Los ex presidentes que observaron el plebiscito: “No hemos visto algo semejante en el mundo a lo que pasó hoy en Venezuela”

Los ex presidentes Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia), Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) mostraron su respaldo absoluto a la consulta convocada por la oposición contra la Constituyente chavista.

Con más del 62 por ciento de las mesas escrutadas, los cuatro ex presidentes de varios países de América Latina que participaron este domingo como observadores de la consulta para rechazar la constituyente calificaron el proceso como “triunfo” y “ejemplo para el mundo”.

Fuente: Infobae

Venezuela
17 de julio de 2017

‘El proceso de paz no puede seguir creando un Estado de transición’

El expresidente Andrés Pastrana dice que blindaje jurídico desatiende normas nacionales y externas.

He leído con bastante interés el artículo de Álvaro Leyva sobre lo que él denomina ‘Lago de los Cisnes Constitucional’. El ejercicio ha resultado particularmente iluminante teniendo en cuenta que el país está decidiendo su futuro entre el cisne blanco de la constitución y las leyes, y el cisne negro de lo diseñado por Álvaro Leyva para el Gobierno y las Farc.

En los últimos años me he referido a los desmanes de la mesa de La Habana contra el estado de derecho y las instituciones democráticas. El llamado Tribunal de Paz que dinamita las bases del equilibrio de poderes y se arroga un mandato constituyente; el recorte de las garantías constitucionales; la suplantación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional; la revocatoria de las funciones del Congreso; la Ley Habilitante; el ‘mico’ constituyente por encima del Senado, etc.

Aquí me limitaré a desvirtuar el adornado pero antijurídico texto del autor del ‘Pacto de Blindaje’ y el ‘Tribunal de las Farc’, señalando el abuso de forma con que pretende limitar el escrutinio constitucional de un eventual acuerdo y hacer prevalecer su contenido por encima de las leyes.

El respetado y autorizado intérprete del Derecho Internacional Humanitario, Jean Pictet, expresa en el comentario de la Cruz Roja del año 1958 sobre los Convenios de Ginebra, una interpretación meridianamente clara del común artículo 3 (4) de las Convenciones de Ginebra:

“Puntualiza, con claridad absoluta, que el objetivo del Convenio es exclusivamente humanitario; que no afecta en nada a los asuntos internos del Estado; que solo garantiza el respeto del mínimo de normas humanitarias que todos los pueblos civilizados consideran como válidas en todas partes y en todas las circunstancias, por estar por encima y fuera incluso de la guerra”.

Igualmente claro es Pictet al afirmar que la aplicación del artículo 3 no limita el derecho legítimo de un gobierno –que le confiere su propia ley– de “reprimir una rebelión por todos los medios, incluido el uso de las armas”, ni constituye en sí mismo “reconocimiento de poder alguno” a los rebeldes.

De particular relevancia es la anotación de los comentarios de Pictet para el CICR en cuanto a las protecciones especiales y la inmunidad de los rebeldes: “De igual manera, para el bando adverso, sea cual fuere, así como la calificación que él se dé o que pretenda, el hecho de aplicar este artículo no le confiere ningún derecho a una protección especial, ni ninguna inmunidad”.

Insiste Pictet: “El artículo 3 –como todo el Convenio, por lo demás– solo tiene por objeto el individuo y el trato físico debido a su condición de ser humano, independientemente de las otras calidades de las que está revestido, pero carece de efecto sobre el trato jurídico o político que puede acarrearle su comportamiento”.

En este contexto, no se entiende la pretensión de la mesa de La Habana de darle un alcance mayor al que debe tener el urgente y necesario compromiso por parte de las Farc de cumplir con las normas humanitarias.

