Los grandes acuerdos, en las horas de angustia, entre las fuerzas políticas que representan a la inmensa mayoría del pueblo colombiano, no son asunto ajeno a nuestra historia y a nuestras mejores tradiciones republicanas. Recordemos, por ejemplo, los patrióticos entendimientos entre Rafael Núñez y el Partido Conservador, que hicieron posible la Regeneración, o el “ Canapé Republicano ” del Presidente Carlos E. Restrepo, o la convocatoria de Laureano Gómez para apoyar al gobierno de Olaya Herrera en la guerra contra el Perú, para no hablar de los redentores pactos del Frente Nacional. Mal puedo ser, por lo tanto, indiferente a que hoy, cuando Colombia atraviesa una de las etapas más difíciles y amargas de su existencia, se busque de nuevo un amplio consenso nacional para presentarle al país soluciones conjuntas a la crisis.

Más es innegable que la principal causa de la crisis es la sombra de ilegitimidad que rodea la credencial del doctor Ernesto Samper Pizano por la financiación de su campaña presidencial con dineros del narcotráfico, sombra que crece a medida que avanzan las investigaciones de la Fiscalía. Ello ha deteriorado notoriamente la imagen del país en el exterior, pues le ha dado visos de validez al concepto que se tiene en algunos círculos según el cual Colombia es una “narcodemocracia”, le ha restado al Presidente capacidad de liderazgo, ha consumido su tiempo tratando de defenderse, y le inhibe moralmente para asumir la dirección del gran pacto que nos ha propuesto.

De ahí que el acuerdo nacional no será posible mientras esté cuestionada la legitimidad moral de la elección del doctor Samper, mientras tenga que ejercer la presidencia a título precario. Y tal cuestionamiento solamente se disipará si algún ente, con una credencial de impecable credibilidad ante el pueblo colombiano, investiga la conducta del Presidente con relación a la financiación de su campaña.

El señor Fiscal General de la Nación, en razón de su conocida prudencia, lo que respeto pero referente a lo cual tengo reservas de alcance constitucional , ha aceptado que la investigación sobre la conducta del señor Presidente de la República esté en manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Pero es manifiesto que la inmensa mayoría del pueblo colombiano desconfía profundamente de la imparcialidad de esa célula legislativa, como lo demuestra, entre otros ejemplos, la encuesta publicada en el diario “ El Tiempo ” el domingo 19 de noviembre, según la cual el 74% de los ciudadanos piensa que la Comisión absolverá al Presidente, lo que es presunción implícita de un fallo absolutorio anticipado.

Y es que existen razones de mucho peso para poner en tela de juicio la imparcialidad tanto de la Comisión de Acusaciones como del representante investigador, doctor Mogollón: en primer lugar, algunos integrantes de la Comisión son investigados actualmente por la Corte Suprema de Justicia, lo que en términos morales los inhabilita para acusar al primer mandatario; en segundo lugar, la gran mayoría de los integrantes de la Comisión –

incluyendo obviamente al mismo doctor Mogollón – pertenecen al sector oficialista del Partido Liberal, apoyaron la candidatura del doctor Samper y lo acompañaron en su campaña: ¿ cómo creer, entonces, que de un momento a otro se quiten la camiseta de “ Samper Presidente ” , para colocársela a modo de venda sobre los ojos para no ver a quién están investigando, tal como manda la clásica representación de la justicia ? Y por último, que no es lo menos grave, recibieron para sus gastos electorales sumas del mismo dinero cuyo origen están investigando, y han sido beneficiados con favores burocráticos por parte del gobierno. ¿ Cómo creer, repito, que en esas condiciones la Comisión vaya a ser objetiva e imparcial al juzgar al jefe político de la mayoría de sus integrantes ?

Tales fueron las razones que me llevaron a proponerle al señor Presidente, en diálogo personal, que se sometiera a una instancia diferente a la Comisión de Acusaciones, instancia cuya función sería hacer plena luz sobre la verdad de la financiación de su campaña. No se trata, como algunos han pretendido hacer creer, de alterar el orden constitucional de la nación , ni de desconocer los poderes constituidos. Se trata de algo simple: de entender que el asunto de la financiación de la campaña del doctor Samper es un problema moral, más que político o jurídico. Y que por lo tanto, solamente si un ente de las más altas calidades morales absuelve al Presidente se configuraría ante la opinión pública su inocencia. El pueblo colombiano tiene derecho a saber si su Presidente fue o no elegido con dineros habidos en una actividad que la comunidad internacional considera

como delito contra la humanidad. El primer paso hacia la salvación de las instituciones tiene que darse en dirección a la verdad.

Naturalmente, soy conciente de que mi propuesta no encuadra, en estricto rigor, dentro de las fórmulas constitucionales actuales. Es, por lo tanto, extraconstitucional. Lo cual, por lo demás, no justifica la reacción de quienes ahora se rasgan las vestiduras con la pretensión de ser los defensores a ultranza de la actual constitución: extraconstitucional fue el plebiscito de 1957; extraconstitucional fue el referendo de 1990; extraconstitucional fue el acto constituyente que revocó el mandato del Congreso legítimamente elegido en 1990, contra la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le dio vigencia al cuerpo constituyente, y extraconstitucional fue la solicitud hecha por el doctor Samper a la Comisión de Acusaciones solicitando que lo investigara, desde que la ley suprema no contempla la posibilidad de que la investigación la solicite el presunto inculpado. Dicha solicitud fue un acto espontáneo no previsto en la Constitución, efectuado cuando no estaba el Presidente formalmente investigado por la Fiscalía y este organismo apenas había iniciado el llamado “ proceso 8000 ”, y por lo tanto el acerbo probatorio recaudado era incipiente. Es más, ya contaba el Presidente, antes de su posesión, con la extraña y apresurada decisión inhibitoria proferida por el fiscal De Greiff.

En síntesis, lo que he propuesto al señor Presidente es que se someta a una “ Comisión de la verdad ” , que aclare ante los colombianos la realidad de los dineros que financiaron la

campaña del doctor Samper, independientemente de la prevista absolución que le dará la Comisión de Acusaciones. Esta Comisión, que desde luego fallaría en conciencia, verdad sabida y buena fe guardada, estaría integrada por ciudadanos de las más altas calidades morales e intelectuales.

Desde luego, la integración de la Comisión que propongo solamente sería pertinente antes de que la Comisión de Acusaciones haga pública su decisión. Porque convocarla después de que el Presidente tenga la seguridad jurídica que le daría la absolución de la Comisión, que tanto él como su abogado han previsto, carecería de todo sentido, porque sería entrar en conflicto con un hecho cumplido.

Insisto en que sólo así este gobierno podría recuperar la credibilidad perdida, y en consecuencia estar en condiciones de liderar un gran acuerdo nacional para rescatar a Colombia y despejar el horizonte de su destino.

Lugar y Fecha

Bogotá, Colombia
1996