He querido, con la venia de ustedes, apropiarme del título de la famosa novela de Marcel Proust para denominar esta charla “ en busca del tiempo perdido ”. En efecto, debo empezar por confesarles que me angustia tremendamente contemplar cómo, mientras el mundo avanza vertiginosamente hacia el año 2000, y las sociedades se transforman a un ritmo sin antecedentes en la historia, los colombianos nos hayamos dedicado últimamente a perder el tiempo. Sí, a perder el tiempo.

Hemos perdido casi dos años discutiendo sobre la financiación de la campaña samperista con dineros del narcotráfico. Dos años tirados al vacío, estériles, en los que hemos visto con profundo dolor acelerarse el proceso hacia la disolución en el que Colombia se ha embarcado con demencial torpeza. Dos años en los cuales el gran impulso modernizador que la economía había adquirido en el contexto de una nueva política mundial se paralizó, y, como los carros viejos que pretenden coronar una dura cuesta sin consideración con su desgastado motor, la máquina económica se detuvo en la mitad de la loma, incapaz de avanzar con su pesada carga, y ahora empieza a rodar cuesta abajo sin frenos que la detengan; dos años en los cuales el poder amenazante de la subversión creció hasta el punto que aún los más optimistas empiezan a dudar de la capacidad del estado para contenerla; dos años en los cuales la justicia se ha atascado, y aparte de la decisión trascendente del “ proceso 8000 ”, muestra un balance bien pobre en la solución de los problemas del ciudadano común; dos años en los que las relaciones con los Estados Unidos – nuestro primer socio comercial – llegaron a su nivel más bajo desde la separación de Panamá; dos años en los que las relaciones con Venezuela, que en 1994 auguraban una era dorada, de intenso intercambio comercial y de armonía sin precedentes, hoy se han deteriorado tanto, que en vez de las tractomulas cargadas de productos, son las notas diplomáticas de protesta las que cruzan la frontera; dos años en los que hemos perdido el respeto internacional; dos años, en fin, perdidos para la historia y para el futuro de nuestros hijos, que bien pueden denominarse, para usar la frase de Churchill, como “ los años que devoró la langosta ”; dos años luctuosos, que se hubieran fácilmente evitado si en la Casa de Nariño hubiese una persona de limpia credencial capaz de entender sus deberes para con la patria.

En otros tiempos, cuando el embarazo de una dama soltera se consideraba una vergüenza familiar, se trataba de remediar la situación ocultando el fruto del pecado, lo que sólo lograba difundir la noticia con más rapidez. Tal cosa fue lo que mis críticos quisieron que yo hiciera cuando personas anónimas pusieron en mis manos los narcocasetes: que ocultara las pruebas del pecado que avergüenza la familia colombiana, que tirara las grabaciones a la basura, que guardara silencio ante el más criminal atropello que se haya cometido contra la dignidad del pueblo colombiano, como si el silencio de Andrés Pastrana hubiera impedido que tarde o temprano brillara con su resplandeciente esplendor la luz de la verdad, como si mi silencio hubiera sido suficiente para limpiar la indignidad con la que se manchó el solio del Libertador.

Claro, yo hubiera podido guardar silencio y aceptar del Presidente unas migajas burocráticas, y entonces los periodistas defensores del régimen en vez de un traidor y un resentido me hubieran convertido en un apóstol del entendimiento y de la concordia. Me hubiese ahorrado también dos años de calumnias, de ofensas y de infamias, que incluyeron a mi familia. Pero no hubiera podido volver a dormir en paz, ni me hubiese sido posible mirar tranquilo a los ojos confiados de mis hijos sin encontrar en su límpida inocencia un reproche incancelable.

La historia no premia a los dirigentes débiles que entregan sus banderas cuando sopla el vendaval, sino a quienes permanecen de pie y defienden sus principios aún a riesgo de sus vidas y de su prestigio. En lo que a mí concierne, puedo mirar a la cara de todos ustedes, de todos los habitantes de este país, con la tranquilidad de haber cumplido con mi deber, con la serenidad espiritual que me proporciona el estar en paz con mi conciencia y con los tres millones seiscientos mil colombianos que votaron por la decencia y la dignidad en el manejo del Estado, por aquellos que hoy reconocen que votaron equivocadamente.

En estos dos años la corrupción se transformó en la gran vergüenza nacional. Perdimos el sentido de los valores morales, y aceptamos que el poder corruptor del dinero no tiene límites. Como lo dije recientemente en Popayán, los narcotraficantes, que empezaron comprando hermosos caballos y lujosos carros, compraron después exóticas mansiones, bellas modelos, reinas de belleza; luego compraron policías, soldados, jueces de la república, procuradores, congresistas; y, finalmente, en una demostración impúdica pero contundente de su prepotencia y del poder disolvente del dinero mal habido, terminaron comprando la Presidencia de Colombia.

