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  • LA DIPLOMACIA POR LA PAZ, POLÍTICA EXTERIOR COLOMBIANA QUE BUSCA LA PAZ NACIONAL E INTERNACIONAL

    CONFERENCIA ANTE EL CONSEJO ARGENTINO PARA LAS RELACIONES EXTERIORES – CARI-

    Agradezco la oportunidad que me brinda el señor Presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Don Carlos Manuel Muñiz, para dictar una conferencia sobre la política exterior colombiana ante tan autorizado auditorio, compuesto por los miembros de una entidad que desde su creación, en 1978, ha cumplido a cabalidad su propósito fundamental de estimular, desde un enfoque nacional, un análisis de alto nivel y densidad política sobre los problemas internacionales.

    Mi intención es tratar ante ustedes algunos temas que considero fundamentales para comprender la complejidad de la situación interna que vive Colombia. Ello nos ayudará a entender mejor las estrategias que el pueblo y el gobierno colombianos vienen implementando para solucionar el conflicto armado por la vía de la negociación, así como para asegurar el respaldo político, la cooperación financiera y la asistencia técnica que requiere la construcción de la paz por parte de la comunidad internacional.

    Colombia en el contexto regional

    Colombia es el segundo país en población de Suramérica y el cuarto en territorio. Cuenta con un pueblo culto y emprendedor, que ha dado a Latinoamérica y al mundo un Premio Nobel de Literatura y pintores de talla universal, y que ha logrado con esfuerzo construir una de las más sólidas y prósperas economías de la región. Es el único país de Suramérica con costas sobre ambos océanos y su territorio abarca distintas regiones del subcontinente, como son la andina, la amazónica, la pacífica y la caribe. Colombia cuenta también con una de las democracias más tradicionales de la región y con sólidas instituciones públicas y privadas que nos han permitido preservar nuestros valores democráticos aún en medio de las más grandes dificultades.

    Cito estos hechos que ustedes bien conocen, como expertos que son en el área de las relaciones internacionales, porque en estos momentos, cuando en algunos sectores se percibe a Colombia como “país problema”, conviene recordar la importancia de esta nación en el contexto continental. Somos, con Venezuela, el eje fundamental de la Comunidad Andina de Naciones; hemos logrado construir una dinámica clase media y un sector empresarial emprendedor; contamos con prestigiosas universidades y centros académicos; representamos un importante mercado para los países vecinos, y proyectamos con excelencia los valores de la cultura y el idioma que compartimos con todos los pueblos hermanos de hispanoamérica.

    Si colocamos todos estos atributos de mi país y de mi pueblo en una balanza y en contraposición con el conflicto armado y el narcotráfico, verán ustedes que son muchas más las proyecciones positivas de Colombia a la región que las dificultades coyunturales que la actual situación colombiana pueda representar para nuestros países vecinos. Como Presidente de Colombia considero apenas justo con mi país y con mi pueblo que se reconozca esta realidad en la forma más objetiva y ponderada posible y con la responsabilidad histórica que ello merece.

    El Proceso de Paz y el Plan Colombia

    Desde cuando asumí la Presidencia de la República me propuse trabajar por la solución política y social del complejo conflicto interno que vive mi país. Emprendimos un proceso de negociación con las FARC, el más antiguo y numeroso grupo guerrillero de América Latina,  y avanzamos en conversaciones con el ELN. Pero la complejidad del conflicto colombiano, donde intervienen distintos actores que exacerban el conflicto a través de fondos oscuros procedentes del narcotráfico, hace insuficiente la sola respuesta política.

    Tenemos que romper el círculo vicioso entre violencia y narcotráfico, que ha generado pobreza, desempleo e inseguridad para nuestro pueblo, a fin de consolidar la paz que se logre en la mesa de negociaciones. Estamos realizando grandes inversiones en el campo social, en el sector agropecuario y en la infraestructura regional para que nuestros campesinos puedan contar con alternativas diferentes al conflicto armado y los cultivos ilícitos.

