PALABRAS DEL PRESIDENTE PASTRANA, EN EL ACTO DE SANCIÓN DEL NUEVO CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO 2017-12-18T11:45:42+00:00

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Palabras del Presidente Pastrana, en el acto de sanción del nuevo código disciplinario único.

No hay función más sagrada ni más delicada que la función pública. Los que la ostentamos, desde cualquier cargo o entidad, somos los encargados de facilitar a los ciudadanos y a todos los habitantes de nuestra patria los servicios y el apoyo del Estado, de garantizar sus derechos, de exigir sus deberes para con la sociedad y de atender con diligencia sus demandas y solicitudes. Para eso estamos. No para nada más.

El servicio desde la administración pública equivale a formar parte de la administración de un bien común, de cuyo éxito y prosperidad nos beneficiamos todos y de cuya decadencia y ruina nos perjudicamos todos. Ser funcionario público o ejercer funciones públicas debe ser sinónimo, no de indolencia, burocracia, corrupción o ineficiencia, sino de cumplimiento, trabajo y diligencia. El funcionario público es ante todo un servidor público, y no existe mayor privilegio que el de servir, ser útil, a sus conciudadanos y a la sociedad.

Partiendo de estas premisas fundamentales, resulta natural que el Estado deba proveer un régimen que garantice el debido cumplimiento de la función pública y que establezca procedimientos para detectar, corregir y sancionar las fallas en el servicio, independientemente de los que puedan surtirse en otros campos, como el penal o el fiscal.

En Colombia, después de la expedición de la Carta de 1991, habíamos logrado ya un importante avance mediante la expedición de la Ley 200 de 1995 que unificó la legislación, hasta entonces dispersa, en materia disciplinaria.

No obstante, pasado más de un lustro desde la vigencia de esta ley, se han detectado vacíos o inconsistencias que impusieron la necesidad de reformarla mediante la expedición de un nuevo Código Disciplinario Único que supliera estas deficiencias y que, además, actualizara las normas disciplinarias con los más recientes pronunciamientos jurisprudenciales y los tratados internacionales que han sido suscritos por nuestro país.

Con esa intención, el entonces Procurador General de la Nación, máxima cabeza del Ministerio Público y, por tanto, ejecutor preferente del poder disciplinario en Colombia, Dr. Jaime Bernal Cuéllar, presentó el año 2000 al Congreso de la República un texto atinado y bien pensado de Código Disciplinario, el cual, con el respaldo del Gobierno y los juiciosos aportes de los legisladores, fue aprobado como Ley de la República y hoy tengo el privilegio de sancionar, para que entre en vigencia dentro de tres meses.

Son varias las reformas e innovaciones que contempla este nuevo Código, gran parte de las cuales ya fueron expuestas por el señor Procurador, Dr. Edgardo José Maya Villazón, todas encaminadas a modernizar, actualizar y agilizar el régimen disciplinario de aquellos que cumplen una función pública. Yo quisiera enfatizar sobre las siguientes: Los cambios en el régimen de faltas y sanciones, incluyendo el tema de los derechos humanos y de la lucha contra la corrupción; el régimen especial para los particulares que ejerzan funciones públicas, y la regulación de las oficinas de control disciplinario interno y el poder de control preferente de la Procuraduría General de la Nación.

Dada la realidad del país, los deberes y prohibiciones contemplados para los servidores públicos en la Ley 200 de 1995 resultaban insuficientes y las sanciones allí contempladas no correspondían a la gravedad de los hechos, ni cumplían con su función preventiva y correctiva que garantizara los principios constitucionales y legales que se deben ejercer en la función pública.

Por ello quisiera destacar como el primer gran avance la ampliación y adecuada descripción de las conductas de los servidores públicos y de los particulares que cumplen funciones públicas cuyo incumplimiento constituyen falta disciplinaria gravísima. Era insólito que, para dar un ejemplo, -e independientemente de su sanción penal-, conductas tan graves como un homicidio pudieran tener como único efecto disciplinario la amonestación o reprensión.

Para evitar esto, en primer lugar se consagra el principio de la proporcionalidad según el cual “la sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida”.

Como bien se explicaba en la exposición de motivos de la ley: “Se quiso que el catálogo de faltas gravísimas y el de deberes y prohibiciones que constituyen falta disciplinaria grave o leve fueran descriptivos y detallados, para que ningún comportamiento irregular de los servidores públicos o de los particulares con funciones públicas quedara al margen de la sanción disciplinaria”. En consecuencia, se amplió a 63 el catálogo de faltas gravísimas.