Y el ejemplo cundió por todos los estamentos sociales, hasta el punto que si no reaccionamos pronto, la corrupción terminará siendo un valor aceptado en la cultura popular.
La verdad es que el país se le salió de las manos al Presidente Samper. Y esta ingobernabilidad, cada día más evidente, se acentuará cuando la mayoría cómplice de la Cámara de Representantes en decisión que deshonrará para siempre al Congreso Nacional, absuelva a quien detenta la jefatura del Estado. Naturalmente, como dicen sus defensores, la salida de Samper, por sí misma, no soluciona los gravísimos problemas que tiene Colombia. Pero sin su renuncia ningún principio de solución seria puede intentarse, porque el liderazgo del Presidente es indispensable para reconstruir el país, y un Presidente cuya legitimidad es rechazada por el sentir popular y carece de respeto internacional, no está en condiciones ni morales ni políticas para convocar a la nación a un gran esfuerzo conjunto para salir de la crisis. Para Samper gobernar es defenderse, es utilizar todos los resortes del poder con el menguado propósito de vivir en la casa de los presidentes y pasar los fines de semana en la Casa de Huéspedes de Cartagena hasta 1998, y en su defensa están comprometidos, cada vez más a fondo, los intereses de la nación que juró defender.

Si queremos, entonces, hablar de soluciones, tenemos que partir de un supuesto ineludible y sin alternativa viable: la salida de Samper.

Quisiera, en consecuencia, dedicar los minutos siguientes a expresar mi opinión sobre las políticas fundamentales que, en mi concepto, será preciso adelantar con el objetivo de reconstruir la República una vez el actual mandatario se haya ido empujado por la opinión ciudadana, acciones que, desde luego, tendrán que inspirarse en el bien supremo de Colombia.

Tengo la absoluta convicción, y así lo he expresado en múltiples oportunidades, que no es posible enfrentar los grandes retos que plantea el presente de Colombia sin el concurso de los dos partidos históricos y de otras fuerzas democráticas que han ido surgiendo en el panorama político. No se trata, exactamente, de revivir el Frente Nacional, ni de armar, a espaldas de la nación, mangualas burocráticas para compartir el presupuesto, sin compromisos ideológicos ni consensos sobre el rumbo que ha de darse a la bamboleante nave del estado, como han hecho Samper y sus aliados clientelistas. Se trata de entender que la situación del país es tan grave, y sus problemas tan complicados, que es indispensable un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sociales actuantes en el escenario nacional, liderado por un presidente con la autoridad moral y política necesaria para hacer sentir su liderazgo, con el supremo objetivo de iniciar la reconstrucción nacional.

Este gran acuerdo tendría que consolidarse en torno a los grandes temas que angustian e inquietan hoy al pueblo colombiano. Me atrevo a poner sobre la mesa de negociaciones seis cuestiones fundamentales: la paz, el manejo de la economía, la política social, la educación, las relaciones internacionales y la lucha contra la corrupción.

1. LA GUERRA POR LA PAZ.

Hace algún tiempo, supe la anécdota de una niña de nueve años que al pasar frente a alguna de las estatuas erigidas en Bogotá, preguntó cuándo habían matado al prócer representado allí. Para esa mente inocente y curiosa, en Colombia la única manera de merecer los honores del bronce es morir asesinado. Sé que casi todos los que estamos aquí presentes hemos tenido que acudir al cementerio por lo menos una vez, a enterrar a un familiar, o a un amigo cercano, víctima de la violencia. Otros hemos vivido la infernal experiencia de estar a merced de algún secuestrador desalmado, o de sentir la impotencia y la frustración que produce el exilio forzado por la sicaria amenaza.

La nuestra es la única generación de colombianos que ha tenido el penoso trance de ver en la galería del martirologio a sus amigos, a sus compañeros de colegio o de universidad. Tal es el país que le estamos forjando a las nuevas generaciones.