    Con este fin,  mi gobierno diseñó una estrategia integral que hemos denominado el Plan Colombia. En él se contemplan cuatro componentes principales: recuperación económica y social, lucha contra el narcotráfico, proceso de negociación política del conflicto, y fortalecimiento institucional y desarrollo social. Cada uno de ellos complementa a los demás y sólo el avance simultáneo en los cuatro componentes permitirá a los colombianos consolidar la paz, la reconciliación y la prosperidad que merece nuestro pueblo.

    Conviene ahora aprovechar la excepcional oportunidad que me brinda el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, a fin de aclarar a Latinoamérica y al mundo qué es y qué no es el Plan Colombia.

    En primer lugar, el Plan Colombia no se trata de una estrategia militarista, dirigida contra las guerrillas, que escalará el conflicto en Colombia. Es preciso aclarar que menos de la cuarta parte de los recursos del Plan Colombia se dedicarán al fortalecimiento técnico e institucional del Ejército y la Policía, pero solo en cuanto se refiere a la lucha contra el narcotráfico. Esta estrategia contra las drogas ilícitas resulta fundamental para cerrarle a todos los actores armados su principal fuente de financiación. El Plan Colombia es un plan para la paz y no para la guerra.

    En segundo lugar, no se trata de un Plan diseñado por los Estados Unidos con base en su percepción de mi país y la visión que esa nación tiene de la lucha contra la producción de drogas ilícitas. Desde el comienzo de mi gobierno lo anuncié como un estilo de “Plan Marshall” para Colombia y constituí un equipo de alto nivel para enunciarlo y presentarlo a la comunidad nacional e internacional. Es una estrategia integral diseñada por colombianos y para los colombianos con base en la percepción que tenemos del país y en los más altos intereses de nuestra patria, convicción que nos anima a erradicar las drogas ilícitas de nuestro suelo.

    La lucha frontal contra el narcotráfico se inscribe en el Plan Colombia, no como una presión externa que se hubiese ejercido sobre mi gobierno, sino como nuestra más íntima creencia de que esta lucha nos permitirá recuperar nuestra viabilidad como nación y avanzar en un proceso de negociación con los alzados en armas que garantice una paz firme y duradera. Contamos, eso sí, con el apoyo de los Estados Unidos, que ya aprobó un importante paquete de ayuda al Plan Colombia, y trabajamos para consolidar la comprensión y el apoyo de la comunidad internacional en general, particularmente de los países desarrollados y de los latinoamericanos, quienes ya en distintos escenarios nos han expresado su total apoyo político al proceso de paz y un creciente interés en las estrategias de desarrollo social y fortalecimiento institucional.

    Vale la pena también aclarar que la campaña de estigmatización del Plan Colombia ha buscado presentarlo como un plan militarista de los Estados Unidos. Nada más alejado de la realidad. La ayuda de los Estados Unidos, que sólo representa un 17% de los fondos totales que implica el Plan y un 37% de la cooperación internacional al mismo, no es sólo militar.  Se contemplan en ella aproximadamente 260 millones de dólares para desarrollo alternativo, ayuda humanitaria, proyectos de derechos humanos y apoyo a la justicia. El Plan no se reduce a la ayuda norteamericana. Avanzamos ya con el Grupo de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, constituido en Madrid y del cual hace parte Argentina, en la concreción de la asistencia financiera y técnica que requiere la estrategia de fortalecimiento institucional y desarrollo social del Plan Colombia.

    En tercer lugar, la aplicación de la estrategia anti-narcóticos del Plan Colombia busca prevenir un desplazamiento masivo de la población colombiana hacia los países fronterizos. En el componente de desarrollo social del mismo plan se contemplan ambiciosos proyectos para atender a la población que pudiere resultar desplazada internamente, incluidos los proyectos de desarrollo alternativo, materia en la cual hemos suscrito durante esta visita un Memorandum de Entendimiento con la República Argentina a fin de consolidar la cooperación binacional en esta área.

