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  • REAFIRMAMOS NUESTRA VOCACIÓN POR LA VIDA Y EL RESPETO POR LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, SU PROMOCIÓN Y SU DEFENSA

    Sanción de ley mediante la cual se tipifican los delitos de desaparición forzada, genocidio, tortura y desplazamiento forzado

    ¡Hoy es un día de celebración en Colombia! Porque hoy, después de doce años de esfuerzos frustrados, tenemos la satisfacción de sancionar al fin una ley que tipifica y castiga algunas de las conductas más repudiables que pueden cometer los seres humanos contra sus semejantes.

    De alguna manera, hoy siento que nos acompañan en este acto solemne el espíritu de tantos que han sufrido y de las familias que han buscado desesperadas a sus seres queridos. Hoy hacemos un homenaje a su memoria y reivindicamos el derecho a una vida digna, a una vida en familia, con la protección y la seguridad que brinde el Estado. Hoy reivindicamos la humanidad que todos llevamos dentro, como el máximo valor de nuestra existencia.

    Tengo la plena certeza de que el complejo pero exitoso trámite legislativo que fue necesario para llegar a la aprobación de esta ley constituye un avance de singular importancia en la vida de las instituciones de nuestro Estado Social de Derecho, en la lucha por construir la efectiva vigencia de los Derechos Humanos, y en la no menos urgente batalla por combatir la impunidad.

    La ley que hoy entra en vigor, más allá de su formalidad normativa, representa la condena y el repudio unánimes de la sociedad colombiana frente a aquellas atrocidades que, como el genocidio, la desaparición forzada, la tortura y el desplazamiento forzado de población civil, van en contravía del sentido moral y desconocen la noción misma de lo humano.

    Esta Ley constituye además un paso de trascendental importancia en el desarrollo y cumplimiento de la Política de Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y de aplicación del Derecho Internacional Humanitario expedida por mi gobierno en agosto del año pasado.

    La severidad de las penas previstas para el castigo de estas conductas, la amplitud y la diversidad de mecanismos institucionales diseñados para la búsqueda de personas desaparecidas, y el estricto seguimiento de las recomendaciones formuladas por la comunidad internacional, tanto a través de sus órganos hemisféricos como universales, son señales contundentes del compromiso gubernamental en la construcción de las condiciones normativas que hagan posible la efectiva vigencia de los Derechos Humanos.

    Como Presidente de los colombianos, contemplo en la ley que hoy sanciono una expresión de la estatura moral de nuestra sociedad, que a pesar de hallarse dolorosamente aquejada por la crueldad de los violentos, es capaz de manifestar su repudio ante las atrocidades y, con ello, es capaz también de fortalecer su esperanza en el camino de la negociación y en un futuro de reconciliación y de paz.

    En el día de hoy, las instituciones del Estado y la sociedad civil de un país inmerso en un despiadado conflicto armado que ha cobrado la vida de muchos de sus mejores hijos, estamos manifestando sin equívocos, ante nosotros mismos y ante la comunidad internacional, nuestra condena y repudio a quienes insisten en violar los derechos humanos y en atentar contra la vida e integridad de sus propios hermanos.

    Estamos reafirmando nuestra vocación por la vida y reiterando el propósito de seguir adelante con la negociación política, bajo el signo del respeto por las libertades y garantías fundamentales, su promoción y su defensa.

    Y, además, lo hacemos en un contexto democrático, pues si algo tiene de resaltable el trámite de esta ley es que en ella confluyeron todos los sectores de la sociedad en un diálogo amplio y abierto. En su dimensión contemporánea, no podemos entender la democracia sin un respeto incondicional a los Derechos Humanos.

    La democracia sólo adquiere su verdadero sentido cuando incorpora a los Derechos Humanos como obligatoria dimensión constitucional y finalidad esencial de su arquitectura. Pero, a su vez, los Derechos Humanos sólo adquieren su profunda dimensión liberadora y progresista cuando su garantía y protección resultan del ejercicio pluralista del poder político.

