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  • INSTALACIÓN DEL SEMINARIO VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN: LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

    Para el Gobierno y el Pueblo colombianos, así como para su Jefe de Estado resulta de extraordinaria significación poder hoy presentar su saludo de bienvenida y, en nombre de ambos, expresar sus sentimientos de hospitalidad al conjunto de distinguidos académicos aquí reunidos con el propósito de examinar y debatir el tema capital de la Corte Penal Internacional.

    Y en no menor medida, manifestar sus sentimientos de gratitud ante el esfuerzo por cada uno de ellos empeñado, generosamente, para encontrar en sus respectivas agendas el tiempo y la energía necesarias con el fin de ofrecernos sus luces y experiencia.

    Puedo afirmar sin temor a equivocarme, y sobre todo, sin falsas pretensiones de particularismo nacionalista, que si bien las aspiraciones universales de justicia cristalizadas en el texto del Estatuto de Roma son compartidas por los pueblos del mundo más allá de las geografías nacionales, las expectativas y desafíos de la situación colombiana en relación con el funcionamiento futuro de la institución creada el 17 de julio de 1998 difieren de las actualmente existentes en la gran mayoría de los países del mundo.

    Las demandas de reconciliación y justicia se presentan en nuestro caso en medio de un conflicto armado interno que siega a diario la vida de numerosos compatriotas. Los esfuerzos por encontrar el verdadero derrotero de nuestro propio destino han buscado articular, con especial perseverancia, la dinámica concreta de nuestra situación histórica con la evolución de la institucionalidad internacional.

    Es decir, acompasar en una relación mutuamente provechosa los refinamientos más avanzados del derecho internacional y los requerimientos arcaicos de los pueblos que se debaten frente a problemas básicos aún no resueltos.

    Somos una sociedad que en medio de las grandes dificultades a las que nos hemos visto enfrentados dentro de nuestro proceso histórico de conformación nacional, ha buscado siempre hacer suyos los postulados y principios del derecho internacional público desarrollados en el suelo europeo.

    El sueño mismo de emancipación nacional en el que comenzáramos a forjarnos como colectividad humana tuvo su origen en la contemplación de la que fuera objeto la Francia postrevolucionaria por los visionarios ojos de Simón Bolívar. El propio ideal de emancipación humana de las tiranías y despotismos encarnado en los Derechos Humanos del Hombre y el Ciudadano, que constituye el pórtico histórico de ingreso a la Modernidad, costó a su traductor para estas latitudes, el prócer neogranadino Antonio Nariño, la condena a las mazmorras de Cartagena.

    Para las nacientes repúblicas latinoamericanas en los albores del siglo XIX el referente jurídico que habría de regir sus intentos de convivencia no fue otro que el Código Napoleónico de 1812, el cual, depurado por ese ciudadano universal que fue don Andrés Bello, hubo de convertirse en el Estatuto más perdurable y socorrido de nuestra historia legislativa.

    Gracias a este mismo jurista resultó posible que el entonces denominado Derecho de Gentes tuviera una especial resonancia a lo largo de la segunda mitad de ese siglo XIX, salpicado de contiendas fratricidas y costosos tanteos en el camino de nuestra organización política.

    De entonces a ahora, las proscripciones y prescripciones de las leyes y costumbres de la guerra encontraron ocasiones propicias para su observancia, que nuestros historiadores y juristas han sabido por fortuna rescatar, y cuyo valor ejemplar en el momento actual continua representando un desafío para los actores armados irregulares.

    Efectuar un recuento pormenorizado de esos momentos estelares y trágicos a la vez, en los que se transparenta de manera ejemplar la tensión histórica entre los avances civilizatorios y las crisis que los originan y a las que aquellos pretenden conjurar, desborda el marco de unas breves palabras.

    Pretenden tan solo destacar la singular convergencia entre los momentos dispares de la evolución internacional, jalonada por el ideal tantas veces postergado de prevenir las más graves atrocidades mediante una institución penal internacional, y nuestra situación interna, marcada por el esfuerzo de encaminarnos por los derroteros de la reconciliación entre los colombianos y la superación de la violencia.

