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  • SEMINARIO ANDINO SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS, POBREZA Y COHESIÓN SOCIAL ORGANIZADO POR INTERNATIONAL IDEA.

    Estimados amigos:

    Antes que nada quiero agradecer a International IDEA, en cabeza de su Director para América Latina y el Caribe, mi buen amigo Daniel Zovatto, y a su programa Ágora Democrática, por la amable invitación que me formularon para compartir con ustedes durante este interesante seminario que nos permite reflexionar e intercambiar opiniones y esquemas de acción frente al papel que cumplen y deben cumplir los gobiernos y los partidos políticos ante las apremiantes necesidades sociales de América Latina, y más precisamente de nuestra región andina.

    Sobre los diversos tópicos de la pobreza y la acción política para combatirla, quisiera iniciar con unos comentarios sobre la cooperación internacional, para luego ahondar sobre el peligro del uso político del discurso sobre la pobreza, el falso dilema de las fórmulas para combatirla, algunos apuntes sobre el caso de Colombia y la urgencia de concentrarnos en la promoción del capital humano.

    Hace más de un lustro, en septiembre de 2000, nos reunimos en Nueva York los líderes del mundo para realizar la llamada Cumbre del Milenio. Allí tuve oportunidad de representar, no sólo a mi país, Colombia, como Presidente de la República, sino también a los 18 países de América Latina y a los 15 del Caribe, que hacen parte del Grupo de Río, pues Colombia ocupaba entonces su Secretaría Pro-Témpore.

    Entonces hablé en nombre de América Latina y el Caribe, un subcontinente con más de 200 millones de pobres, y propuse los siguientes objetivos:

    – Que la cooperación internacional financiara tanto las redes de protección social como la inversión en capital humano y en infraestructura.

    – Que se diera una solución justa y duradera al problema del endeudamiento externo de las economías más pobres.

    – Que construyéramos una nueva arquitectura del sistema financiero internacional que propicie la estabilidad en los mercados financieros y cambiarios y que brinde asistencia y respaldo a los países en procesos de ajuste o en dificultades.

    – Que se frenaran las medidas proteccionistas de los países con mayor grado de desarrollo y riqueza, para aumentar, bajo términos de equidad, el flujo del comercio internacional.

    Respecto a este último objetivo, hoy podemos decir Perú, Ecuador y Colombia, -los países andinos que iniciamos juntos las negociaciones de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos-, que estamos dando un paso fundamental en esta dirección.

    No tengo duda de que los efectos positivos de un TLC negociado sobre términos de equidad, que abra la economía más grande del mundo a nuestros productos, redundarán a favor de los más pobres de nuestros países.

    Muchas veces he dicho que lo que necesitamos en América Latina para derrotar la pobreza, más que ayuda, es comercio. Con un comercio ampliado, cobijado por la seguridad jurídica de un tratado, se genera más inversión extranjera y se incorporan nuevas tecnologías, lo cual conduce a un mayor crecimiento económico y, por ende, a la creación de más y mejores empleos para nuestros pueblos.

    El caso de México es paradigmático sobre lo que puede representar para los países andinos el TLC. En una década de vigencia del NAFTA, México pasó del puesto 40 al puesto 10 entre las economías más grandes del mundo y ha mantenido un nivel ínfimo de desempleo, que en diciembre de 2005 se situó en el 2.8%. En los primeros 10 años del NAFTA las exportaciones mexicanas a Estados Unidos crecieron un 246% y las importaciones 134%, ambas cifras de la mayor importancia, pues tanto unas como otras dan dinamismo a la economía.

    Para algunos, estos logros de una década de libre comercio no son suficientemente relevantes. Tal vez valga la pena, entonces, que miremos otro ejemplo, no de 10 años, sino de 30 años de integración: España. Cuando este país se integró económicamente al mercado común europeo muchos criticaron su adhesión y los agoreros del desastre, que nunca faltan, pregonaron que su economía iba a colapsar frente al poderío de sus contrapartes. Hoy todos vemos que España, por el contrario, dio un salto cuantitativo y cualitativo, y nadie duda de la transformación positiva que le significó su integración con las economías europeas.

    Con una adecuada inserción en la economía global, ya veremos a México o a los países andinos o a los centroamericanos, avanzando con la misma dinámica y progresismo que hoy tiene la economía española.