De los cinco puntos de la agenda de negociación de La Habana, solo el tercero (Fin del Conflicto) y el quinto (Víctimas) guardan alguna relación con la aplicación efectiva del Derecho Internacional Humanitario; quedando por fuera de su ámbito natural los temas del punto uno (Política de Desarrollo Agrario Integral), el punto dos (Participación Política), el punto cuatro (Solución al Problema de las Drogas Ilícitas) y el Acuerdo de Justicia diseñado por Leyva y aceptado íntegramente por el Gobierno en el lapso de 50 horas en Bogotá.

Por lo tanto, el acuerdo prometido por la mesa de La Habana no puede ser considerado en sí mismo y en su integridad como un acuerdo especial de DIH. De una parte, por no corresponder a un tratado internacional con el grupo terrorista y narcotraficante y, de otra, por cuanto su contenido es ajeno al ámbito del derecho humanitario.

No hay ni puede haber Acuerdo Especial sobre materias ajenas al DIH que pueden y deben ser solucionadas por nuestra institucionalidad constitucional y legal vigente. Al querer convertir el ‘acuerdo no acordado’ en bloque de constitucionalidad por fraudulento acto legislativo y bajo la intimidación de las armas aún en poder de los rebeldes interesados, Gobierno y Farc atentan con ilegalidad y fuerza contra el estado de derecho.

Contra toda lógica jurídica y norma moral, para satisfacer a las Farc como cartel de tráfico de drogas y mafia de ‘retención’ y extorsión, el Gobierno pretende que los delitos de narcotráfico y secuestro tengan carácter de “conexos” al delito político. Ello implica justificar el tráfico de drogas ilícitas y el secuestro –gravísima violación del DIH– como fuentes válidas de financiación de grupos rebeldes y de sus violaciones a las propias normas humanitarias.

Por la puerta falsa, Gobierno y Farc pretenden introducir la justificación y blindaje de los delitos de narcotráfico y el secuestro como insólita norma inmodificable de la Constitución. Albergan, además, la ilusión de que el narcotráfico y el secuestro queden justificados, perdonados y avalados como forma legítima y humanitaria de guerra por el CICR, la ONU y la comunidad internacional, por los siglos de los siglos. ¿En nombre del derecho humanitario? No hay en la historia civilizada antecedente alguno de semejante monstruosidad.

La mesa de La Habana no puede seguir creando un ‘Estado de transición’ a la medida de las Farc, con el falso pretexto de que este grupo armado supuestamente está “reconociendo la Constitución y la ley”. La realidad es que las Farc, sin haber triunfado su terrorismo y delincuencia sobre la institucionalidad, están exigiéndole al pueblo colombiano y logrando del Gobierno que se cree un nuevo Estado a su imagen y semejanza.

Sin embargo, lo único hoy cierto es que el tal blindaje no existe. Al derribarse el dique protector del umbral plebiscitario, en contravía de la lógica jurídica que exigiría reforzarlo, Colombia quedó expuesta a cualquier desmán antidemocrático. Con el simple beneplácito de una ‘minoría mínima’ (el 13 por ciento del censo electoral) ya todo es posible. Aún una descabellada declaratoria de guerra puede salir de esta caja de Pandora. Los colombianos, su Constitución y la paz –al igual que las Farc y los rebeldes que han de venir– han quedado expósitos ante la bomba de tiempo de los abusos de un seudoplebiscito. Lo que se suponía ser ‘garantía de las garantías constitucionales’, ha sido mutilado hasta el inconcebible y antidemocrático 13 por ciento y reforzado en su propósito con las armas de las Farc en la nuca del elector.

A pesar de tantas vueltas y revueltas, el país no traga entero. Ante la airada reacción de la ciudadanía en las encuestas y la pública de los juristas demócratas –entre los que se cuentan dos exministros de Justicia del presidente Santos–, el Gobierno y las Farc, asaltados por la duda de la legalidad de su irregular proceder, se han dirigido al CICR con una consulta sobre sus malabares constitucionales. ¿Cuándo revelarán a los colombianos el contenido de su respuesta?

