Palabras del Presidente Pastrana, en el acto de sanción de la ley que aprueba el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional.

Voy a leer tres noticias, tres terribles noticias, cuyo sólo recuerdo estremece la fibra más honda de nuestro ser, no sólo como colombianos, sino como humanos:

18 de octubre de 1998: El autodenominado ELN, en su obstinada actividad terrorista contra la infraestructura petrolera del país, voló un tramo del oleoducto central en Antioquia y produjo, como consecuencia, la muerte por calcinamiento de cerca de 70 personas en el pequeño municipio de Machuca. La tragedia humana y ambiental es inmensa.

17 de enero de 2001, 18 de febrero de 2001, 12 de abril de 2001: Las Autodefensas Unidas de Colombia realizaron sucesivas masacres de campesinos, indígenas y gente humilde del país en el poblado del Chengue, municipio de Ovejas, en Sucre; en El Salado, en Bolívar, y en la zona del Alto Naya, en el Cauca. El saldo de horror supera las cien víctimas mortales. Torturas, decapitaciones, violaciones y otros actos de barbarie han sido referidos por los sobrevivientes.

2 de mayo de 2002: Una columna de las FARC arremetió contra la humilde población chocoana de Bellavista, cabecera del municipio de Bojayá, en el Chocó. Dispararon un cilindro cargado de dinamita, que fue a caer dentro del templo de Nuestra Señora del Carmen, en el que se habían refugiado cerca de 300 habitantes, casi la mitad niños. La explosión causó la muerte de 119 de ellos y heridas graves en otro centenar de personas.

Observo sus rostros, apreciados amigos, y entiendo que en ellos, como en el mío, se refleje una larga sombra de tristeza. ¿Cómo es posible que actos como estos se produzcan en nuestro país entre miembros de una misma nación? ¿Dónde extraviaron el norte de la humanidad los que, con prepotencia, se atribuyen la defensa o representación del pueblo colombiano? ¿En qué lugar, en qué momento, perdieron el corazón y lo llenaron de odio contra su pueblo?

¡Es demasiado dolor! ¡Son demasiadas infamias contra una nación que no merece esta suerte!

Pero no podemos quedarnos en la condena y el repudio. No podemos habitar para siempre en el espanto. Nuestro deber, como integrantes de una sociedad que aspira al nombre de civilizada, es avanzar de la mano de la ley y de la justicia hacia un horizonte donde no se repitan, ¡nunca más!, noticias terribles como las que acabo de recordar.

Cualquiera que piense en estos crímenes, y en tantos otros que día a día cometen los grupos armados al margen de la ley, llámense masacres, secuestros, desplazamiento, extorsión, terrorismo o cualquier otra denominación, entiende que éstos no son sólo crímenes contra el pueblo colombiano: ¡Son crímenes contra la humanidad en su conjunto!

La historia de dolor que actualmente siembran los violentos de Colombia es una cicatriz en la conciencia moral del mundo tan grande y profunda como la que produjeron los nazis con su bárbaro holocausto, como la que causó Stalin con los gulags, o Pol Pot con su sangriento régimen en Camboya; como las que aún están frescas en los rostros doloridos de Ruanda, de Sierra Leona o la Antigua Yugoslavia.

¿Qué diferencia hay? Aquí los violentos no obran en nombre de un Estado; no protagonizan una guerra civil, sino una guerra contra la sociedad civil, pero, igual que en un régimen totalitario, asesinan y masacran al pueblo inerme con total desprecio por la vida humana, como si el fin que buscaran -cualquier fin que sea- valiera más que las vidas que se llevan.

Por eso es tan importante el paso trascendental que estamos dando el día de hoy cuando tengo el honor y el privilegio de sancionar, como Presidente de la República, la ley que incorpora a la legislación interna el Estatuto de Roma mediante el cual se crea la Corte Penal Internacional.

Con esta sanción, y después de que se ejerza el control constitucional previo por la Corte Constitucional y se surta por el Gobierno la inmediata ratificación del Tratado, Colombia hará parte de los más de 60 países del mundo que aceptan una jurisdicción penal internacional para investigar y juzgar crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión que atenten de manera grave contra el Derecho Internacional Humanitario.

Ésta es una advertencia para los violentos, estén donde estén, llámense guerrilleros o autodefensas, o incluso si, por desviaciones de su misión, forman parte de la Fuerza Pública o de las autoridades civiles del Estado. ¡No importa qué uniforme o ideología porten! ¡Cualquiera que insista en atacar la población civil y en obrar por fuera del Derecho Internacional Humanitario será capturado, juzgado y condenado!

Por supuesto, la sanción de esta ley y la próxima ratificación del Estatuto de Roma no significa que el Estado colombiano renuncie a su jurisdicción para procesar a quienes delinquen en el país. Antes que nada, será el peso de la ley nacional el que caiga sobre los terroristas y violentos, sobre los genocidas e intolerantes. Pero tenemos la tranquilidad de saber que, si por algún motivo, en algún momento, el Estado colombiano no está dispuesto a llevar a cabo el proceso o a enjuiciar a los sospechosos, o no puede hacerlo efectivamente, en La Haya existe un Tribunal con competencia para juzgarlos y condenarlos, inclusive hasta la prisión perpetua.

