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  • CUMBRE DE LA INFANCIA CONVOCADA POR LAS NACIONES UNIDAS

    Señor Presidente, Mandatarios del Mundo y Estimados Amigos:

    Esta sesión especial de la Asamblea General nos convoca para expresar nuestros compromisos, nuestros deseos y -por qué no- nuestros sueños a favor de la infancia. Estamos suscribiendo un documento que establece prioridades, estrategias y acciones. Colombia participó activamente a través del Grupo de Río en la preparación del documento y lo suscribe con entusiasmo como un compromiso por la infancia ante la comunidad internacional.

    Permítanme muy rápidamente hacer un balance de las acciones que hemos realizado en Colombia a favor de la infancia resultantes de los compromisos adquiridos hace diez años.

    Durante el decenio 1990-2000 se han producido importantes cambios, las reformas normativas y políticas ampliaron el escenario de la participación social, política y ciudadana, la transferencia de competencias y recursos de la nación a los gobiernos locales y los ajustes institucionales que esta transformación conlleva tanto en el nivel nacional como en los locales, caracterizan a la década como el período de más profundas transformaciones institucionales. Simultáneo a los cambios institucionales, se consolidan y reafirman procesos, se visibilizan nuevos retos y problemáticas resultantes unos de las complejas situaciones socio políticas y económicas que está viviendo el país, y otros posiblemente, por inadecuadas formas de intervenirlos. Es una década de inmensas y profundas transiciones, de cambios de enfoque y replanteamientos de paradigmas. Es un periodo de cambios y de logros.

    En salud pública Colombia fue declarada libre de desórdenes de yodo, se erradicó la poliomelitis, y próximamente se recibirá la certificación de erradicación de sarampión. En vacunación se obtuvieron coberturas efectivas con descensos en los años 1997 y 1998, reactivadas en 2000; se ha ampliado la atención institucional prenatal y la atención profesional del parto; se ha controlado la desnutrición severa, se ha incrementado la cobertura de agua potable y alcantarillado.

    En educación se logró bajar a un dígito el analfabetismo, en el año 2000 la tasa de analfabetismo para la población mayor de 15 años pasó de 9.6% a 8,0%; en atención a preescolares pasó de un 20% al principio de la década de 1990 a un 40%; la tasa de asistencia escolar del grupo 7-11 llegó en 2000 a 93.4%, en secundaria pasó de 45% en 1990 a 75.4%.

    En este período se realizaron importantes inversiones en servicios sociales básicos, sin embargo el desarrollo y mejoramiento en las condiciones y calidad de vida es muy desigual entre regiones y grupos de población. Persisten mecanismos de exclusión y deficientes criterios para la distribución de los recursos públicos, estos factores unidos al incremento del conflicto social, han impedido reducir significativamente los niveles de pobreza. En el año 2000, el 22.9% de la población no tenían satisfechas las necesidades básicas – NBI- y el porcentaje de población en miseria fue de 6.5% (2.750.890 personas) presentando reducciones constantes desde 1993.

    La brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre se ha incrementado . Durante la década del 90, el 10% más pobre de la población participó cada vez menos de los ingresos nacionales; en 1991 recibía casi el 1% y en 1999 sólo el 0.58% de este. La evaluación de la iniciativa 20/20 para Colombia, muestra que en 1997 el país destinó el 16% del gasto público total y 6% del flujo de asistencia oficial a la prestación de servicios sociales básicos –SSB -, en términos del PIB cerca de 7%. El gasto en SSB ha mantenido una participación en el gasto social alrededor del 43.14%. Durante la década 1990-2000 creció tanto el gasto público total como el gasto social , como participación del PIB pasó de un 7.5% en 1980 a 15.2% en 1997.

