PALABRAS DEL PRESIDENTE PASTRANA SOBRE DECISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 2017-12-18T11:47:36+00:00

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Señores:

En buena hora decidió la Superintendencia de Servicios Públicos convocar, por primera vez, a todas las partes involucradas en el complejo esquema de los servicios públicos domiciliarios, para que, en forma conjunta y unidos por el supremo interés de ayudarle a la Nación en su difícil camino hacia el desarrollo, el sector público y el sector privado dedicaran unos días a reflexionar sobre las experiencias que hemos tenido con la vigencia de la ley 142 y el nuevo marco institucional que esa norma trazó, y simultáneamente, debatir las reformas que mi Gobierno ha introducido con la expedición del decreto 1165 de 1999, además de los aportes, sin duda valiosos, que los expertos extranjeros que nos han acompañado hayan hecho al debate indispensable de un problema que por su complejidad exige la participación de todos.

Desde la tranquila perspectiva que dan los años, pienso que nadie puede poner en duda los beneficios que le ha traído al país la ley 142. Durante décadas – prácticamente a través de todo el siglo XX – los colombianos, como la generalidad de nuestros vecinos latinoamericanos, hicimos de la prestación de los servicios públicos por parte del Estado un dogma incontrovertible, desdeñando la contribución que hubiera podido hacer el sector privado, mirado entonces con prevención y desconfianza. Error craso, lamentable y costoso, que nuestras sociedades pagaron con el precio del atraso y la pobreza, porque al impedir que los particulares, incluso las empresas extranjeras, invirtieran en la prestación de los servicios públicos, todo el peso de la expansión cayó sobre los flacos hombros de las finanzas públicas, comprometiendo valiosos recursos que hubieran podido destinarse con provecho a la inversión social.

Adicionalmente, como sucede generalmente con los monopolios, cualquiera que sea su origen, la presencia exclusiva del Estado en la prestación de los servicios condujo a la ineficiencia, a la burocratización, al despilfarro, e incluso a la corrupción en muchas empresas, con un factor negativo adicional: la fijación de tarifas con criterio político, que sin relación ninguna con la eficiencia o la costeabilidad de las empresas desangraba los presupuestos y truncaba la posibilidad de inversión en otros sectores igualmente neurálgicos. Ello hizo, además, que las gentes se habituaran a considerar los servicios como una dádiva del Estado, obligado a otorgarlos en forma casi gratuita, ignorando, repito, el precio incalculable, en términos de desarrollo, que pagamos por la ineficiencia.

Todo esto cambió con la expedición de la ley 142, que desarrolló, pienso que con fortuna, los principios modernos contemplados en este campo de los servicios públicos por la Constitución de 1991. La apertura del sector a la inversión privada, tanto nacional como extranjera; la promoción de la competencia entre las empresas prestadoras; la creación de las comisiones de regulación, como organismos técnicos encargados de dictar las reglas y aprobar los esquemas tarifarios; la participación de la comunidad en el control de las empresas, a través de los vocales de control, y la reglamentación de la Superintendencia de Servicios Públicos, creada por la misma Constitución, constituyen, evidentemente, una verdadera revolución institucional, cuyos beneficios, a pesar del escaso tiempo transcurrido, han sido notorios.

Miremos rápidamente, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el sector eléctrico bajo la vigencia de la ley 142. En la década de los ochenta, hace apenas diez años, uno de los temas de moda entre los expertos era el peso ingente que el sector eléctrico había adquirido dentro del presupuesto de inversión de la Nación, y la carga que significaba el pago de la deuda adquirida para sufragar los costos de las obras de generación y de transmisión. Ello, sin embargo, no evitó – y no pretendo ahora hacer un trasnochado juicio de responsabilidades – los tremendamente costosos racionamientos que hubimos de sufrir hace unos pocos años.

Mas ahora el panorama es bien diferente. Actualmente, y gracias a la inversión privada en generación eléctrica, y no solo a la temporada invernal, como algunos suponen, la capacidad instalada es suficiente para cubrir la demanda de energía a mediano plazo, incluso si, como estamos seguros de lograrlo, la economía vuelve a crecer al ritmo que llevaba hace cinco o seis años.

Desde luego, hay muchas cosas por mejorar en el sector eléctrico. Por ejemplo, perfeccionar los instrumentos de regulación y de control, para que el funcionamiento de los esquemas tarifarios sea más flexible y las tarifas reflejen mejor la eficiencia de las empresas, a favor de los usuarios. Pero estamos en el camino correcto, y sería necio negar los avances del sector eléctrico bajo la vigencia de la ley 142.