Y, entretanto, qué hace el gobierno ? pues el gobierno, en los ratos libres que le deja al Presidente su defensa, responde a las balas con retórica, a las masacres con vanas frases de vacío populismo. Con su característica ligereza, por ejemplo, después del vil asesinato de soldados en Nariño habló de incrementar el pie de fuerza, medida descartada enseguida por las dificultades prácticas que conlleva; se utiliza el Estado de Conmoción Interior para crear unas zonas especiales de orden público, sin que sepamos bien para qué servirán y qué efectos milagrosos tendrán esas zonas, y como si zona especial de orden público no fuera todo el territorio nacional, desde Leticia hasta la Guajira, desde el martirizado Urabá hasta la flagelada frontera con Venezuela; se les trasladan reponsabilidades de orden público a los gobernadores, cuando sabemos que los mandatarios seccionales son víctimas de la presión y el chantaje de los violentos; frente al secuestro, la acción del Presidente se limita a crear un cargo cuyo titular apenas puede dar ruedas de prensa y hacer inocentes invocaciones a los delincuentes para que liberen a sus víctimas; finalmente, ante los altos mandos militares reunidos en la Escuela Superior de Guerra, el Presidente dice, con resignación, que no puede hacer nada en materia de orden público, porque la Constitución no lo deja, como si la Constitución fuese barrera para la acción en bien de la Patria, y como si la Constitución no señalara que el primer deber del mandatario es proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos. Si éste gobierno cree que la Constitución no lo deja cumplir con sus deberes, ¿ por qué no ha presentado al Congreso los proyectos de reforma pertinentes a una Carta con sólo cinco años de vigencia ? O, mejor aún, ¿ por qué no ha hecho lo que cualquier funcionario diligente debe hacer cuando se siente incapaz de cumplir con sus obligaciones ?

Es incuestionable que el doctor Samper, de entrada, incurrió en ese pecado original de carecer de clara visión en sus planteamientos, lo que motivó que la subversión considerara los diálogos propuestos no como un medio para alcanzar la paz, sino como un fin en sí mismo que únicamente conduce a un túnel sin luz en la salida. Con manifiesta ligereza, en el inicio de su gobierno, Samper fue mucho más allá de donde llegaron sus inmediatos predecesores, y es así que ofreció diálogo en medio del fuego cruzado, sin condiciones; ofreció la transferencia de la soberanía a la subversión de los 7000 kilómetros cuadrados de La Uribe, con el abandono de la custodia militar de esa región; toleró y auspició que individuos capturados, con teléfono celular a su alcance, ejercieran desde la cárcel una ambigua misión negociadora. ¿ Y cuál ha sido la respuesta a esa insólita generosidad? masacres en el Urabá antioqueño, bombas en Bogotá, asesinato de niñas en Arauca, campesinos mutilados por las minas quiebrapatas en Santander, la espantosa matanza de Nariño, aleves asesinatos de policías y de soldados a lo largo y ancho del país, secuestros y extorsiones en todos los departamentos de la nación.

Claro está que también la rendición ante el enemigo es una forma de alcanzar la paz. Pero no creo que el pueblo colombiano esté dispuesto a renunciar a su dignidad y a entregarle la nación a los violentos. No creo, en fin, que debamos renunciar al derecho natural a defender nuestras vidas, honras y bienes, y a soñar para nuestros hijos una patria próspera y digna. La democracia también tiene derecho a defenderse.

Como decían con sabiduría los romanos, “ si quieres la paz prepárate para la guerra ”. Lo que tampoco significa que se pueda desistir de buscar acuerdos de paz. Ello debe constituir permanente y prioritaria inquietud. Mas, como lo dije durante mi campaña, el esquema de la paz no puede concebirse ni adelantarse con éxito sino solicitando a la subversión que coloque las cartas sobre la mesa, que diga sin equívocos lo que pretende, cuáles son sus propósitos, objetivos y finalidades. Lo demás se convierte en cháchara intrascendente, consistente apenas en sembrar vientos para luego cosechar tempestades de odios y de frustraciones.

Simultáneamente tenemos que profesionalizar al Ejército y a la Policía Nacional. No podemos seguir enfrentando a los grupos delicuenciales más expertos y sanguinarios de América Latina con bachilleres apenas salidos de la adolescencia. En mi campaña presidencial propuse eliminar gradualmente el servicio militar obligatorio, de tal manera que todos los soldados sean voluntarios, profesionales, y desde luego bien entrenados y equipados. Creo que esta propuesta está hoy más vigente que nunca. La decidió hace unos años Estados Unidos, la acaba de pactar José María Aznar en España, lo promete Boris Yeltsin en la campaña presidencial de Rusia. Y, claro está, es necesario hacer un gran esfuerzo presupuestal para equipar a nuestras fuerzas armadas: ¿ Cómo derrotar a los subversivos sin helicópteros, sin carros blindados de transporte, sin armas modernas, sin servicios eficientes de inteligencia ?