    Volviendo a la Cumbre del Milenio, allí respaldé, como lo hicieron todos los Jefes de Estado presentes, el objetivo propuesto por el Secretario General Kofi Annan de buscar reducir a la mitad, para el año 2015, la proporción de aquellos que viven en la pobreza extrema.

    Ya antes, en 1992, en la Cumbre de la Tierra, en Rio de Janeiro, se había planteado el compromiso de las naciones desarrolladas de aportar cuando menos el 0.7% de su PIB a la cooperación internacional con las naciones más pobres.

    Cerca de catorce años después de este compromiso, y faltando menos de una década para alcanzar la meta fijada en la Cumbre del Milenio, vemos que no se avanza con la rapidez ni con el compromiso que se esperaba.

    El porcentaje del 0.7% de cooperación internacional es hoy apenas cumplido por media docena de naciones, en tanto la mayoría de las naciones desarrolladas sigue aplazando su cumplimiento, fijándose metas parciales y ampliando los plazos hasta el 2010 o incluso el mismo 2015.

    ¿Por qué no se ha cumplido con esta meta, a mi entender modesta, pero de inmensa significación para disminuir la brecha de bienestar y calidad de vida entre los países más ricos y más pobres?

    En primer lugar, porque la ayuda internacional ha carecido, en gran medida, de una debida coordinación. Cada país pretende cumplir con su parte, independientemente del esfuerzo de los demás, lo que genera ineficiencias y problemas de gestión.

    La cooperación internacional no puede ser un campo para la competencia entre países, sino, precisamente, para la colaboración armónica entre ellos hacia unos mismos fines. Por eso mismo, es fundamental que se lleve a cabo de forma coordinada y no como esfuerzos aislados.

    En segundo lugar -y esto es muy importante- muchos países desarrollados se muestran reticentes a aumentar sus fondos de cooperación internacional argumentando que el nivel de corrupción y desorganización administrativa en los países pobres es muy grande, y que esto hace que los recursos se pierdan y no lleguen a sus destinatarios finales.

    Partiendo de esta premisa, los países desarrollados dicen que aumentarán sus fondos de ayuda sólo cuando en los países beneficiarios se controle el fenómeno de la corrupción y el desgreño administrativo.

    Por supuesto, con posiciones como éstas llegamos a un terrible círculo vicioso: no se dan recursos a los países menos desarrollados bajo el pretexto de la corrupción, pero a su vez la corrupción se mantiene en dichos países en gran parte debido a la escasez de recursos y de mecanismos para combatirla.

    Si hay que buscar una salida a este círculo vicioso, ésta tiene que ser la de la acción y no la de la inacción.

    La forma de salir de esta encrucijada no es limitando los recursos de cooperación, so pretexto de la corrupción, sino dando esos recursos, por lo menos hasta el porcentaje del PIB pactado, con los necesarios controles y verificaciones, para que el mismo desarrollo impulse una mayor transparencia.

    Tenemos que ser creativos para buscar fórmulas que faciliten el desembolso de los recursos y que estos lleguen verdaderamente a la población más necesitada. Pero la solución no es quedarse quietos, esperando que las cosas mejores solas.

    En este sentido, en el tema de la cooperación internacional, es fundamental que los países desarrollados se junten, y no obren separadamente, aprovechando mecanismos como los que ofrecen las diversas agencias internacionales, de forma que se dé la ayuda en forma coordinada, se establezcan controles que favorezcan la transparencia de su utilización y se concentren los recursos en las urgentes necesidades del mundo en desarrollo. ¡Pero hay que obrar! ¡No quedarse quietos!

    “Nadie puede ser rico si sus vecinos son pobres”, dijo John F. Kennedy, enunciando una verdad que hoy debe cuestionar a todas las naciones desarrolladas, y a nuestros propios países.

    ¿Cómo comenzar a cerrar la brecha económica y social entre los más ricos y los más pobres del planeta? La respuesta, en el ámbito global, para los países más pobres, es la cooperación internacional. Las metas a corto y mediano plazo ya son conocidas, pues son las de la Cumbre de la Tierra y la Cumbre del Milenio, cuyo avance estuvo a fines del año pasado bajo revisión en la Asamblea de las Naciones Unidas.

