiendo sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Es de suma importancia recordar que el reto de hacer valer los derechos humanos  nunca fue  impuesto desde afuera sino que fue un compromiso de mi Gobierno desde el día de mi posesión.

    Y vemos lo anterior con buenos ojos porque estamos comprometidos a seguir con las reformas ya iniciadas. Al mismo tiempo pedimos que el resto de mundo comprenda que nuestros problemas son complejos. Tenemos a la guerrilla, la delincuencia y el paramilitarismo, quienes son responsables por mas del 90% de las violaciones de los derechos humanos en Colombia y operan al margen de la ley y con impunidad. Sólo hasta cuando cesen las hostilidades y podamos  controlar esta situación plenamente tendremos un Estado más fuerte y más responsable, como instrumento de protección y estabilidad.

    Ya hemos visto logros importantes en este sentido. Como parte de nuestras iniciativas para la reforma de las Fuerzas Armadas, en este mes debe llegar para mi sanción una ley que autoriza a los comandantes a destituir a cualquier oficial de quien se tenga sospecha que haya cometido una violación de los derechos humanos; y esperamos promulgar a corto plazo una ley similar que aplique a los suboficiales.

    Varios altos oficiales y numerosos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ya han sido suspendidos ante las denuncias por violaciones de los derechos humanos hechas por las autoridades civiles. Sólo en 1999 la Cruz Roja Internacional capacitó a 63.000 miembros de las fuerzas de seguridad en el tema de los derechos humanos.

    Hoy existe una colaboración más estrecha entre las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles en la investigación y el enjuiciamiento de los miembros en servicio ante los tribunales civiles. Por ejemplo, la justicia penal militar ha remitido 526 casos de presuntas violaciones de derechos humanos a las cortes civiles. Y procuraremos ir más allá, hasta poder garantizar una tarea totalmente compartida entre las autoridades militares y civiles y el seguimiento de todas las órdenes de captura pendientes.

    En cuanto a la eliminación de vínculos entre las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares, debo decir que el Ejército Nacional hoy participa activamente en combates directos contra estos grupos. Hasta hace solo tres años este tipo de acciones era inconcebible. Varios paramilitares han perdido la vida en confrontaciones con las fuerzas de seguridad y más de 300 han sido capturados y serán sometidos a juicio.

    Al mismo tiempo, contamos con un nuevo Código Penal, el cual ordena, por primera vez en nuestra historia jurídica, que los casos de desaparición forzada, tortura y genocidio sean escuchados ante las cortes civiles. Promoveremos decididamente cualquier medida que sea necesaria para eliminar la impunidad en el sistema del derecho penal militar y dedicaremos mayores recursos a la Fiscalía General de la Nación. Además, las Fuerzas Militares actualmente están estableciendo un Cuerpo Judicial Penal que será adscrito a las unidades en servicio activo con el fin de poder investigar  a los presuntos infractores.

    Tanto el respaldo de la comunidad internacional como el futuro de nuestras relaciones bilaterales con Estados Unidos dependen de los avances que logremos en el campo de los derechos humanos. Y permítanme anticipar una de sus preguntas: ¿Si creo que el próximo Gobierno o Congreso de Estados Unidos señalará un cambio en nuestras relaciones bilaterales? Mi respuesta es un no rotundo.

    Al igual que el resto del mundo, nosotros los colombianos tenemos un gran interés en el resultado de las elecciones presidenciales y en saber cuál de los partidos controlará el Congreso. Desde nuestro punto de vista, el mundo tiene la suerte de que ambos candidatos creen en las bondades globales de una mayor apertura comercial y en la propagación y apoyo de la democracia en todo el planeta. Ambos han expresado su compromiso de luchar contra la amenaza internacional de las drogas y de prestar su apoyo al gobierno de Colombia y a sus esfuerzos.

    Por lo tanto, desde nuestro punto de vista   -y considerando el fuerte respaldo bipartidista ya demostrado para el Plan Colombia– somos optimistas y creemos que el futuro traerá una colaboración aun más estrecha entre los dos países. Nuestros intereses mutuos exigen que hagamos seguimiento a los avances ya logrados y que sigamos colaborando activamente durante muchos años.

    Como ya dije, el respaldo de Estados Unidos para el Plan Colombia debe ser entendido solamente como la Primera Fase en el panorama general de nuestras relaciones. Por cierto, la lucha antinarcóticos es y será de la mayor relevancia, toda vez que el mayor reto para Colombia lo constituye la solución negociada de nuestro conflicto armado.

    A pesar de eso, no podemos perder de vista la agenda más amplia, especialmente en lo que se refiere a las áreas críticas de la economía, la inversión extranjera y la apertura comercial. Esta es una máxima prioridad de mi gobierno, ya que ninguna solución para los apremiantes problemas del país tendrá éxito sin crecimiento económico –sin mejores oportunidades y mayor prosperidad para todos los colombianos-, sin una modernización y reformas integrales, sin aprovechar la nueva economía globalizada, y sin un aumento significativo del intercambio comercial entre las dos economías.

    La semana pasada, en nuestras reuniones con el Presidente Clinton y la delegación norteamericana, expresé mi claro compromiso con una profundización de nuestras relaciones económicas con Estados Unidos. En este sentido existe una amplia gama de opciones, unas más inmediatas que otras. En primer lugar está la necesidad de obtener igualdad de condiciones a las que incluye la Iniciativa para el Caribe, para nuestra industria de las confecciones, antes del fin de este año. De lo contrario existe el riesgo de perder hasta 200.000 empleos

    Los Senadores Bob Graham y Mike DeWine han promovido la Ley del Comercio Plan Colombia, la cual nos otorgaría igualdad de condiciones durante un año. Esto daría un alivio inmediato a la industria de las confecciones, mientras se está negociando la ampliación de la Ley de Preferencias Andinas, la cual vence en el año 2001. Dicha propuesta tendría dos efectos positivos: la continuidad de empleo a corto plazo,  y conseguir un tiempo mayor necesario para negociar otros aspectos de intercambio comercial.

    Al fin de cuentas el éxito depende de la renovación de la confianza del pueblo colombiano en sí mismo. En los dos años  que me quedan como Presidente me comprometo a construir una herencia que, a pesar de los momentos muy difíciles que vivimos, nos dejará con nuestras fuerzas renovadas y en el sendero de la modernización, sentados con nuestros adversarios en la mesa de negociación, con los narcotraficantes a la defensiva y contemplando la apertura comercial con Estados Unidos como una realidad cercana.

    Finalmente, quisiera agradecerle al Consejo no sólo por esta invitación sino también por su interés tan oportuno y constante en mi país. A medida que vayamos forjando vínculos más estrechos con los Estados Unidos, ya sea como aliados en el propósito de eliminar la amenaza de las drogas ilícitas de ambas sociedades, o con el fin de ampliar nuestras ya importantes relaciones comerciales, o para fomentar la paz y estabilidad de todo el Hemisferio, siempre recurriremos a esta institución por sus sabios consejos y como un foro de debate ilustrado.

    Muchas  gracias.


    Lugar y fecha

    Nueva York, Estados Unidos
    7 de septiembre de 2000

    Relacionados

    Deja un comentario

    Copyright2020 Biblioteca Presidencial Andrés Pastrana | All Rights Reserved