    En cuarto lugar, la aplicación de la estrategia anti-narcóticos del Plan Colombia no necesariamente ocasionaría el desplazamiento de los cultivos ilícitos y de narcotraficantes a los países fronterizos. Ello depende del grado de coordinación policial y militar, así como del intercambio de información de inteligencia que logremos consolidar con los países vecinos. Para ello Colombia busca activamente profundizar los acuerdos existentes con esos países que nos permitan enfrentar con éxito al enemigo común: el narcotráfico.

    Lo que no podemos aceptar es que se pretenda combatir un fenómeno mundial concentrando todo la responsabilidad y obligaciones en una nación. La naturaleza misma del flagelo de las drogas ilícitas hace que tengamos que ejercer el principio de responsabilidad compartida y que nos veamos obligados a luchar en forma mancomunada contra las distintas etapas de la cadena del narcotráfico.

    Finalmente, el Plan Colombia no es un proyecto unilateral del gobierno que no haya sido consultado con el pueblo colombiano. Está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002 “Cambio para Construir la Paz”, el cual fue aprobado por el Congreso Nacional, luego de innumerables reuniones con las distintas regiones y fuerzas vivas del país. También fue objeto de varios debates en el Congreso colombiano. Más aún, la estrategia de fortalecimiento institucional y desarrollo social del plan es hoy objeto de continuas reuniones entre el Gobierno Nacional y las organizaciones no gubernamentales que operan en el país a fin de lograr su fundamental aporte a los proyectos contemplados.

    Diplomacia por la paz

    La diplomacia por la paz que ha identificado a la política exterior colombiana de los últimos dos años parte del mismo propósito fundamental que sirvió para la creación del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales: estimular el análisis de los problemas internacionales desde un enfoque nacional. Con la diplomacia por la paz hemos logrado recuperar el consenso nacional alrededor de la política exterior, ampliar los espacios de interacción con la sociedad civil y restablecer la autonomía de nuestra presencia internacional.

    La diplomacia por la paz responde a una concepción integral de política exterior, en la cual se articulan las necesidades más apremiantes de Colombia con las realidades del entorno internacional. En esta estrategia se armonizan todos los componentes de la política internacional dentro del propósito de contribuir a la paz, entendida no como la ausencia de conflicto sino como un escenario de democracia, desarrollo y justicia social.

    Por eso la diplomacia por la paz se sustenta en las acciones necesarias para lograr el apoyo de la comunidad internacional al proceso de negociación, incluido el respaldo político, la cooperación financiera y la asistencia técnica. Por eso, también, la gestión diplomática en áreas prioritarias como los derechos humanos, las drogas ilícitas y el medio ambiente resulta prioritaria para alcanzar los objetivos de la política exterior, que a la vez son propósitos centrales de la política doméstica.

    Finalmente,  es importante anotar que la diplomacia por la paz no sólo busca la paz de Colombia,  sino la paz y la seguridad internacionales. Queremos, como todos los países hermanos del hemisferio, que Latinoamérica y el Caribe sean una región de paz y de desarrollo. Buscamos por eso que esta zona del hemisferio, primera región densamente poblada del mundo libre de armas nucleares, sea también una región libre del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, libre de minas antipersonales, libre de conflictos y libre de los trágicos efectos del problema mundial de las drogas ilícitas.

    Colombia en el Consejo de Seguridad

    Esta es una oportunidad propicia como pocas para compartir con ustedes la satisfacción del Gobierno de Colombia por la elección de nuestro país como Miembro no Permanente del Consejo de Seguridad de la ONU el pasado martes 10 de octubre.  Somos conscientes de la dignidad internacional que ello significa dentro de la comunidad de naciones. Representa no el privilegio sino la gran responsabilidad de participar e incidir en las decisiones referentes al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

    Desde cuando Colombia presentó su candidatura contó con la simpatía de los  países de la región. Sea éste el momento para agradecer al Gobierno de la República Argentina por su apoyo a la aspiración colombiana, lo cual contribuyó al endoso que obtuvimos por parte del Grupo de América  Latina y el Caribe.
    La elección de  Colombia constituye una oportunidad para continuar con la importante labor que han venido desarrollando los países latinoamericanos en dicho órgano de las Naciones Unidas.  Nuestros países han contribuido a  reafirmar el liderazgo regional en pro de la paz y la seguridad internacional. Argentina ha ejercido con gran altura política un significativo papel durante su reciente desempeño como miembro no permanente del Consejo del Seguridad. Por ello, entre otras razones, debemos  continuar con una fluida  comunicación  entre Colombia y Argentina,  a través de mecanismos bilaterales y del Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) en relación con los temas tratados en el Consejo de Seguridad. Esto resultará particularmente útil.

