• Banner textos

  • PALABRAS DE CAMILO GÓMEZ ALZATE, CON MOTIVO DEL ENCUENTRO DE ESTOCOLMO PARA EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA

    Para mí es un gran honor el haber sido invitado a participar en este encuentro organizado por amplios sectores de la sociedad civil sueca preocupados por el conflicto interno armado que se vive en Colombia hace ya cerca de cuarenta años. Estar hoy con ustedes reviste un especial significado para mi, no sólo como miembro del Gobierno de mi país sino como colombiano, por tener la oportunidad de hablar de mi patria, de su compleja situación y también de sus esperanzas en este escenario creado exclusivamente para reflexionar sobre las diferentes facetas que tiene este conflicto.

    Invitar a tan diversos y destacados miembros de la Iglesia, sindicatos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a pensar en el conflicto interno armado que afecta a 40 millones de compatriotas es muy generoso por parte de ustedes y, en nombre de todos los colombianos, quiero agradecerles este esfuerzo e interés.

    Encuentros como éste nos deben llevar a reflexionar más, a procurar entender mejor esta realidad tan dura y especialmente compleja que nos ha tocado vivir y que queremos cambiar por el bien de las futuras generaciones. Como pueblo, como sociedad, los colombianos tenemos aún mucho que aprender y comprender, y es gracias a reuniones como la que se está llevando a cabo aquí en Estocolmo que podremos explicarnos mejor nuestra realidad, y, más allá de esto, encontrar el camino más acertado y certero para alcanzar nuestra necesidad más sentida: la paz.

    Hace un mes, Anders Kompass, Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero ante todo un ciudadano sueco, se dirigió a los estudiantes de la Cátedra de Europa de la Universidad del Norte en la ciudad costera de Barranquilla.

    De manera muy especial le hizo ver a su auditorio costeño que la sociedad sueca se construyó gracias al aporte de expertos alemanes en minería, de herreros valoneses que les enseñaron los principios básicos de la metalurgia, de sastres franceses que trajeron a Estocolmo la última moda y etiqueta, así como de ingenieros ingleses u holandeses que impulsaron el proceso de industrialización de esta próspera nación que hoy nos tiende su mano para encauzarnos en el camino de la construcción de una nación próspera y pacífica.

    Considero que estar aquí en Suecia en un evento como el que se ha desarrollado en estos dos últimos días es un impulso para la construcción de esa realidad que llamamos paz, en la que venimos trabajando muchos colombianos, con el apoyo de la comunidad internacional y bajo la permanente dirección del Presidente Andrés Pastrana.

    Quisiera, entonces, compartir con ustedes mi experiencia en estos dos años de construcción, de tropiezos y satisfacciones, de logros y aún de desaciertos, todos encauzados hacia el logro de la paz.

    Debo resaltar que mi trabajo ha estado orientado siempre dentro de una política de paz que no es fruto de la improvisación. Por el contrario, es el resultado de una estrategia que el Presidente le expuso claramente a los colombianos, antes de ser elegido, el 8 de junio de 1998. Con esto quiero reafirmar que la política de paz es coherente y que conduce a un plan que hemos venido siguiendo, ajustándolo por supuesto a las cambiantes circunstancias.

    En forma equivocada se ha entendido que la política de paz del gobierno se limita a una negociación con la insurgencia. Ese logro, de por sí difícil de alcanzar, es apenas una parte. La consecución de la paz implica el diseño y puesta en marcha de múltiples planes y estrategias que van desde la generación de condiciones macroeconómicas estables hasta la prevención de la violencia intra familiar, el funcionamiento del sistema judicial, la participación ciudadana, la protección y defensa de los derechos humanos y la lucha contra el narcotráfico, para mencionar sólo algunos frentes. Estas acciones implican, por supuesto, el trabajo coordinado de todas las agencias estatales y de todos los miembros que formamos parte del equipo de gobierno.

