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  • IMPLEMENTAR CON CELERIDAD Y EFICIENCIA LA CONVENCIÓN DE OTTAWA UNA VEZ ENTRE EN VIGENCIA

    El 1º. de marzo de 1999, a la una de la tarde, redoblaron las campanas en los edificios públicos y en las distintas iglesias a través de toda Canadá y de países tan diversos como Brasil, Francia, Italia, Noruega, Sri Lanka, Suiza y el Reino Unido.

    Y lo que anunciaban las campanas al mundo era una noticia universal de esperanza y humanidad: Que la Convención de Ottawa “sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción” había entrado en vigencia y hacía parte desde esa fecha memorable del Derecho Internacional.

    Dos años antes, cuando en 1997 un joven camboyano en silla de ruedas, víctima como otros tantos de la explosión de las minas terrestres, recibió el Premio Nobel de la Paz en nombre de la Campaña Internacional contra las Minas Antipersonales, el mundo entero sintió una punzada en su corazón. Porque ese joven camboyano es el símbolo de los miles de hombres, mujeres y sobre todo niños, que día a día son mutilados o asesinados por estas armas aterradoras.

    Según la Organización Mundial de la Salud hay más de 100 millones de minas antipersonas distribuidas en unos 70 países, -incluida Colombia-, la mayoría del Tercer Mundo. Pero estudios más recientes de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres hablan de al menos 250 millones de minas almacenadas en 104 países. ¡Una cifra alarmante para el futuro de la humanidad!

    Se calcula que cada 22 minutos explota una mina en algún lugar del planeta. Las víctimas mortales son cada mes unas 800, además de unos 1.200 heridos, casi siempre civiles y muchas veces niños. También se estima que hay en el mundo unos 250.000 minusválidos como consecuencia de la acción indiscriminada de las minas.

    ¿Cómo defender la utilización de unas trampas mortales que, una vez colocadas, pueden permanecer activas por 50 años, generando peligros hasta para quienes vivan a mediados de este nuevo siglo?

    Obviamente no existe justificación ni defensa. Por eso hoy, con orgullo de gobernante, pero sobre todo con la viva emoción de un ser humano que quiere la paz, sanciono con inmensa satisfacción la ley que aprueba la Convención de Ottawa y que la incorpora desde este momento a nuestro derecho interno.

    Jody Williams, la coordinadora de la Campaña Internacional contra las Minas, Premio Nobel de la Paz, dijo que con la firma del Convenio “veremos quiénes están al lado de la humanidad”. Pues bien: hoy Colombia, a través de su Congreso y del Gobierno Nacional, reafirma ante el mundo que está y quiere estar siempre del lado de la humanidad.

    Y qué mejor momento para hacerlo que hoy, cuando contamos con la honrosa presencia del señor Ministro de Asuntos Exteriores del Canadá, Lloyd Axworthy, quien es el indiscutible líder a nivel mundial del Proceso de Ottawa, que culminó en la trascendental Convención cuya ley aprobatoria estamos sancionando.

    Usted, Canciller Axworthy, es el más claro ejemplo de lo que un hombre público puede hacer a favor de la humanidad. Representa la firme voluntad del gobierno canadiense de apoyar las labores humanitarias y también una nueva clase de diplomacia que aboga, no por el poder económico o el expansionismo territorial, sino por la paz y el bienestar de todos los habitantes del planeta.

    Su presencia hoy entre nosotros nos compromete aún más ante la comunidad internacional a hacer realidad cuanto antes en nuestro país el objetivo mismo de la Convención: “Un mundo libre de minas terrestres”.

    A pesar del difícil proceso de negociación, la Convención de Ottawa ha sido una de los tratados más rápidamente ratificados en la historia del Derecho Internacional, gracias a la labor de sus promotores y a la conciencia mundial que existe sobre el problema de las minas. Pero usted lo ha dicho, Canciller Axworthy: “Lograr el tratado fue la parte fácil. El desafío real es implementarlo y universalizarlo”.

    Por eso quiero decirle hoy a usted, a todos los colombianos y a la comunidad internacional, que la decisión de mi gobierno es implementar el tratado con la mayor celeridad y eficiencia posible.

    Una vez la Convención entre en vigencia para Colombia, lo cual ocurrirá 6 meses después del depósito del instrumento de ratificación ante las Naciones Unidas, nuestro país quedará comprometido a destruir o a asegurar la destrucción, a más tardar en un plazo de 4 años, de todas las existencias de minas antipersonales que le pertenezcan o posea o que estén bajo su jurisdicción o control.

    Igualmente, adquirimos el compromiso de destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonales colocadas en las zonas minadas que estén bajo jurisdicción o control del Estado colombiano, en un plazo máximo de 10 años, que sólo podría ampliarse por un término igual.

    Ésta es la meta y ésta es nuestra tarea. ¡No podemos seguir contemplando impávidos cómo las minas antipersonales atemorizan, mutilan y asesinan a los niños y a las gentes inocentes de nuestro pueblo!

    En la vida cotidiana de muchos colombianos las minas antipersonales irrumpen cada vez con más frecuencia, y siempre con aterradores efectos.

