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  • EXCELENCIA, UNO DE LOS MÁS PODEROSOS INSTRUMENTOS DE LA CALIDAD EDUCATIVA

    ACTO DE RECONOCIMIENTO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS ACREDITADOS Y LA PRESENTACIÓN DE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

    “LA REVOLUCIÓN DE LA CALIDAD”

    Educación y calidad son caras de una misma moneda. Concebir la primera sin la segunda es un contrasentido porque, para que la educación cumpla de verdad su función social, ante todo debe ser de calidad. Si no lo es, se cae en una trampa social que puede ser más perniciosa que la carencia misma de educación. Esto premisa es válida sobre todo en la educación superior. En cuanto a la educación preescolar, básica y secundaria tendríamos que aceptar que la transmisión de un mínimo de conocimientos y de valores en el peor de los casos contribuye a la formación de ciertas competencias básicas en los niños y los jóvenes, y ello es mejor a no tener ninguna.

    Pero en la educación superior la situación es diferente. Con ella se trata de preparar a una elite de colombianos para el ejercicio de ocupaciones y profesiones, en un contexto social, económico y político donde la educación es un factor determinante de la movilidad individual y de su participación en los asuntos públicos y en la vida democrática de la nación. Se trata de formar ciudadanos en el verdadero sentido de la palabra, conscientes de sus derechos pero en especial de sus deberes. Individuos capaces de desenvolverse en su vida personal y laboral, y de aportar socialmente a la construcción de un nuevo país.

    De ahí la importancia de la calidad educativa y de la acreditación de excelencia, uno de sus más poderosos instrumentos. No cabía duda alguna de que era necesario contar con mecanismos de reconocimiento académico de alta calidad; era fundamental darle a los ciudadanos señales claras sobre cuáles son los programas e instituciones capaces de dar educación de excelencia. Hoy estamos cumpliendo con esta deuda social porque el país estaba en mora de comenzar a introducirle mayor transparencia a la educación superior. Y lo estamos haciendo por el bien de todos: de las instituciones, las cuales, en adelante, se esforzarán por alcanzar la calidad, y de los estudiantes, que estarán mejor informados para decidir.

    En el caso de la acreditación de excelencia, la diferencia con la previa y obligatoria que señala la ley es el carácter voluntario de la misma. La institución educativa, fruto de una decisión autónoma de sus autoridades, decide someter sus programas al examen riguroso de pares académicos, quienes, bajo la orientación y coordinación del Consejo Nacional de Acreditacion, evalúan si cumple los requerimientos indicados para ser catalogados como de excelencia. La decisión de las instituciones de educación superior de someter sus programas a este examen es el resultado de un proceso de madurez académica que demuestra un propósito cierto de mejoramiento, como, por fortuna, ha ocurrido en la práctica.

    En desarrollo de este mecanismo de acreditación de programas estamos reunidos hoy para reconocer con la orden Luis López de Mesa a aquellas instituciones que han acreditado de manera voluntaria algunos de sus programas y para presentar ante el país el nuevo instrumento de la acreditación de instituciones, en el marco de la política de mejoramiento de la calidad de la educación superior, que impulsa el Gobierno a través del Ministerio de Educación y del ICFES. Gracias a la acreditación de programas, hoy avanzamos hacia la acreditación de las instituciones, bajo el entendido de que se trata de dos instrumentos entrelazados y complementarios, aunque diferentes.

    La acreditación de programas fija su atención en características propias de cada uno de los programas, apreciados de manera individual. La acreditación de instituciones verifica si la institución como conjunto está en condiciones de ofrecer educación de la mas alta calidad, y por eso trasciende el examen individual -y por ende restringido- de los programas. Es posible, entonces, lograr la acreditación de una serie de programas, pero no la institucional. Sin embargo, es necesario tener programas acreditados en los distintos campos del saber para clasificar al examen de la acreditación institucional.