    Lo que corresponde ahora –y así lo he manifestado en los diferentes foros internacionales a los que he asistido sobre este tema– es romper el círculo vicioso al que me he referido, y que se entreguen los recursos de cooperación internacional en forma coordinada y con verificación, sin excusarse más en la corrupción o los problemas de gestión de las naciones más pobres.

    Nosotros mismos, en Latinoamérica, así como exigimos, -y debemos exigir-, de los países desarrollados el cumplimiento de las metas pactadas, no podemos voltear la espalda frente a situaciones tan difíciles como las de Haití o las de cualquier otro país de nuestro continente que atraviese por similares circunstancias. No podemos sentarnos a esperar que llegue de arriba la cooperación internacional. También nos corresponde, en la medida de nuestras posibilidades, dar la mano a países cuyos habitantes viven en la extrema pobreza. Sólo así podremos acercarnos al objetivo de un mundo más justo para todos.

    Apreciados amigos y amigas de los países andinos:

    Nada hay tan peligroso como la demagogia, el populismo, el autoritarismo, y el mismo terrorismo, cuando se disfrazan de ideales que todos compartimos, como la lucha contra la pobreza.

    Pregúntenle a un guerrillero en Colombia, mientras siembra minas antipersona que mutilan la vida y la integridad de niños y campesinos; mientras secuestra; mientras dispara contra pueblos indefensos, o explota torres de energía, puentes o tramos del oleoducto, por qué lo hace, y seguramente les responderá que lo hace para luchar contra la pobreza y la inequidad social.

    Ese es su discurso, pero la realidad es muy distinta. Recuerdo muy vívidamente un terrible episodio que golpeó el corazón de Colombia en octubre de 1998, cuando yo apenas llevaba algo más de dos meses en la Presidencia. Entonces la guerrilla del ELN, en su insensata carrera de terror contra la infraestructura energética nacional, dinamitó un tramo del oleoducto y generó un incendio que se desplazó hacia una humilde población llamada Machuca, causando la muerte por incineración de al menos 70 habitantes de dicho corregimiento y terribles quemaduras a otros tantos. Niños, mujeres, ancianos, murieron calcinados por la imprudencia asesina del ELN.

    Dos días después visité la adolorida población, o lo que quedaba de ella, en medio de una tristeza que agobiaba. Partía el alma ver a este humilde caserío, incrustado en el medio de un cañón, diezmado y arrasado por la desgracia. Ese difícil día escuché a un niño de unos 10 años pronunciar una de las frases más impactantes y dicientes que haya escuchado jamás:

    “La guerrilla nos quemó todo… menos la pobreza”.

    Así es: Todo MENOS LA POBREZA. El absurdo de la lucha armada en mi país, donde opera una democracia de casi dos siglos que cada día buscamos consolidar y fortalecer, queda al descubierto en esa frase sencilla de un niño, víctima de sus acciones. Los grupos guerrilleros, que tanto citan a la pobreza en sus proclamas y se autoproclaman como adalides de la causa de su erradicación, sólo han contribuido, con sus prácticas de intimidación y terror, a generarla.

    Éste es un ejemplo extremo de una realidad que dilata en nuestro subcontinente y en nuestra región andina el que se logre una acción realmente efectiva contra la pobreza. En Colombia sufrimos, y en otros países también, las funestas consecuencias de quienes usan a la pobreza como discurso legitimador de otras intenciones o propósitos que nada tienen que ver con combatirla.

    Es bien sabido que, en el escenario político y particularmente en tiempos electorales, no hay nada que resulte tan rentable como acudir al descontento del pueblo con su situación social y su calidad de vida, y prometer derrotar a la pobreza y erradicarla de la faz del país.

    Es un discurso fácil y efectista que llega directamente al corazón de la gente y muchas veces a sus estómagos vacíos. ¡Lo grave es que detrás de él y de las esperanzas que se generan, se escudan, en ocasiones, megalomanías, ambiciones personales, intereses económicos o, incluso, negocios ilícitos!

