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  • NORMAS PROPIAS PARA LA FUERZA PÚBLICA COLOMBIANA DEL SIGLO XXI

    EXPEDICIÓN DE LOS DECRETOS DE REESTRUCTURACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS

    ¡La paz está en nuestra mente y en nuestro corazón, es el objetivo de todas nuestras acciones y será el resultado de nuestro trabajo conjunto!

    Para lograr la paz, ese anhelo compartido por 40 millones de colombianos, no he escatimado ningún recurso y no ahorraré ningún esfuerzo. Y sé que debemos hacerlo transitando dos caminos que, a primera vista, pueden parecer contradictorios, pero que son el sustento de una paz cierta y duradera, estable y democrática:

    Por una parte, el proceso de diálogo y negociación que venimos impulsando con decisión y paciencia. Un proceso que deberá traer a los colombianos los beneficios de una paz que vaya más allá del silencio de los fusiles. Un proceso que garantice la realización de una mayor justicia social sobre nuestro suelo y la apertura democrática para todos aquellos que hoy creen, equivocadamente, que sólo pueden hacerse escuchar a sangre y bala.

    En segundo lugar, necesitamos fortalecer nuestras Fuerzas Armadas, que son las únicas fuerzas legítimas de Colombia y que obran dentro del marco de nuestra Constitución, para que estén en capacidad de contener y reducir todo ataque que se presente contra el orden institucional, los derechos de los ciudadanos y la tranquilidad pública.

    Nuevamente hago un llamado a todos los colombianos de bien. Es fortaleciendo la Fuerza Pública, apoyando sus acciones, respaldando la fuerza legítima y tranquila de la institucionalidad, como el país va a lograr la paz. En eso no nos podemos equivocar: no vamos a permitir ni a tolerar que, con el pretexto de proteger a la población civil, se organicen fuerzas oscuras que sólo contribuyen a aumentar el conflicto y a debilitar a las Fuerzas Armadas de Colombia y, con ello, a nuestra democracia.

    ¿Se imaginan ustedes si todos los recursos que se pagan en Colombia por extorsiones, vacunas, boleteo, secuestros y aportes a la guerrilla y a las autodefensas ilegales, se canalizaran a la Fuerza Pública? El efecto, señoras y señores, sería el  fortalecimiento de las instituciones y el debilitamiento de aquellos que persisten en acudir a la violencia

    He partido siempre del principio de que unas Fuerzas Armadas fuertes, pero que dejen espacio al diálogo, son la garantía necesaria para que éste avance, en busca de resultados favorables y permanentes para el país. En efecto, el diálogo perdería credibilidad ante la nación si se permitiera alimentar la creencia de que por la fuerza se pueden alcanzar propósitos políticos, a menudo excluyentes y totalitarios.

    No hay, pues, ninguna contradicción en proseguir simultáneamente la búsqueda de un arreglo político del conflicto y el incremento de la capacidad combativa de las Fuerzas Armadas. La experiencia ha demostrado que los dos procesos no son excluyentes frente al objetivo buscado, y cada día es más evidente que la subversión puede llegar a acuerdos positivos y racionales con el Estado y la Nación, pero que jamás podrá imponerse mediante el uso del crimen y de las armas.

    Es de observar que la subversión, al igual que los grupos ilegales de autodefensa, con su escalada de brutal violencia, antes que fortalecerse están debilitándose a los ojos del pueblo por el que dicen luchar. Destruir pequeñas e indefensas poblaciones, asesinar y masacrar civiles y policías, acabar con la infraestructura energética, atentar contra las empresas y los inversionistas, son actos sin sentido, absurdos e inhumanos, que sólo dejan una mancha de violencia y de dolor, que sólo producen miseria y desempleo. La gran mayoría de los colombianos rechazamos estos actos de barbarie y estupidez, y sólo pedimos a los violentos que le den una oportunidad a la paz.

    En medio de este panorama de diálogo e, infortunadamente, de confrontación, es indispensable para Colombia contar con unas Fuerzas Armadas sólidas, modernas y profesionales, que representen los intereses de la nación y garanticen la tranquilidad y la seguridad de sus compatriotas.

    Dentro de esta política de fortalecimiento intenso y sin pausa de las Fuerzas Armadas, se inscriben los decretos leyes que acabo de firmar y que son el motivo de este acto.