    En primer lugar, la política de paz parte del fortalecimiento de un Estado dirigido hacia la formación intensiva de capital social, entendido éste como la confianza y los lazos de solidaridad que existen entre los individuos de una sociedad. Éste es un punto fundamental si tenemos en cuenta que Colombia es un pueblo azotado no sólo por la violencia que se desprende del conflicto interno sino también por otras múltiples manifestaciones de la misma. Su avasallador paso de dolor y muerte ha dejado comunidades enteras asustadas, desconfiadas, desplazadas de su tierra y de su cultura y separadas de sus seres queridos, sin explicación diferente a la de querer salvar sus vidas.

    La inclinación a resolver los conflictos y diferencias por la fuerza, silenciando al otro, desconfiando de su posición contraria requiere de un trabajo de reconstrucción de valores que no se consigue únicamente negociando o logrando acuerdos con los grupos alzados en armas. Necesitamos acciones concretas que promuevan las iniciativas locales para lograr el empoderamiento de las comunidades, fortalecer su sentido de pertenencia y la necesidad de participar para alcanzar metas comunes y garantizar beneficios para todos.

    En este proceso de reconstrucción de confianza la participación del Estado es fundamental. Para nosotros es claro que tantos años de guerra han debilitado en extensas zonas del territorio nacional la legitimidad y apoyo de la población a las acciones estatales. El espacio que debe llenar un Estado al servicio de la comunidad que en teoría lo sostiene ha sido suplido por otros actores que en muchos casos obran al margen de la ley y que no representan más que sus propios intereses

    Por esta razón, consideramos conveniente apoyarnos en organizaciones no gubernamentales y comunitarias para invertir los recursos que estamos destinando a las zonas de Colombia más gravemente afectadas por la violencia. Este modelo de ejecución de recursos tanto públicos como privados ha sido utilizado exitosamente en la reconstrucción del Eje Cafetero, que, como ustedes recordarán, fue víctima de un terremoto que dejó a miles de personas sin familia, sin techo y sin esperanza.

    Las organizaciones no gubernamentales del mundo y de Colombia jugaron un papel fundamental, no sólo para la inmediata asistencia humanitaria, sino como las socias y aliadas del Gobierno y de la población civil en la larga tarea de reconstrucción del Eje Cafetero, que hoy está adelantada casi en su totalidad y que es considerada como un ejemplo mundial.

    No tengo ninguna duda de que gran parte del éxito de esta empresa radicó en la decisión de trabajar con las organizaciones no gubernamentales y comunitarias, para que fueran ellas mismas las que manejaran los cuantiosos recursos invertidos en la reconstrucción y garantizaran la eficacia y transparencia de su utilización.

    Las experiencias que se vienen adelantando en zonas como el Magdalena Medio, o las que apenas comienzan en el Oriente Antioqueño, en el piedemonte del Meta o en Norte de Santander, orientadas a trabajar con la comunidad y con organizaciones no gubernamentales, le apuntan a crear las redes de solidaridad y confianza que devolverán a estas zonas su prosperidad y a sus gentes la olvidada noción de vivir y trabajar en comunidad.

    En segundo lugar, la política de paz implica también la búsqueda del monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, un objetivo que no es de ninguna manera incompatible con el proceso de negociación y de diálogo político con los grupos guerrilleros.

    En este sentido, el Presidente Pastrana ha sido claro y enfático, por lo que me remito a sus palabras:

    “Queremos y estamos trabajando por unas instituciones fuertes y actuantes. Para ello, al tiempo que adelantamos un proceso de paz, con generosidad pero con firmeza, también estamos fortaleciendo las Fuerzas Armadas de Colombia, como las únicas fuerzas legítimas de institucionalidad.

    “El diálogo y la negociación no se realizan para debilitar la institucionalidad de las Fuerzas Militares. Sólo creo en una paz con su participación, con su discernimiento, con su apoyo, el cual ha sido y será siempre claro y firme, pues ellas siempre sólo actúan a favor de nuestra nación”.