La sociedad colombiana, por otra parte, se ha acostumbrado a considerar que el de la violencia es un problema entre subversivos y militares, al cual la sociedad civil es ajena. Craso error, que nos ha costado muy caro. En el rescate de la paz debemos involucrarnos todos los habitantes de éste país que tengamos la voluntad sincera de lograr, como decía el maestro Echandía, “ que los colombianos podamos volver a pescar de noche ”. Campesinos, empresarios, obreros, comerciantes, estudiantes, industriales, amas de casa, tenemos, todos, que formar un frente unido para enfrentar la violencia. Creer, torpemente, que podemos permanecer al margen, es repetir la anécdota del que alimentaba el tigre con la esperanza de que se lo comiera a él de último.

2. LA POLÍTICA ECONÓMICA.

El gran “salto social” que nos prometieron al comenzar este gobierno, el gran salto de garrocha que milagrosamente nos llevaría por los aires al país de las maravillas, terminó siendo apenas un modesto brinquito, como de niños jugando a la “golosa”, que solamente sirvió para diluir en las arenas movedizas de la demagogia la tradición de buen manejo que por varias décadas caracterizó a la economía colombiana. Desde hace más de un año, y en distintos foros y oportunidades, hemos venido advirtiendo sobre los gravísimos riesgos que para la estabilidad económica de la nación representa el gasto público desbordado. La tan promocionada política social del gobierno no es más que una piñata que reparte el Presidente en sus salidas de fines de semana a la provincia, en su afán desesperado por conseguir apoyo político, y la red de solidaridad social, una telaraña para capturar votos..

Se han despilfarrado, y se siguen despilfarrando, miles de millones de pesos en un desordenado, caótico e irresponsable intento de apagar incendios cada vez que alguien protesta o amenaza con protestar en algún rincón de la geografía nacional. El ministro del “Pacto Social” ya no recorre triunfante el país anunciando el fin de la inflación, ni organiza en el Palacio Presidencial cocteles con empresarios y líderes sindicales para anunciar, bajo el brillo deslumbrante de las cámaras de televisión, ilusos pactos que el gobierno fue el primero en romper.

Se ha dicho con razón que la inflación “es el impuesto de los pobres”, porque cuando los precios suben, son los empleados, los pequeños comerciantes, los trabajadores independientes, los desempleados, los campesinos, los que sufren las consecuencias. Aunque el Gobierno ha pretendido ignorarlo, la evolución de la inflación en los últimos meses es una espada de Damocles que amenaza con caer sobre la estabilidad de nuestra economía. A finales del año pasado, con gran algarabía y despliegue publicitario nos presentaron como un éxito sin precedentes los modestos resultados logrados en el 95 contra la inflación, como si alcanzar una inflación del 20% fuese una hazaña merecedora del premio Nobel, precisamente cuando otros países latinoamericanos, como Perú y Bolivia, que hace unos años tuvieron índices inflacionarios superiores al mil por ciento anual, hoy la tienen alrededor del 10%.

Las cifras conocidas en 1996 no justifican precisamente el demagógico despliegue publicitario con el que nos bombardean todos los días tratando de convencernos de que el país marcha maravillosamente, y con el cual, de paso, se paga generosamente la nube de incienso que desde los medios oficialistas se eleva hasta el Palacio Presidencial. Los padres de familia, que este año pagaron las consecuencias de la insólita clasificación de los planteles que se inventó el Ministerio de Educación como pretexto para permitir el aumento desmesurado de las pensiones, lo que llevó a incrementarlas en más del 26%, saben que el “Pacto Social” fue una burla cruel al pueblo colombiano; como lo saben las amas de casa cuando acuden al mercado; como lo sabemos cuando pagamos los cada vez más caros servicios de agua, teléfono y energía; como lo sabe el creciente ejército de desempleados que vanamente ilusionados con la promesa de crear un millón quinientos mil empleos en este gobierno, sufrió la amarga decepción de saber que se están reduciendo los puestos de trabajo, que el sector productivo está al borde de la recesión, que de cada mil colombianos en edad de trabajar, hay 100 que no pueden llevar el sustento a sus hogares, que en el gobierno de Samper 150.000 personas se han quedado ya sin empleo. Hace una semana el poeta J. Mario quien quedo desempleado, citando al Presidente Samper por el fracaso de su política de empleo dijo: “ Hemos llegado a tal situación, que un poeta ya no puede ver las cosas color de rosa sino color de hormiga” .

Como lo saben los empresarios que están pagando tasas de interés cercanas al 45%; como lo saben los campesinos del Huila que el primero de mayo vieron asombrados al Presidente hablando por televisión de sus maravillosos programas de crédito barato y de sus subsidios a la producción, cuando poco antes ellos habían levantado un paro al que se lanzaron obligados por la desesperación de no poder pagar sus deudas ni menos conseguir nuevos créditos. Como lo saben los campesinos que asistieron a la pomposamente llamada “cumbre social rural” con la esperanza de escuchar de labios del primer mandatario propuestas concretas sobre crédito, sobre protección a la producción agropecuaria, sobre reforma agraria, y en vez de ello tuvieron que oír, perplejos y con la sensación de que el Presidente se había equivocado de auditorio, ilusas ofertas de un canal interoceánico, hechas por un gobierno que no ha sido capaz de construirles ni un canal de riego.

