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  • POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS, DIH Y LUCHA CONTRA LOS GRUPOS ILEGALES DE AUTODEFENSA

    Convicción de que la promoción y defensa de los derechos humanos, además de ser componentes indispensables de la agenda de un proceso de paz y de contribuir a dicho proceso, requieren de una política independiente para atender las características y ámbitos que le son propios. La definición de la Política fue producto de una intensa labor de concertación interinstitucional, participativa y crítica. Para su impulso fue encargado el Señor Vicepresidente de la República y se creó un Programa Presidencial bajo su directa supervisión.

    LOS AVANCES MÁS IMPORTANTES EN LA APLICACIÓN DE ESA POLÍTICA SON LOS SIGUIENTES:

    1 Lucha contra los grupos armados al margen de la ley

    La lucha por igual contra todos los grupos armados al margen de la ley ha sido derrotero prioritario del Gobierno, en el entendido que el deterioro de la situación colombiana está relacionada con la persistencia y gravedad de las acciones de estos grupos contra la población colombiana.

    PLAN DE ACCIÓN DE LUCHA CONTRA LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA:

    1) hemos creado un “Centro Nacional de Coordinación para la Lucha contra los Autodefensas Ilegales”, en el cual, además, del Gobierno y la Fuerza Pública, participan la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo.

    2) Creamos también una Brigada Financiera, en la que participan la Fiscalía, la Superintendencia Bancaria, la Dirección de Impuestos y los organismos de inteligencia del Estado, para detectar y combatir los fondos provenientes de la actividad delictiva de las autodefensas, así como a quienes financian a estos grupos ilegales.

    3) Las operaciones militares contra estos grupos, las cuales se han incrementado en un 123% en el último año.

    Durante mi gobierno se han capturado 601 y dado de baja a 124 de sus miembros.

    Sólo el año pasado más de 400 integrantes de grupos ilegales de autodefensa fueron dados de baja o capturados, superando en un 10% el número de capturados y en un 150% el número de abatidos en el año 1999.

    Inclusive, hemos derribado ya un helicóptero artillado de estas fuerzas irregulares.

    Más de 700 presuntos miembros de grupos de autodefensa, vale decir, casi el 10% de sus integrantes, están hoy retenidos en las cárceles colombianas, un porcentaje mucho mayor que el de guerrilleros detenidos.

    4) En el aspecto judicial, las cifras también son contundentes: la cantidad de acciones penales que adelanta la Fiscalía contra los grupos de autodefensa es más de tres veces superior a las ejecutadas contra la subversión.

    Pero las investigaciones no son sólo penales, sino también administrativas, las cuales han producido importantes resultados. Como prueba de lo que afirmo están los múltiples fallos de destitución y condena que han afectado a altos oficiales de las fuerzas armadas por acciones u omisiones que fueron denunciadas.

    5) Hemos atribuido al comandante general de las fuerzas militares la facultad discrecional de desvincular en forma inmediata de las filas, sin juicio previo, a los uniformados, cualquiera que sea su rango, contra los que existan sospechas fundadas de que violan derechos humanos o colaboran con los grupos ilegales. En su breve tiempo de vigencia, esta atribución ya ha sido ejercida, separando de las filas a 388 miembros de las fuerzas militares.

    6) La mayor parte de las actividades de fumigación de cultivos ilícitos extensos la estamos realizando en zonas de alta presencia de los autodefensas, donde hemos destruido también más de 20 laboratorios de procesamiento de droga.

    Como puede verse, el Estado colombiano no se ha quedado quieto ni se quedará quieto en su lucha denodada contra estos grupos criminales. Estamos obrando siguiendo un plan serio y coherente, que está produciendo buenos resultados.

    COMBATE AL SECUESTRO

    El Programa de Defensa de la Libertad Personal fue asumido por el Ministerio de Defensa, con el fin de coordinar acciones militares y policiales para rescatar a personas secuestradas. Así mismo, el programa brinda asistencia psicológica y jurídica a las familias de las víctimas.

