“BALANCE DE UN GOBIERNO QUE APOSTÓ POR LA PAZ”

“Pueblo que no sabe su historia es pueblo condenado irrevocablemente a la muerte”. Con esta frase dura y sabia de Marcelino Menéndez Pelayo, el gran humanista español que enriqueció el pensamiento universal y cuya memoria mantiene viva y actual esta Universidad en la que hoy tengo el gusto de encontrarme, se resume una verdad inobjetable.

Conocer la historia de cada pueblo es asomarse, con pie firme, a la solución de sus problemas. Desconocerla, partir de cero como si cada día fuera el de la Creación, equivale a volver a andar la senda trillada y, muy posiblemente, a repetir errores y consecuencias indeseadas.

Como una forma de contribuir a este necesario conocimiento de la historia, hoy he sido invitado a disertar sobre mi país, Colombia, y, muy especialmente, sobre el balance de los cuatro años que constituyeron mi Gobierno, entre el 7 de agosto de 1998 y el 7 de agosto de 2002, un Gobierno que –con claridad y firmeza, ante los ojos de los colombianos y del mundo- le apostó a la búsqueda del más grande anhelo nacional: la paz.

¿Cómo nos fue en esta apuesta? ¿Cómo estaban repartidas las cartas cuando entramos en la partida y cómo quedaron distribuidas al terminarla? ¿Qué sombras y luces dejó este esfuerzo monumental? Aspiro a responder estas preguntas en el curso de esta exposición.

Colombia: una opción de vida sobre la violencia

Sigamos el consejo del sabio santanderino y acudamos a la Historia como guía y maestra para entender a Colombia: este país paradójico, ubicado –como tantas veces se dice- en la mejor esquina de América del Sur, colindante con Centroamérica y el Caribe, bañado por dos océanos, poseedor del 13% de la biodiversidad mundial, y con 44 millones de habitantes dueños de una personalidad singular, tenaces frente al dolor e incansables en la alegría.

Colombia, queridos amigos de la Comunidad Valenciana y de España, tiene en sí –y esto les consta a quienes han tenido la oportunidad de conocerla y vivirla- todas las características y riquezas para ser un verdadero anticipo del paraíso en la tierra.

Sin embargo, ante los ojos asombrados del mundo y de sus mismos habitantes, se consume en un conflicto interno que nos desangra y que limita la inmensa potencialidad de nuestro desarrollo.

¿Cuándo y cómo nació este conflicto? El análisis excede las intenciones de esta conferencia, pero podemos decir que, con sus características actuales, lleva ya cerca de cuatro décadas martirizando al pueblo colombiano con su violencia fratricida.

Colombia es, posiblemente, la democracia más antigua y, sobre todo, la más continua de toda América Latina. Desde nuestra independencia en 1819, y hasta hoy, la constante en nuestro sistema de Gobierno ha sido la democracia y la alternancia en el poder por el sistema de elecciones. En el siglo XX, cuando tantas naciones del continente cayeron bajo largos periodos dictatoriales, mi país únicamente sufrió un corto intersticio de mando militar durante menos de cuatro años –entre 1953 y 1957-, el cual, además, fue considerado como una dictadura “blanda” en comparación con otros regímenes mucho más lesivos de los derechos humanos.

Los dos principales grupos guerrilleros que hoy continúan alzados en armas –las FARC y el ELN- surgieron en la década del sesenta, un periodo durante el cual los partidos históricamente mayoritarios del país se alternaban la Presidencia en un experimento de convivencia democrática al que se llamó el Frente Nacional. En dicha coyuntura, las FARC recogieron en sus filas los grupos de bandolerismo de la época de la violencia partidista, en tanto el ELN surgió como una insurgencia inspirada en la revolución cubana, como tantos otros grupos guerrilleros coetáneos en el continente americano.

De hecho, en los sesentas y setentas se crearon muchos grupos guerrilleros en Latinoamérica, con la diferencia de que la gran mayoría de ellos formaban parte de un discurso de izquierda y liberación enfrentado a regímenes dictatoriales, en tanto que en Colombia luchaban contra un Estado democrático y no contaban –ni cuentan todavía- con un real respaldo en la base popular.

¿Por qué se han acabado casi todos ellos y en Colombia tenemos que sufrir todavía su existencia anacrónica y su actividad terrorista? La clave de esta continuidad, así como la explicación de la degeneración de sus ideales originarios, se encuentra en un flagelo que se ha convertido en el principal alimentador de la violencia, no sólo en mi país, sino también en el mundo entero: el narcotráfico.