    He sostenido que el conflicto armado interno colombiano constituye un anacronismo cada vez más costoso y cada vez más cínico frente a los crímenes que se cometen en su nombre.

    Hoy, cuando asistimos en el escenario internacional a inesperados procesos de transición hacia la coexistencia pacífica de viejos y sangrientos conflictos hundidos visceralmente en antagonismos religiosos, étnicos e ideológicos, esa condición de desuetud no hace más que incrementarse.

    Hoy, cuando antiguas demandas de justicia frente a graves abusos y desbordamientos del poder encuentran los cauces jurídicos normativos para determinar autorías y responsabilidades, las presuntas razones en nombre de las cuales pareciéramos seguir teniéndole miedo a la paz, resultan más falaces y demenciales que nunca.

    Hoy, cuando tantos dogmas que parecían intocables en la vida de los pueblos sufren prometedoras refutaciones y se encuentran novedosos mecanismos para armonizar las aparentemente opuestas demandas de justicia y reconciliación, la obstinación en proseguir el ejercicio de una violencia sin sentido es, además, un desafuero sometido a la condena internacional.

    Y si bien es cierto, como es menester no olvidarlo, que los actos de inhumanidad no cesan de producirse bajo modalidades perversamente inéditas, no es menos cierto también, que las exigencias inherentes a la sustancia misma del Derecho, la Justicia, la Verdad, y la Reparación, se reclaman hoy con la imperativa radicalidad de valores que progresivamente han obtenido reivindicaciones innegables.

    Se ha dicho con razón que el siglo XX que acabamos dejar a nuestras espaldas y bajo cuyas prolongadas sombras aún continuamos la aventura humana, ha sido el más sangriento de cuantos lo han antecedido. Pero ha sido también la centuria en la cual se ha fraguado la institucionalidad planetaria potencialmente habilitada para construir las condiciones necesarias a la consecución de un mundo más humano.

    No me cabe la menor duda que una de las fuentes de luz que actualmente comienza a disipar las sombras que cubren la humanidad es, justamente, la Corte Penal Internacional, apenas en trance de establecerse contra la barbarie de la cual la historia humana continúa intentando apartarse.

    Desde esa perspectiva, la construcción de la Corte Penal Internacional recoge en una dimensión muy profunda todo el sentido revolucionario inherente al sustrato de lo jurídico, cuya matriz innovadora conviene no olvidar.

    Lo mejor de la cultura jurídica edificada en tantos siglos y merced a tantos sacrificios se encuentra plasmada en la extensión misma de los ciento veinticinco artículos del Estatuto de Roma. Allí se registra lo más preciado del pasado, pero al mismo tiempo, las mejores aspiraciones hacia el porvenir.

    Porque el sentido esencial del Derecho, su lógica fundadora no es otra que el impedir la propagación de la venganza mediante su reconducción racionalizada y democrática en procesos ritualizados para identificar y castigar a los culpables.

    Frente a la verdad del poder, el Derecho opuso, desde sus orígenes, el poder de la verdad. Es decir, una verdad fundada en la razón y su propia coherencia, de modo que el débil contrapuso, por vez primera, la razón de sus demandas contra la sin razón del poderoso.

    Pero al mismo tiempo, esa recuperación de una verdad tuvo como soporte para instituirse en cuanto tal, nada menos que la voz y el testimonio de las víctimas y los testigos, es decir, de aquellos que hasta entonces en la historia, nunca habían tenido la ocasión de hacer oír su voz.

    La Justicia es la articulación de la verdad con la recuperación de la dignidad personal de las víctimas. Articulación que a la vez tiene efectos renovando y haciendo posible un orden de convivencia. De manera entonces que cada intervención del Derecho en sustitución o emplazamiento de una acción violenta reconstruye y funda la convivencia humana amenazada o desgarrada por la irrupción de lo violento.

    Cuando la violencia adquiere proporciones desmesuradas y se ejercita en una escala colectiva facilitada por la indefensión de los débiles, incluso bajo la espuria patente de la guerra, ésta compromete a la humanidad en su conjunto sin distingo de ninguna clase. Cuántos episodios de horror hemos debido padecer y recordar a fin de arribar a la evidencia de esta sencilla verdad. Y cuántos esfuerzos y heroísmos habrán de requerirse para que se ponga eficazmente en práctica.