¡Se acabaron los refugios en este mundo para los que desprecian la vida humana y atacan sin piedad a sus semejantes! ¡Se acabó la impunidad de los líderes totalitarios y de los criminales a gran escala! ¡A partir de hoy las FARC, el ELN, las Autodefensas ilegales y cualquier otro grupo o persona que persista en obrar contra los colombianos quedan notificados de esta nueva realidad internacional!

Apreciados amigos:

Siento hoy la gran satisfacción de culminar un proceso en el que nos empeñamos desde el inicio del Gobierno, y que hizo parte fundamental de la Política de Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y de aplicación del Derecho Internacional Humanitario que lanzamos en agosto de 1999.

No era un proceso fácil. Se requirió primero reformar la Constitución Política del país, un objetivo que se logró, gracias al empuje y dinámica del Congreso Nacional, y que se convirtió en el Acto Legislativo 02 de 2001 que autorizó al Estado colombiano para reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Luego presentamos la ley de aprobación al Congreso, con mensaje de urgencia, y debo reconocer que los senadores y representantes de Colombia obraron con celeridad y una enorme convicción de patria y de justicia, y sacaron adelante esta ley cuya sanción hoy celebramos como un triunfo de la democracia y de la legalidad sobre la barbarie.

¡Qué bueno saber también que en los próximos días la Corte Constitucional participará de este proceso! De esta manera, las tres ramas del poder público habremos dado nuestro aporte y nuestra refrendación a un tratado que marca un hito histórico en el Derecho Internacional y en la lucha de la humanidad por preservar sus valores más sagrados.

Debo decir, también, que me siento feliz de culminar con la aprobación del Estatuto de Roma, un proceso de defensa del los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y de penalización de las conductas que atentan contra ellos, que hemos llevado a cabo durante el curso de mi administración:

En efecto, expedimos el nuevo Código Penal Militar, en el que se estableció que el genocidio, la desaparición forzada de personas y la tortura son de conocimiento exclusivo de la justicia ordinaria.

Igualmente, tuve la oportunidad de sancionar el nuevo Código Penal, que contiene todo un capítulo sobre delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, así como la Ley 589 de 2000 que tipifica los delitos de genocidio, desaparición forzada y desplazamiento forzado, y aumenta las penas para la tortura.

Recientemente sancioné también el nuevo Código Disciplinario Único, que establece como falta disciplinaria gravísima cualquier infracción grave al Derecho Internacional Humanitario y describe, dentro de la enumeración taxativa de faltas gravísimas, conductas como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones arbitrarias y el desplazamiento forzado.

Además, incorporamos a nuestra legislación interna la Convención de Ottawa para la prohibición y destrucción de minas antipersonales, y prohibimos, sin ninguna excepción, la incorporación de menores de edad a las filas de las fuerzas militares. En este sentido, firmamos y presentamos ante el Congreso para su aprobación el protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, el cual, de hecho, ya está cumpliendo el Estado colombiano.

Con todos estos avances legislativos, puedo decir, con una enorme satisfacción, que le cumplimos al país y a la comunidad internacional al generar los instrumentos jurídicos más apropiados para la defensa y protección de los Derechos Humanos y para la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Colombia.

Con la aprobación del Estatuto de Roma y su próxima ratificación estamos cerrando con broche de oro, y con un cumplimiento del 100%, cuatro años de esfuerzo que dejarán al país un legado normativo sin precedentes para defender la vida humana y su dignidad.

Queridos amigos:

Cuando inicié estas palabras mencioné algunos de los actos que, entre muchos, han cometido los grupos armados ilegales contra su pueblo, contra nuestro pueblo.

Esos actos de terrorismo son condenados por el mundo entero y deben traducirse pronto en la inclusión total de estos grupos en la lista de organizaciones terroristas producida por la Unión Europea e, incluso, como lo hemos propuesto a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, en la creación de una lista similar por parte de las naciones del continente.

¡No habrá lugar para que se escondan los que asesinan a la gente indefensa! ¡No habrá lugar para que oculten sus oscuras ganancias generadas por el narcotráfico, el secuestro y la extorsión!

Hoy la sociedad colombiana, -la que ellos atacan-, y el mundo entero, a través de la Corte Penal Internacional, están en pie para decir a toda clase de violentos que nada justifica, ¡nada justifica!, atentar contra otro ser humano.

Las puertas de la democracia y de la paz están y seguirán estando abiertas para quienes decidan retornar al curso de la civilidad y de la humanidad. ¡Pero los que insistan en la violencia tendrán sobre sí todo el peso de la ley!

“Ciegos que conducen a ciegos sin saber siquiera que caminan en la dirección inversa a la que han proclamado”, como decía el gran escritor ruso Solzhenitsin. A ellos les hablo hoy en este acto memorable: ¡Todavía pueden abrir los ojos y caminar hacia el futuro con el resto de la humanidad!

Muchas gracias

Lugar y Fecha

Bogotá, Colombia
5 de junio de 2002