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  • SISTEMA JURÍDICO, INSTRUMENTO EFICIENTE PARA UNA CONVIVENCIA SOCIAL Y ARMÓNICA, LA MEJOR HERRAMIENTA PARA CONSTRUIR LA PAZ

    Palabras del presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, con motivo de la imposición de la orden “José Ignacio de Márquez” a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

    Estas tablas sacrosantas de la ley serán mi regla, así como la justicia será mi guía, nada omitiré para que las leyes sean ejecutadas con imparcialidad, el orden público conservado, la educación difundida, las rentas bien administradas, las relaciones internacionales cultivadas, las exigencias públicas satisfechas, y respetadas positivamente las garantías sociales y los derechos de los individuos.

    Este fue el programa que a mediados del siglo XIX señaló los lineamientos del gobierno del presidente José Ignacio de Márquez, a quien recordamos hoy como uno de los hombres más respetuosos de la democracia en su pura esencia, defensor del derecho, de la constitución, de las leyes y promotor y pensador de orientación civilista.

    Por este motivo es para mí un gran honor asistir a este acto de reco- nocimiento a la labor que cumplen los honorables magistrados presidentes del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, y a los demás condecorados que hacen parte de la Rama Judicial, que han sabido enaltecer el legado que dejó para nosotros el “Togado civilista”.

    Quiero aprovechar esta solemne oportunidad para compartir con ustedes un elevado ideal y una sentida aspiración de todos los colombianos: ¡Vivir en un Estado Social de Derecho fortalecido, vivir en un país con justicia, vivir en una nación unida por la ley, vivir en un país reconciliado y en paz!

    A lo largo de nuestra vida republicana, los colombianos hemos aspirado a gobernarnos mediante leyes. En todo momento la voluntad de hombres y mujeres ha sido que las conductas de los individuos y de las autoridades se guíen por lo dispuesto en el ordena- miento lega

    De ahí, que los colombianos nos esforcemos por lograr un orden jurídico que nos ofrezca certidumbre y seguridad en el goce de nuestros derechos y en el ejercicio de nuestras libertades.

    Sólo el Estado Social de Derecho es garantía para una convivencia social armónica y para el pleno desarrollo. Es por esto, que Gobierno y sociedad sumamos cada día voluntades y esfuerzos para construir un régimen de convivencia social, tutelada plenamente por el derecho, en donde todos veamos en la ley el fundamento de nuestras acciones, el instrumento eficiente de resolución de los conflictos y la mejor herramienta para construir la paz.

    Entendemos que una justicia pronta y cumplida para todos es un requisito fundamental para cumplir con el anhelo de la convivencia armónica entre todos los colombianos.

    Durante el año que ya termina, el mejoramiento y la modernización del sector justicia han sido una preocupación central de mi gobierno.

    Hemos llevado a la práctica el mandato constitucional de crear una jurisdicción de paz, mediante la sanción de la Ley 497 de este año, que permitirá la consolidación de un sistema fácil y asequible de justicia que resuelva en equidad conflictos individuales y comunitarios.

    En el mismo sentido, hemos expedido el decreto que contempla los Mecanismos Alternativos de Resolución Pacífica de Conflictos, con el objeto de promover la conciliación, el arbitraje, y la amigable composición como opciones adecuadas para descongestionar la justicia ordinaria.

    Queremos acercar la justicia al ciudadano y para ello hemos dado continuidad al Programa de Casas de Justicia, de las cuales se tienen ya operando nueve y se espera habilitar otras diez el próximo año, donde funcionen en un sólo lugar la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal, la Defensoría de Familia, la Inspección de Policía, la Personería Municipal y el Comisario de Familia.

    Con la aprobación de la ley que penaliza la Desaparición Forzosa y otras conductas inhumanas, se ha dado un gran paso adelante en la protección de los Derechos Humanos, en cumplimiento de un imperativo moral y de un compromiso con la comunidad internacional. Así mismo, con el nuevo Código Penal, recientemente aprobado por el Congreso de la República, se está dando un paso trascendental en la lucha contra la delincuencia.

    También este año sancionamos el nuevo Código Penal Militar, en el cual, se redimensiona el fuero militar sustrayendo de su competencia delitos como la tortura, el genocidio y la desaparición forzada, los cuales, en cualquier caso, serán sometidos a la justicia penal ordinaria.

    ¡Así estamos cumpliendo con el compromiso de mi gobierno de impulsar una justicia más eficaz y al alcance de todos!

    En esta labor el Gobierno entiende que el papel de la rama judicial es de una importancia cardinal.

    Todos los colombianos conocemos el trabajo serio y responsable que las Altas Cortes, la Fiscalía, y en general todos los funcionarios judiciales llevan a cabo en defensa de los derechos de los ciudadanos.

    Estoy convencido de que no hay nada más importante en una democracia que un adecuado sistema de pesos y contrapesos mediante el cual se controlen las diversas ramas del poder público entre sí. Es este sistema la mejor garantía frente al abuso del poder.

    Por esto mi Gobierno siempre ha sido y será respetuoso de las decisiones de la Rama Judicial y se mantiene dispuesto a cumplir cabalmente sus determinaciones.

    Hoy más que nunca el país exige una labor coherente por parte de sus instituciones y de ahí que las diferentes Ramas del Poder Público debamos atender el mandato constitucional que nos obliga, sobre la base de la autonomía y la independencia, a colaborar armónicamente y con visión de Estado para la realización de los altos fines que se propuso el constituyente de 1991.

    Construir una nueva cultura de respeto y aprecio por la legalidad, es una labor que no puede limitarse a la sola acción del sistema de justicia. En este esfuerzo tenemos que participar todos los colombianos.

    Señores honorables magistrados Francisco Escobar Enríquez, César Hoyos Salazar, Alejandro Martínez Caballero y Eduardo Cifuentes Muñoz y doctora Mercedes Tovar de Herrán: hoy, cuando el Conse- jo Superior de la Judicatura los honra con la imposición de la Medalla José Ignacio de Márquez, quiero felicitarlos y resaltar la trascendencia de la labor patriótica y profesional que ustedes han cumplido en la dirección de las más altas instancias de la justicia del país.

    ¡Colombia puede estar tranquila porque la conducción de su justicia está en las manos honestas y capacitadas de sus mejores ciudadanos!

    Señores Magistrados y demás funcionarios de la Rama Judicial de nuestro país: mi compromiso con Colombia, desde el momento en que asumí la responsabilidad de dirigir su destino, es el de cumplir y hacer cumplir la ley. Por eso quiero terminar estas palabras recordando las solemnes frases del General Francisco de Paula Santander, que resumen los más elevados designios que deben guiar la labor de todo gobernante democrático: “yo voy a gobernaros como he querido y quiero que me gobiernen: conforme a las leyes. Yo no traigo a la silla de Presidente ni odio ni rencores ni deseos de venganza. La ley arregla nuestras acciones, las recompensa o castiga; yo seré su más fiel ejecutor sin miramientos a personas, estados ni opiniones (…) Nuestra gloria consiste en un sometimiento absoluto a la ley, como lo único que puede damos tranquilidad, libertad, abundancia, honor y dicha”.


    Lugar y fecha

    Bogotá, Colombia

    16 de diciembre de 1999

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