La enfermedad andina

por Andrés Pastrana Arango

El mal que podría denominarse “enfermedad andina” aqueja a las democracias presidenciales del bloque regional y se manifiesta en el deterioro acelerado y difícilmente reversible de sus instituciones al forzar su acomodo a mandatos personalistas. Colombia no es la excepción.

Pretextos diversos que van desde pretendidos imperativos de una revolución hasta la extensión de lo que en un momento histórico es percibido por la mayoría como un buen gobierno, desembocan en la misma concentración de poderes y desmonte de los constitucionales pesos y contrapesos. El desmonte, a la manera andina, de la separación de poderes.

Dentro de este exótico marco, Colombia vive la realidad de un Presidente-candidato, en búsqueda abierta de una segunda reelección, sin siquiera las talanqueras formales que se le exigen a los funcionarios públicos. Un Presidente en campaña, en contravía de la Constitución vigente, con el Presupuesto Nacional y cerca de dos millones y medio de subsidios asignados desde su propio despacho –por decir lo menos- no es garantía de juego limpio para colectividades o personas.

La constitución colombiana de 1991 se construyó en torno a un equilibrio de poderes y una conciencia colectiva de la necesidad de un nuevo marco institucional para la paz, la justicia social, el desarrollo y la concordia. El nuevo entorno institucional controlaba y a su vez engrandecía la figura presidencial con el cuidadoso y transparente diseño de cruces de períodos para los organismos de control, las ramas del poder público e, incluso, las postulaciones de los miembros de una junta autónoma del Banco Central. La Carta, nutrida de fuentes diversas, introdujo nuevos sistemas, mecanismos e instituciones que los colombianos construimos y ajustamos día tras día.

A este frágil y naciente organismo se le ha roto el espinazo al introducirle, a lo bestia, el elemento extraño de la reelección presidencial. Al primar la consideración personal sobre el valor de las instituciones, al igual que en el caso de nuestros vecinos, la extensión de los mandatos hacia la perpetuación en el poder destruye paulatina y persistentemente el caserón constitucional. El Procurador, el Fiscal General, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la junta del Banco Central, designados directa o indirectamente por el Presidente de la República son hoy la base de la nueva institucionalidad colombiana.

En términos casi idénticos a los de esta nota me he dirigido al presidente de mi partido, el Conservador, haciéndole notar que la responsabilidad histórica de nuestra colectividad, como socio de la coalición de gobierno, es reflexionar en términos nacionales sobre si lo que considera un buen mandato justifica que, al término de sus cuatrienales extensiones, se reciban de vuelta apenas los jirones de nuestras instituciones.

El mínimo deber de un partido bolivariano de 160 años con su militancia es buscar las garantías democráticas para que cualquiera, gane o pierda, pueda aspirar a la búsqueda de la Presidencia de la República, teniendo en cuenta que la base de la ciencia jurídica es el fin general y abstracto, no personal, de la ley. Por ello he insistido en que, siendo la reelección cuerpo extraño al diseño de nuestro sistema institucional, el conservatismo debe –ya plegadas sus directivas ante el hecho cumplido del Presidente-candidato y roto el principio de igualdad en la contienda- al menos buscar fórmulas inmediatas para fiscalizar la utilización de los bienes del Estado, el acceso a los medios y la asignación de recursos en manos del mandatario aspirante.

El Partido Conservador Colombiano, como faro de la opinión, debe advertir los eventuales peligros en el horizonte del destino de Colombia y plantear aún los escenarios más impopulares sin temor a la controversia democrática ni a los números de los sondeos de opinión. Ya en los albores de las naciones bolivarianas el Libertador advertía: “Huid del país donde uno solo ejerza todos los poderes: es un país de esclavos” (2.1.1814). El campanazo del genio debe resonar en los espíritus libres y en quienes aspiran a gobernar para las generaciones futuras.