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  • HEMOS GENERADO UNA CULTURA DE CONTROL INSTITUCIONAL QUE CADA DÍA DA MEJORES RESULTADOS

    INSTALACIÓN DEL SEMINARIO INTERNACIONAL “CONTROL FISCAL Y GOBERNABILIDAD”

    “Eterna vigilancia es el precio de la libertad”.

    Comienzo con esta interesante cita del prócer norteamericano Thomas Jefferson porque ella contiene en tan sólo ocho palabras la esencia misma de lo que implica la vigilancia, es decir, el control para las democracias.

    Nuestros sistemas, basados en el respeto a la ley y la garantía de las libertades individuales y civiles, no pueden perder jamás de vista que su propia supervivencia depende, en gran medida, de que sus entidades e instituciones funcionen dentro de un marco vigilado que asegure el mejor cumplimiento de la misión del Estado y su misma pertinencia.

    Si en algo queremos y podemos diferenciarnos de los regímenes totalitarios que abusan del poder a su antojo, que oprimen a los ciudadanos y pasan por encima del concepto del bien común para satisfacer los intereses de sus mal llamados líderes, es en la convicción de que un Estado democrático, para ser fiel a su esencia y satisfacer el interés general, debe estar sometido a normas claras y precisas cuyo cumplimiento sea verificado o su incumplimiento sancionado por organismos de control.

    Por eso este seminario, que reúne a Contralores Generales, Presidentes de Tribunales de Cuentas, Auditores Generales y Presidentes de Cámaras de Cuentas de países de Europa, Asia y América, tiene tan alto significado. El tema que estamos tratando hoy no es un tema cualquiera, sino uno del que depende el buen funcionamiento de los Estados y la realización de su misión en favor de nuestros pueblos.

    Hablar del papel de las entidades superiores de control es hablar de la posibilidad de que una sociedad instaure dentro de su inconsciente colectivo los valores de la confianza, la fe y el optimismo.

    Sin duda, una sociedad adecuadamente vigilada, con reglas claras, investigaciones transparentes y eficaces, y sanciones para los infractores, es una sociedad segura, donde están dadas las condiciones para el progreso y la paz; donde los ciudadanos se sienten protegidos y amparados por las instituciones.

    Hacia esa meta debemos trabajar y lo hemos hecho, desde el Gobierno Nacional, en los últimos cuatro años, con la adecuada colaboración de los organismos de control.

    La Constitución de 1991 introdujo, sin duda, importantes modificaciones que han definido el talante mismo de la actividad estatal en los últimos once años, tales como la creación de la Corte Constitucional, de la Fiscalía General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, del Consejo Superior de la Judicatura y de la Contaduría General. Además, dio facultades reforzadas a los órganos de vigilancia y control -la Procuraduría y la Contraloría-, con el fin de convertirlos en guardianes incólumes de la transparencia en la gestión pública, que es una de las máximas y más legítimas aspiraciones de la ciudadanía.

    Sobre este importante soporte jurídico hemos generado una cultura de control institucional que cada día da mejores frutos, que cada día se profesionaliza más, y de cuyo buen desempeño depende, en gran medida, el éxito de la lucha contra la corrupción y a favor de la eficiencia estatal.

    Apreciados amigos:

    Desde el inicio de mi Gobierno propuse al país una reforma política, la cual, infortunadamente, tropezó en tres oportunidades con el obstáculo de la misma clase política. Sin embargo, dejamos planteada una inquietud fundamental en la sociedad colombiana, la cual, más temprano que tarde, habrá de desembocar en una reforma a fondo de nuestro régimen político y electoral.

    Dentro de esa reforma siempre planteé que se elevara a norma constitucional que los cargos de Procurador General de la Nación y de Contralor General de la República deben ser provistos con personas que tengan una filiación política distinta a la del Presidente de la República. Así aseguramos una mayor transparencia y un control más efectivo, por encima de cualquier posible interés o sospecha de solidaridad partidista.

    Creo que sigue siendo una norma necesaria, la cual se aplicó en la práctica durante mi administración, en la que el Procurador y el Contralor han pertenecido, durante los cuatro años, a un partido diferente al del Presidente de la República.

    Aquí radica parte del éxito de la gobernabilidad: en confiar en el papel que desempeñan las instituciones de control, en respetar su fuero, en cooperar con su trabajo y en estimular su fortalecimiento.

    Mal podría ver un gobernante como un escollo para su trabajo, ni mucho menos como un factor adverso a su gestión, el cabal cumplimiento de su labor por parte de las entidades de control. Todo lo contrario: ellas son las fiscalizadoras de la gestión pública y, al igual que él, las responsables de que ésta llegue con sus beneficios a la población.

    Hoy, cuando queda menos de un mes para finalizar mi periodo presidencial, puedo decir que durante el mismo las entidades de control y el Gobierno trabajamos en forma armónica y que, en buena parte, esta acción coordinada ha sido la causante de los resultados que se han tenido contra la corrupción.

    A veces se piensa que la corrupción se desborda cuando se descubren casos puntuales y se investigan. Pero es todo lo contrario. Un país corrupto, verdaderamente corrupto, es aquel donde no se conocen los hechos de corrupción porque los ciudadanos tienen miedo de denunciar, porque las autoridades no investigan o porque las investigaciones se manejan con criterios igualmente corruptos. Lo que hemos visto durante estos años en Colombia, en cambio, ha sido una gestión coordinada entre la Presidencia de la República y todo el Gobierno Nacional; la Fuerza Pública y los organismos de inteligencia, y las diferentes entidades superiores de control, para atacar la corrupción y sacarla a la luz, no importa dónde se presente.