    La lucha en serio contra la pobreza es una tarea ardua y seria, no rentable en términos de popularidad, pero valiosa en términos de futuro. A la pobreza no se la erradica con fórmulas asistencialistas ni gastando a manos llenas los recursos abundantes de bonanzas temporales. Se la erradica con políticas continuadas que se conviertan en políticas de Estado que, al tiempo que mantengan los índices macroeconómicos en niveles adecuados, no le teman a invertir en la gente, en su educación y salud; fomenten el empleo, y controlen la inflación, sin duda el peor impuesto para los pobres.

    En las últimas décadas se ha hablado de dos modelos opuestos para combatir la pobreza: uno, que privilegia la realización de programas directos de ayuda a los pobres, como subsidios, y otro que afirma que es necesario, primero, privilegiar el crecimiento de la economía como un todo, en el entendido de que dicho crecimiento generará efectos positivos como empleo y aumento del ingreso para los pobres.

    El primer camino es popular, sin duda, aunque difícilmente sostenible. El segundo requiere de la realización de sacrificios que muchos han asociado con una política de “sangre, sudor y lágrimas”, para lograr la estabilidad económica necesaria que lleve al crecimiento. Sin embargo, los dos caminos no son excluyentes en lo absoluto. El pretendido dilema tiene que resolverse a favor de los pobres.

    Nuestras sociedades exigen una respuesta clara y firme de quienes tenemos la responsabilidad de liderarlas. Una respuesta que, al tiempo que garantice su bienestar en el largo plazo, atienda sus necesidades básicas e inmediatas de supervivencia.

    Es imperioso que seamos realistas: Cuando estas necesidades no están satisfechas, ¡qué difícil es creer en el largo plazo! Cuando acosan el hambre, la miseria y el desempleo, ¡qué difícil es creer en lo estructural y qué fácil incurrir en el populismo irresponsable!

    Tenemos que evitar la tentación de caer en el populismo del corto plazo pero también en la soberbia de pensar únicamente en las soluciones estructurales mientras nuestros pueblos sufren y esperan. Si hoy proliferan algunas opciones populistas o si crece el descontento social, ello se debe a la torpeza política de no haber sabido equilibrar presentes con futuros.

    Cuando algunos ofrecen lo divino y lo humano en la inmediatez están sacrificando un futuro de prosperidad para su pueblo. Y nada hay más peligroso para la democracia que este populismo irresponsable. El retorno a este populismo radical ha probado, en el curso de la historia, ser nefasto para las democracias latinoamericanas.

    Sin embargo, en el otro lado de la balanza se encuentran quienes nos piden pensar únicamente en el futuro, olvidando que las necesidades de nuestros pueblos no dan espera. Los que sólo pregonan la necesidad de reformas estructurales deben entender que una posición intransigente y alejada de la realidad social ha sido siempre, y puede ser de nuevo, el cultivo de situaciones críticas o peligrosas.

    Lo que yo busqué en mi gobierno y lo que sigo proponiendo como el camino correcto es avanzar hacia un equilibrio perfectamente posible entre la urgencia de llenar los vacíos del corto plazo y la importancia de construir un crecimiento estable en el largo plazo.

    Un equilibrio entre las medidas de largo y corto plazo; el justo término medio entre reformas estructurales y justicia social. Ahí reside el verdadero soporte de la democracia.

    Yo creo en la ortodoxia y en la estructuralidad económica. Luché como pocos en su defensa, en uno de los entornos más adversos posibles. Pero no creo en la miopía política. Por eso, hoy, en este Seminario que busca respuestas y acción política para enfrentar la pobreza, los invito a superar el falso dilema y a buscar siempre el equilibrio entre lo urgente y lo importante, lo conveniente y lo absolutamente necesario.

    Ésta fue la fórmula que busqué aplicar durante el cuatrienio 1998-2002, cuando lideré, con decisión y convicción, una política económica responsable que estabilizó la tasa de cambio, bajó las tasas de interés, llevó la inflación a cifras de un dígito, salvó el sector financiero y quebró la tendencia creciente del desempleo. Se requirieron reformas estructurales e importantes sacrificios fiscales, muchos de ellos impopulares, pero no dudé ni un momento en seguir el camino que aseguraba el futuro de Colombia en el largo plazo.