    Este proceso de fortalecimiento institucional que con tanta vehemencia ha expuesto el Presidente Pastrana implica necesariamente una lucha frontal y decidida contra los grupos ilegales de autodefensa. Recientemente el General Fernando Tapias, Comandante General de la Fuerzas Militares de Colombia, afirmaba que “el principal peligro para Colombia en los próximos dos o tres años son los grupos paramilitares porque gradualmente se están convirtiendo en una amenaza peor que la que pretenden solucionar”.

    No se equivoca el General, pues los grupos de autodefensa se han convertido en una enfermedad dañina para el Estado y en especial para las Fuerzas Militares al pretender falsamente convertirse en su aliado con el irónico pretexto de tener un enemigo común.

    Hoy en día los grupos de autodefensa que operan en el país arrasan sin piedad y sin misericordia todo aquello que no sean ellos mismos, todo aquello que implique una amenaza para los intereses que dicen defender, los de unos pocos eso sí, obrando con sevicia y encontrando en cada colombiano un adversario que silenciar. Esto es suficiente para comprender que su lucha no es política. Por lo tanto no hay nada que sentarse a dialogar, no hay un discurso ideológico que entender, ni un nuevo país que construir conjuntamente.

    El Gobierno colombiano está haciendo un esfuerzo enorme para desmantelar estos grupos que han operado por más de diez años en el país y que han recibido el apoyo equivocado de algunos sectores de la sociedad civil. Durante estos años la sociedad colombiana pecó por omisión y aprendió a ignorar a ese monstruo que con el tiempo se ha convertido en un mal enorme contra el que ahora luchamos sin descanso.

    En este sentido, las Fuerzas Armadas colombianas vienen mostrando resultados muy alentadores, aunque seguramente no suficientes aún frente a las acciones de las autodefensas. Entre 1999 y el año 2000 se aumentó en un 200% el número de bajas y en un 61% el de los detenidos. Se decomisó un 50% más de armamento y un 32% más de vehículos. Esto prueba, a pesar de generalizaciones y las infaltables acusaciones injustas, que las autoridades nacionales están comprometidas en la lucha para contener el crecimiento de ese monstruo enorme que hoy significa un escollo muy grande para avanzar en el camino a paz.

    En tercer lugar, la esencia de la política de paz, es humanizar el conflicto armado. En tal sentido, hemos insistido –y no sólo nosotros, sino también toda la comunidad internacional, que está atenta al desarrollo del proceso- en el logro de un acuerdo que garantice la aplicación del Derecho Internacional Humanitario y la protección de la población civil.

    Déjenme detenerme a reflexionar sobre lo que significa, para una sociedad sometida a la crueldad de un conflicto como el que padecemos hoy los colombianos, entender por qué es necesario humanizar la confrontación armada.

    En primera instancia, existe un porcentaje muy alto de colombianos que son víctimas de la guerra sin ser parte activa de ella. Día a día más colombianos son víctimas de masacres, secuestros, extorsiones, justicias paralelas y atentados terroristas por parte de los grupos subversivos y de las autodefensas, que, amparados en convicciones intolerantes y en la razón de la fuerza, hacen daño a aquellos por quienes dicen luchar. Por otra parte están los combatientes, quienes luchan y exponen sus vidas, por la patria o por sus convicciones, sean éstas equivocadas o no.

    La lógica absurda de la violencia hace olvidar a todas las partes confrontadas que las víctimas de la guerra, provengan de donde provengan, deben ser tratadas con humanidad.

    El Derecho Internacional Humanitario existe porque en medio de un conflicto deben darse normas elementales de comportamiento, debe haber una base mínima que los adversarios compartan. El espíritu común de toda la humanidad es precisamente eso: reconocer que somos humanos y merecemos un tratamiento digno bajo cualquier circunstancia.