ANDRÉS PASTRANA ARANGO* Especial para EL TIEMPO *Presidente de Colombia 1998-2002

Fuente: El Tiempo 

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Bogotá, Colombia
29 de mayo del 2016
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‘El proceso de paz no puede seguir creando un Estado de transición’

El expresidente Andrés Pastrana dice que blindaje jurídico desatiende normas nacionales y externas.

He leído con bastante interés el artículo de Álvaro Leyva sobre lo que él denomina ‘Lago de los Cisnes Constitucional’. El ejercicio ha resultado particularmente iluminante teniendo en cuenta que el país está decidiendo su futuro entre el cisne blanco de la constitución y las leyes, y el cisne negro de lo diseñado por Álvaro Leyva para el Gobierno y las Farc.

En los últimos años me he referido a los desmanes de la mesa de La Habana contra el estado de derecho y las instituciones democráticas. El llamado Tribunal de Paz que dinamita las bases del equilibrio de poderes y se arroga un mandato constituyente; el recorte de las garantías constitucionales; la suplantación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional; la revocatoria de las funciones del Congreso; la Ley Habilitante; el ‘mico’ constituyente por encima del Senado, etc.

Aquí me limitaré a desvirtuar el adornado pero antijurídico texto del autor del ‘Pacto de Blindaje’ y el ‘Tribunal de las Farc’, señalando el abuso de forma con que pretende limitar el escrutinio constitucional de un eventual acuerdo y hacer prevalecer su contenido por encima de las leyes.

El respetado y autorizado intérprete del Derecho Internacional Humanitario, Jean Pictet, expresa en el comentario de la Cruz Roja del año 1958 sobre los Convenios de Ginebra, una interpretación meridianamente clara del común artículo 3 (4) de las Convenciones de Ginebra:

“Puntualiza, con claridad absoluta, que el objetivo del Convenio es exclusivamente humanitario; que no afecta en nada a los asuntos internos del Estado; que solo garantiza el respeto del mínimo de normas humanitarias que todos los pueblos civilizados consideran como válidas en todas partes y en todas las circunstancias, por estar por encima y fuera incluso de la guerra”.

Igualmente claro es Pictet al afirmar que la aplicación del artículo 3 no limita el derecho legítimo de un gobierno –que le confiere su propia ley– de “reprimir una rebelión por todos los medios, incluido el uso de las armas”, ni constituye en sí mismo “reconocimiento de poder alguno” a los rebeldes.

De particular relevancia es la anotación de los comentarios de Pictet para el CICR en cuanto a las protecciones especiales y la inmunidad de los rebeldes: “De igual manera, para el bando adverso, sea cual fuere, así como la calificación que él se dé o que pretenda, el hecho de aplicar este artículo no le confiere ningún derecho a una protección especial, ni ninguna inmunidad”.

Insiste Pictet: “El artículo 3 –como todo el Convenio, por lo demás– solo tiene por objeto el individuo y el trato físico debido a su condición de ser humano, independientemente de las otras calidades de las que está revestido, pero carece de efecto sobre el trato jurídico o político que puede acarrearle su comportamiento”.

En este contexto, no se entiende la pretensión de la mesa de La Habana de darle un alcance mayor al que debe tener el urgente y necesario compromiso por parte de las Farc de cumplir con las normas humanitarias.

De los cinco puntos de la agenda de negociación de La Habana, solo el tercero (Fin del Conflicto) y el quinto (Víctimas) guardan alguna relación con la aplicación efectiva del Derecho Internacional Humanitario; quedando por fuera de su ámbito natural los temas del punto uno (Política de Desarrollo Agrario Integral), el punto dos (Participación Política), el punto cuatro (Solución al Problema de las Drogas Ilícitas) y el Acuerdo de Justicia diseñado por Leyva y aceptado íntegramente por el Gobierno en el lapso de 50 horas en Bogotá.

Por lo tanto, el acuerdo prometido por la mesa de La Habana no puede ser considerado en sí mismo y en su integridad como un acuerdo especial de DIH. De una parte, por no corresponder a un tratado internacional con el grupo terrorista y narcotraficante y, de otra, por cuanto su contenido es ajeno al ámbito del derecho humanitario.