Como lo saben los caficultores del Quindío, y de Risaralda, y de Caldas, y del Norte del Valle, que en éstos últimos años vieron invadir sus predios primero por la roya, luego por la broca, y ahora por una plaga mil veces peor, la subversión. Ya no es un misterio que la guerrilla campea libremente por la zona cafetera, alimentada por el caldo de cultivo de la pobreza y el desempleo que trajeron la caída de los precios internacionales y el rompimiento del Pacto Mundial del Café, frente a los cuales nada hizo el gobierno para ayudarle en sus horas de angustia a una industria que durante décadas fue la columna vertebral y el nervio vital de la economía colombiana. Yo no sé si los caficultores Quindianos estén interesados en los canales de humo en los que navega la fantasía presidencial, cuando están ahogados por las deudas, extorsionados por la guerrilla, azotados por la broca, asfixiados por los altos costos y, en este año, angustiados por la perspectiva de una cosecha pobre, arruinada en la florescencia por el invierno.

Sin embargo, la política cafetera del gobierno ha fluctuado entre las vanas promesas y la descarada indiferencia. Al igual que en tantos otros aspectos, la actitud del gobierno al sentirse impotente frente a la realidad ha sido maquillarla y esconderla. Y con esto se han perdido dos valiosos años en el necesario proceso de modernizar la caficultura y ofrecerle una salida seria y responsable a los cafeteros en crisis. Es la hora de ser, como decía el Presidente Ospina Pérez, “empresarios de realidades y no mercaderes de ilusiones”. Las 500.000 familias colombianas que dependen del café no pueden vivir eternamente esperando que los vaivenes climáticos arruinen las cosechas brasileñas para que nuestro café se pague bien en los mercados internacionales. Las buenas épocas del Pacto Mundial pertenecen al pasado, muy difícilmente volverán, y el Estado Colombiano tiene que comprometerse en soluciones de fondo.

A largo plazo, la sustitución de cultivos apoyada por el Estado con crédito barato y plazos amplios puede ayudarnos mucho, sobre todo si se logra poner en marcha un fondo de sustentación de precios. Pero la experiencia ha demostrado que la sustitución de cultivos no sirve como solución ni a corto ni a mediano plazo. En primer lugar, porque la caficultura, más que una actividad económica, es un ancestro que el campesino lleva en el alma, es una de las manifestaciones culturales más arraigadas y auténticas de la nacionalidad colombiana, y no podemos exigirle que se desprenda de la noche a la mañana de aquello que ha sido siempre el centro de su vida. Y por otra parte, ¿ por cuáles cultivos vamos a reemplazar al café ? Por pastos, como lo hacen los narcotraficantes que han comprado grandes extensiones de terreno en la zona cafetera, incrementando el desempleo, pues, como es sabido, la ganadería genera muy poca mano de obra ? ¿ Por cítricos, por pitayas, por maracuyá, por qué ? ¿ Dónde está la tecnología, en qué mercados vamos a colocar la producción ? No. La sustitución de cultivos no puede ser solución a corto plazo.

Los precios del café en el mercado internacional constituyen una variable que no podemos manejar. Esto lo saben muy bien los cafeteros, como también saben que la promesa del Presidente Samper de que devaluaría libremente el peso no lo creyó ni él mismo. Ante esto, el gobierno parece haber quedado paralizado y sin instrumentos de política. Qué está haciendo, por ejemplo, para enfrentar la pérdida de competitividad del grano colombiano en los mercados externos ? Mientras que en Centroamérica producir una libra de café suave tipo exportación cuesta entre cincuenta y sesenta centavos de dólar, a nosotros nos vale ochenta centavos. Y ello sin hablar del Brasil, en donde ya se utilizan máquinas recolectoras las cuales, desde luego, no podemos emplear en nuestra quebrada topografía.

Cómo podemos mejorar sustancialmente la productividad del sector cafetero ? Con un gran esfuerzo de inversión en investigación y en transferencia de tecnología, que nos permita rebajar costos sin sacrificar la calidad. Pero ello no será posible sin un compromiso serio del Estado con los caficultores, porque es la hora de que el Estado “se meta la mano al dril” para salvarlos.