    2. Fortalecimiento de la Fuerza Pública:

    • Programa de Modernización de las Fuerzas Militares

    En términos no sólo de eficiencia sino de legitimidad -enmarcada en la observancia de los derechos humanos y los principios democráticos-, y la permanente formación pedagógica de sus miembros en estas materias.

    • Nuevo Código de Justicia Penal Militar, en vigencia desde el 12 de agosto del año 2000, constituye un avance en el proceso de modernización de la Fuerza Pública. En él se adoptan disposiciones en torno al alcance del fuero militar, en especial con la exclusión del conocimiento de jueces castrenses de tres tipos de conductas consideradas graves violaciones de los derechos humanos, que deben ser de conocimiento exclusivo de la jurisdicción ordinaria. Se establecen los criterios generales de orientación para la definición de competencias por parte de las autoridades judiciales. En materia de procedimiento se consagra la separación entre jurisdicción y mando.

    • Directiva No. 01 de agosto del 2000, mediante la cual el Presidente de la República, en su condición de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ordenó a todas los integrantes de la Justicia Penal Militar, en su carácter de miembros de la rama jurisdiccional del Estado, dar cabal aplicación al Código penal Militar y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en lo relativo a la exclusión de las conductas constitutivas de genocidio, tortura y desaparición forzada de personas y graves violaciones de los derechos humanos, a favor de la justicia ordinaria.

    • Reformas en el régimen laboral y disciplinario de la Fuerza Pública

    En el marco de la Ley 578 de marzo del 2000, que confiere facultades especiales al Presidente de la República, se expidieron 11 decretos reglamentarios para la reforma de las normas de carrera, los reglamentos del régimen disciplinario y de evaluación de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

    En particular el Decreto 1790, relativo a las normas de carrera de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, confiere al Gobierno la facultad de retirar discrecionalmente, por razones del servicio, independientemente de su antigüedad, a personal militar. El 16 de octubre de 2000, el Gobierno, haciendo uso de esta facultad, dispuso el retiro de 89 oficiales y 299 suboficiales de las Fuerzas Militares.

    El Decreto 1797, que consigna el régimen disciplinario, amplía el número de conductas contempladas como faltas disciplinarias, consagra faltas más severas para las mismas; agiliza el procedimiento para su investigación y sanción; consagra como faltas gravísimas, en particular, incurrir en genocidio, tortura y desaparición forzada, y atentar contra la vida e integridad de la persona.

    • Programas educativos en materia de DDHH y DIH de la Fuerza Pública.

    Durante los períodos de formación de oficiales, suboficiales y personal del nivel ejecutivo, se dictan en promedio 90 horas anuales en estas materias. Adicionalmente, durante los cursos de ascenso, el personal recibe como mínimo 20 horas de formación complementaria. Los soldados e infantes de marina en sus fases de instrucción reciben entrenamiento permanente en estos temas. Así mismo, se imparte capacitación especializada al personal comprometido en operaciones, que incluye cursos internacionales, cursos nacionales, diplomados y seminarios y eventos especiales.

    3. Protección de los defensores de derechos humanos y de líderes sociales y sindicales.

    Expedición de la Directiva Presidencial de Respaldo, Interlocución y Colaboración del Estado con las Organizaciones de Derechos Humanos.

    Reconocimiento de la importancia y legitimidad de su acción en la consolidación de una cultura democrática y de respeto por los derechos humanos.

    Fortalecimiento del Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Personas Amenazadas, adscrito al Ministerio del Interior.

    Este Programa tiene el objeto de proteger a los defensores de derechos humanos, sindicalistas y activistas sociales que se encuentran amenazados en su condición de tales. Dicho Programa cuenta con un Comité de Evaluación de Riesgos, integrado por representantes de las entidades con competencia en el tema y de organizaciones sociales.

    En el año de 1999 se adicionaron al presupuesto del Programa ocho mil millones de pesos, más de cuatro millones de dólares, para el logro de sus objetivos. Durante el año 2000 el Programa ha sido fortalecido con dos mil millones de pesos, cerca de un millón de dólares. Adicionalmente, se encuentra en trámite para cooperación internacional un proyecto de fortalecimiento del Programa por un valor de más de cuatro millones de dólares. Con dicho fortalecimiento se pretende ampliar el cubrimiento del Programa a otros sectores vulnerables tales como líderes de minorías étnicas, periodistas, integrantes de la misión médica y funcionarios públicos.