No hay ni puede haber Acuerdo Especial sobre materias ajenas al DIH que pueden y deben ser solucionadas por nuestra institucionalidad constitucional y legal vigente. Al querer convertir el ‘acuerdo no acordado’ en bloque de constitucionalidad por fraudulento acto legislativo y bajo la intimidación de las armas aún en poder de los rebeldes interesados, Gobierno y Farc atentan con ilegalidad y fuerza contra el estado de derecho.

Contra toda lógica jurídica y norma moral, para satisfacer a las Farc como cartel de tráfico de drogas y mafia de ‘retención’ y extorsión, el Gobierno pretende que los delitos de narcotráfico y secuestro tengan carácter de “conexos” al delito político. Ello implica justificar el tráfico de drogas ilícitas y el secuestro –gravísima violación del DIH– como fuentes válidas de financiación de grupos rebeldes y de sus violaciones a las propias normas humanitarias.

Por la puerta falsa, Gobierno y Farc pretenden introducir la justificación y blindaje de los delitos de narcotráfico y el secuestro como insólita norma inmodificable de la Constitución. Albergan, además, la ilusión de que el narcotráfico y el secuestro queden justificados, perdonados y avalados como forma legítima y humanitaria de guerra por el CICR, la ONU y la comunidad internacional, por los siglos de los siglos. ¿En nombre del derecho humanitario? No hay en la historia civilizada antecedente alguno de semejante monstruosidad.

La mesa de La Habana no puede seguir creando un ‘Estado de transición’ a la medida de las Farc, con el falso pretexto de que este grupo armado supuestamente está “reconociendo la Constitución y la ley”. La realidad es que las Farc, sin haber triunfado su terrorismo y delincuencia sobre la institucionalidad, están exigiéndole al pueblo colombiano y logrando del Gobierno que se cree un nuevo Estado a su imagen y semejanza.

Sin embargo, lo único hoy cierto es que el tal blindaje no existe. Al derribarse el dique protector del umbral plebiscitario, en contravía de la lógica jurídica que exigiría reforzarlo, Colombia quedó expuesta a cualquier desmán antidemocrático. Con el simple beneplácito de una ‘minoría mínima’ (el 13 por ciento del censo electoral) ya todo es posible. Aún una descabellada declaratoria de guerra puede salir de esta caja de Pandora. Los colombianos, su Constitución y la paz –al igual que las Farc y los rebeldes que han de venir– han quedado expósitos ante la bomba de tiempo de los abusos de un seudoplebiscito. Lo que se suponía ser ‘garantía de las garantías constitucionales’, ha sido mutilado hasta el inconcebible y antidemocrático 13 por ciento y reforzado en su propósito con las armas de las Farc en la nuca del elector.

A pesar de tantas vueltas y revueltas, el país no traga entero. Ante la airada reacción de la ciudadanía en las encuestas y la pública de los juristas demócratas –entre los que se cuentan dos exministros de Justicia del presidente Santos–, el Gobierno y las Farc, asaltados por la duda de la legalidad de su irregular proceder, se han dirigido al CICR con una consulta sobre sus malabares constitucionales. ¿Cuándo revelarán a los colombianos el contenido de su respuesta?

ANDRÉS PASTRANA ARANGO*
Especial para EL TIEMPO
*Presidente de Colombia 1998-2002

Fuente: El Tiempo 

Expresidente piensa que acuerdos de justicia transicional son un ‘golpe de mano’ al establecimiento.

Los maestros de obra del acuerdo de paz han hecho lo imposible en La Habana por crear una nueva institucionalidad para Colombia. Y, por ahora en el papel, lo han logrado. Se entregó el país en 72 horas.