Los dineros de la droga, los dineros provenientes de los consumidores de Europa y de Estados Unidos, los dineros que muchas veces se lavan con permisividad en el sistema financiero internacional, son dineros malditos, no sólo porque provienen del deterioro de la salud y la vida de millones de adictos, sino porque financian la violencia indiscriminada del terrorismo.

Las FARC y el ELN, que ya obtenían ingentes recursos de sus actividades de extorsión y de secuestro –un crimen atroz como ninguno-, encontraron en el narcotráfico un aliado perverso. Comenzaron cobrando cuotas por vigilar sus cultivos, proteger sus laboratorios y pistas clandestinas, y hoy por hoy se han vuelto socias y partícipes directas de este infame negocio transnacional.

Por si todo lo anterior fuera poco, un nuevo actor ha ganado también protagonismo en el conflicto interno colombiano: los grupos ilegales de autodefensa, mal conocidos como paramilitares, los cuales, pretendiendo defender a la población de los ataques guerrilleros, no han hecho más que agravar el conflicto, generando luchas territoriales y acudiendo a masacres y otros actos tan criminales y repudiables como los de los guerrilleros.

Sumados los miembros de los grupos guerrilleros y los miembros de los grupos de autodefensa no superan los 40 mil integrantes. Es decir, no alcanzan el uno por mil de la población colombiana. Además, no cuentan con el más mínimo respaldo popular, registrando el más alto nivel de impopularidad y rechazo entre la gente del común. Sin embargo, su acción diseminada por todo el país y la inmensidad y diversidad de nuestra geografía han impedido su control definitivo.

Como puede verse con claridad, este difícil conflicto interno no es de ninguna manera una guerra civil, pues una guerra civil –y esto lo saben mejor que nadie los españoles, que han sufrido el rigor de una contienda de este tipo- es un conflicto entre dos o más bandos de la sociedad, que aglutinan a la mayor parte de sus miembros y con fuerzas relativamente proporcionales. Lo que vivimos en Colombia, como lo he dicho muchas veces, es una guerra de unos pocos, sin respaldo popular, contra la sociedad civil.

Ante este desafío, la misma sociedad civil se aferra a la vida y a la esperanza y sigue reivindicando, día a día, su derecho al desarrollo, al bienestar y al progreso. Los colombianos –a pesar de los violentos- no renunciamos ni renunciaremos jamás a nuestro derecho inalienable a la felicidad.

Los terroristas secuestran, asesinan y atacan con sevicia pequeñas poblaciones, pero no han podido espantar los públicos que abarrotan los festivales de poesía de Medellín o de teatro de Bogotá y Manizales. Ellos vuelan puentes, pero nosotros seguimos construyendo carreteras de progreso, y seguimos exportando, y seguimos colmando los centros comerciales y los parques con alegría y ánimo. Seguimos adelante con una decisión “macondiana” de no dejarnos vencer por unos pocos que optaron por el camino de la muerte.

La mayor apuesta por la paz.

He dicho que mi propósito es realizar un balance de lo que ha constituido hasta ahora la más grande apuesta por la paz de Colombia. Por supuesto, para hacer este balance debemos analizar cuál fue la situación que encontré en 1998 y cuál la situación que dejé al terminar mi Gobierno.

Colombia vivía en 1998 un periodo especialmente difícil. El Estado, en cabeza de su Presidente y sus principales colaboradores, había sufrido una dura crisis de legitimidad ante la evidencia del ingreso de dineros del narcotráfico en su campaña electoral. Esto significó para el país un difícil golpe en su credibilidad internacional y una estigmatización que nos situaba como culpables de un problema mundial del cual no somos más que las principales víctimas.

Las guerrillas, por su parte, fortalecidas por el dinero del narcotráfico, habían asestado duros golpes al Ejército, tomando gran cantidad de rehenes, lo que tenía la moral militar, así como la confianza de la nación en su Fuerza Pública, en un nivel muy bajo.

En cuanto a la búsqueda de la paz mediante la negociación, no existía ningún avance en este sentido con las FARC y se habían realizado diálogos con el ELN, pero no por parte del Gobierno sino a través de miembros de la sociedad civil.