Crisis Política y Economía

En este escenario, pretender que la crisis de legitimidad que sufre el Presidente Samper no tiene efectos negativos en la economía, es ingenuo, por decir lo menos. Esos efectos negativos existen, ya se están sintiendo, y se agravarán en el futuro inmediato, especialmente en el ámbito del intercambio comercial. ¿ Qué parte, por ejemplo, de las altas tasas de interés se explica por el mayor riesgo que los inversionistas perciben hacia adelante ?

Para recuperar la economía, propondríamos cuatro políticas rectoras en desarrollo de las cuales se establecerían luego las acciones coyunturales necesarias para llevarlas a la práctica: primera, una férrea disciplina fiscal, que implica, naturalmente, recortar el gasto público. Comprendo que una medida de ésta naturaleza conlleva el sacrificio doloroso de programas sociales y de inversión, y que nada le cuesta más trabajo a un gobernante que echarle candado a las chequeras oficiales. Desde luego, entiendo que exigirle a Samper que termine sus carnavales fiscales y aplique austeridad en el gasto es, como dijo Bolívar, “arar en el mar y edificar en el viento”, sencillamente porque con medidas de esta naturaleza se salva la economía pero se pierde el aplauso de las barras que sólo se animan con los resultados inmediatos. Y eso es pedirle demasiado a un gobierno que vive del populismo y para el populismo.

Segunda, conservar la autonomía de la Junta Directiva del Banco de la República, único dique que en las actuales circunstancias está impidiendo el desbordamiento de la inflación. Yo no quiero ni siquiera imaginarme lo que hubiese pasado si este gobierno hubiera tenido en sus manos el control de la emisión monetaria, si las llaves de la célebre “maquinita” de emitir billetes estuvieran en el escritorio presidencial. La independencia del Banco, aunque a veces sus posiciones parezcan demasiado ortodoxas, nos pone a salvo de aventuras populistas como aconteció en otros países del continente. Afortunadamente el gobernante no tiene las manos libres para soltar los amarres de la compuerta monetaria.

Tercera, regresar al proceso de apertura y modernización de la economía, que este gobierno ha entrabado. Tenemos que convencernos de que un sistema económico sólo es eficiente si es competitivo, y que si seguimos atendiendo los cantos de sirena del proteccionismo, la economía colombiana quedará para siempre encallada en el atraso y el subdesarrollo.

Cuarta, que es inevitable hacer una excepción con el sector agropecuario, pues es injusto exigirle competitividad en un escenario internacional plagado de subsidios, sin tener la infraestructura adecuada y cargando la pesada cruz del secuestro, el chantaje y el boleteo.

Las anteriores no son, obviamente, las únicas acciones posibles para sacar la economía colombiana de su letargo. Pero son las pautas básicas, los criterios generales que deben orientar cualquier política económica seria y responsable en la Colombia de los próximos años.

3. LA POLÍTICA SOCIAL.

A juzgar por la verbosidad oficial, el Presidente Samper sería el descubridor de la política social. Se oculta, sin embargo, que el gasto social es un mandato constitucional, y que la Carta impone la obligación de transferir a los entes territoriales un porcentaje creciente de los ingresos de la Nación para ser invertidos en salud, educación y otros aspectos sociales como agua potable y recreación.

El gasto social es una obligación constitucional, política y moral del Estado Colombiano con los sectores más pobres de la población. Pero cuando el gasto social, como ha hecho este gobierno, se convierte en la caja menor del Presidente para tapar sus culpas comprando apoyo político, no sólo se están despilfarrando indebidamente los recursos de la nación sino desperdiciando la oportunidad de desarrollar, con seriedad, con planeación y con método una verdadera política social en beneficio del pueblo, exenta de demagogia y de populismo barato.

Lo que este gobierno llama “ política social ” no es más que un barril sin fondo, al que van a parar los recursos asignados a un alocado número de programas improvisados y sin sustento en la realidad socioeconómica del país, que están atentando gravemente contra la estabilidad económica y desquiciando vanamente el presupuesto nacional.

La verdad es que el Estado dispone de recursos que, si no son suficientes para solucionar a corto plazo las necesidades básicas insatisfechas de nuestro pueblo, sí lo son en cambio para adelantar una política social seria que realmente beneficie a los sectores más necesitados. Pero más que en incrementar el volumen del gasto cuando no hay de dónde conseguir más recursos – salvo que se aumenten los impuestos, lo que sería catastrófico cuando ya el lobo de la recesión asoma sus orejas – tenemos que preocuparnos porque las grandes sumas de dinero destinadas a la inversión social se manejen con eficiencia, transparencia y equidad en su destinación. El presente gobierno ha ensayado todo tipo de retórica con tal de no avanzar en la única dirección que era necesario seguir, que era la de mejorar la capacidad técnica y de gestión del sector público para el cumplimiento de sus nuevas funciones, y abrir mecanismos de libre participación de las comunidades en el diseño y evaluación de las políticas.