El nuevo Código Disciplinario, dentro de este catálogo de faltas, armoniza el derecho interno con el Derecho Internacional Humanitario al incorporar conductas establecidas en éste. Se establece con claridad que es falta disciplinaria gravísima cualquier infracción grave al Derecho Internacional Humanitario y se describen de manera expresa, dentro de la enumeración taxativa de faltas gravísimas, conductas como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones arbitrarias y el desplazamiento forzado.

También en el campo de la corrupción se logran importantes avances, al incluir como conductas constitutivas de falta gravísima, las siguientes, entre otras: Actuar u omitir a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad o conflicto de intereses; no llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal ni los de contabilidad financiera; efectuar inversión de recursos públicos en condiciones que no garanticen necesariamente liquidez, seguridad y rentabilidad del mercado, y no efectuar oportunamente los descuentos o no realizar los pagos por aportes patronales, o por seguridad social o cesantías.

Igualmente, al ampliarse el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en que pueden incurrir los servidores públicos, se está atacando la corrupción en todos los niveles de la administración pública.

En suma: en el nuevo Código se ha buscado actualizar e incorporar todas las conductas lesivas que ameritan sanción disciplinaria y que no estaban antes incluidas, en todos los campos posibles de acción u omisión, de los cuales he destacado el de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, y el de la corrupción.

Además se regulan las sanciones a que están expuestos quienes incurran en las faltas disciplinarias, siendo las más graves la de destitución, y la de inhabilidad general, es decir, la imposibilidad de ejercer función pública entre 10 y 20 años.

Pero hay algo muy importante: la inhabilidad será permanente cuando la falta afecta el patrimonio económico del Estado. Éste es un mensaje claro y directo a los corruptos: quien obre en perjuicio del patrimonio del Estado, que no es otra cosa que el patrimonio de todos los colombianos, ¡no podrá volver a ejercer cargo público por el resto de su vida!

¡Así avanzamos en nuestra misión de construir un Estado más eficiente, más transparente y más pulcro para el servicio de todos los colombianos!

Un segundo aspecto que quisiera destacar es la inclusión en el Código de un Libro destinado al régimen de los particulares, aplicable a los notarios, a aquellos que cumplan labores de interventoría en los contratos estatales, que ejerzan funciones públicas -en lo que tiene que ver con éstas- y que presten algunos servicios públicos a cargo del Estado o administren recursos de éste.

Por primera vez en este estatuto se regula lo relacionado con las prohibiciones y deberes de estos particulares, las faltas en que pueden incurrir y sus sanciones, un avance por demás lógico y plausible.

Por último, me parece destacable -entre muchas otras normas y mejorías de fondo y de procedimiento- lo que se dispone en cuanto a la organización y funcionamiento de las oficinas de control disciplinario interno en todas las entidades del Estado, con la garantía de una segunda instancia dentro de la misma entidad, y sin perjuicio del poder prevalente disciplinario que siempre conserva la Procuraduría General de la Nación. Así se garantizará una mayor efectividad y cubrimiento del sistema disciplinario en todos los niveles de la función pública.

Estamos, entonces, frente a un Código que es el resultado de un estudio sistematizado y muy completo de las diversas regulaciones disciplinarias, el cual será en adelante la herramienta ideal para garantizar el mejor y más pulcro funcionamiento del Estado a través de todos y cada uno de sus funcionarios.

Apreciados amigos:

Durante mi administración he tenido la oportunidad de impulsar o acompañar importantes reformas y avances legislativos, tales como el Código Penal Militar, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Minas, la Reforma al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, entre otros varios, además de varias reformas constitucionales, dentro de las cuales destaco la reforma al régimen de expropiación y la del régimen de transferencias territoriales.

Hoy damos vida, con el impulso decidido y responsable de la Procuraduría General de la Nación; con el trabajo concienzudo del Congreso de la República, y con el respaldo gubernamental, a otro instrumento para que la justicia prevalezca sobre nuestro suelo y el Estado cumpla con su función esencial de servir bien, honesta y eficazmente a la nación que lo compone: el Nuevo Código Disciplinario Único.

Retomo las palabras del señor Procurador, Edgardo José Maya, quien hoy ha presentado, con orgullo, este logro institucional al país, cuando dijo que la mejor forma de contrarrestar la violencia y el terror es oponiéndoles el vigor del derecho. Sí señores: Es con la ley, ¡sólo con la ley!, con la fuerza moral de nuestra democracia, como vamos a derrotar la intolerancia y a alcanzar la paz.

Colombia cuenta desde hoy con una moderna y eficaz herramienta jurídica de control. ¡Sea bienvenida, por el bien de la Patria!

Muchas gracias

Lugar y Fecha

Bogotá, Colombia
5 de febrero de 2002