Como una respuesta del mismo pueblo ante esta compleja situación, diversas organizaciones civiles y comunitarias organizaron una consulta popular que culminó en el llamado “Mandato por la Paz”, en virtud de la cual cerca de 10 millones de ciudadanos votaron una instrucción perentoria a sus gobernantes para que buscaran la paz con los grupos armados a través de la negociación política.

Ese fue el mandato que recibí como legado cuando asumí la Presidencia en agosto de 1998. Llegué con el firme propósito de trabajar por la paz como un prerrequisito para afianzar el futuro de Colombia, no sólo porque así me lo ordenaba el mandato popular, sino porque era también mi propia convicción personal. Siempre he pensado –y así lo pienso todavía- que una paz cierta y duradera sólo se logra por caminos igualmente pacíficos, como el diálogo.

Por supuesto, fui consciente, al asumir esta apuesta trascendental para el futuro del país, de que la paz, en un país como Colombia, sometido a inmensas tensiones sociales e históricas, con el enorme desafío de avanzar hacia una mayor justicia social, no podía reducirse únicamente a los procesos de negociación con dos grupos guerrilleros.

Para trabajar sobre esta compleja situación no se podía acudir únicamente a una estrategia, sino que había que combinar varios mecanismos que nos colocaran en el camino de las soluciones. La paz requiere un trabajo simultáneo en los frentes internacional, de lucha contra el narcotráfico, social y de seguridad, en el que nos empeñamos con toda decisión.

La “Diplomacia por la Paz”.

Como Jefe de Estado asumí personalmente la tarea de recuperar la comprometida dignidad de Colombia ante el mundo y de convocar el respaldo internacional en nuestra lucha contra el narcotráfico, como un problema mundial, y en nuestros esfuerzos por alcanzar la paz.

Felizmente, se lograron los objetivos. La comunidad internacional, en desarrollo del principio de responsabilidad compartida en el tema de las drogas, entendió que no podía dejar a Colombia sola y se hizo presente de muchas maneras.

Diseñamos en el Gobierno el llamado “Plan Colombia”, la estrategia integral de fortalecimiento del Estado y de inversión social más grande en la historia del país, y obtuvimos más de 3.600 millones de dólares de aportes del exterior para su consolidación. Además, se puso en marcha el Grupo de Apoyo al Proceso de Paz conformado por la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suiza, Japón, varias naciones latinoamericanas y organismos multilaterales, a través del cual se canalizaron importantes aportes para programas sociales y de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Por otra parte, la comunidad internacional participó directamente en el proceso de paz, como facilitadora y acompañante, a través de grupos de países amigos que se hicieron presentes en diversos momentos de la negociación y que buscaron colaborar activamente en las situaciones de crisis.

La lucha contra el problema mundial de las drogas.

Ahora bien, si el negocio de las drogas ilícitas es el principal financiador de los grupos terroristas, resultaba apenas natural que teníamos que combatirlo como una forma de quitarle armas y poder a la violencia.

Con cooperación internacional y con la decidida actuación de nuestra Fuerza Pública se erradicaron durante mi mandato más de 250 mil hectáreas de coca y más de 23 mil hectáreas de amapola; se realizaron programas de sustitución de cultivos con miles de familias campesinas e indígenas en lugares antes abandonados por el Estado, como el Putumayo; se hizo énfasis a nivel internacional sobre la urgencia de incrementar el control del lavado de activos, el comercio de precursores químicos y de armas, y se enfrentó con contundencia la criminalidad asociada a este negocio.

No más para dar una idea, con la sola actividad de erradicación de cultivos ilícitos evitamos que llegaran al mercado mundial cerca de mil quinientas toneladas de cocaína y cerca de 23 toneladas de heroína que estarían destinadas a envenenar a la juventud del planeta, a la juventud de Europa y de América.

Si estas drogas se hubieran vendido en las calles de Valencia, de Madrid, de Nueva York o de cualquier otra ciudad del mundo habrían representado ingresos para los narcotraficantes, -oigan bien-, ¡de más de 38 mil millones de dólares! ¡Son más de 38 mil millones de dólares que no entraron a las arcas de los traficantes de muerte gracias a la acción contundente de la Fuerza Pública colombiana!

La inversión social.