Tras seis años de contactos y diálogos, cuando apenas llegaban a conclusiones etéreas y sin consecuencia, trasladaron la negociación a Bogotá y cambiaron los negociadores. En apenas 72 horas, se ufana uno de los nuevos, se dio a luz una criatura nunca antes engendrada en una democracia moderna. Del afán por cambiar dos milenios de tradición jurídica en un fin de semana surgió un Leviatán, reclamado por las Farc como “una obra maestra”, que suplanta todos los elementos democráticos de nuestro sistema actual de justicia.

Al cabo de los tres días que apenas daban tiempo para redactar, surgió un tribunal omnímodo, con facultades supraconstitucionales, sin límites en el tiempo, con capacidad para revisar las decisiones del pasado y del futuro, tanto en materia legislativa como en materia judicial y disciplinaria. Un tribunal constituyente que colmó plenamente las aspiraciones de cincuenta años de las Farc.

En diciembre del 2015, las partes presentaron al mundo su ‘sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición’, con los 75 puntos apurados en tres días, creando la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En su texto queda claro el golpe de mano a la estructura institucional colombiana. Esta JEP pasa aun por encima de los compromisos que en su tradición respetuosa del derecho internacional el país ha asumido en materia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional.

De las apresuradas 72 horas surgió un tribunal constituyente con poder para crear normas superiores y tomar decisiones inapelables sobre las decisiones que puedan ser interpretadas como contrarias a los intereses de las Farc. Vale la pena revisarlo.

Jurisdicción prevalente

El punto 15 le da la atribución al tribunal de ejercer una jurisdicción prevalente, en caso de que futuras leyes emanadas del Congreso de Colombia puedan implicar una modificación a lo pactado, para quienes se beneficien del acuerdo de La Habana. Esta ‘jurisdicción perenne’, sin límite en el tiempo, por encima de la Constitución actual o de cualquier constitución futura, condiciona al propio poder legislativo. Así, cualquier ley aprobada en un futuro estará supeditada a la jurisdicción especial, que aplicará con carácter preferente su poder para proteger el contenido de lo acordado en La Habana. En la práctica se trata de una revocatoria parcial del Congreso y de su función legislativa y de su control político.

El punto 33 implica la derogación del “poder disciplinario preferente” que la Constitución le atribuye al Procurador General de la República, dándole al Tribunal el poder de revisar y modificar sanciones disciplinarias, provengan de donde provengan.

El punto 49 le quita al Congreso su atribución constitucional de conceder amnistías e indultos (Art. 150) y al Presidente su atribución constitucional de concederlos (Art. 201). Esta atribución rompe totalmente el equilibrio de poderes al usurparlos, pues las amnistías se conceden por decisión de un órgano representativo, como es el Congreso, y el indulto lo concede el Presidente de la República como jefe de Estado, de gobierno y suprema autoridad administrativa. En ambos casos, quienes conceden amnistías e indultos son elegidos popularmente. Con el acuerdo de La Habana queda en manos de un órgano no representativo el concederlas, sin que exista control político alguno.

El punto 51 del acuerdo crea la “unidad de investigación y acusación”, que suplanta a la Fiscalía General de la Nación, pues tendrá la facultad de investigar y acusar. Lo más grave con respecto a esta ‘nueva Fiscalía’ es que no hay instancia que la vigile o la discipline en caso de desvío de sus funciones o abuso de poder.

El punto 52 crea una “nueva instancia de cierre” para la rama judicial en Colombia. En efecto, el nuevo tribunal constituyente, en términos textuales, “tendrá una sección de revisión de sentencias, con la función de revisar las proferidas por la justicia… recibirá los casos ya juzgados por órganos jurisdiccionales o sancionados por la Procuraduría o la Contraloría, siempre que no vayan a ser objeto de amnistía o indulto…”. El Tribunal será instancia suprema de cierre pactada con las Farc, por encima de la Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y órganos de control –Procuraduría y Contraloría.