Tres ministros en las carteras de agricultura y de salud, y dos en educación y trabajo, las destinadas a manejar la política social, en menos de año y medio, reflejan claramente la improvisación y la falta de dirección del gobierno en este frente.

Sin embargo, el caso más dramático se presenta en salud y seguridad social, donde el país confiaba en que la presente administración asegurara los instrumentos necesarios para que los beneficios del nuevo sistema, uno de los más avanzados y novedosos del mundo, se hicieran realidad. Lejos de esto, el gobierno ha cedido ante las presiones de grupos privilegiados, ha permitido que los sistemas de selección de beneficiarios de programas sociales se politicen, no ha hecho virtualmente nada para el desarrollo de los instrumentos técnicos y legales necesarios para el funcionamiento del nuevo sistema.

El fracaso de la política social de Samper se refleja en las estadísticas más recientes sobre pobreza en el país. En efecto, el resultado de una política social bien concebida y adecuadamente ejecutada tiene que ser la disminución del número de personas colocadas bajo la línea de pobreza absoluta. Pues bien, desgraciadamente las mismas cifras oficiales indican que bajo la administración Samper el porcentaje de pobres absolutos ha aumentado, de tal modo que hoy, a cuatro años de empezar el siglo XXI, más de la mitad de los colombianos viven en condiciones infrahumanas de pobreza. Los datos son todavía más dramáticos en el sector rural, en el que el 72% de los habitantes sobreviven en la pobreza absoluta…. ¡ Tal es el tiempo de la gente !

4. EDUCACIÓN.

Transformar la educación en Colombia ha sido para mí una obsesión de vieja data. Por eso hice del tema educativo la columna vertebral del programa de gobierno que presenté a consideración de los ciudadanos en el pasado debate electoral. Tengo la absoluta convicción de que el muro que nos separa de las naciones desarrolladas solamente puede derrumbarse con el empuje intelectual de nuestros jóvenes adecuadamente preparados en colegios y universidades eficientes.

Registro, con satisfacción, que mi vieja tesis sobre la educación como ruta hacia el desarrollo ha sido aceptada, aún por mis contradictores que se negaban a aceptar que la forma más seria de combatir el desempleo y la pobreza es educando a la gente. Precisamente el pasado domingo un diario bogotano publicó bajo el título “ por maleducados, condenados a pobres ”, apartes de un estudio de una investigadora Canadiense que sostiene lo mismo que he venido predicando en estos últimos años.

Por otra parte, la educación es también el más valioso instrumento para prevenir la criminalidad y la violencia. Es muy conocida la sentencia del gran escritor francés Víctor Hugo: “ educad al niño, y no tendréis que castigar al hombre ”. Sin embargo, en Colombia seguimos ciegos ante una verdad tan evidente. Tanto en el porcentaje de niños y jóvenes matriculados, como en la calidad de la educación que reciben, la brecha que nos separa de los países desarrollados crece en vez de disminuir. En efecto, mientras un niño de primaria recibe al año, en promedio, 1100 horas de clase en los Estados Unidos, 1200 horas en Corea del Sur, 1300 horas en Europa y 1500 horas en el Japón, en Colombia, según Planeación Nacional, recibe apenas 680 horas, menos de la mitad de las que se reciben en el Japón, sin que obviamente quepa comparación alguna en materia de calidad. Y ello sin mencionar otros aspectos igualmente graves, como la deserción de los educandos en colegios y universidades, y el alto porcentaje de jóvenes profesionalmente frustrados por matricularse en carreras para las cuales no tienen aptitudes, porque no somos capaces de orientarlos a la hora de escoger profesión.

Necesitamos, por consiguiente, un vuelco total en nuestro sistema educativo. Necesitamos que nuestros jóvenes aprendan a pensar, a tener iniciativas y a desarrollar su creatividad. Que nuestros trabajadores y campesinos tengan la capacidad para vincularse activamente al proceso de modernización tecnológica. Y finalmente, que nuestros empresarios descubran las bondades de una fuerza de trabajo más y mejor educada. Necesitamos, finalmente, un gran acuerdo para hacer de la educación el motor de nuestro desarrollo. Tan vasta tarea no se realiza de la noche a la mañana. Quizás nos lleve una generación hacerlo, pero tenemos que empezar ya.