El día de mi posesión recordé una sabia frase del refranero español, según la cual: “Sin paz no hay pan”. Pero también es cierto lo contrario: “Sin pan no hay paz”. Por ello, fui consciente de que no podíamos pretender negociar la paz si al mismo tiempo no enfrentábamos con un plan social de emergencia la grave situación de abandono de millones de colombianos, sobre todo los ubicados en las zonas de conflicto o las zonas más remotas del país.

Con ese objetivo destinamos, dentro del Plan Colombia, cerca del 75% de sus fondos, que ascendieron en total a 7.500 millones de dólares, a programas con énfasis social. Con ellos llevamos subsidios directos a las familias más pobres, generamos empleo en la construcción de obras de infraestructura social y capacitamos a los jóvenes en los trabajos más solicitados por el mercado laboral, entre otros logros importantes.

Por otra parte, en el más ambicioso programa de vivienda social de los últimos tiempos, entregamos subsidios de vivienda a más de 370 mil familias de bajos recursos, y titulamos más de 5 millones de hectáreas de tierra a cerca de 80 mil familias campesinas, de comunidades indígenas y afrocolombianas.

Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.

Nuestro proceso de paz fue genuino, pero no ingenuo. Estoy convencido de que el logro de una paz fundada en el Estado de Derecho, pasa por la consolidación de unas fuerzas legítimas modernas, capacitadas y respetuosas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Como leí recientemente en unas declaraciones de Fernando Savater, y como lo afirman los grandes teóricos sobre la política y la sociedad, “un Estado no puede funcionar sin que tenga el monopolio de la violencia”.

Por eso, durante mi Gobierno, fortalecí y modernicé la Fuerza Pública como nunca antes en su historia, dejando no sólo un Ejército fuerte para contener la arremetida de los violentos contra la población, sino un Ejército comprometido y listo para defender y consolidar la paz.

Con este cometido, se incrementó el pie de fuerza de 79 mil soldados a 140 mil, con especial énfasis en los soldados profesionales que se incrementaron en un 150%. Se duplicó el número de helicópteros de transporte y cuadruplicó el número de helicópteros artillados, y se crearon brigadas con mayor movilidad para garantizar la presencia efectiva de los uniformados en cualquier situación de peligro.

Además, actualizamos el marco legal de la Fuerza Pública y creamos toda una cultura de respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario entre sus integrantes, que cada día se acercan más a la población civil y que han mostrado efectivos resultados en la lucha contra los grupos de autodefensa ilegales, a cuya actividad se les ha pretendido vincular.

Los resultados de esta política de fortalecimiento están a la vista. Hoy por hoy, las Fuerzas Armadas son la institución con el más alto índice de respaldo entre la sociedad colombiana, que ve en ellas una fuerza profesional, protectora y amiga.

El proceso con las FARC:

Por supuesto, un elemento fundamental de la estrategia integral de paz fue el proceso de diálogo y de negociación con las FARC.

Siendo todavía Presidente electo, antes de posesionarme, fui personalmente a entrevistarme con su líder, “Manuel Marulanda”, también conocido como “Tirofijo”, en algún lugar de las montañas de Colombia. Allí sentamos las bases de lo que sería el más avanzado proceso de paz que se haya realizado nunca con esta organización.

Una vez posesionado, y con base en una ley de facultades del Congreso de la República, decreté una Zona de Distensión para adelantar los diálogos con esta organización en cinco municipios de los Llanos Orientales del país, donde se instaló la Mesa Nacional de Diálogos el 7 de enero de 1999.

Dos oportunidades más –y aún a riesgo de mi seguridad personal- volví a reunirme con Marulanda, una el 2 de mayo de 1999, cuando suscribimos el “Acuerdo de Caquetania”, y otra el 8 y 9 de febrero de 2001, cuando se alcanzó el “Acuerdo de los Pozos”, ambos destinados a desempantanar las negociaciones y dar mayor celeridad y efectividad al proceso.

Se lograron, sin ninguna duda, hitos fundamentales a donde jamás se había llegado en una negociación de este tipo, como los siguientes:

Se acordó una completa agenda temática de negociación y se comenzaron a debatir los primeros puntos, con el concurso de la sociedad civil. En este proceso de discusión se surtieron Audiencias Públicas en la misma Zona de Distensión donde presentaron sus ponencias más de 1.100 personas de todos los sectores y se hicieron presentes más de 24 mil, sin contar con los millones que siguieron sus deliberaciones por televisión o radio. Además, se realizó en junio de 2000 la primera Audiencia Pública Internacional sobre Sustitución de Cultivos y Medio Ambiente con la participación de representantes de 21 Estados del mundo. Y algo muy importante, y sin precedentes en la historia nacional: se firmó un Acuerdo Humanitario en virtud del cual 350 militares y policías retenidos por las FARC fueron puestos en libertad y volvieron al seno de sus familias.