El mismo punto 52 remata la calidad constituyente del Tribunal al crear una figura inédita en la historia del derecho universal, bajo el nombre de ‘mecanismo de estabilidad’ para garantizar la estabilidad y eficacia de las resoluciones y sentencias adoptadas por el Tribunal.

Dicho mecanismo, en palabras textuales del acuerdo, funcionará “si después de que el Tribunal para la Paz haya concluido sus funciones se llegaran a proferir providencias o resoluciones judiciales, administrativas o disciplinarias, con acusaciones de conductas competencia de esta Jurisdicción Especial para la Paz, se constituirá de nuevo el mecanismo… en caso de ser necesario constituirá nuevamente la Unidad de Investigación y Acusación y/o las salas y secciones que a su juicio sean necesarias para procesar el supuesto conforme a lo establecido en la normativa reguladora de la Jurisdicción Especial para la Paz ”.

Estamos frente a una institución que se puede ‘autoconstituir’, de manera indefinida en el tiempo, más allá de cualquier constitución política actual o futura, un verdadero tribunal constituyente con poderes de ‘autoconstituirse’ eternamente.

En su parte final, el acuerdo termina por diseñar todo un catálogo de impunidad que para cualquier estudiante de primer semestre de derecho resultaría inaceptable en el marco de los estándares internacionales.

Al reducir a simples ‘sanciones’ el concepto internacionalmente establecido y aceptado de ‘penas’ aplicables a la comisión de delitos graves, desconoce las exigencias mínimas de penas y justicia del Estatuto de Roma –artículos 77 y 110– cuando crea la figura de “penas privativas de la libertad”. La Fiscal de la Corte Penal Internacional, las ONG globales de justicia, y el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos han señalado este punto con profunda preocupación.

Finalmente, el tema del narcotráfico. En palabras textuales, el Gobierno y las Farc acordaron lo siguiente: “entre los delitos políticos y conexos se incluyen, por ejemplo, la rebelión, la sedición, la asonada, así como el porte ilegal de armas, las muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario, el concierto para delinquir con fines de rebelión (subrayado es mío) y otros delitos conexos. Los mismos criterios de amnistía o indulto se aplicarán a personas investigadas o sancionadas por delitos de rebelión o conexos, sin que estén obligadas a reconocerse como rebeldes”.

Este es el ‘mico’ más grande del acuerdo sobre justicia. En la figura del ‘concierto para delinquir’ podrían confluir delitos como el del narcotráfico y el secuestro extorsivo. En este contexto, basta que se alegue que ‘el concierto’ estaba dirigido a delinquir con fines de rebelión para obtener el beneficio de la amnistía o el indulto. Así, cualquier grupo que no estando obligado a reconocerse como rebelde alegue ser parte de una rebelión contra el Estado podrá utilizar el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y otros delitos comunes para financiar su lucha.

Con este Tribunal, el presidente Juan Manuel Santos da un golpe de Estado al destruir el edificio institucional desde sus cimientos. Este monstruo antidemocrático que –sin temor a exagerar– nos expone a un futuro totalitario es lo que el Presidente espera que sus compatriotas refrenden.

El acuerdo de las 72 horas, está claro en lo expuesto aquí, destruye la separación de poderes, que es la esencia misma de la libertad en una democracia. Los amigos de la paz y de la democracia debemos decir a estas pretensiones totalitarias: “Para ese despropósito, no cuenten con nosotros”.

ANDRÉS PASTRANA Expresidente de la República

Fuente: El Tiempo

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Bogotá, Colombia
28 de febrero del 2016
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Expresidente piensa que acuerdos de justicia transicional son un ‘golpe de mano’ al establecimiento.

Los maestros de obra del acuerdo de paz han hecho lo imposible en La Habana por crear una nueva institucionalidad para Colombia. Y, por ahora en el papel, lo han logrado. Se entregó el país en 72 horas.

