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  • RESPETANDONOS LOS UNOS A LOS OTROS NOS HACEMOS DIGNOS A UN DESTINO EN PAZ Y CONVIVENCIA

    CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

    El palacio presidencial de Colombia se llama la Casa de Nariño, y recibe este nombre porque está levantado en el mismo lugar donde nació, en 1765, Antonio Nariño, el precursor de la independencia de mi país.

    Yo me siento muy orgulloso y honrado de trabajar y habitar en la casa donde vivió este joven intelectual bogotano, quien en 1794, después de traducirlos del francés,  puso a circular por las calles y esquinas de la ciudad unos volantes con un título sonoro y sugestivo: “Los Derechos del Hombre y del Ciudadano”.

    Gracias a este acto audaz de Nariño, -que le costó una condena a 10 años de cárcel, el exilio y la confiscación de sus bienes-, los colombianos incorporamos a nuestro torrente ideológico el tema fundamental de los Derechos Humanos, guardando en nuestra memoria esa frase rotunda de los revolucionarios franceses, según la cual “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”.

    Estos postulados de igualdad y libertad, -pero sobre todo de dignidad humana-, han presidido desde entonces el espíritu de nuestros libertadores, de nuestros gobernantes y de nuestras leyes republicanas.

    Por eso para mí es un gran honor visitar, como lo hicieron en los últimos meses los Presidentes de Paraguay y Brasil, la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, a través de su jurisprudencia y doctrina, ha contribuido a defender la dignidad humana y a propugnar por el restablecimiento de los derechos de los ciudadanos de nuestros países cuando quiera que éstos han sido vulnerados.

    Es indudable que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nació en esta querida ciudad de San José, así como otros instrumentos del sistema americano para la protección de los derechos humanos, ha constituido un importante avance como herramienta básica para la protección de los derechos fundamentales de los habitantes de las Américas, y es el reflejo de las aspiraciones de nuestros pueblos en materia de democracia representativa y vigencia del estado de derecho.

    Gracias a los fallos y opiniones consultivas de la Corte y a las recomendaciones de la Comisión Interamericana, los países americanos han logrado fortalecer sus leyes nacionales en el tema de los derechos humanos y adecuarlas a la normativa internacional. Así, hemos librado una ardua batalla contra las dictaduras y los regímenes autoritarios que rondaron por nuestro hemisferio en anteriores décadas, y contra aquellos que aún insisten en violar los derechos fundamentales.

    El rigor jurídico, la independencia y la responsabilidad con que ha actuado la Corte durante su existencia, la ha hecho merecedora del apoyo y respeto de la comunidad internacional en su conjunto, por lo cual es el deber de todos los Estados americanos apoyar su tarea para fortalecer su papel en el hemisferio y consolidar su acción hacia el futuro en favor de los valores democráticos.

    Yo quiero también hacer una especial mención del país que hoy nos acoge, cuya concepción sobre la dignidad del ser humano es ejemplo ante el mundo. Costa Rica siempre ha ido a la vanguardia de los derechos humanos, de su protección y de su garantía. No en vano los costarricenses decidieron hace cincuenta años vivir sin ejército y hace dos décadas se estableció aquí en San José la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

    Estos logros, sumados a la creación de la Universidad de la Paz y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, son motivo de enaltecimiento para el pueblo de Costa Rica, y constituyen un verdadero patrimonio moral para las naciones de América.

    Colombia, por su lado, además de ser parte de los principales instrumentos universales y regionales de derechos humanos, está comprometida en una lucha de largo aliento por conquistar su pleno respeto. En este sentido, mi Gobierno ha diseñado y puesto en marcha un ambicioso plan de acción en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

    El propósito de otorgar plena vigencia a los derechos humanos para todos los habitantes del país enfrenta hoy obstáculos muy graves. A la violencia delincuencial se agrega una compleja y polarizada violencia derivada del conflicto interno, que tiene su origen, en buena parte, en el problema mundial de las drogas ilícitas. Estas formas de violencia han propiciado unas condiciones de intolerancia, negativismo y saturación del aparato judicial que favorecen la comisión de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

    No obstante, son resaltables los importantes avances que en materia de protección de los derechos humanos y de garantía de las libertades civiles se lograron con la entrada en vigencia, en 1991, de la actual Constitución Política de Colombia. En este estatuto máximo de la nación se crearon entidades de gran importancia para el buen desarrollo de esta tarea, como la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Igualmente, se incluyó en la Constitución colombiana el más completo y detallado catálogo de derechos y garantías civiles, cuyo cumplimiento es deber del Estado y puede ser exigido por las vías consagradas en la misma Carta. Con este objetivo, se diseñaron ágiles mecanismos de protección judicial de dichos derechos, como la acción de tutela, la acción de cumplimiento y las acciones populares y de grupo, que han sido ampliamente utilizadas por los ciudadanos para lograr una solución rápida y efectiva cuando quiera que consideran que sus derechos fundamentales están siendo lesionados o que las autoridades están demorando o negando la cumplida ejecución de lo que la ley ordena.