La participación de la sociedad nacional, de la clase política, de los empresarios y académicos del país en todo este proceso lo dotó de una legitimidad aún mayor, pues no fue sólo un Gobierno, sino todo un pueblo el que participó en este esfuerzo sin precedentes en Colombia.

Especial importancia tuvieron, como organismos consultores, el Consejo Nacional de Paz compuesto por cerca de 60 personas, entre delegados del Gobierno, del Congreso, la Iglesia, la sociedad civil, las organizaciones sindicales, los alcaldes y gobernadores, el cual se reunió en once oportunidades para hacer seguimiento al proceso, y el Frente Común por la Paz y contra la Violencia, donde tenían asiento los jefes de los principales partidos y movimientos políticos, con el cual se consultaron las decisiones más críticas.

No se trató, entonces, de un proceso a espaldas de la nación, sino, todo lo contrario, de un proceso que convocó y reunió a la nación en torno a la consecución de un gran propósito nacional. Incluso, importantes empresarios y dignatarios de otros países, y representantes de gobiernos extranjeros y de organismos multilaterales, hicieron de la Zona una escala en sus viajes para conocer de cerca la posición de la guerrilla e intercambiar opiniones.

Si lo que queríamos hacer era vincular a las FARC a un proceso que desembocara en su incorporación a la vida política y pacífica del país, teníamos que comenzar por acercarlas a la nación y al mundo, de los que se habían aislado en medio de su lucha.

Con este objetivo, se realizó a comienzos del año 2000 una gira de negociadores de la guerrilla, acompañados por negociadores del Gobierno, por Suecia, Noruega, Italia, El Vaticano, Suiza, España y Francia, para confrontar y conocer directamente otras experiencias que pudieran servir de modelo para la discusión del primer bloque temático de la agenda de negociación. Fue, sin duda, una experiencia única en el mundo, en la que los representantes del Estado y los representantes de una insurgencia alzada en armas contra él presentaron conjuntamente ante países extranjeros su proceso de paz y convivieron por varios días en medio de un ambiente de mutuo respeto.

Sin embargo, en medio de todos estos logros, la voluntad de las FARC por avanzar hacia acuerdos concretos que sacaran de los efectos del conflicto a la población civil no se concretaba. Este grupo insistió siempre en negociar en medio de la guerra, una condición que tuvimos que aceptar inicialmente, pero que cada día más resultaba insostenible. Ni el país ni el mundo entendían que, mientras en la Zona de Distensión se hablaba de economía y empleo, en el resto del territorio las FARC se dedicaran sistemáticamente al secuestro, a la extorsión, a la voladura de infraestructura energética, al asesinato, a la siembra de minas antipersonales y al infame ataque con cilindros de gas contra pequeñas poblaciones humildes, donde arrasaban con casas, hospitales, escuelas y centros de cultura construidos con inmenso sacrificio.

Resultaba urgente firmar un Acuerdo de Cese del Fuego y de Hostilidades. Se intercambiaron documentos al respecto, pero las FARC dilataban las negociaciones del mismo exigiendo resultados -que sí había- en la lucha contra los grupos de autodefensa o unas garantías –que sí había- para su estadía en una zona de distensión sobre la cual cada día crecían los indicios de que estaba siendo utilizada como centro de cultivo, procesamiento y envío de drogas y como refugio seguro para los secuestros.

El terrorismo continuo y creciente de las FARC contra la población colombiana, determinaría el fin del proceso. En tan sólo un mes, entre el 20 de enero y el 20 de febrero de este año, realizaron 117 atentados terroristas.

El 20 de febrero, finalmente, sus actos rebosaron la copa de la indignación y determinaron el fin de un proceso que necesitaba, para sobrevivir, hechos de paz y no hechos de barbarie. Por una parte, secuestraron un avión comercial en pleno vuelo -un delito internacional catalogado como terrorismo-, llevándose a un senador de la República. Por otro lado, dinamitaron un puente, generando el accidente de una ambulancia y la muerte de tres personas, incluyendo una madre en trabajo de parto. ¡La sociedad colombiana, que les tendió la mano, no merecía tanto dolor ni tanta sevicia!