Tras seis años de contactos y diálogos, cuando apenas llegaban a conclusiones etéreas y sin consecuencia, trasladaron la negociación a Bogotá y cambiaron los negociadores. En apenas 72 horas, se ufana uno de los nuevos, se dio a luz una criatura nunca antes engendrada en una democracia moderna. Del afán por cambiar dos milenios de tradición jurídica en un fin de semana surgió un Leviatán, reclamado por las Farc como “una obra maestra”, que suplanta todos los elementos democráticos de nuestro sistema actual de justicia.

Al cabo de los tres días que apenas daban tiempo para redactar, surgió un tribunal omnímodo, con facultades supraconstitucionales, sin límites en el tiempo, con capacidad para revisar las decisiones del pasado y del futuro, tanto en materia legislativa como en materia judicial y disciplinaria. Un tribunal constituyente que colmó plenamente las aspiraciones de cincuenta años de las Farc.

En diciembre del 2015, las partes presentaron al mundo su ‘sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición’, con los 75 puntos apurados en tres días, creando la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En su texto queda claro el golpe de mano a la estructura institucional colombiana. Esta JEP pasa aun por encima de los compromisos que en su tradición respetuosa del derecho internacional el país ha asumido en materia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional.

De las apresuradas 72 horas surgió un tribunal constituyente con poder para crear normas superiores y tomar decisiones inapelables sobre las decisiones que puedan ser interpretadas como contrarias a los intereses de las Farc. Vale la pena revisarlo.

Jurisdicción prevalente

El punto 15 le da la atribución al tribunal de ejercer una jurisdicción prevalente, en caso de que futuras leyes emanadas del Congreso de Colombia puedan implicar una modificación a lo pactado, para quienes se beneficien del acuerdo de La Habana. Esta ‘jurisdicción perenne’, sin límite en el tiempo, por encima de la Constitución actual o de cualquier constitución futura, condiciona al propio poder legislativo. Así, cualquier ley aprobada en un futuro estará supeditada a la jurisdicción especial, que aplicará con carácter preferente su poder para proteger el contenido de lo acordado en La Habana. En la práctica se trata de una revocatoria parcial del Congreso y de su función legislativa y de su control político.

El punto 33 implica la derogación del “poder disciplinario preferente” que la Constitución le atribuye al Procurador General de la República, dándole al Tribunal el poder de revisar y modificar sanciones disciplinarias, provengan de donde provengan.

El punto 49 le quita al Congreso su atribución constitucional de conceder amnistías e indultos (Art. 150) y al Presidente su atribución constitucional de concederlos (Art. 201). Esta atribución rompe totalmente el equilibrio de poderes al usurparlos, pues las amnistías se conceden por decisión de un órgano representativo, como es el Congreso, y el indulto lo concede el Presidente de la República como jefe de Estado, de gobierno y suprema autoridad administrativa. En ambos casos, quienes conceden amnistías e indultos son elegidos popularmente. Con el acuerdo de La Habana queda en manos de un órgano no representativo el concederlas, sin que exista control político alguno.

El punto 51 del acuerdo crea la “unidad de investigación y acusación”, que suplanta a la Fiscalía General de la Nación, pues tendrá la facultad de investigar y acusar. Lo más grave con respecto a esta ‘nueva Fiscalía’ es que no hay instancia que la vigile o la discipline en caso de desvío de sus funciones o abuso de poder.

El punto 52 crea una “nueva instancia de cierre” para la rama judicial en Colombia. En efecto, el nuevo tribunal constituyente, en términos textuales, “tendrá una sección de revisión de sentencias, con la función de revisar las proferidas por la justicia… recibirá los casos ya juzgados por órganos jurisdiccionales o sancionados por la Procuraduría o la Contraloría, siempre que no vayan a ser objeto de amnistía o indulto…”. El Tribunal será instancia suprema de cierre pactada con las Farc, por encima de la Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y órganos de control –Procuraduría y Contraloría.

El mismo punto 52 remata la calidad constituyente del Tribunal al crear una figura inédita en la historia del derecho universal, bajo el nombre de ‘mecanismo de estabilidad’ para garantizar la estabilidad y eficacia de las resoluciones y sentencias adoptadas por el Tribunal.