    El Gobierno Nacional tiene la obligación, independientemente de cómo actúen los grupos alzados en armas, de aplicar las reglas del Derecho Internacional Humanitario. Sus acciones deben estar ceñidas al más estricto respeto de los derechos humanos y las normas constitucionales y legales. Por esta razón, desde hace varios años se vienen poniendo en marcha programas de capacitación y divulgación de los principios y normas básicas del DIH dentro de las filas tanto militares como policiales. Los resultados son alentadores.

    Hoy ni siquiera el 2% de las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitarios son atribuidas a miembros de nuestras Fuerzas Armadas. De esta manera pronto conseguiremos instituciones militares y de policía integras, que dan cumplimiento en un 100% a las normas y principios que protegen la dignidad del ser humano, tal como lo exige nuestra Constitución.

    En este punto de los diálogos con la insurgencia estamos procurando dejar de lado las polémicas y la politización del tema de la aplicación del DIH. Es claro para nosotros que quienes violan constantemente estas normas básicas son las guerrillas, las autodefensas, el crimen organizado y la delincuencia común. Intentar interpretar las normas y principios con fines políticos o de conveniencia es ruin y mal intencionado. La aplicación práctica de estos principios y normas no es negociable como pretenden algunos.

    Desde aquí quiero hacer una vez más un llamado a la comunidad internacional para que nos siga apoyando en la búsqueda de un compromiso por parte de la insurgencia para que cesen el secuestro, los atentados terroristas y la intimidación a la población civil.

    Este llamado corresponde a la confianza que hemos depositado en la comunidad internacional como gestora y verificadora del desarrollo de la política de paz en Colombia. Nunca antes en la larga historia de negociaciones con los alzados en armas se había involucrado tanto a actores internacionales en el proceso de negociación. La comunidad internacional ha sido llamada para que proponga fórmulas de entendimiento que faciliten el diálogo y acompañe y verifique los compromisos adquiridos por las partes durante el proceso.

    El Gobierno Nacional considera como un imperativo ético la búsqueda de la paz mediante mecanismos que aseguren el menor costo social en términos de vidas humanas. La negociación es ante todo una decisión política que surge de la convicción ética y no de la imposición fáctica.

    El ejercicio de negociar tampoco lleva implícito una aceptación de aquella tesis que dice que la insurgencia nace como consecuencia de una democracia colombiana cerrada y excluyente. La nuestra ha sido una democracia edificada durante muchas décadas, interrumpida apenas extraordinariamente, con una enorme capacidad de respuesta ante las propuestas provenientes de sus críticos y una enorme disposición al cambio. Ni es perfecta, ni lo pretende ser.

    Si bien sufre de un proceso de desgaste propio de las democracias contemporáneas, con la misma búsqueda de la salida política confirma su disposición hacia el aprendizaje y hacia el cambio. Pero es una negociación política porque tiene una propuesta de cambio en las estructuras del poder.

    El Gobierno ve la negociación como una oportunidad para corregir las deficiencias institucionales que durante años ha presentado un Estado con escasa presencia en muchas zonas del país y en la vida de muchos colombianos. El proceso de negociación que se está llevando a cabo en Colombia es muy particular ya que estamos construyendo entre todos la transformación del orden socioeconómico del país. Como lo decía anteriormente, la paz para Colombia no es la firma de un acuerdo: es la construcción de una sociedad más justa.

    Como gobierno queremos llegar a acuerdos que posibiliten una justicia actuante para tramitar a través de canales formales las diferencias sociales y una equidad social como fruto de un mejor acceso a las oportunidades que ofrece una libertad de mercado. La negociación busca, a través de un proceso de concertación entre dos partes, dirimir sus contradicciones. No busca soluciones mediocres, sino propuestas nuevas, creativas y audaces para relegitimar las instituciones, así como también procurar que la insurgencia deje de obrar basada en la razón de la fuerza para empezar a creer en la fuerza de la razón

    Lo dijo el Libertador Simón Bolívar en 1821 en la construcción de su proyecto emancipador del yugo español que oprimía el ansia de libertad de los pueblos americanos: “Se luchará por desarmar al adversario, no para destruirlo”.