    No obstante, tampoco olvidé las urgencias del presente. Ya sea en programas de empleo, ya sea en subsidios de alimentación y educación para los niños de las familias de menores recursos, o en la construcción de vías, o en la entrega de subsidios de vivienda popular, o en el salvamento de la vivienda de más de 800 mil deudores hipotecarios, siempre tuve en cuenta que las políticas sociales no son un contingente derivado de las políticas de crecimiento, sino que son un necesario y paralelo plan de acción. El presidente Uribe, con visión de futuro, ha continuado y fortalecido muchos de esos programas sociales.

    En Colombia -quiero resaltar- hemos construido institucionalidad y tenemos una democracia fortalecida, con arraigo popular, que, por encima de las dificultades que generan el narcotráfico y la violencia terrorista, está asumiendo, a la vez, el reto del crecimiento y de la pobreza.

    Esta estabilidad a la que me refiero se comenzó a gestar en el llamado Frente Nacional, entre 1958 y 1974. Gracias a un compromiso político patriótico entre los dos partidos que entonces aglutinaban la casi totalidad de la población colombiana, se llegó a una fórmula de alternancia en el poder que devolvió al país la convivencia después de un duro periodo de violencia política. Mi padre, Misael Pastrana Borrero, fue el último presidente de este periodo transicional y dejó al país creciendo a una tasa del 7% y con un novedoso programa de financiación de vivienda que creó una nueva generación de propietarios en Colombia en los estratos medios y bajos.

    Me refiero a este periodo histórico porque a veces se tiende a ubicar el mismo como una época de exclusión política y social que justificó el surgimiento de las guerrillas, cuando, por el contrario, fue un periodo que cimentó las bases de la Colombia moderna y progresista de hoy.

    El más grande cambio institucional desde el Frente Nacional fue la Constitución Política de 1991, fruto del trabajo de una Asamblea Constituyente en la que participaron todos los partidos políticos, grupos sociales, académicos y antiguos guerrilleros que habían optado por la senda de la democracia.

    Fruto de esa fundamental reforma fueron instituciones de tanta importancia como la Corte Constitucional, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo; mecanismos jurídicos como la tutela para proteger los derechos básicos de los colombianos, y un esquema más amplio de descentralización y participación ciudadana.

    Esta modernización del andamiaje político ha permitido una acción más directa del gobierno y las instituciones contra la pobreza, a pesar del continuo acoso de los grupos armados ilegales que genera retrocesos y obliga a destinar ingentes recursos al tema de la seguridad.

    Hay cifras que hablan más que mil palabras: Por ejemplo, entre 1998 y 2005 el número de afiliados en Colombia al régimen subsidiado de salud, que atiende a las personas de más bajos recursos, pasó de 8.5 millones a 18.4 millones, ¡más del doble! Los programas de vacunación infantil tienen una cobertura que alcanza casi el 100% de los niños.

    En educación los logros no han sido menores, pues hemos pasado en la última década de unos 5 millones de niños que tenían acceso a la educación básica a cerca de 10 millones. En total, hemos superado el 90% de cobertura total en el país de educación básica y secundaria, y miramos como posible un horizonte del 100% de nuestros niños estudiando en el término de pocos años.

    El programa Familias en Acción, que inicié en mi gobierno y el presidente Uribe ha seguido fortaleciendo con entusiasmo, es uno de los que más efectos positivos han tenido, y lo traigo a cuento porque es un ejemplo práctico de lo que puede ser una asistencia social responsable y adecuada. A través de este programa se entregan subsidios directos a las familias de estrato 1, sobre todo madres cabeza de familia, siempre y cuando mantengan a sus hijos en el sistema escolar y los lleven a los controles de salud y vacunación. Por supuesto, esto implica que el Estado debe hacer todo el esfuerzo para garantizar servicios de salud y educación de calidad para los más pobres, y así se viene haciendo.

    Con este programa no estamos perpetuando la pobreza como lo hace el simple asistencialismo, sino fomentando una nueva generación de colombianos sanos y con educación que cambiarán para siempre el destino de nuestra nación ¡Hoy son más de medio millón de familias las que reciben ayudas económicas del Estado condicionados a que sus hijos estudien y a que cuiden de su salud!

    Todas éstas son cifras que muestran un avance social que no se puede desconocer, el cual está acompañado de políticas macroeconómicas que han devuelto al país a la senda del crecimiento.