    El Congreso de la República y el Gobierno nos pusimos de acuerdo en que se concedieran al Presidente facultades extraordinarias para expedir las normas necesarias para reajustar los mecanismos internos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, para modernizar y dinamizar la carrera castrense, para garantizar la buena conducta de sus miembros activos, para impulsar su combatividad y el cumplimiento del deber, y para amparar a sus miembros con procedimientos objetivos de calificación y de promoción, y con amparos actualizados para los avatares propios de una profesión tensa y riesgosa.

    El reordenamiento interno de las instituciones armadas es el objeto de estos doce decretos leyes, que, con satisfacción, hoy entrego al país y a los soldados de nuestra democracia.

    Pero éste no es un proceso nuevo. En los dos últimos años las Fuerzas Armadas ya han venido adelantando un trabajo de modernización, que ha producido excelentes resultados en su efectividad operativa y que se vigorizará notablemente cuando acaben de madurar, a comienzos del año próximo, los cambios que hoy formalizamos, cuando se hayan recibido las adquisiciones recientes y cuando se haya avanzado lo suficiente en la aplicación del Plan Colombia.

    La modernización en curso de las Fuerzas Armadas ha marchado sobre cuatro líneas de acción, que quiero destacar:

    En primer lugar, se ha buscado incrementar al máximo posible la movilidad y la flexibilidad de las formaciones militares, así como su habilidad para reaccionar con rapidez frente a la acciones de los atacantes y su destreza para combatir en medio de la noche.

    En segundo término, hemos adelantado una intensa labor para profesionalizar el ejército mediante la significativa incorporación de los soldados profesionales.

    Otra línea fundamental ha sido la promoción de la cultura de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en el seno de la Fuerza Pública, y, finalmente, estamos creando los marcos legales indispensables para la marcha previsible, regular y eficiente de las Fuerzas y de la Policía Nacional.

    En materia de movilidad, como lo aconseja la experiencia en todos los teatros de la guerra moderna, hemos buscado el incremento de la capacidad de traslado y movilización que adquieren las unidades militares de tierra con la ayuda del transporte helicoportado, que permite, además, dar apoyo artillero eficaz en los episodios de combate.

    En el aspecto de los helicópteros, el avance que hemos obtenido ha sido más que notable. Al iniciar mi gobierno se contaba para todas las Fuerzas y para la Policía Nacional con 87 helicópteros, en buena parte fuera de alistamiento. En pocos meses, con los helicópteros que estamos incorporando, la flota llegará a los 172, con lo cual se habrá duplicado prácticamente este elemento fundamental del combate y mejorado su capacidad funcional. Pero es más: en el tema de los helicópteros Black Hawk artillados, antes de marzo del próximo año ¡habremos cuadruplicado su número, pasando de 4 a 16!

    En materia de profesionalización de los efectivos militares, en esta administración se dio el paso trascendental de sustituir en cuatro o cinco periodos de reclutamiento a los soldados no combatientes por soldados profesionales. Estos son soldados que, encuadrados en una carrera reglada, se mantienen en filas por muchos años, con una continua actualización y reentrenamiento y que pueden adquirir la adecuada veteranía en la confrontación. En desarrollo del Plan 10.000, el año pasado incorporamos 10 mil soldados profesionales; el presente año su número total llegará a 42 mil y para el próximo año estamos decididos a alcanzar la meta de por lo menos 52 mil soldados profesionales, la mayoría, entonces, ya probados y veteranos.

    Los Derechos Humanos, su implantación y cumplimiento en la Fuerza Pública, ha sido otro propósito indeclinable y capital del Gobierno. En este aspecto mis instrucciones han sido expresas, generadas por mi convicción personal de que la única fuerza legítima es la que respeta, por sobre todo, al ser humano, su dignidad y sus derechos. Por fortuna, puedo atestiguar que los altos mandos de la Fuerza Pública comparten estos valores y que han liderado entre los suyos un proceso de capacitación y concientización en materia de respeto a los Derechos Humanos y aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

    A finales de 1998 se acusaba a miembros de la Fuerza Pública del 15 por ciento de las infracciones de los Derechos Humanos, y este año este porcentaje no alcanza el dos por ciento. No obstante los avances logrados en esta materia, no estaré satisfecho mientras haya siquiera un militar o un policía infractor. Éste es asunto en el que no puede haber medias tintas: no debe haber falta alguna, ¡ninguna!, en nuestras Fuerzas Armadas, contra los Derechos Humanos.

