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  • LA CORRUPCIÓN ES EL CANCER DE LA POLÍTICA

    INSTALACIÓN DE LA CUMBRE ANDINA SOBRE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

    “Cuando por la calle veo tantos negocios cerrados o vecinos del barrio me detienen para decirme que no podrán seguir manteniendo su tallercito, que no les rinden las ganancias para cubrir los impuestos, pienso en la corrupción y la impunidad, en el grosero despilfarro y en la opulencia amoral de unos cuantos individuos, y tengo la sensación de que estamos en el hundimiento de un mundo donde, a la vez que cunde la desesperación, aumenta el egoísmo y el ‘sálvese quien pueda’. Mientras los más desafortunados sucumben en la profundidad de las aguas, en algún rincón ajeno a la catástrofe, en medio de una fiesta de disfraces siguen bailando los hombres del poder, ensordecidos en sus bufonadas”.

    Las anteriores palabras de dolorosa actualidad y de indignación moral son de Ernesto Sábato, y bien pueden resumir el sentimiento de millones de mujeres y de hombres del mundo que ven perder la posibilidad de una mejor calidad de vida mientras los corruptos ejecutan su perversa mascarada.

    Por eso quiero comenzar mi exposición de hoy, ante esta importante cumbre auspiciada por la Organización de Estados Americanos y por la Corporación Andina de Fomento, con una afirmación contundente: la corrupción es el cáncer de la política. Así como éste es un desorden de las células que termina degradando lentamente todo el cuerpo, aquella es una desviación de las funciones de algunos funcionarios públicos que, de un modo paulatino e invisible, pero no por ello menos fatídico, conduce al colapso de las instituciones. La corrupción es una de las más letales enfermedades a las que están expuestos los sistemas políticos latinoamericanos.

    Efectivamente, cuando, por acción o por omisión, el patrimonio y las facultades de los organismos públicos, son usadas con fines privados, decae el sentido último de la política, es decir, la protección y el desarrollo del bien común. Entonces, bajo la acción de los corruptos, el Estado se convierte en botín y los altos rangos en trampolines del egoísmo y la ambición. El efecto, aparte de unos grandes retrocesos en la capacidad de inversión del Estado, es una apatía generalizada y una desconfianza crónica en los gobiernos. Toda política, así, aparece por principio manchada por la deshonestidad.

    Consciente de las graves implicaciones de ese fenómeno, mi gobierno ha adoptado una serie de programas cuyo grado de institucionalización no tiene parangón en el resto del subcontinente. Si bien en otros países de la región hemos visto una voluntad común de emprender acciones contra este mal, Colombia, con un carácter pionero, ha adoptado planes y estrategias integrales para afrontarlo y superarlo. Desde el Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción, que, bajo mi orientación y con el apoyo permanente del Vicepresidente de la República, viene funcionando desde finales del año de 1998, hemos impulsado la creación de una administración pública transparente, eficiente y moralmente aceptable. Los grandes problemas exigen grandes iniciativas.

    Gracias al Programa, el cual se ha centrado en la formación de una ética de lo público, en el fortalecimiento del rol vigilante de la sociedad civil, en la mejoraría de la eficiencia de la administración pública y en realizar una coordinación institucional capaz de descubrir y sancionar sin excepciones todos los ilícitos,  estamos mejorando la calidad de la gestión pública, incentivando la participación de la ciudadanía y destapando todas y cada una de las ollas podridas que puedan existir dentro del Estado colombiano.

    Apreciados amigos:

    La corrupción no es una enfermedad endémica ni incorregible de las sociedades: es una opción equivocada que podemos y tenemos la obligación de combatir. Y pienso, al decir esto, en el discurso de Aristóteles en su “Ética para Nicómaco”, cuando nos habla de la elección humana entre el bien y el mal:

    “Tanto la virtud como el vicio están en nuestro poder. En efecto, siempre que está en nuestro poder el hacer, lo está también el no hacer, y siempre que está en nuestro poder el no, lo está el sí, de modo que si está en nuestro poder el obrar cuando es bello, lo estará también cuando es vergonzoso, y si está en nuestro poder el no obrar cuando es bello, lo estará, asimismo, el no obrar cuando es vergonzoso”.