    La política que apliqué y que propongo, entonces, para concluir este aparte, es el arte de equilibrar el presente y el futuro. Como lo han explicado economistas de la importancia del Nobel Amartya Sen, el desarrollo económico sólo puede prosperar si al mismo tiempo hay un desarrollo social importante y significativo, no uno después del otro, sino los dos en forma interrelacionada.

    Queridos amigos y amigas:

    En toda discusión sobre cómo llevar nuestras naciones por la senda del desarrollo y la justicia social debemos tener en cuenta un concepto fundamental, que es tal vez el concepto clave para superar la pobreza: el capital humano.

    No puede concebirse un desarrollo económico significativo sostenido si no se hacen inversiones para formar el capital humano: inversiones en salud y en nutrición, e inversiones en educación.

    A fines del año pasado, el economista Jeffrey Sachs, quien lidera hoy la discusión a nivel mundial sobre la pobreza, dio una muy interesante conferencia en Washington sobre “la pobreza vista en términos de desarrollo humano”.

    Su principal postulado fue de gran interés, pues nos invitó a dejar de mirar nuestra región con conmiseración, como si estuviera condenada a la pobreza, y a mirarla, mejor, como un positivo desafío. De acuerdo con Sachs, América Latina es menos pobre de lo que indican las estadísticas de ingreso per capita de sus habitantes en el sentido de que cuenta con importantes bases para alcanzar un mayor desarrollo económico y social: riquezas naturales, una alta población urbana, tasas bajas de analfabetismo y niveles altos de igualdad de género. Las tasas de pobreza extrema se han mantenido estables en 9 por ciento en los últimos 20 años y las tasas de mortalidad materno-infantil se han reducido. Tampoco se presentan hambrunas, ni epidemias tan devastadoras como el Sida o la malaria en África.

    Cuando Sachs se pregunta por qué, a pesar de lo anterior, América Latina no ha tenido mayores logros en cuanto a crecimiento económico y lucha contra la pobreza, encuentra dos principales factores que lo explican: la inequidad persistente y la falta de énfasis en el rol que se la asigna a la ciencia y la tecnología en la dinámica del desarrollo humano.

    Yo también estoy convencido de que sólo una mayor inversión en educación y en tecnología, que alcance a todos los estratos sociales con igual calidad, nos permitirá superar el lastre de la pobreza. Los países del sudeste asiático son un ejemplo concreto de cómo con educación e inversión en ciencia y tecnología puede realmente contribuirse a cerrar la brecha.

    Hoy varios de nuestros países se encuentran listos para entrar a un panorama de comercio ampliado, con mayor libertad, del cual esperamos buenos resultados para nuestro desarrollo y crecimiento. Pero el libre comercio, por sí solo, no trae ningún beneficio. Los beneficios los obtendremos de la forma en que nos preparemos para aumentar nuestra competitividad, y la fórmula es: inversión en educación -acompañada de nutrición y salud, como complementos fundamentales- e inversión en ciencia y tecnología.

    Tal vez no se vea inmediatamente, pero estoy seguro de que la semilla que comenzamos a sembrar en el umbral del siglo XXI nos llevará en pocas décadas a un escenario donde la pobreza ya no sea la protagonista.

    Finalizando este conjunto de reflexiones que hoy me he permitido compartir con ustedes, quisiera invitarlos, como políticos y analistas de una región que exige y demanda soluciones serias y responsables más que promesas y populismo, a que concentren sus recursos en allanar el camino de la justicia social a través de la preparación de las nuevas generaciones. Nada dará más réditos en el mediano y largo plazo.

    Entre tanto, con una fórmula de gobierno que supere el falso dilema entre asistencia simple a los pobres y reformas económicas estructurales, que equilibre una política macroeconómica sana con la atención inmediata de las urgencias sociales, y que evite los excesos y retrocesos que supone el populismo, puede y debe construirse una región andina y una América Latina que corresponda a su verdadero potencial.

    Recordemos la rotunda frase del escritor y pensador mexicano Carlos Fuentes: “Algo se ha agotado en América Latina: los pretextos para justificar la pobreza”.

    Muchas gracias


    Fecha

    3 de febrero del 2006

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