    El contraste es evidente: en tanto las fuerzas del Estado avanzan cada día más en el tema del respeto a los Derechos Humanos, los actores armados al margen de la ley persisten en cometer actos atroces en contra de todo sentido de humanidad.

    El marco legal dentro del cual se deben mover las instituciones militares y de policía ha sido también una preocupación sustantiva del Gobierno, que ha querido adoptar las disposiciones legales necesarias para proyectar por varios años la vida interna de nuestra Fuerza Pública.

    Ya iniciamos la labor el año pasado con la expedición del nuevo Código Penal Militar y con la desvinculación de todos los menores de edad de las Fuerzas Armadas.

    Hoy estamos contemplando el fruto de un nuevo esfuerzo, en el que se trabajó incansablemente bajo el liderazgo del Ministerio de Defensa Nacional, con la participación de la Comisión de Senado y Cámara del Congreso Nacional y con el aporte de los Altos Mandos de la Fuerza Publica. El resultado, que ahora estamos entregando al conocimiento del país, crea las pautas a seguir por las Fuerzas Armadas y de Policía a lo largo de muchos años. Yo diría, sin temor a exagerar, que hoy estamos expidiendo las normas propias para la Fuerza Pública colombiana del siglo XXI.

    Y hablemos un poco más en detalle sobre los contenidos principales de estos decretos:

    Con los decretos leyes que tratan de la carrera de oficiales y suboficiales, tanto para militares como para policías, estamos dinamizando el aspecto profesional de la misma. Ahora hay mecanismos adecuados para premiar a quienes se destaquen por comportamientos heroicos en acciones de combate, y para, por otro lado, facilitar el retiro de aquellos que no cumplan bien con su trabajo o que tengan conductas reprochables. En el caso militar, se podrá ahora llamar discrecionalmente a la condición de retiro –lo cual ya existe en la Policía- a profesionales que no sean idóneos, en cualquier tiempo de su carrera, con lo cual se logra un control más efectivo en materia de Derechos Humanos. De otra parte, para mejorar la calidad de los cuadros, se abre la puerta a la incorporación de profesionales universitarios, que ingresarán directamente a la carrera de oficiales.

    Estamos también introduciendo avances muy grandes en materia de evaluación y clasificación de los oficiales y suboficiales, -militares y de polícía-, introduciendo criterios objetivos, que sean medibles, para determinar el acceso a ascensos o al retiro, o que sirven para obtener distinciones, promociones u oportunidades de estudios especializados. Además de los criterios de justicia estricta que se introducen en las evaluaciones, las medidas, como efecto colectivo, conducen a la formación de cuerpos de oficiales y suboficiales de mejor calidad profesional y enriquecidos por motivaciones evidentes para el servicio de su vocación.

    En cuanto al régimen disciplinario, adoptado separadamente para los militares y los policías, éste consulta las peculiaridades de cada cuerpo y resulta ser un valioso instrumento para la guarda de la disciplina -el más constante heroísmo del soldado- y para complementar la marcha normal de la vida castrense. Además, se constituye en una herramienta muy útil para la preservación de los Derechos Humanos.

    Y quiero hoy hacer un acto de justicia social. Un acto que prometí en el curso de mi campaña presidencial y que hoy, con gran alegría, estoy cumpliendo. Se trata de la dignificación y del reconocimiento de todos los colombianos a los soldados de nuestra Patria. Hoy le hacemos un homenaje a los hombres que luchan en las más adversas circunstancias por nuestro futuro y les entregamos el estatuto del soldado profesional.

    A partir de hoy, los soldados de Colombia contarán con un esquema de seguridad social con la certeza de que a su retiro contarán con una pensión que les garantice la justa retribución a una vida de servicios al país, tanto para ellos como para sus familias.

    Los soldados tendrán una verdadera carrera profesional que ordena su vida en el Ejército, sus ascensos y promociones, las prestaciones sociales y los servicios que lo cobijan, las indemnizaciones a que puede acceder y, en general, las condiciones básicas de su relación normada con el Estado. ¡Los soldados de Colombia serán soldados con las garantías laborales y la seguridad social propias de los mejores colombianos!