    La única opción política válida es la opción por la gente, la opción por la comunidad. Por eso celebro, en este escenario de hermandad latinoamericana y andina, que el Sumo Pontífice haya designado el pasado 31 de octubre como “Patrono de los Gobernantes y de los Políticos” a Santo Tomás Moro, un estadista y pensador que “puso su actividad pública al servicio de la persona, especialmente si era débil o pobre”.

    Su ejemplo, como destaca el Papa, “habla a los hombres de todos los tiempos de la inalienable dignidad de la conciencia”. Y nos pone de presente que “cuando el hombre y la mujer escuchan la llamada de la verdad, la conciencia orienta con seguridad sus actos hacia el bien”.

    Tomás Moro nos enseñó el sentido de la utopía, y esa utopía debe ser el faro que nos guíe en la tormenta. Él nos enseñó que “los hombres están más íntima y más fuertemente unidos por la voluntad de hacerse recíprocamente el bien que por los pactos, más vinculados por el corazón que por las palabras”.

    Él nos enseñó, en suma, que el ejercicio del poder, en cualquier sentido, debe ser ante todo un “ejercicio de virtudes”. La corrupción, por el contrario, no es ejercicio de poder, sino su deformación en el más alto de los grados. Por eso hoy estamos aquí, apreciados amigos, para compartir nuestras experiencias y nuestros puntos de vista sobre la forma más idónea para erradicar este cáncer de nuestras sociedades: para buscar juntos la utopía posible de las sociedades virtuosas.

    Ahora bien, para entrar de lleno en el tema de la Cumbre, esto es, cuál es el papel de los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción, quiero antes hacer una breve referencia histórica. Si tenemos claro que ésta no es una función nueva de los medios, sino que, desde sus orígenes, ellos la han aplicado, no nos sorprenderán las exigencias que a ellos se les puedan hacer, de modo que, simplemente, nos veremos obligados a pedirles fidelidad a su más genuina y original misión. De cumplirla, casos como los anteriores seguramente no se repetirán.

    Si nos remontamos un poco en el tiempo, hacia el siglo XVIII europeo, podremos darnos cuenta de cómo el periodismo, en sus inicios, fue primordialmente un instrumento de control ético de la política. En efecto, una de las primeras manifestaciones de la decadencia de las monarquías absolutistas fue la aparición de desgastados panfletos que circulaban de mano en mano comentando las decisiones de los reyes. Con ello, y a pesar de los intentos de censura, la imprenta pasó de ser un instrumento de divulgación de las empresas de los poderosos a ser un mecanismo de control de los mismos.

    Esto demostraba, por una parte, que ya cualquier decisión de los monarcas no era aceptable y que, a diferencia de la época en la cual los mandatos gubernamentales eran órdenes casi divinas, ahora merecían ser cuestionadas y evaluadas. Por otra parte, esto revelaba que la política ya no podía basarse en el secreto. Si antes, bajo el amparo de la doctrina de la razón de Estado, la toma de decisiones era invisible y oscura, con el periodismo se hacía visible y transparente, de modo tal que la opinión pública pudiera tomar partido sobre las acciones de los gobernantes.

    La finalidad era muy sencilla: impedir la arbitrariedad y la corrupción en el uso del poder. Si el público está informado, si conocía cada detalle de los procesos que llevaban a decisiones fundamentales, de los proyectos futuros de los gobiernos, de los ires y venires de las distintas facciones y fuerzas sociales, no cabría ninguna oportunidad para que los mandatarios abusaran de su posición e infringieran los deseos de las mayorías. La tipografía, por eso, era considerada la guardiana de la libertad y de la ética. El filósofo Kant, al respecto,  declaró que el criterio para que una acción de un gobierno fuera considerada justa era que fuera susceptible de ser divulgada.