    Este postulado revolucionario que se materializara en Nuremberg, lo hace suyo el Estatuto de Roma, con particular insistencia. La búsqueda de la verdad más allá de las constricciones temporales, de las fronteras nacionales así como la reparación restaurativa y compensatoria a las víctimas y sus familiares, integran lo más notable de los desarrollos jurisprudenciales tanto internacionales como domésticos.

    En la medida entonces que la Corte Penal Internacional apunta a un horizonte de intervención judicial ejemplarizante y restauradora, recupera lo mejor de esa revolución que hoy se arropa bajo la vestimenta normalizada de la institucionalidad jurídica, pero cuyo sentido revolucionario sólo escapa a los observadores superficiales.

    Uno de los efectos más interesantes y prometedores que entraña es la adopción de sus estándares y de sus postulados por parte de los sistemas jurisdiccionales nacionales. La internacionalización sólo es posible mediante un fortalecimiento inequívoco y sin vacilaciones de las estructuras nacionales de justicia. Sólo de esta incorporación profunda puede esperarse que en el inminente futuro esas promesas de luminosidad puedan resultar verdaderamente efectivas.

    Por este conjunto de circunstancias y razones la ratificación del Estatuto de Roma es un proceso único e irrepetible para el Estado y la Nación colombianos, para su sociedad civil y para todos los hombres, mujeres y niños que de una u otra manera han sido víctimas del conflicto armado y la violencia desencadenada en torno suyo.

    De cara a nuestro inmediato futuro el horizonte axiológico y dogmático estatuido en la Corte Penal Internacional ofrece, ciertamente, la mejor oportunidad para fortalecer hondamente las instituciones de investigación y juzgamiento; la ocasión de fijar con claridad perentoria esos límites insoslayables de cuyo reconocimiento, tanto como del repudio a su violación, depende el orden mismo de una sociedad que aspire a continuar llamándose humana.

    Y en un sentido igualmente profundo, habrá de permitir a los colombianos fijar de una vez por todas los umbrales fundamentales en medio de los cuales deba forzosamente transitar el difícil, en ocasiones doloroso, pero al mismo tiempo inevitable proceso de nuestra reconciliación interna.

    Por ello me asiste el convencimiento que la participación de las tres ramas del Poder Público en la génesis y consumación del proceso de ratificación interna del Estatuto de Roma, que este Gobierno categóricamente fijara como uno de sus objetivos en su política de Protección, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario expedida hace más de dos años, constituye en el fondo, un plebiscito mancomunado en favor de la Paz, en beneficio de la Justicia y en contra de la impunidad y la barbarie.

    No hay lugar a equívocos en este sentido, los espacios de verdad, justicia y reparación que se obtengan y preserven en circunstancias tan difíciles como las que el país atraviesa, contribuirán a la empresa mayor de habilitar derroteros por los cuales puedan fluir los requerimientos de refundación y reconstrucción que con tanta hondura precisamos.

    Sólo respondiendo al desafío que la Corte Penal Internacional implica, de invertir los tentadores subterfugios de la violencia por la creencia reivindicatoria en la justicia, la verdad y la reparación, podremos dejar atrás las perversas dinámicas de retaliación en las que todavía nos hallamos. Sólo así podremos reencontrar nuestro futuro colectivo e individual.

    El gran peligro que corre nuestro propósito histórico por consolidarnos como Estado Democrático de Derecho, no es el quedar rezagados de la globalización tecnológica y comercial. Es ante todo, el quedar a la deriva y a la zaga de los desarrollos de la justicia y del nuevo horizonte que la institucionalidad de la Corte Penal Internacional ofrece y exige.

    Sin duda, estamos comenzando a recorrer el camino para evitar esa desventura, avanzando en el conocimiento de la Corte Penal Internacional, en su asunción crítica por los funcionarios públicos, la comunidad académica, los miembros de las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, y la diversa pluralidad de la sociedad civil en su conjunto, como preludios a su imperativa incorporación al ordenamiento jurídico interno, proceso que está en curso con el total respaldo del Gobierno nacional.


    Fecha

    2001

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