    No más los casos que se han conocido a través del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción se han convertido en 1.339 denuncias concretas ante la Fiscalía General de la Nación, 587 ante la Procuraduría General de la Nación y 282 ante la Contraloría General de la República, cuyo valor total supera los 430 mil millones de pesos.

    ¡Así se construye gobernabilidad! Confiando en la pertinencia de las instituciones republicanas y en que sólo mediante la adecuada colaboración entre las entidades que apuntamos a un mismo propósito de justicia y bienestar general se consiguen los más altos fines del Estado.

    Estimados amigos:

    No puedo dejar de resaltar en este seminario el trabajo de modernización y de eficiencia en el que se ha empeñado la Contraloría General de la República durante estos últimos años, bajo el liderazgo del doctor Carlos Ossa Escobar.

    Sin duda, la Contraloría del siglo XXI que hoy vemos, y que exhibe orgullosa su recién adquirida certificación ISO 9.000 que acredita su gestión de calidad, es una Contraloría muy distinta a la que estábamos acostumbrados los colombianos.

    No por nada el año pasado tuve oportunidad de entregarle el Premio Nacional de Alta Gerencia como un reconocimiento a la transparencia generada en la vinculación de personal, gracias a su Concurso Abierto para la Provisión de Cargos, realizado en coordinación con la Universidad Nacional. El sólo hecho de avanzar para que la Contraloría, con ese enorme poder fiscalizador y ético, dejara de ser un botín burocrático para convertirse en un centro de profesionales y técnicos especializados, vinculados por sus méritos y no por su recomendación, merece, sin duda, un gran reconocimiento.

    También es destacable la creación e implementación por parte de la Contraloría, con base en lo dispuesto en la Ley 598 de 2000, del Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal -SICE-, el cual tuve la oportunidad de presentar en noviembre del año pasado.

    El SICE está llamado a convertirse, sin ninguna duda, en el más eficiente y moderno sistema para garantizar la transparencia de la contratación pública, haciendo totalmente visibles los presupuestos y planes de compras de las entidades estatales, así como los precios de mercado a que se están ofreciendo los bienes y servicios que demanda el Estado. Gracias a esto, la Contraloría puede hacer un eficiente “control inteligente” que permitirá verificar, en cuestión de minutos, si un contrato realizado por una entidad pública está enmarcado dentro los planes de compras aprobados en su presupuesto y, algo muy importante, si los precios a los que se adquieren los bienes o servicios se encuentran dentro del umbral de precios del mercado, o si están sobreestimados o subestimados.

    Como dije el día de su lanzamiento, con la puesta en marcha de este Sistema de Vigilancia de la Contratación Estatal, se acaba la “fiesta” de los sobreprecios y los “serruchos”, con la que algunas personas inescrupulosas se beneficiaban del erario público, pagando a precios exorbitantes bienes o servicios que tienen mucho menor valor en el mercado y repartiendo los excedentes entre sus cómplices. También se acaba el juego de los “sub-precios”, donde se disfrazaban de gangas para el Estado lo que sólo eran operaciones de lavado de activos.

    Éste es un avance sin precedentes, en el cual Colombia hoy puede mostrarse como pionera a nivel internacional y que involucra los más sofisticados elementos tecnológicos y de software que permitirán su uso eficiente y su consulta, no sólo por la Contraloría o por los organismos del Estado, sino por cualquier persona a través de la Internet.

    Este esfuerzo resaltable de la Contraloría se suma a otros que estamos haciendo desde el Gobierno Nacional para optimizar la contratación por parte del Estado, a través del Programa de Contratación Pública del Departamento Nacional de Planeación; del programa Gobierno en Línea, que forma parte de la “Agenda de Conectividad” liderada por el Ministerio de Comunicaciones, y del Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF-, implementado por el Ministerio de Hacienda.

    En la medida en que juntemos todas estas herramientas de una forma coordinada estaremos garantizando no sólo un proceso de contratación libre de las interferencias de la corrupción, sino también más amplio, moderno y eficaz, a la altura de las exigencias del nuevo siglo.

    Durante mi Gobierno, hemos apoyado a la Contraloría porque creemos en su gestión y porque tenemos fe en su capacidad de transformarse y de transformar el entorno de la actividad estatal. Por esto apoyamos los procesos de reestructuración administrativa a través de la correspondiente expedición de los decretos necesarios para la misma, y respaldamos el crédito solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo para llevar a cabo los cambios que hoy pone a la vista del país y del mundo.

    Estimados amigos participantes e invitados especiales a este Seminario:

    Cada uno de ustedes, en sus respectivos países, enfrenta situaciones distintas pero enmarcadas todas en un mismo reto: hacer que la gestión pública sea pulcra, sea eficiente y produzca resultados concretos para su gente.

    En Colombia, durante estos últimos años, hemos generado un esquema de cooperación y de respeto entre las Entidades Superiores de Control y las entidades controladas, como la mejor forma para garantizar el cumplimiento de la misión estatal, un esquema que podrá analizarse en este Seminario, donde también se apreciarán las experiencias extranjeras.

    La base de su éxito está en que haya verdadera voluntad política para hacer los cambios y en que se entienda que la gobernabilidad pasa también por el debido ejercicio del control sobre el Gobierno.

    Quiero, por eso, terminar estas palabras recordando la frase de Jefferson con la que inicié mi intervención, como el resumen de una convicción como gobernante que hoy he querido compartir con ustedes:

    “Eterna vigilancia es el precio de la libertad”.

    Muchas gracias


    Lugar y fecha

    Cartagena, Colombia
    12 de julio del 2002

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