    No casualmente, el surgimiento de la democracia en la modernidad coincide con la aparición de una opinión pública vigilante y con la aparición del periodismo. El hecho de que ahora toda la población reclamara igualdad en el terreno de la participación política era inseparable de su deseo de mantenerse informada y del auge de los periódicos como medios para ese objetivo. En ese sentido, los pequeños folletos que luego se convertirían en diarios tan importantes como el Times -para poner un ejemplo- eran literalmente medios de comunicación, medios de intercambio de información entre un público atento y un poder político contenido dentro de lo legítimo y lo moral.

    Si bien ya no contamos sólo con los periódicos sino con medios como la radio, la televisión y la Internet, el fundamento de su acción, a mi juicio, debe seguir siendo el mismo: asegurar la moralidad del poder. De ese modo, cuando los medios se atienen a ese fin, y no a la especulación con el rating o al uso de la denuncia como mecanismo de debilitamiento de ciertas facciones políticas o de ciertos partidos, colaboran para lograr una mayor inversión social y un fortalecimiento del poder más importante de una sociedad democrática: el poder de los ciudadanos.

    No sobra recordar que tanto la inversión en proyectos útiles a la población más vulnerable como la participación de la ciudadanía en las decisiones colectivas, se ven melladas por la corrupción. Cuantos más millones se apropien los terroristas de escritorio, más se reducirán las escuelas y los hospitales y más se incrementará la apatía de la población hacia sus instituciones políticas. Altos costos en términos presupuestales y en términos de legitimidad y sentido de pertenencia, son los efectos nefastos que dejan las ovejas negras del sector público.

    Por ende, dado el rol que deben cumplir los medios, dentro del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, los hemos incluido como actores en dos tareas esenciales que inhiben y, a la vez, castigan esos efectos: en una labor pedagógica y preventiva y en otra dedicada a la sanción social. Si bien la filosofía del Programa privilegia el fomento de la autoregulación y de los impedimentos culturales a la corrupción, igualmente atiende a los controles administrativos y judiciales sobre sus agentes. En ambos campos los medios de comunicación son decisivos.

    En relación a la labor pedagógica, cuyo sentido primordial consiste en reemplazar los castigos draconianos por la apropiación de un conjunto de valores como la buena fe, la confianza y el respeto por el bienestar común, los medios son contemplados como agentes de concientización de los funcionarios públicos. En cuanto divulguen el Código de Conducta Ética del Servicio Público y las Guías de Fortalecimiento de Valores, que hoy están siendo aplicados en las entidades públicas del orden nacional, ellos propiciarán procesos de reflexión y discusión que, al alertar sobre las terribles implicaciones de la corrupción y al enaltecer la conducta moralmente aceptable, prevendrán los comportamientos asociados con la corrupción.

    En la misma línea, los medios deben concientizar también a la sociedad civil. Como expliqué en mi breve referencia histórica, la divulgación de los procesos internos de los poderes cobraba sentido en tanto existía paralelamente una opinión pública interesada en el devenir de sus instituciones políticas y atenta al menor error de sus administradores. Si ella no demuestra esa disposición, si abandona el desempeño del Estado al arbitrio de sus funcionarios, no podrá esperarse una disminución sustancial de la corrupción. En consecuencia, sensibilizar a la sociedad civil es sinónimo de robustecer las barreras contra aquella.

    Esta estrategia debe desenvolverse en varias áreas: haciendo de conocimiento masivo los efectos perversos de la corrupción; divulgando los tipos de trámites, procedimientos y transacciones con el Estado, de modo que el desconocimiento de los mismos no sea un terreno abonado para la intervención de los corruptos; exponiendo las metas de gestión de las entidades públicas, de manera que su cumplimiento pueda ser juzgado por la población; poniendo a disposición la información sobre presupuestos y contratos para evitar la malversación de fondos y las licitaciones amañadas y, por último, publicitando los mecanismos de participación ciudadana, como las veedurías o la acción de tutela, que, para frenar la corrupción, contempla la ley. Esa misión informativa, sin duda alguna, estimulará la práctica de la vigilancia y el control del Estado que le corresponde a la sociedad civil.