    El Programa desarrolla las siguientes líneas de acción:

    a) Protección de personas amenazadas: Están en funcionamiento 30 esquemas de “seguridad dura”, los cuales incluyen servicio de guardaespaldas de confianza de los protegidos, chalecos antibalas, pistolas, radios, camionetas.

    Por otra parte, el Programa imparte cursos de autoprotección.

    b) Protección de sedes: Han sido adecuadas o están en proceso de serlo ( en obra o con adecuación ya contratada) 85 sedes de organizaciones amenazadas. De dichas sedes 39 corresponden a sedes de organizaciones no gubernamentales. La adecuación incluye aspectos tales como blindaje de puertas, circuitos de televisión, detectores de metales y detectores de explosivos.

    c) Sistema de comunicaciones: Está conformado un sistema de comunicaciones entre las diferentes organizaciones objeto del Programa y las instituciones que conforman el Comité de Evaluación de Riesgos. Dicho sistema cuenta con 250 teléfonos Avantel (celular, beeper y radio), más de 180 celulares. El comité de Evaluación de Riesgos ordenó la compra de 50 teléfonos Avantel y 350 celulares adicionales.

    d) Ayudas humanitarias de emergencia, para manutención, alojamiento y reubicación de personas en estado de riesgo.

    e) Medios de movilización nacional, fundamentalmente tiquetes aéreos y esquemas de transporte terrestre como mecanismo de protección.

    f) Medios de movilización al exterior. El Programa ha suministrado pasajes aéreos internacionales a más de 20 líderes sociales y defensores de derechos humanos en extrema situación de riesgo.

    Creación y puesta en marcha del Programa de Protección a periodistas y comunicadores sociales, Bajo la coordinación del Ministerio del Interior. Dicho Programa cuenta con un Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos, integrado por entidades del Estado y organizaciones de periodistas y comunicadores sociales.

    4. Atención a la población desplazada por la violencia.

    Expedición del Documento CONPES 3057 de1999

    En él consigna el Plan de Acción para la atención a la población desplazada, bajo la coordinación de la Red de Solidaridad Social, con enfoque descentralizado, fundado en el respeto de los derechos humanos, el DIH y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.

    Conformación de una Unidad Técnica Conjunta entre la Red de Solidaridad y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para el diseño de esquemas de operación de la atención del desplazamiento.

    Acciones de la Red de Solidaridad Social

    • Asistencia humanitaria: Asistencia alimentaría, suministros de insumos e implementos para la atención humanitaria, alojamientos temporales, apoyo a traslado de donaciones, y/o atención en salud.

    • Mejoramiento de las condiciones de asentamientos temporales.

    • Coordinación de procesos de retorno de comunidades desplazadas

    • Acciones para la reubicación rural y urbana de poblaciones que no han podido retornar por condiciones de seguridad.

    Estas acciones han beneficiado a cerca de 30.000 familias.

    • Adquisición de tierras, por parte del Incora, para la reubicación rural de familias desplazadas.

    5. Medidas particulares de impulso al Derecho Internacional Humanitario

    Protección de los menores del conflicto armado.

    La Fuerza Pública actualmente no recluta ni vincula a menores de 18 años en sus filas. Esta decisión fue recogida en la ley 548 de 1999.

    Erradicación de las minas antipersonales.

    Ratificación de la Convención de Ottawa sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción.

    Se está diseñando una campaña de prevención de accidentes y erradicación de las minas instaladas, que ya cuenta con recursos asignados por parte del Fondo de Inversiones para la Paz.

    1. Lucha contra la impunidad e Impulso a la administración de Justicia

    Comité Especial de Impulso a las Investigaciones de Violación de Derechos Humanos

    Se ocupa de impulsar y hacer seguimiento atento a las investigaciones por más de treinta casos especialmente graves de violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. En desarrollo de las investigaciones varios casos han pasado a la etapa de juicio, y, en el campo disciplinario se han producido sanciones de destitución.

    Comité Mixto para la búsqueda de una solución amistosa en el caso de la Unión Patriótica.