    A partir de la ausencia casi total de registros, es apenas natural el escaso conocimiento por parte de la comunidad internacional sobre el problema de las minas antipersonales en Colombia. Es así como los registros contenidos en las bases de datos sobre minas de la ONU poco reflejan el dolor y la tragedia que se asocian a cada una de las víctimas, o las miles de personas, hombres, mujeres y niños colombianos, que yacen destrozadas por las minas en nuestra  nación.

    Baste oponer a la cifra de 1.500 minas antipersonales que la ONU estima sembradas en Colombia, las más de 17.000 halladas y destruidas por el ejército colombiano tan sólo en la zona sur del departamento de Bolívar en 1994, o las 751 minas desenterradas de campos minados hallados en la zona de Urabá en 1997, para entender que el número de minas ocultas bajo tierra a lo largo y ancho del país es mucho mayor del que podemos imaginar en el más pesimista de los escenarios.

    De éstas, algunas son utilizadas por el Estado colombiano para la protección localizada de algunos sitios vitales de infraestructura de la producción y de las comunicaciones militares y civiles, cumpliendo con todos los requisitos de seguridad, y serán destruidas en cumplimiento de la Convención. Pero se calcula que cerca de 50.000 han sido colocadas, sin ninguna clase de prevenciones, por los grupos al margen de la ley.

    Por ello quiero enfatizar en lo siguiente: El Derecho Internacional Humanitario, con el cual nos encontramos identificados, no es obligación únicamente del gobierno nacional, sino que lo es también de todas las fuerzas que hacen parte de un conflicto armado.

    En esta fecha trascendental hago un enérgico llamado a los grupos al margen de la ley para que, así como lo harán las legítimas fuerzas de seguridad del Estado, destruyan todas las minas antipersonas que tengan en su poder o que hayan sembrado en los campos colombianos. Si pretenden luchar por los intereses del pueblo, la mejor muestra de ese interés sería dejar de amenazar, de mutilar y de asesinar a ese mismo pueblo.

    Hace menos de un mes, en la Plaza de Bolívar, encabecé la emotiva ceremonia a través de la cual el Ejército Nacional desvinculó a los últimos menores bachilleres que aún tenía entre sus filas. Hoy, gracias a la vigencia de la Ley 548 que sancioné el pasado 23 de diciembre, ningún menor de 18 años, así manifieste su voluntad y cuente con el consentimiento de sus padres, podrá ser incorporado a filas para la prestación del servicio militar.

    Con esta medida concreta de protección a nuestros niños y con la aprobación de la Convención de Ottawa que hoy sancionamos, estamos dando cabal cumplimiento al compromiso del Estado con el impulso al Derecho Internacional Humanitario, tal como lo planteamos en nuestra Política de Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, que es la carta de navegación del gobierno en estos temas fundamentales.

    La protección de los niños y de los civiles en general, que son los principales afectados por la violencia, es una prioridad indiscutible. ¡Los civiles no pueden seguir siendo objetivos militares y herramientas de la guerra!

    En todos estos propósitos de humanización del conflicto es fundamental el apoyo y la cooperación de la comunidad internacional. En el tema de las minas antipersonas ya existe un Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para la Ayuda en Desminado, al cual contribuyen más de 40 países y organizaciones. Y es que, como lo establece la misma Convención, la cooperación internacional es básica para su cumplimiento, de forma que los Estados que puedan hacerlo contribuyan con los que más lo requieran, asistiéndolos en las tareas de limpieza y destrucción de las minas y en el cuidado y la rehabilitación de las víctimas y su integración social y económica.

    La retirada de las minas es larga y costosa. En tanto su costo de fabricación puede no superar los 3 dólares, el costo de retirar una sola de ellas puede llegar hasta los 1.000 dólares. Por eso, no dudaremos en acudir a este apoyo internacional, con tal de lograr el objetivo final de un país sin minas.

    Colombia hace parte de los 137 países que han suscrito la Convención de Ottawa y hará parte en muy pocos días de los 91 países que la habrán ratificado. Pero mientras más de dos tercios de la comunidad mundial se esfuerzan por eliminar las minas terrestres, calculándose que hasta la fecha se han destruido unos 19 millones de minas, otros siguen produciéndolas, distribuyéndolas y sembrando de muerte la tierra que pisamos y que pisarán nuestros hijos.

    Por eso resulta tan oportuno y estimulante recordar las palabras del Canciller Axworthy: “Nuestro objetivo permanece: la libertad del terror de las minas. (…) Con esfuerzos concertados, sentido común y coordinación, podemos derrotar el desafío de las minas terrestres. En años y no en décadas”.

    El mismo Papa Juan Pablo II ha advertido que “todavía existe un largo camino que recorrer antes de que el mundo quede libre de estos terribles y engañosos aparatos”. Pero como él mismo ha dicho, pasos concretos para su erradicación, como el que hoy estamos dando en Colombia, marcan “un triunfo de la cultura de la vida sobre la cultura de la muerte”.

    ¡Y a qué mayor triunfo podemos aspirar!

    Muchas gracias.


    Lugar y fecha

    Bogotá, Colombia
    14 de enero del 2000

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