    La  reforma del Consejo de Seguridad  es una de las principales expectativas de ajuste del sistema de las Naciones Unidas. Nuestro país considera que deben explorarse fórmulas para  asegurar una mayor participación de los países en desarrollo en el Consejo.  En este sentido,  una representación regional más amplia, la aplicación de restricciones al uso del veto y una mayor transparencia en el proceso de toma de decisiones podría  ir acercando  al Consejo de Seguridad a las nuevas realidades del tercer milenio.

    Estamos decididos  a participar en la consolidación de la paz en el mundo, de conformidad con los principios y propósitos de la Carta. Apoyaremos todos los esfuerzos encaminados a  respetar la igualdad soberana de los Estados, el respeto a su integridad territorial y su independencia política, la solución de los conflictos por medios pacíficos,  y la actuación continua en concordancia con los principios de la justicia y el derecho internacional.

    Es nuestra intención promover, también, un mejor sistema de información  y de consulta del Consejo con los Estados que no forman parte de este órgano, en especial  con  la región latinoamericana. Impulsaremos, asimismo, una relación más permanente y estrecha del Consejo con la Asamblea General, como órgano supremo de la Organización.

    Integración y concertación

    Para el Gobierno colombiano la profundización de los procesos de integración y concertación a nivel subregional, regional y hemisférico es una política de Estado. El nuevo contexto internacional, que se define por  el creciente proceso de globalización, exige la inserción positiva y efectiva de las naciones de América Latina y el Caribe en el sistema económico internacional y la concertación política sobre los temas prioritarios de la agenda mundial y regional.

    La integración con las naciones latinoamericanas y caribeñas es un mandato de la Constitución de 1991 que hoy nos rige, mandato que se ha constituido en una prioridad política y en un instrumento de cooperación que no sólo responde a los objetivos de crecimiento, estabilidad macroeconómica y eficiencia, sino al fundamento de toda sociedad: el desarrollo humano, equitativo y sostenido, para sus gentes.

    El desarrollo humano es el principio rector que le permitirá a las sociedades latinoamericanas y caribeñas enfrentar los retos y las oportunidades de un mundo globalizado y globalizador, que requiere de capital humano y de la acumulación de activos físicos.

    Bajo esta perspectiva y en este proceso de profundización de la integración y la concertación política, Colombia ha actuado con un gran interés e ímpetu en los procesos subregionales, regionales y hemisféricos, tales como el Grupo de Río, la Comunidad Andina, la Cumbre de las Américas, el ALCA, el Grupo de los Tres, la Asociación de Estados del Caribe y la reciente Cumbre de América del Sur.

    Estos espacios le han permitido a Colombia demostrar su creciente interés en la profundización de los procesos de integración y concertación política en  América Latina y el Caribe y en el hemisferio, y ratificar su visión de una integración multidimensional, que incluya no sólo lo económico y lo comercial, sino lo político, lo social y lo cultural. El carácter multidimensional de la integración debe ser el fundamento para el beneficio y desarrollo de los actores de este proceso: nuestros pueblos y nuestras gentes.

    Colombia y la concertación latinoamericana

    En enero, al recibir la Secretaría Pro-Témpore del Grupo de Río,  nuestro país asumió también un doble compromiso: fortalecer al Grupo en su carácter de mecanismo regional de consulta y concertación política, y consolidar su papel como actor en el escenario internacional, intensificando su acción en foros y diálogos políticos. Con esos dos objetivos nos propusimos consolidar, en el seno del Grupo, una posición latinoamericana frente a los temas de la agenda de la Cumbre del Milenio, celebrada en Naciones Unidas el pasado mes de septiembre.