    Como es natural, visto el carácter amplísimo y global de la reforma, se han expedido decretos leyes para garantizar un mejor cumplimiento en materia de sanidad, tratamiento  y rehabilitación de militares y policías, y en materias de amparo a sus familiares y dependientes.

    Hasta aquí he hecho referencia a lo que está haciendo el Gobierno en el presente para fortalecer la Fuerza Pública, realizando enormes esfuerzos fiscales para sostener sus niveles de actividad en medio de la escasez. Todo para que esa Fuerza Pública proteja a los colombianos contra la agresión subversiva, contra la de las autodefensas ilegales y contra las demás formas de violación y ataque a la ley y al orden, pero creo yo que, a estas alturas, somos todos los colombianos, aquellos por quienes nuestros soldados arriesgan cada día su vida, quienes debemos preguntarnos qué está haciendo la sociedad civil a favor de sus militares y policías.

    Con frecuencia, mientras realizamos nuestras labores cotidianas, deberíamos pensar: ¿En dónde están ahora nuestros soldados y policías? ¿En qué montañas, en qué valles profundos, en qué parajes selváticos, en qué pueblo o caserío marginal estarán exponiendo sus vidas y sufriendo carencias y fatigas para defender las nuestras y, junto con ellas, nuestra civilización y nuestra libertad?

    Las decenas de miles de hombres y mujeres de la Fuerza Pública actúan para proteger a los niños dedicados a descubrir el mundo y a estudiar, en tanto que los agresores capturan y seducen a los adolescentes para convertirlos en máquinas de matar. La Fuerza Pública defiende la familia, defiende el derecho de los colombianos a disponer de sus bienes y a ser libres y son nuestro baluarte frente a las minorías armadas que quieran establecer el imperio de la violencia y la retaliación.

    La tragedia nacional que padecemos los colombianos reside en buena parte en ver cómo los agresores traen el conflicto al seno de los conglomerados campesinos; en ver cómo atacan los poblados hasta destruirlos; en ver cómo sacrifican, indolentes, los ganados; en ver cómo destruyen las cosechas; en ver cómo queman oleoductos y automotores; en ver cómo estos agresores asesinan a civiles, a militares y policías desarmados, en plazas y carreteras; en ver, por fin, cómo extorsionan y secuestran hombres mujeres y niños, y cómo reclaman estos crímenes como su derecho.

    Contra tanto oprobio es que los soldados y policías luchan y han luchado, porque defienden –como nosotros- un objetivo moral, una intención moral y una finalidad moral: el engrandecimiento de Colombia y el progreso y el bienestar de su pueblo.

    Hoy, cuando avanzamos con decisión en el proceso de modernización y reestructuración de las Fuerzas Armadas, un proceso que nació de su mismo seno y de su capacidad de innovación, quiero, para terminar, realizar un homenaje sincero y sentido, en nombre de todos los hombres y mujeres de Colombia que queremos la paz, a esos héroes de nuestros Ejército, de nuestra Fuerza Aérea, de nuestra Armada y de nuestra Policía, que han entregado sus vidas por su patria y también, muy especialmente, a todos los soldados y policías que hoy están privados de su libertad.

    Y, aunque no es usual en un evento como éste, los invito a que nos levantemos y a que guardemos un minuto de silencio en recuerdo y respetuoso homenaje a la memoria de los caídos y a lo que han hecho por nosotros y por Colombia.

    (UN MINUTO DE SILENCIO)

    Apreciados amigos:

    Las Fuerzas Armadas de Colombia han tenido un papel fundamental en la defensa de nuestra democracia y de nuestras instituciones. Han enfrentado con valor los ataques de los violentos y han vivido en carne propia la tristeza y el dolor de un conflicto entre hermanos colombianos.

    Hemos iniciado un proceso de paz en el que, además de poner fin a la violencia absurda, debemos consolidar la reconciliación nacional. Y así como nuestras Fuerzas Armadas han cumplido una gran tarea en la guerra, yo estoy seguro de que también la cumplirán en la paz.

    Así como la Fuerza Pública ha entregado todo por el país, ¡vamos todos a devolverle esa ofrenda de valor y heroísmo con un apoyo total e indeclinable!

    Quiera Dios premiar el valor y la entrega de los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas.

    ¡Qué viva Colombia y que vivan aquellos que viven y luchan por ella!

    Muchas gracias


    Lugar y fecha

    Bogotá, Colombia
    14 de septiembre del 2000

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