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  • CONSTRUYENDO EL CAMINO HACIA LA PROSPERIDAD: EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

    El conflicto armado, no hay por qué negarlo, tiene altos costos para el país. Según algunas estimaciones, sus costos directos, esto es,  las pérdidas de capital físico, de capital humano y de recursos naturales, rondan, anualmente, alrededor del 1.5% de nuestro Producto Interno Bruto. Si a esto se le suman los costos indirectos, representados en la reducción de la inversión y la productividad, en el aumento de los costos de transacción, en la elevación del gasto público no rentable y en la disminución de oportunidades de trabajo y de consumo, el impacto se hace mucho más evidente. Es un hecho innegable que el mantenimiento del conflicto constituye el peor obstáculo al despegue definitivo de nuestra economía.

    Si bien, a pesar de lo anterior, la economía colombiana ha vuelto a la senda del crecimiento, no cabe duda de que, teniendo en cuenta la acumulación de los costos del largo enfrentamiento que ha padecido el país, hemos sufrido un notable menoscabo de las que hubieran podido ser nuestras posibilidades.

    Como bien lo señala un estudio conducido por el actual director de Planeación Nacional, Juan Carlos Echeverry, nuestro ritmo anual de inversión y de crecimiento, aún cuando se ha visto afectado por los costos directos e indirectos antes mencionados, ha sido sólo parcialmente golpeado por la intensificación del conflicto, pues en los conflictos de larga duración los agentes económicos tienden a adaptarse, dentro de lo posible, a las condiciones reinantes -lo cual no ocurre en los de corta duración-. Sin embargo, en conjunto, sumando la totalidad de los efectos durante un período prolongado y, sobre todo, incluyendo variables tan definitivas como los stocks de capital físico y social, el daño ha sido profundo y, en medio de la aparente estabilidad del crecimiento económico, tremendamente lesivo.

    Bajo tales términos, la obtención de la paz, si bien producirá efectos positivos en el corto plazo, no demostrará sus más impactantes beneficios sino en el largo plazo.

    En ese momento, cuando, entre otras cosas, ya se hayan asumido los altos costos económicos que tendría la reincorporación de la insurgencia a la vida civil –pues no sobra recordar que en El Salvador el Plan de Reconstrucción Nacional costó unos 1.500 millones de dólares y que en Guatemala se demandaron unos 1.900 millones para cumplir con los compromisos derivados de los acuerdos-, no sólo mejorarían drásticamente nuestros niveles de ahorro e inversión, no sólo se elevarían nuestros niveles de productividad, no sólo se contaría con una mejor asignación de recursos estatales, sino que también se dejarían ver los no muy perceptibles pero sí definitivos beneficios del reestablecimiento de la confianza en las instituciones, de la restauración del capital social, de la disminución de los costos de oportunidad y de la repatriación de valioso capital humano. Estos últimos elementos, no me cabe duda, son esenciales para un óptimo funcionamiento de cualquier economía.

    Por lo pronto se requiere paciencia para construir el camino de la negociación. Paso a paso lo estamos logrando: en relación al proceso con las FARC, el hecho de definir una zona de distensión para dialogar, de fijar una agenda para la negociación, de incluir la participación ciudadana a través de audiencias públicas, más los compromisos para fortalecer el proceso que se suscribieron en el reciente Acuerdo de los Pozos, constituyen un paso adelante en el logro de la paz.

    Asimismo, respecto al ELN, se está adelantando el establecimiento de otra zona de encuentro, se ha acordado una activa participación de la comunidad internacional, se han visto gestos de paz como la entrega de soldados retenidos y, en un corto plazo, esperamos comenzar las negociaciones.

    Sin duda, son los primeros pasos, pero no es menos cierto que nadie llegó a correr sin antes dar la primera zancada.

    Bien vale recordar, para poner ejemplos cercanos, que la negociación de la paz  tomó más de 6 años en el caso de Guatemala y unos 3 años en el caso de El Salvador. Dichos procesos, careciendo de algunos componentes adicionales que hacen más complejo nuestro caso, fueron largos y dispendiosos.

    A pesar de que la inversión de tiempo es significativa, es preciso recordar que lo que está en juego es el futuro de varias generaciones de colombianos. Construir una paz sólida, capaz de consolidar la estabilidad necesaria para conseguir un óptimo desempeño económico y de acumular el capital físico, humano y natural para sostenerlo, no es un proceso fácil y rápido, pero es un proceso necesario o, lo que significa lo mismo, ineludible. Así como hemos tenido paciencia para la guerra, debemos tener ahora paciencia para la paz.

    Esa paciencia redundará en frutos concretos que podremos compartir entre todos y que se reflejarán positivamente en nuestra economía y en nuestro progreso material, pero, sobre todo, en nuestro crecimiento y fortalecimiento como nación.

    Sobre el cimiento de la tolerancia y de la convivencia podremos construir el más firme edificio de la justicia social. Esa es nuestra meta: una meta que jamás perdemos de vista y que estará a nuestro alcance si entre todos perseveramos y si entre todos sembramos en Colombia los valores positivos del trabajo y la solidaridad.


    Lugar y fecha

    Bogotá, Colombia
    2001

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