    Dada la importancia del tema, mi Gobierno puso en manos del Vicepresidente de la República, en su calidad de Alto Consejero para los Derechos Humanos, la coordinación de los esfuerzos que desde diversas entidades del Estado se realizan con el único propósito de proteger y defender los derechos fundamentales.

    La política de derechos humanos del Gobierno de Colombia se inspira, entonces, -además porque la coyuntura así lo exige-, en la atención de problemáticas que por su magnitud humanitaria requieren de una acción prioritaria, así como en la protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

    Los lineamientos básicos de la política incluyen la profundización en la lucha contra la impunidad mediante el impulso a la investigación de los casos más relevantes, la protección de los defensores de derechos humanos y líderes sindicalistas, el combate a los grupos de autodefensa, la lucha contra el secuestro, la atención integral a la población desplazada, y el fortalecimiento de la capacidad estatal, en especial la modernización de la fuerza pública.

    Y en este último tema quiero resaltar el compromiso cada vez mayor de los militares y policías de mi país con el respeto de los derechos humanos, el cual se ha hecho patente en una ostensible disminución de denuncias en su contra, lograda gracias a un proceso continuo de depuración, concientización y pedagogía sobre la materia.

    La política gubernamental en materia de derechos humanos fue diseñada, además, dentro de un espíritu de cooperación con la comunidad internacional, cuyas recomendaciones y análisis crítico sobre nuestra situación mi gobierno valora inmensamente. Por ello, el gobierno colombiano mantiene la política de permitir con toda transparencia el escrutinio de la comunidad internacional, con el objeto de obtener desde el exterior una visión realista de la problemática que nos aqueja y de la gestión institucional.

    Ejemplo de ello es el seguimiento a las recomendaciones de la Comisión frente a las indemnizaciones de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos. En nuestro caso, la Ley 288 de 1996, por la cual se establecen instrumentos para el reconocimiento y pago de estas indemnizaciones,  se caracteriza por un indudable ánimo de cooperación con el sistema de protección de los derechos humanos, en la búsqueda de implementar las recomendaciones internacionales. El Gobierno de Colombia entiende que este tipo de cooperación redunda en el fortalecimiento del sistema interamericano, en la medida en que se garantiza el restablecimiento de los derechos vulnerados.

    No podría dejar pasar la oportunidad sin resaltar un motivo de orgullo para Colombia, como es la contribución de tres personalidades conocedoras del tema de los derechos humanos, quienes han aportado su sabiduría y experiencia en la Corte Interamericana. Ellos son los colombianos elegidos para ser Jueces de la Corte desde 1979 hasta la fecha: los doctores César Ordóñez Quintero, Rafael Nieto Navia y Carlos Vicente De Roux.

    Adicionalmente, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la necesidad de fortalecer nuestro sistema interamericano de derechos humanos, el cual debe lograr la ampliación, para beneficio de todos, del importante papel que hasta el momento ha jugado en un tema de tanta actualidad y sensibilidad para los países americanos.

    La ratificación de la Convención Americana y la aceptación de la jurisdicción de la Corte deben llegar a ser universales para alcanzar una real consolidación del sistema. Y para lograr este objetivo, debemos contar no sólo con las naciones que hemos estado comprometidas con la causa de los derechos humanos desde siempre, sino con la participación de todos los países que conforman la Organización.

    Además, los países deben acatar sin excepción los fallos de la Corte, cuya eficacia depende básicamente de que sus decisiones sean cumplidas a cabalidad, más aún cuando el acceso directo de los individuos a esta Corte está cerca de ser una realidad.

    Tendremos también que enfrentar el problema del financiamiento del sistema y esforzarnos por que algún día éste ostente un carácter más autónomo en el ámbito presupuestal, de manera que la Comisión y la Corte puedan desarrollar de manera óptima, no sólo las labores derivadas de la Convención, sino los mandatos otorgados a ellas por la Asamblea General de la Organización.

    La Corte ha demostrado que es capaz, junto con la Comisión Interamericana, de defender las libertades y los derechos fundamentales de todos los americanos, y ha logrado ambientar un clima de mayor respeto por los valores democráticos.

    Por eso hoy reitero ante ella el total acatamiento de Colombia a su jurisdicción y a sus decisiones, como un compromiso ético de mi país con la vigencia universal de los derechos humanos.

    El año pasado, en el Puente de Boyacá, conmemorando los 180 años de la batalla que ganó la independencia de mi país, dije que los derechos humanos son, en Colombia, el nuevo nombre de la paz.

    Hoy, en este suelo amigo costarricense y en este recinto sagrado de la defensa de los valores más preciados de la humanidad, quiero reiterar estas palabras, porque sólo respetándonos los unos a los otros podremos hacernos dignos de un destino de paz y convivencia.

    Muchas gracias.


    Lugar y fecha

    San José, Costa Rica
    29 de mayo del 2000

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