    De hecho, vendrá a reforzar una creciente y sana tendencia a la fiscalización de la administración pública que, en distintas iniciativas, ha venido adelantándose. Entre ellas podría mencionar los Pactos de Transparencia liderados por las Cámaras de Comercio, en los cuales los candidatos a cargos de elección popular se comprometen ante la comunidad a un manejo adecuado y eficiente de los recursos; el programa de Candidatos Visibles de la Universidad de los Andes, o los Pactos de Integridad, referidos a hacer transparentes los procesos de contratación, que han sido trabajados con la interventoría del Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción. La sociedad civil, de ese modo, está demostrando un interés cada vez más amplio en la depuración del Estado.

    ¡Todos debemos crear un solo frente contra la más invisible, lenta y destructora enfermedad de la política!

    En relación a las sanciones sociales, las cuales son contempladas como un segundo nivel que complementa en caso extremo las regulaciones “blandas” del nivel preventivo,  los medios tienen la función de denunciar y condenar, con fines ejemplarizantes, a quienes, luego de todas las advertencias y campañas, luego de conocer todos los efectos de sus actos, insisten con frialdad y mala conciencia, en convertirse en agentes de la corrupción.

    Como los medios, en nuestras sociedades, han reemplazado a las plazas y foros como escenarios de lo público, es en ellos donde, luego de las debidas investigaciones, de una objetiva evaluación y de un alto escrúpulo por la veracidad de las fuentes, deben ser expuestos, ante la recriminación y el desprecio de sus conciudadanos, quienes incurran en tales actuaciones. Cuanto más alto sea el costo social y el repudio de las mayorías a la corrupción, menos se expondrán aquellos a quienes su propia voluntad no los persuada de tomar el camino recto, a  incurrir en actos que atenten contra el bien público.

    ¡Los medios, en suma, deben ser la voz de la buena conciencia y los ojos de la moral!

    La responsabilidad, para ellos, es inmensa. Frente a algunas tendencias que se presentan en el periodismo a convertirse en un instrumento de propaganda y no en uno de veeduría, a distorsionar la información para favorecer o desfavorecer a ciertos grupos, a usar  el escándalo como un medio para captar audiencia y, así, aumentar sus ganancias sin preocuparse por la sustentación de las informaciones, hacen falta fuerzas contrarias que lo conduzcan hacia su verdadera función.

    En ese sentido, ha sostenido Gabo, quien nunca ha abandonado su vena periodística, una afirmación sumamente valiosa:  “Creo que el periodismo merece no sólo una nueva gramática, sino también una nueva pedagogía y una nueva ética del oficio”. Es cierto: al continuo cambio en las formas y habilidades de expresión y a la innovación paralela en los métodos para enseñarlas, debe agregársele una orientación renovada  hacia la verdad y hacia el bien público. En caso de seguirla, los medios serán factores de progreso y no propulsores de la debacle.

    Si ellos se suman a los esfuerzos que en el país adelanta tanto la sociedad civil como el conjunto del Estado, liderado desde el Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción, veremos, a mediano plazo, una mayor confianza en las instituciones, una mayor capacidad de las mismas para atender eficazmente las demandas sociales y una recuperación de la ética pública. La unión, como se ha repetido innumerables veces, hace la fuerza.

    La cruzada hoy es por que recuperemos el sentido virtuoso del poder que nos señaló Santo Tomás Moro.

    Entonces, cuando no sólo en Colombia, sino en toda América Latina, todos los sectores le inyecten transparencia a sus instituciones políticas, se encontrará la cura contra el cáncer: contra el cáncer de la corrupción.

    Muchas gracias


    Lugar y fecha

    Cartagena, Colombia
    20 de noviembre del 2000

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