    Como colombiano, siempre he podido ejercer mi derecho a elegir a quienes considero deben regir los destinos de mi patria. Hoy, cuando ejerzo las funciones de Alto Comisionado para la Paz, soy más consciente de ese hecho que nunca. Si bien no fui elegido popularmente, sí lo fue el Presidente Pastrana -y con la votación más alta de la historia colombiana-, quien ha depositado en mi su confianza para trabajar tiempo completo por la construcción de la paz.

    Siento, como todo el equipo de gobierno, una enorme responsabilidad frente a los colombianos. Estamos haciendo un esfuerzo enorme por hacer del tema de la paz una política estatal que se concrete en acciones que perduren en el tiempo y no se muevan al paso del calendario electoral.

    Entiendo que la gobernabilidad se asocia con la correspondencia entre las prioridades colectivas y las decisiones públicas y, por ende, su mejoramiento depende de la capacidad de los gobiernos para ejecutar políticas públicas eficientes que respondan a los intereses y necesidades más sentidas de los ciudadanos, frente a los cuales en últimas somos responsables.

    La invitación a participar en el proceso a las distintas fuerzas políticas y actores sociales como la Iglesia Católica, los sindicatos, los gremios económicos, el Frente Común por la Paz y contra la Violencia, así como la presencia de la Comisión Nacional de Paz, está generando cada vez más consensos sobre el proceso de paz, que facilitan las decisiones presidenciales en la materia. En este sentido, espero como lo dice Anders Kompass, nos pase como a Suecia, que logró armar una sociedad próspera y equitativa a partir de los aportes de otras culturas.

    Hoy en día seguimos trabajando en los diferentes temas que están sobre la mesa. Con el ELN debemos iniciar pronto el proceso formal.

    Debemos dar el paso hacia la zona de encuentro para iniciar rápido la Convención Nacional y dar comienzo también a las negociaciones. Es por esto que debemos superar tropiezos y malos entendidos y poner cada uno de nuestra parte para poder seguir avanzando.

    Con las FARC es la hora de fortalecer el proceso llegando a los acuerdos en el primer punto de la agenda para pasar pronto a las discusiones sobre temas como el agrario o el político.

    Es el momento de empezar a concretar los mecanismos para lograr la disminución del conflicto. Es tiempo de empezar a desarrollar acuerdos humanitarios aplicando el DIH. Entiendo que los colombianos pierdan muchas veces la paciencia, sobre todo cuando las negociaciones son bombardeadas por actos de guerra, cuando todos queremos únicamente hechos de paz. Sobre todo cuando se insiste en el secuestro, en el asesinato, en la extorsión, en la destrucción de poblaciones humildes, en los atentados terroristas, como medios de presión a todas luces innecesarios e inconvenientes cuando se está adelantando un proceso de reconciliación.

    Este es el momento de perderle el miedo a avanzar en el camino de la paz. Para eso, el reto más grande que enfrentamos hoy los colombianos que creemos en una salida negociada al conflicto, es ser conscientes de que no nos podemos dar el lujo de desfallecer, porque no habrá patria para luego del reposo.

    Y no podemos permitir que se nos acabe la fe y la esperanza, esa que mantuvieron hasta el final esos miles de muertos, esos miles de muertos que ofrendaron su vida para que hoy tengamos la oportunidad de estrechar nuestras manos.

    Muchas gracias


    Lugar y fecha

    Estocolmo, Suecia
    25 de abril del 2001

    Destacados

    publicaciones recientes

    Relacionados

    Deja un comentario

    Copyright2020 Biblioteca Presidencial Andrés Pastrana | All Rights Reserved