    Impulsa las investigaciones que adelantan las instancias pertinentes por los hechos en contra de los miembros de esa organización política. Fue creado a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y está integrado por representantes de los organismos de investigación, los peticionarios del caso y entidades del Gobierno.

    Dinámicas de trabajo interinstitucional que incluyen entre sus funciones el impulso de casos de violaciones de derechos humanos de sectores vulnerables. Entre ellos cabe señalar el Comité de Derechos Humanos de los Trabajadores y el Comité de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

    Agenda legislativa:

    Nuevo Código de Justicia Penal Militar, sancionado a mediados de 1999 y en vigencia desde el 12 de agosto del presente año, constituye un avance en el proceso de modernización de la Fuerza Pública. En él se adoptan disposiciones en torno al alcance del fuero militar, en especial con la exclusión del conocimiento de jueces castrenses de tres tipos de conductas consideradas graves violaciones de los derechos humanos, que deben ser de conocimiento exclusivo de la jurisdicción ordinaria: Tortura, Genocidio Desaparición Forzada.

    Ley que tipifica como delitos la desaparición forzada de personas, el genocidio y el desplazamiento forzado y aumenta las penas por el delito de tortura. Así mismo, la ley contiene una serie de disposiciones importantes de política criminal en relación con el delito de desaparición forzada, como la creación de los grupos especiales de trabajo de personas desaparecidas, el registro nacional de ellas, la administración de sus bienes, obligación permanente del Estado de buscar a dichas personas, mecanismo de búsqueda urgente, y la no amnistiabilidad e indultabilidad de los delitos contenidos en este proyecto de ley

    Código Penal, sancionado a través de la ley 599 de julio de 2000, por el cual se adopta en Colombia un nuevo régimen penal, que incluye la tipificación como delito de infracciones al derecho internacional humanitario, tales como el homicidio en persona protegida, la utilización de medios de guerra ilícitos, los actos de terrorismo, los actos de barbarie y la toma de rehenes, en procura de la protección de las personas que no toman parte en el conflicto armado.

    Proyecto de Nuevo Código Único Disciplinario

    Presentado por el Procurador General de la Nación al Congreso de la República. Regula con exactitud y severidad las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y consagra el aumento del término prescriptivo de la acción disciplinaria y de la sanción en estos casos.

    Estatuto de la Corte Penal Internacional. E Estado colombiano participó en las comisiones preparatorias del texto, así como en la Conferencia de Plenipotenciarios que sesionó en Roma en el año de 1998 y que dio como resultado el texto definitivo de dicha Convención, que Colombia suscribió el 10 de diciembre del mismo año.

    Además, ha participado activamente en las sesiones de la Comisión preparatoria sobre los elementos del crimen y las reglas de procedimiento y prueba.

    7. Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

    El Gobierno se ha propuesto la realización de un Plan de Acción, que parta de la noción de integralidad de los derechos humanos y de la dependencia recíproca entre todas las llamadas generaciones de derechos humanos.

    El diseño del Plan cuenta con la colaboración de la Oficina en Colombia de la Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Ya concluyó una primera fase, de exploración con sectores sociales y académicos y con entidades gubernamentales y estatales, y está por iniciarse una segunda etapa.

    Comisión Intersectorial Permanente para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario,

    Creada para orientar y coordinar las acciones en estas materias desde el Alto Gobierno, incluida la elaboración del Plan Nacional de Acción. Está presidida por Vicepresidente de la República y cuenta con la participación de los ministros concernidos en el tema y por el Alto Comisionado para la Paz. Para apoyar su labor, está trabajando un Comité Técnico, conformado por delegados de las entidades del Gobierno y del Estado con responsabilidades en la materia.

    8. Orientación desde la perspectiva de derechos humanos, en el diseño y puesta en marcha de los Proyectos del Plan Colombia.

    El Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario está coordinando con las distintas entidades del Estado, organizaciones de la sociedad civil, la academia, y los cooperantes internacionales, la realización de proyectos que permitan avanzar en la superación de la situación de los derechos humanos.

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    Lugar y fecha

    Bogotá, Colombia
    2001

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