    Así lo hicimos, y en la Declaración de Cartagena de Indias, quedaron consagrados, en  primer lugar, los legados de nuestra región, que constituyen nuestro patrimonio para insertarnos en el contexto de la globalización, y, a renglón seguido, los compromisos que, como región, estamos decididos a asumir en ese propósito, así como nuestra propia visión de cada uno de los temas principales de la agenda internacional actual.

    El texto de Cartagena incluye un elemento fundamental para ese debate que llevamos a cabo en Naciones Unidas en la Cumbre del Milenio: nuestro firme compromiso con el multilateralismo, con el fortalecimiento de las instituciones multilaterales globales y regionales, y con la participación amplia y democrática en las mismas, como mecanismo para afrontar con criterios justos y equilibrados las problemáticas mundiales. La Declaración de Cartagena incluye, así mismo, el compromiso de nuestros países con la dimensión humana del desarrollo y nuestra posición frente a la reforma del sistema financiero internacional.

    En mi calidad de Secretario Protémpore del Grupo de Río, tuve la oportunidad de presentar estos puntos a los otros líderes del mundo participantes en la Cumbre. Hoy registramos con satisfacción que muchos de ellos se vieron reflejados en la Declaración del Milenio y esperamos que a lo largo de esta Asamblea, así como en el curso de las diferentes Conferencias que se celebrarán en el marco de las Naciones Unidas en los próximos años, sea posible continuar impulsando iniciativas que correspondan a los intereses de nuestra región.

    Como Secretaría Protémpore del Grupo de Río, el Gobierno de Colombia está ahora comprometido con el proceso de seguimiento e implementación de los mandatos  de la Cumbre del Milenio, así como con el análisis de los principales temas de la agenda internacional que están presentes tanto en las conclusiones de la Cumbre y las mesas redondas como en la agenda de la Asamblea General que se está desarrollando en este año en las Naciones Unidas.
    Un primer aspecto de esta reflexión, precisamente sobre el tema de la intervención humanitaria, será abordado por los Cancilleres del Grupo en una reunión especial que se celebrará en noviembre al margen de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en Panamá.

    Colombia y la integración latinoamericana

    La integración de América Latina y el Caribe es una respuesta a los desafíos y las oportunidades que brinda una economía que cada día es más globalizada y un sistema internacional más interdependiente y complejo. El proceso de globalización, como fenómeno que ha sido catalizado por las revoluciones científicas y tecnológicas, le impone serios retos económicos y políticos a las sociedades latinoamericanas, que deben luchar por insertarse positivamente en el sistema mundial y por prevenir un posible aislamiento con respecto a las estructuras productivas y políticas mundiales.

    Esta es una contienda contra la exclusión. Esta es una contienda en la que todos estamos unidos para insertarnos en el nuevo orden global a través de la exportación creciente de bienes y servicios, de la atracción de capital extranjero, de la superación de la brecha digital, de la participación igualitaria en el  proceso de toma de decisiones y del establecimiento de reglas de juego transparentes y universales.

    La integración y la concertación política de América Latina y el Caribe, como bloque a nivel mundial, le permite a la región participar en el proceso de construcción de un nuevo orden internacional, aún en proceso de definición y regulación. La región debe adoptar un rol activo y propositivo y  no puede ser un sujeto pasivo en el proceso de toma de decisiones,  ni permitir su exclusión del sistema productivo internacional.

    En la década de los noventa la integración de América Latina fue especialmente dinámica. La vitalidad de la integración se reflejó no sólo en la adopción de las disciplinas de la Ronda Uruguay y en la participación activa de los socios latinoamericanos en la Organización Mundial del Comercio (OMC), sino también en el resurgimiento de más de 20  iniciativas de regionalismo, el impulso adquirido por el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina, el CARICOM,  el Grupo de los Tres, la Integración Centroamericana y la proliferación de acuerdos regionales, trilaterales y bilaterales.