Caso similar ocurre con el sector de las telecomunicaciones, uno de los más dinámicos, por no decir que el más dinámico, en el pasmoso desarrollo de la tecnología moderna.

Sin embargo, como toda obra humana, los mecanismos creados por la ley 142 pueden y deben ajustarse y perfeccionarse. Es evidente que la participación creciente del capital privado en el sector de los servicios públicos exige unas herramientas reguladoras y controladoras más ágiles, innovadoras y eficaces. El nuevo esquema pretende, por encima de cualquiera otra consideración, que los usuarios reciban servicios cada vez más eficientes, continuos y a precios razonables. Para ello, necesitamos empresas que sean también eficientes, y, salvo que sigamos incurriendo en el costoso pecado de socializar sus pérdidas con el presupuesto nacional, esas empresas deben ser también rentables y financieramente atractivas.

En mi concepto, el agrio debate que periódicamente se renueva entre partidarios de la privatización y partidarios de la propiedad estatal de las entidades prestadoras de los servicios públicos es anacrónico, inútil y estéril. Lo que realmente importa no es si la empresa es de propiedad de la nación, de un departamento, de un municipio, de algún inversionista particular o de una multinacional, sino la calidad del servicio que preste. Esto es lo verdaderamente importante y vital para los usuarios y para el desarrollo nacional. Nada sacamos, por ejemplo, con proclamar que el Estado debe ser dueño de las electrificadoras, si la consecuencia de ello es que todavía, a las puertas del siglo XXI, los habitantes de vastas zonas rurales del país deben alumbrarse con la luz de las estrellas; nada sacamos con mantener la propiedad estatal de los acueductos, si todavía miles de niños siguen muriendo en nuestro país a causa de enfermedades gastrointestinales, ocasionadas por falta de agua potable.

Pero nada ganamos tampoco con empresas privadas que abusen de los usuarios, o eleven las tarifas a niveles impagables para las gentes pobres, o se nieguen a extender la cobertura a los sectores deprimidos porque no son rentables, pues, en este evento, estaríamos incumpliendo gravemente con el mandato social que campea en la Constitución Nacional y que debe ser brújula orientadora de la acción de un gobierno serio y responsable.

En fin, que como solía decir un famoso dirigente Chino, “ no importa de qué color es el gato, con tal de que cace ratones. ”

Les decía, entonces, que el esquema de apertura a la inversión privada y de promoción de la competencia exige unos instrumentos de regulación y de control más fuertes, pues, de lo contrario, caeríamos en poder de unas empresas tentadas a abusar del usuario y a romper la sana competencia en una guerra incontrolada en la que el más fuerte terminaría imponiéndose, para fijar a su antojo las reglas del mercado, en perjuicio del país y de los usuarios. Para evitar este peligro, mi Gobierno resolvió fortalecer las Comisiones de Regulación y la Superintendencia de Servicios Públicos, a través de las normas puestas recientemente en vigencia.

La columna vertebral del decreto 1165 de 1999 está en el fortalecimiento de las auditorías externas de gestión, creadas por la ley 142. La Superintendencia, como organismo que ejerce por delegación constitucional las funciones presidenciales de inspección, vigilancia y control, no puede estar presente en todo el territorio nacional para vigilar adecuadamente a todos los entes prestadores de servicios públicos, porque si pretendiera hacerlo, tendría que convertirse en un monstruo burocrático, y por lo mismo ineficiente, cuyos costos además serían impagables para las empresas vigiladas. Ante esta circunstancia evidente, el legislador contempló como alternativa las auditorías externas, llamadas a convertirse en el brazo eficaz de la Superintendencia para controlar adecuadamente a las entidades prestadoras.

Las atribuciones dadas al Superintendente de Servicios Públicos para verificar el cumplimiento de los requisitos que para los auditores externos deben fijar las Comisiones de Regulación, y la competencia atribuida al mismo funcionario para solicitar, mediante resolución motivada, el cambio de un auditor cuando considere que está incumpliendo sus deberes, además de la obligación que tienen ahora los auditores de constituir pólizas de garantía a favor de la Superintendencia, harán que esta herramienta sea realmente el mecanismo eficaz que previó el legislador para ejercer un óptimo control sobre las entidades prestadoras.