Dicho mecanismo, en palabras textuales del acuerdo, funcionará “si después de que el Tribunal para la Paz haya concluido sus funciones se llegaran a proferir providencias o resoluciones judiciales, administrativas o disciplinarias, con acusaciones de conductas competencia de esta Jurisdicción Especial para la Paz, se constituirá de nuevo el mecanismo… en caso de ser necesario constituirá nuevamente la Unidad de Investigación y Acusación y/o las salas y secciones que a su juicio sean necesarias para procesar el supuesto conforme a lo establecido en la normativa reguladora de la Jurisdicción Especial para la Paz ”.

Estamos frente a una institución que se puede ‘autoconstituir’, de manera indefinida en el tiempo, más allá de cualquier constitución política actual o futura, un verdadero tribunal constituyente con poderes de ‘autoconstituirse’ eternamente.

En su parte final, el acuerdo termina por diseñar todo un catálogo de impunidad que para cualquier estudiante de primer semestre de derecho resultaría inaceptable en el marco de los estándares internacionales.

Al reducir a simples ‘sanciones’ el concepto internacionalmente establecido y aceptado de ‘penas’ aplicables a la comisión de delitos graves, desconoce las exigencias mínimas de penas y justicia del Estatuto de Roma –artículos 77 y 110– cuando crea la figura de “penas privativas de la libertad”. La Fiscal de la Corte Penal Internacional, las ONG globales de justicia, y el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos han señalado este punto con profunda preocupación.

Finalmente, el tema del narcotráfico. En palabras textuales, el Gobierno y las Farc acordaron lo siguiente: “entre los delitos políticos y conexos se incluyen, por ejemplo, la rebelión, la sedición, la asonada, así como el porte ilegal de armas, las muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario, el concierto para delinquir con fines de rebelión (subrayado es mío) y otros delitos conexos. Los mismos criterios de amnistía o indulto se aplicarán a personas investigadas o sancionadas por delitos de rebelión o conexos, sin que estén obligadas a reconocerse como rebeldes”.

Este es el ‘mico’ más grande del acuerdo sobre justicia. En la figura del ‘concierto para delinquir’ podrían confluir delitos como el del narcotráfico y el secuestro extorsivo. En este contexto, basta que se alegue que ‘el concierto’ estaba dirigido a delinquir con fines de rebelión para obtener el beneficio de la amnistía o el indulto. Así, cualquier grupo que no estando obligado a reconocerse como rebelde alegue ser parte de una rebelión contra el Estado podrá utilizar el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y otros delitos comunes para financiar su lucha.

Con este Tribunal, el presidente Juan Manuel Santos da un golpe de Estado al destruir el edificio institucional desde sus cimientos. Este monstruo antidemocrático que –sin temor a exagerar– nos expone a un futuro totalitario es lo que el Presidente espera que sus compatriotas refrenden.

El acuerdo de las 72 horas, está claro en lo expuesto aquí, destruye la separación de poderes, que es la esencia misma de la libertad en una democracia. Los amigos de la paz y de la democracia debemos decir a estas pretensiones totalitarias: “Para ese despropósito, no cuenten con nosotros”.

ANDRÉS PASTRANA
Expresidente de la República

Fuente: El Tiempo

“Este es el comienzo del fin de Nicolás Maduro”: Andrés Pastrana tras condena a Leopoldo López

El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, habló en NTN24 sobre la condena de 13 años y nueve meses contra el líder opositor venezolano Leopoldo López.

El exmandatario aseguró que lo que quedó demostrado este jueves fue “el temor” que tiene el presidente Nicolás Maduro frente a las encuestas.

Pastrana señaló que la sentencia de López da muestras de que el régimen de Maduro “no respeta la Justicia” venezolana.

Fuente: NTN24

Bogotá, Colombia
10 de septiembre de 2015

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