    La integración en este período tomó como punto de partida el desarrollo de un marco de reformas económicas que brindaron condiciones macroeconómicas más estables, mayor apertura económica, privatización de empresas públicas, reducción de la intervención estatal y promoción de la iniciativa privada. En este contexto, las exportaciones latinoamericanas se diversificaron y se orientaron hacia un mayor contenido tecnológico, constituyendo a los mercados regionales en una plataforma para nuevas exportaciones y en un instrumento para alcanzar economías de escala, con una mayor eficiencia y experiencia exportadora.

    La década de los noventa testifica que los procesos integracionistas desempeñaron un papel fundamental en las tasas de crecimiento del comercio intrarregional y extrarregional. Las exportaciones latinoamericanas se incrementaron sistemáticamente por encima del valor de las exportaciones mundiales. Mientras en la primera mitad del período el valor de las exportaciones mundiales creció 8.1% anual, el de las exportaciones latinoamericanas lo hizo en un 9.2% anual.

    Sin embargo, y en concordancia con los análisis del Banco Interamericano de Desarrollo, es necesario reseñar que  para alcanzar la profundización de la integración económica en América Latina y el Caribe se debe incrementar los volúmenes de comercio intrarregional; consolidar acuerdos regionales basados en reglas transparentes y claramente establecidas; profundizar los lazos comerciales entre las subregiones del continente, en forma consistente con las reglas de la OMC; eliminar las barreras no arancelarias dentro de y entre los acuerdos; y desarrollar la infraestructura física regional.

    Precisamente, en este último punto se avanzó en la Cumbre del Sur, recientemente celebrada en Brasilia, en donde quedó claro que la formación de un espacio económico ampliado suramericano dependerá de la complementación y expansión de los proyectos existentes y de la identificación de otros nuevos proyectos, orientados por principios de sostenibilidad social y ambiental, con capacidad de atracción de capitales extraregionales y de generación de efectos multiplicadores intraregionales.

    Por ello, los mandatarios que participamos en esta Cumbre acogimos con satisfacción el “Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur”, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento, que contiene sugerencias y propuestas, con un horizonte de diez años, para la ampliación y modernización de la infraestructura física de América del Sur, en especial las áreas de energía, transporte y comunicaciones, con la finalidad de configurar ejes de integración y desarrollo económico y social en la región. La integración física es indudablemente la base para impulsar nuevos proyectos de integración en todos los órdenes: lo social, cultural, político, económico y comercial.

    Por otra parte, en lo referente al acercamiento entre bloques subregionales, el trabajo que realicen la Comunidad Andina y el Mercosur hacia la consolidación de una zona de libre comercio es una meta prioritaria para todos los países miembros. Existen grandes oportunidades, que ya están en desarrollo, para las exportaciones binacionales a partir de la reciente suscripción del Acuerdo de Complementación Económica entre la Comunidad Andina y Argentina.

    Después de superar los efectos adversos de la crisis financiera internacional sobre nuestra región, y con la presencia de signos de recuperación estables para nuestras economías, es momento de aunar esfuerzos hacia la construcción de un espacio para el diálogo, la cooperación y el comercio entre la Comunidad Andina y el Mercosur.

    La integración debe ser entendida como una tarea conjunta para alcanzar el bienestar de nuestras naciones. Es claro, entonces, que la integración debe ser el instrumento catalizador del crecimiento económico y del desarrollo social de los pueblos latinoamericanos y, en especial,  de las grandes franjas de la población que se encuentran en condiciones de pobreza y marginalidad.

    Los últimos estudios del Banco Mundial y la CEPAL revelan que en Latinoamérica 220 millones de personas, el 45% de la población, vive bajo niveles de pobreza. A su vez, el índice de pobreza relativa, basado en la brecha entre ricos y pobres, ilustra que nuestra región está en peores condiciones que Africa: en 1998 un 51.4% de la población latinoamericana vivía con menos de una tercera parte del consumo nacional promedio en 1993, comparado con un 50.5% en Africa negra.