5. LA POLÍTICA INTERNACIONAL.

Dentro de nuestra condición de nación relativamente pobre y medianamente desarrollada, históricamente Colombia mantuvo una posición digna y respetada en el concierto de los pueblos cultos, e incluso descollamos por nuestro respeto tradicional por el derecho internacional, y por el aporte de figuras estelares de la hermandad latinoamericana, como Alberto Lleras. Mas ahora, y en virtud de los imperdonables entendimientos de Samper con las mafias del narcotráfico, hemos pasado a ser algo así como los parias del mundo, en la poco recomendable compañía de dictaduras como las de Libia e Irak. Con inmenso dolor de patria tenemos que aceptar que el nombre de Colombia ya no se pronuncia con respeto en los foros internacionales y que en muchos aeropuertos del mundo portar el pasaporte con el escudo de Colombia es una mácula.

Tal situación es humillante e intolerable. Por respeto a la memoria de los héroes que cayeron luchando contra el narcoterrorismo; por respeto a nuestros hijos, que tienen derecho a crecer en una patria respetable y a mirar con orgullo su bandera ondeando al viento de la libertad; por respeto incluso a nosotros mismos, tenemos que rescatar la mancillada dignidad de la nación.

Solamente cuando el mundo vea que al frente del estado hay personas intachables e intachadas podremos ganar de nuevo su respeto. Y solamente cuando nuestra voz se escuche de nuevo con respeto en los grandes foros internacionales, podremos convencer a la comunidad mundial de que la lucha contra el narcotráfico no la podemos librar solos, que controlar los centros de consumo es tan importante como controlar la producción.

Rescatar la dignidad de Colombia ante el mundo, normalizar las relaciones con los Estados Unidos, eliminar los focos de perturbación que están enturbiando nuestra amistad con Venezuela, e impulsar el proceso de integración económica con los países latinoamericanos, deben ser los objetivos prioritarios de nuestra política internacional en el futuro inmediato. En el caso Venezolano, no podemos seguir sordos a sus reclamos por un control militar efectivo de nuestra frontera, pues el secuestro y la extorsión de ciudadanos venezolanos, junto con el asesinato de guardias de ese país por parte de subversivos colombianos, puede ocasionar conflictos muy lamentables para ambos pueblos.

6. LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

“ El pueblo tiene sed de probidad, como el desierto tiene sed de agua ”, dijo el Maestro Valencia. Muchos colombianos consideran, y no les falta razón, que la corrupción es el peor mal que azota la nación, porque le sirve de excelente pretexto a la subversión para insistir en su estéril derramamiento de sangre, y porque ha llevado al desprestigio de la clase política y aún del sistema democrático. Todos estamos de acuerdo, entonces, en que hay que erradicar este flagelo. Pero, ¿ cómo ? se puede hablar, en serio, de eliminar la corrupción cuando tenemos un presidente que se ha convertido, para vergüenza de Colombia, en el símbolo mundial de la corrupción, cuando Colombia es catalogada internacionalmente como una narcodemocracia ?

Si hay un terreno en el que la denominada sociedad civil debe actuar para salvar la república, es el de la búsqueda de la transparencia en la gestión del Estado. Pienso que tenemos los suficientes instrumentos legales. Muy pocos países tienen, por ejemplo, un régimen legal de inhabilidades más estricto que el nuestro para los parlamentarios, cuyos efectos ya se han empezado a sentir, desde que varios de ellos han perdido sus investiduras. Pero tenemos que denunciar, denunciar, persistir para que la justicia siga dando resultados. Y desde luego, la mejor arma contra la corrupción es el ejemplo de los dirigentes de la nación. Pero si, como dice la Biblia, la sal se corrompe, sólo nos espera la disolución de la patria.

Queridos amigos: He pretendido hoy presentarles una agenda, mínima pero fundamental, para reconstruir la República que se está disolviendo carcomida por la corrupción, la demagogia y la inmoralidad. La criminal connivencia entre narcotráfico y política erosionó las bases morales de la sociedad colombiana. Pero aún tenemos tiempo para recuperar la fe y la dignidad de nuestra querida patria, hoy humillada y ofendida. Aún es tiempo de lograr que la risa cristalina de nuestros hijos no se extinga con el ruido de los disparos y el sufrimiento.

Todavia no es demasiado tarde; Todavía tenemos tiempo de regresar en busca del tiempo perdido. Todavía tenemos tiempo de pasar sobre estos dos años estériles el manto piadoso del olvido. Y cuando el tribunal justiciero de la historia haya dado su veredicto inapelable, quizás podamos colocar sobre la tumba de este gobierno, como epitafio, parodiando la frase que alguien aplicara a un discutido personaje de la historia europea: “ el poco bien que hizo lo hizo mal, y el mucho mal que hizo lo hizo bien. ”

Muchas gracias.

Lugar y Fecha

Armenia, Quindío
4 de junio de 1996