Se había intentado todo. Se había buscado construir confianza. Se había apostado con decisión a la paz, asumiendo todos los riesgos. Pero la conducta terrorista de las FARC determinó la terminación de un proceso en el que faltó, justamente, su voluntad para llevarlo a buen término.

No se podía llegar a la paz con un arma apuntando la cabeza de todos los colombianos. No se podía llegar a la paz mientras el ala guerrerista dentro de las FARC primara –como tristemente ocurrió- sobre su ala política. No se podía llegar a la paz si los que se benefician de los grandes ingresos que dejan la droga y el secuestro no estaban dispuestos a sacrificarlos a cambio de devolver la tranquilidad a sus compatriotas.

Ellos tuvieron que enfrentarse a la alternativa de convertirse en una opción política o de insistir en su actividad terrorista. Para nuestro infortunio, decidieron lo segundo.

En medio de carros-bomba, de bicicletas-bomba, de cadáveres-bomba, de petardos en las vías más concurridas de Bogotá, de asesinatos y secuestros selectivos y colectivos, de ataques contra poblaciones, las FARC alcanzaron la cumbre del horror cuando, en mayo de 2002, atacaron con cilindros de gas cargados de dinamita a una humilde y apartada población del Chocó llamada Bojayá. Allí los habitantes, mujeres y niños, se agruparon en la iglesia del pueblo buscando refugio y allí fueron masacrados por las FARC. Ciento diecinueve muertos y un número similar de heridos, la mitad de ellos niños, fue el saldo trágico de un genocidio que no se borra ni se borrará de la memoria nacional.

Aproximaciones con el ELN.

En cuanto al Ejército de Liberación Nacional, la historia tiene ribetes diferentes pero un denominador común: el terrorismo al que tampoco ha renunciado este grupo.

Quisimos seguir las gestiones iniciadas por la sociedad civil, e hicimos esfuerzos de diálogo destinados a convocar una Convención Nacional para lograr acuerdos con esta agrupación. No obstante, su insistencia en el terrorismo abortaba continuamente los esfuerzos realizados.

En su reiterado accionar contra el oleoducto y la infraestructura energética, el ELN causó, en octubre de 1998, el incendio y calcinamiento de una humilde población llamada Machuca, en Antioquia, y de 70 de sus habitantes, que perecieron en esta tragedia humanitaria. También secuestró, en 1999, un avión de Avianca con sus 46 ocupantes y a decenas de feligreses que asistían a una misa dominical a las afueras Cali en la iglesia de “La María”, entre otros actos dirigidos contra la población.

Con acciones terroristas como éstas, las conversaciones demoraron en comenzar en firme. No obstante, insistimos en ellas y estuvimos estudiando por mucho tiempo la creación de una Zona de Diálogo. Se buscaron muchas alternativas, pero ninguna prosperó y, de esta manera, lo único que se pudo hacer fue adelantar un principio de acuerdo y de conversaciones para disminuir la intensidad del conflicto y sacar a la población civil del mismo en La Habana, Cuba. A pesar de este esfuerzo, el 31 de mayo de 2002 tuve que anunciar a la nación, ante la intransigencia e inconsistencia de este grupo en sus posiciones, la suspensión de los diálogos.

Tristemente, el ELN, con mejores herramientas ideológicas para entender el nuevo curso de los tiempos y superar un anacrónico discurso de revolución violenta, no fue capaz de asumir este reto.

Lo que nos dejó el proceso.

Alguien podría pensar, frente a este rápido recuento de lo que fue nuestra apuesta por la paz, que se perdió el esfuerzo y que no avanzamos nada.

Yo pienso, mirando hacia atrás, que toda experiencia deja enseñanzas que tenemos que aquilatar y depurar con el tiempo.

No tengo ninguna duda de que el proceso de paz que intentamos, con los aciertos y errores que hayamos cometido, era un proceso absolutamente imprescindible, independientemente de su resultado. Era necesario intentar la paz por la vía del diálogo, como un imperativo moral. Y había que hacerlo de forma genuina, poniendo sin temor todas las fichas en la casilla de la paz, con total decisión, para que la paz, de verdad, tuviera una oportunidad.

Se podía lograr la paz, que era el objetivo. Pero, de no lograrse, quedaría la certeza de que se había intentado todo, y con total honestidad, para alcanzarla.