    La integración, la solidaridad y la concertación política entre nuestros pueblos y Gobiernos se deben concretar en el reconocimiento crítico de las crecientes desigualdades sociales, que adquieren un carácter estructural y hereditario, y de las adversas condiciones de las zonas más alejadas de los centros de producción industrial y comercial. Este es un reconocimiento tácito a los crecientes índices de la inequidad en América Latina y el Caribe y a la necesidad de estructurar políticas de desarrollo social que contrarresten los efectos perversos de la marginalidad, tales como la mortalidad infantil, desnutrición, analfabetismo, vulnerabilidad a las enfermedades, pérdida de la legitimidad de los partidos políticos y la propensión a los conflictos sociales.

    Este proyecto social de integración latinoamericana y caribeña, que todos debemos apoyar y en el cual todos nos debemos comprometer, adquiere una dimensión especial en el respaldo político que le pueden brindar los Gobiernos de la región a los planes nacionales de desarrollo social, de convivencia pacífica y de fortalecimiento institucional. Dicho respaldo promueve la confianza entre nuestros gobiernos en los frutos que puede brindar la integración y la concertación para solucionar problemas de exclusión social e inequidad, y afianza el valor del diálogo político, directo y franco, sobre los retos más apremiantes y significativos de nuestras naciones.

    Es así como la integración realmente supera el énfasis comercial y económico, asignado en las décadas pasadas,  y asume una dimensión política, social y cultural. Imaginar la integración de América Latina y el Caribe es pensar en un escenario regional que concentra la acción del Estado en la seguridad social y colectiva de los ciudadanos, a través del ejercicio de políticas gubernamentales que garanticen la igualdad de oportunidades para la educación, la salud y la vivienda, como necesidades básicas de la población.

    Una concepción multidimensional de la integración es el punto de partida para la construcción de verdaderas revoluciones sociales y pacíficas en la región, que establezcan las bases para el ejercicio de los principios democráticos, el respeto a los derechos humanos, la participación directa y responsable de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, y la transparencia en los sistemas electorales y judiciales.

    En otras palabras, la integración política, social, cultural y económica debe orientarse hacia la conquista del desarrollo social y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. La integración latinoamericana y caribeña es para el desarrollo humano de nuestros pueblos. Nuestra integración es para la conquista del bienestar social de nuestros pueblos.

    Señor Presidente del Consejo Ejecutivo, Señores Integrantes del Comité Ejecutivo, Señores Integrantes del Comité Consultivo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Señoras y Señores:

    Quiero finalizar mi intervención expresando a Ustedes y al pueblo y al gobierno argentinos los sentimientos de hermandad y solidaridad del pueblo y del gobierno de Colombia con la gran nación argentina, llamada por derecho propio y por su más íntima convicción democrática y de respeto al derecho internacional a jugar un papel de liderazgo en el escenario continental y mundial de comienzos del tercer milenio.

    Pero no puedo terminar, queridos amigos, sin hacer una emocionada referencia personal, porque es para mí tremendamente significativo dirigirme hoy a este Consejo, del cual fue miembro honorario mi padre, el expresidente Misael Pastrana Borrero, un pionero de la integración latinoamericana y un gran amigo de Argentina.

    Permítanme, entonces, concluir estas palabras citando las que él dirigió hace más de 28 años a un mandatario de esta hermana nación:

    “El alma de América la ha constituido su amor por la libertad, y la mayor aspiración que hoy surge con ímpetu de la conciencia madura de sus gentes es la justicia social, para que nuestras naciones dejen de estar diferenciadas por las desigualdades y se unifiquen en el propósito de elevar la dignidad y el mejoramiento de sus vidas ciudadanas. La guerra que libra este Continente es diferente de aquellas del pasado, pues es la batalla dura y diaria contra la pobreza, el atraso, el desamparo. Todo ello requiere una permanente acción, no para destruir en medio de la violencia nuestras tradiciones, como algunos pretenden, sino para construir la paz y la familia humana”.

    Muchas gracias.

     

    Lugar y fecha

    Buenos Aires, Argentina

    12 de octubre del 2000

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