    Mi Gobierno se ha propuesto estimular cada vez más la excelencia académica. Por eso, al tiempo en que se avanza en la definición de un paquete de incentivos a la acreditación, se incluyeron en la reforma tributaria estímulos fiscales a quienes inviertan o donen a programas e instituciones acreditadas. Esta focalización de beneficios no sólo ha reforzado el mensaje de la importancia de la calidad educativa, sino que desató en las instituciones un interés por la acreditación, el cual se evidencia en el incremento de las solicitudes de evaluación de nuevos programas ante el Consejo Nacional de Acreditación.

    Sea ésta la ocasión para extender mi reconocimiento y el de todos los colombianos a los integrantes del Consejo Nacional de Acreditación y a los profesores constituidos en pares académicos, por la responsabilidad con la que han asumido su deber. Gracias a su seriedad, la acreditación se ha ganado el respeto del sector académico y el instrumento se perfila como uno de la mayor credibilidad. Sin esta condición no podrían el país ni la educación superior pensar en afianzar una cultura de excelencia académica de talla internacional, requisito indispensable para salir a competir en un mundo donde la educación ya es global.

    Si Colombia aspira a no quedarse atrás en una comunidad de naciones cada vez más exigente, debe contar con un capital humano preparado bajo cánones internacionales. Ello es posible si nuestra educación está a la altura de la de los países desarrollados. Si, por el contrario, nos conformamos con una educación mediocre y parroquial, a espaldas de los grandes desafíos que establece la sociedad del conocimiento, no sólo estaremos relegados, sino que la ventaja de los demás sobre nosotros se hará cada día más costosa y exigente. Se trata, en últimas, de estar o no estar en el mundo contemporáneo.

    Bien decía Luis López de Mesa, ese humanista múltiple y educador por excelencia que da nombre a la orden con que hoy distinguimos a las instituciones educativas, al hablar de los Estados, lo siguiente: “El que produzca más científicos y mejores, más tecnólogos y hábiles maestros de obra, ese construirá una economía dominante, comercio exterior imperativo, vida propia apetecible, costumbres, opiniones e ideas, en fin, de curso universal supremo”.

    Convencidos de estas verdades, mi gobierno le ha concedido una importancia sin precedentes al tema de la calidad. No es un capricho de momento como algunos lo creen, sino un deber social con el presente y el futuro de nuestro país. Lo fácil habría sido cruzarse de brazos, pues somos conscientes de que las medidas de calidad pisan callos; pero estamos seguros de que a la vuelta de unos años el país reconocerá el esfuerzo realizado por recorrer el camino correcto: es un camino difícil, por supuesto, pero a todas luces el indicado. Mejor sonrojados un minuto a descoloridos el resto de los días, reza un viejo refrán, que aplica a este caso como anillo al dedo.

    La acreditación de programas y de instituciones son parte de la política de calidad. Estos reconocimientos por sí solos contribuyen al fin propuesto, pero, debido a las características propias de nuestro sistema educativo, son insuficientes. Por eso se decidió acompañarlos de dos instrumentos, de la mayor importancia, y sobre los que deseo detenerme: estándares mínimos de calidad para programas de pregrado y postgrado, y exámenes de calidad para educación superior. Los primeros ayudarán a decantar la oferta educativa; los segundos, a medir la calidad a través de las competencias profesionales y académicas de los universitarios, que son el resultado y fin de la educación.

    Los estándares mínimos de calidad le permitirán al Estado verificar en los programas ofrecidos y por ofrecer el cumplimiento de unos básicos. La aplicación de este instrumento se inició con aquellas disciplinas que tienen una especial responsabilidad e impacto social, como lo son las ingenierías y las ciencias de la salud. Asimismo, se establecieron estándares para las maestrías y doctorados, cuya evaluación será liderada por la Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados, integrada por académicos de la mayor respetabilidad. Quedan pendientes antes de finalizar el año, en pregrado, las Ciencias Jurídicas, y, en postgrado, las Especializaciones.

    Los exámenes de calidad de educación superior, conocidos como “ECES”, cumplirán una función similar al que cumple el examen del ICFES en secundaria. A diferencia de otros países, donde es un requisito de grado o para ejercer la profesión, este instrumento tendrá un propósito inicial: introducirle transparencia al sistema, lo que ocurrirá con la publicación de los resultados. Sin embargo, estos exámenes serán obligatorios y serán exigibles para quienes deseen continuar sus estudios en postgrado. A finales del año, vamos a iniciar dichos exámenes de calidad con Medicina e Ingeniería Mecánica, con la firme intención de extenderlos gradualmente a otras disciplinas.