    Hoy quiero resaltar muy especialmente el importante concurso, tanto en el origen como durante el trámite de esta Ley, de las Organizaciones de Derechos Humanos, quienes con su voz y su continua vigilancia de la situación contribuyeron a enriquecer y vigorizar el proyecto presentado por el Gobierno, dentro de las discrepancias naturales a su vocación institucional.

    De similar valor fueron las observaciones y recomendaciones provenientes de la Comunidad Internacional, reiterando la necesidad de materializar en un texto legal la propia prohibición de nuestra Carta Política respecto de la desaparición forzada e incorporar proscripciones contenidas en instrumentos de derecho público internacional y recomendaciones formuladas por sus diversos órganos.

    De igual manera, es destacable el esfuerzo y trabajo realizados por el Congreso, y en especial por quienes rindieron ponencias durante el trámite legislativo del proyecto, proporcionando al debate una amplia resonancia ante la opinión pública y una necesaria profundidad analítica a su discusión.

    En esta misma perspectiva, el Gobierno hizo ejercicio legítimo de sus correspondientes potestades y competencias, tanto para presentar la respectiva iniciativa legal como para enviar sendos mensajes de urgencia a las células legislativas, que le otorgaran al proyecto la imprescindible prioridad a este tema, y, en último término, para solicitar un examen más atento de puntos sustanciales que merecían un análisis detenido y de otros aspectos que podían frustrar, por razones de procedimiento, todo el ingente esfuerzo desplegado.

    La labor del Vicepresidente de la República, Gustavo Bell Lemus, en su calidad de Alto Consejero Presidencial en los asuntos de Derechos Humanos, fue fundamental en el buen éxito de esta iniciativa, ya que desde el Gobierno siempre entendimos que la consagración y sanción de estos delitos contra la humanidad era una prioridad y un compromiso, no sólo ante la comunidad internacional, sino también ante nuestros propios compatriotas.

    El texto resultante es un claro ejemplo de los buenos resultados que produce una labor mancomunada, tolerante y solidaria entre el Gobierno, el Congreso, la sociedad civil y la comunidad internacional, y se suma a todo un trabajo normativo que hemos venido desarrollando en conjunto con el Congreso Nacional para poner a Colombia a la vanguardia en materia de legislación sobre Derechos Humanos.

    Baste citar el nuevo Código Penal Militar, que sancioné hace menos de un año, gracias al cual precisamente estas nuevas figuras delictivas como la tortura, el genocidio y la desaparición forzada serán siempre de conocimiento de la justicia ordinaria. Además, hemos incorporado a nuestra legislación interna la Convención de Ottawa para la prohibición y destrucción de minas antipersonales, y hemos prohibido, sin ninguna excepción, la incorporación de menores de edad a las filas de las fuerzas militares. De esta manera, construimos día a día un entorno más humano y más seguro para los colombianos.

    Me asiste la profunda e íntima convicción de que el paso adelante que hoy perfeccionamos tiene como sus mayores beneficiarios a nuestros mismos compatriotas, cuyos derechos tienen hoy una mayor garantía de parte del Estado, así como al mismo proceso de reconciliación nacional, que se ve reforzado con el cumplimiento de la Política de Derechos Humanos trazada por el gobierno, con la cual estamos comprometidos y cuyos frutos hoy estamos viendo.

    Si los derechos humanos en Colombia –como lo he dicho en otra oportunidad- son el nuevo nombre de la paz, hoy podemos estar satisfechos porque hemos avanzado hacia la realización de este gran anhelo nacional.

    Quisiera terminar estas palabras, que hoy celebran con entusiasmo un nuevo triunfo de los Derechos Humanos en nuestro país, recordando unos bellos versos que escribió Miguel Hernández desde la prisión en que acabó su vida, por una de esas injusticias que hoy estamos comprometidos a erradicar de nuestra patria:

    “Volveremos a brindar por todo lo que se pierde y se encuentra: la libertad, las cadenas, la alegría y ese cariño oculto que nos arrastra a buscarnos a través de toda la tierra.”

    Muchas Gracias.


    Lugar y fecha

    Bogotá, Colombia

    10 de julio del 2000

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