Ahora sí, vamos al balance: ¿Qué tenemos hoy, frente a lo que teníamos hace poco más de cuatro años?

Una guerrilla completamente desprestigiada y sin ningún respaldo popular. Vale decir, la guerrilla, -ella sola-, se propinó la más grande derrota política de toda su historia.

A nivel internacional, la derrota política es igual de grande. La guerrilla, con su actitud terrorista, ha sido desenmascarada ante el mundo, que ya no la ve como una figura mítica y romántica, como los “robin hood” de los oprimidos en Colombia, ni como los sucesores de los ideales justicieros del Che y Camilo Torres.

Hoy resulta claro que sus intereses están contaminados por los intereses del narcotráfico y que la violencia ejercida contra sus propios compatriotas y contra un sistema democrático que, a diferencia de ellos, respeta los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, carece de todo sentido.

Actualmente las FARC –al igual que los grupos ilegales de autodefensa- están incluidas en la lista de terroristas elaborada por la Unión Europea, en buena parte gracias a la gestión del Gobierno español, que ha entendido cabalmente nuestra realidad. Vuelvo a citar a Savater, en unas declaraciones sobre la guerrilla colombiana: “Europa cometió por años el error de verla como un ejército de salvadores”.

Por fortuna, este error ya se ha subsanado, y esto forma parte del balance positivo de nuestra apuesta por la paz.

También tenemos ahora unas Fuerzas Armadas más profesionales, más modernas y más fuertes que nunca, comprometidas con la defensa del pueblo colombiano en el marco de la ley y la justicia.

Y nos queda, incluso, una Agenda Temática con temas fundamentales para el país, una Agenda que se acordó entre el Gobierno, la sociedad civil y la guerrilla, y que puede servir de base para continuar consolidando las reformas que demanda el pueblo colombiano para alcanzar una mayor justicia social.

Quisiera, -yo más que nadie-, que estas reflexiones terminaran con la narración sobre cómo se logró el más caro anhelo de todos los colombianos. No llegamos a este fin por la ciega obstinación de la guerrilla en la violencia. Pero sí me queda la satisfacción de haberlo intentado todo, apegado a mi convicción personal –y la de la mayoría del pueblo colombiano- de que sólo por medios pacíficos se alcanza una paz cierta y duradera.

No llegamos a la meta, pero caminamos un gran trecho, una difícil y empinada cuesta, para acercarnos a ella.

Hoy puede decirse que, gracias a esa “apuesta por la paz” que realizamos durante los últimos cuatro años, Colombia está más cerca de una solución a su conflicto, tiene mejores herramientas para alcanzarla y una más amplia y certera comprensión de su realidad, tanto a nivel interno como internacional.

El Gobierno del Presidente Álvaro Uribe, quien me sucedió después de un proceso electoral en el que pueblo se pronunció masiva y libremente a pesar de las amenazas de los violentos, ha encontrado un país atento y comprometido con el tema de la paz, una comunidad internacional receptiva y bien informada y, sobre todo, una sociedad aglomerada, como nunca antes, en torno a sus instituciones democráticas y su fuerza pública. Estos son frutos de una “apuesta” realizada con audacia pero con responsabilidad, una apuesta que hicimos para salvar la democracia y garantizar un futuro de paz a las nuevas generaciones de colombianos.

El 20 de febrero de este año, cuando anuncié la terminación del proceso de paz con las FARC generada por su inclemente conducta terrorista, terminé mi alocución a mis compatriotas con esta frase: “El libro de la paz sigue abierto y sólo se cerrará el día en que la alcancemos”.

Hoy, al hacer balance, lo repito ante ustedes, con la más honda convicción: El libro de la paz sigue abierto.

Vicente Blasco Ibáñez, ese gran escritor valenciano, decía que “tenemos dos fuerzas que nos ayudan a vivir: el olvido y la esperanza”. Esa es una verdad incuestionable. Sólo puedo agregar, para finalizar, parodiando su frase, que en Colombia tenemos muchas fuerzas que, hoy por hoy, nos ayudan a vivir: la tenacidad y el talento de nuestro pueblo, nuestro infatigable amor a la vida, y la esperanza… siempre, por supuesto, ¡la esperanza!

Muchas gracias

Lugar y Fecha

Valencia, España
18 de noviembre 2002