    El problema apunta, entonces, a que el Estado debe diseñar nuevas políticas para que nuestros niños y niñas y adolescentes tengan lo necesario para participar como sujetos plenos de derechos. Debemos generar las acciones internacionales y nacionales necesarias para que las niñas y los niños del mundo no participen directa o indirectamente en los conflictos internos de sus países. Debemos apoyar las iniciativas para aumentar de 15 a 18 años la edad mínima para el reclutamiento de menores en las fuerzas armadas. En tal sentido, Colombia ya firmó, e invita a los demás países a hacerlo, el Protocolo Opcional a la Convención de los Derechos del Niño relativo a la Participación de los Niños en los Conflictos Armados.

    En mi país hemos entendido que los 15 años no pueden ser un límite mínimo adecuado para el reclutamiento militar. No es posible, ni tiene ninguna lógica que a los jóvenes a quienes la ley no les concede el derecho de votar para elegir a sus gobernantes o de ejecutar autónomamente algunos actos civiles, se les permita pertenecer a una fuerza armada y afrontar los riesgos que esto implica.

    Por ello, desde la prórroga de la Ley de Orden Público aprobada a finales del año pasado se determinó que los menores de 18 años no serán incorporados en las filas para la prestación del servicio militar, así cuenten con su propia voluntad y la de sus padres. De hecho, más de mil soldados, todos menores de 18 años, fueron desvinculados de las filas del Ejército Nacional de Colombia el 20 de diciembre de 1999. Hoy podemos decir con orgullo que no existe un solo menor de edad en nuestras Fuerzas Armadas.

    Además, el Gobierno Nacional lanzó el Plan Colombia, una política nacional compuesta por diversos componentes dirigidos a generar las condiciones necesarias para que nuestros jóvenes se preparen para asumir los retos del nuevo milenio. En el Plan están incluidos programas para la capacitación laboral de los jóvenes; subsidios directos a las familias de menores recursos, con énfasis en aquellas donde las mujeres sean cabeza de familia; planes de construcción de infraestructura física que generen empleo y desarrollo, y programas para la erradicación y sustitución de los cultivos ilícitos, atemperados por grandes inversiones sociales en la zona, que permitan el mejor desarrollo humano de las comunidades afectadas. Además, mediante el programa Haz Paz, que lidero en mi país, hemos fijado políticas para reconstruir el tejido social de la familia y de las comunidades, entendiendo que “la paz comienza por casa”.

    Adicionalmente, en enero de este año el Presidente de la República sancionó la ley que aprobó e incorporó a nuestra legislación interna la Convención de Ottawa para la eliminación de las minas antipersonales, la cual ratificó en la reciente Cumbre del Milenio en Nueva York. Estamos comprometidos, junto con muchos otros países del mundo, a erradicar para siempre esta amenaza que le arrebató la vida a 5,250 niños y niñas en los últimos ocho años en Colombia.

    EN LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS VAMOS A HACER DE COLOMBIA UN PAÍS AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

    La visión de mediano plazo que se propone para orientar el compromiso de Colombia con y por la niñez está basada en el reconocimiento del papel central de los niños como finalidad de la sociedad, en su carácter de ciudadanos y en su potencial de constructores y sujetos de su propio desarrollo. Éste es el primer paso para establecer las condiciones para la creación de un país más amable para todos con la plena seguridad que ese país será más amable para los adultos.

    Nuestra visión compromete no solamente el resultado buscado sino la forma de hacerlo. La obligación de los adultos de hoy es construir una Colombia más amable y humana y lo podemos y lo debemos hacer con el concurso de los niños. Al buscar soluciones a la violencia endémica que padece la sociedad colombiana debemos aprender de la forma desprevenida como los niños logran la armonía después de las inevitables confrontaciones que resuelven con el constante intercambio y la negociación que resultan de su interminable capacidad de recrear el mundo cuantas veces sea necesario. Transformemos el mundo por ellos, con ellos y para ellos. Ésta es la forma como se debe entender el mandato plasmado en nuestra Constitución Política, según el cual los derechos del niño prevalecen sobre los derechos de los demás y son fundamentales, es decir, de inmediato cumplimiento.