    La combinación de estas medidas -estándares mínimos de calidad y exámenes de calidad- con la acreditación de excelencia de programas e instituciones, le permitirá al país asegurar no sólo una oferta de mayor calidad sino, -y esto es lo más importante-, colombianos mejor preparados. Estas decisiones, acompañadas de una mejor inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación y del ICFES, como delegatarios de la función suprema que me corresponde, le van a asegurar al país una educación superior de excelencia, como lo indica el plan estratégico: ¡Una verdadera “revolución de la calidad”!

    El ánimo del Gobierno no es el de atropellar o burlar la autonomía. Mucho menos desconocer el esfuerzo de tantas instituciones por servirle al país ofreciendo de tiempo atrás excelentes programas. Es más: de no contar Colombia con instituciones serias y profesores de reconocida trayectoria, no hubiese sido posible aspirar a una política de calidad. Nos la jugamos porque sabemos que contamos con los pares académicos y la experiencia para impulsar instrumentos como el de la acreditación; porque sabemos que la mayoría cumplen los estándares, y que a la mayoría de los estudiantes les irá bien en los exámenes.

    No podíamos “cruzarnos de brazos”. El país exige de todos nosotros educación de calidad. Puedo afirmar sin temor a equivocarme, y sin caer en falsas modestias ni en recriminaciones, que el país estaba en mora de darle a la calidad educativa la importancia que merece. No significa ello que la cobertura no reclame nuestra atención, o que la viabilidad de las universidades públicas no sean prioridad de mi gobierno. Significa que no son incompatibles pero que debíamos comenzar a pagar la deuda acumulada con la calidad. Por una razón adicional: si no lo hacemos ahora, que estamos a tiempo, después podría ser tarde.

    Reitero mi saludo de felicitación a los rectores y directivos de las instituciones que a la fecha han acreditado 75 programas como de excelencia, y que hoy reciben el reconocimiento del país y del Gobierno Nacional, e invito a la totalidad de la comunidad académica a acreditar no sólo sus programas, sino las instituciones. Hoy hago un llamado al país entero para que conozca, entienda y apoye el conjunto de medidas anunciadas y en proceso de ejecución. El follaje de los árboles no debe impedirnos ver el bosque: no podía quedarse el país a la zaga, en momentos en que más necesita de su educación superior.

    Quiero aprovechar esta oportunidad, en la que hablamos de los nuevos retos de la educación colombiana, para referirme a la situación que aqueja a millones de niños y jóvenes por cuenta del cese de actividades del magisterio, el cual afectó su actividad académica por cerca de un mes. Registro con preocupación que, en abierta contradicción con la ley, ahora se pretenda justificar el pago de unos días no laborados por parte de varios docentes, insistiendo para ello en el mecanismo engañoso de la reposición, atentando contra el derecho de los niños al receso. ¡Qué decir de quienes aspiran a que los niños vayan los fines de semana a clase para cobrar horas extras y compensatorios!

    Primero se vulnera el derecho de los niños a la educación; ahora se quiere abusar de ellos para tratar los docentes de hacerse a un pago irregular, olvidando que el tiempo perdido por el cese de actividades es irrecuperable en lo cronológico y en lo pedagógico. Por eso el Gobierno decidió solicitarle a la Procuraduría General de la Nación que inicie las investigaciones de rigor sobre quienes opten por violar la ley.

    Sea ésta la ocasión para indicar que el Gobierno no comparte acuerdos de reposición o compensación para justificar los pagos, no sólo por ser contrarios a la ley, sino porque lesionan abiertamente los derechos de los niños y los jóvenes.

    ¡Es hora de poner orden en la educación pública y lo estamos haciendo!

    Educación y calidad serán, en adelante, gracias a las medidas a que me he referido hoy y al esfuerzo consagrado de todos ustedes, ¡una misma cosa!

    Muchas gracias


    Lugar y fecha

    Bogota, Colombia
    27 de junio del 2001

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