    La invitación es a construir una política pública como un esfuerzo colectivo, atendiendo el precepto constitucional de que los responsables del cumplimiento de estos derechos son: la familia, la sociedad y el Estado. Ésta es una responsabilidad común que puede ser jurídicamente exigida por cualquier persona.

    Poner el país al alcance de los niños tiene radicales consecuencias en la concepción misma del desarrollo y de la acción social. Tomar en serio la Constitución significa volcar los esfuerzos nacionales en construir riqueza humana y riqueza física por y para todos en lugar de utilizar la riqueza humana para facilitar la acumulación al servicio del poder de grupos restringidos.

    Significa buscar, por encima de la maximización del ingreso, la superación de las restricciones económicas que sufren los más pobres, dar voz a los excluidos del poder y la toma de decisiones y permitir un intercambio social humanamente enriquecedor con y para los grupos secularmente vulnerables.

    Esta visión centrada en la persona humana puede entrar en conflicto de prioridades con una mirada economicista que pone por encima del verdadero desarrollo el crecimiento del ingreso o define la estabilidad de la moneda como finalidad superior a la búsqueda del empleo.

    Superar las restricciones económicas, políticas y sociales como forma de evaluación del desarrollo implica la ampliación de la libertad humana en los niños como base del mundo futuro de los adultos. Ampliación para escoger entre opciones para sí mismo; reconocer, en la diferencia, al otro como igual, y adquirir compromisos para el desarrollo común.

    Para llevar a la práctica la actividad de seguimiento y evaluación se ha procedido a especificar cada uno de los derechos del niño, entendidos como una propiedad del individuo, como bienes socialmente apreciables de manera que se puedan medir, programar y evaluar. La forma estadística será un conjunto de indicadores, agrupados en factores de beneficios para el niño y agregados finalmente en un solo índice que permitirá ordenar los resultados de las instituciones, de los programas y de los municipios por los resultados logrados.

    Se llevará a cabo el montaje del sistema de indicadores de evaluación de impacto y de seguimiento, que periódicamente mida los resultados, los evalúe e informe a la sociedad de la eficacia, equidad, eficiencia y calidad de la ejecución de los programas y políticas. Los indicadores permiten medir el impacto social que tiene el hacer cumplir o no los derechos del niño, permitiendo establecer comparaciones entre una región y otra, y evaluar el esfuerzo de los políticos locales en la búsqueda de una sociedad más justa. De esta manera los indicadores contribuyen a llevar a cabo un control político e institucional que debe resumirse en un conjunto de acciones determinadas.

    Con la creación de un Consejo Nacional para la Infancia se establecería un espacio de concertación política necesario para darle a los temas de infancia la importancia que deberían tener en la búsqueda de un mundo mejor y más desarrollado.

    Este Consejo podría constituirse en el coordinador a nivel nacional de la política pública para la infancia, pero sin otorgarle facultades ejecutoras para administrar la junta directiva del Instituto de Bienestar Familiar.

    Sería ante todo una instancia de negociación que evaluaría la gestión de todas las instituciones públicas y privadas frente a los derechos del niño, y podría desarrollar estudios técnicos sobre el impacto de la política en el logro de garantizar los derechos de los niños, para elaborar recomendaciones técnicas que busquen un mejor desempeño del sistema.

    El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por su parte, estaría abocado a una reestructuración interna que redefina sus funciones dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. No puede seguir siendo entendido como el rector de el sistema. Por definición un sistema está conformado por la interrelación de elementos en donde todas las partes son importantes y no existen jerarquías. Sería entonces el ICBF el organismo que administra los recursos, evalúa la calidad del servicio y el impacto de la política, presta asesoría técnica para la transición hacia otro marco de política pública y promueve una red interinstitucional.

    Muchas gracias


    Lugar y fecha

    Nueva York, Estados Unidos
    21 de septiembre del 2001

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