Expresidente piensa que acuerdos de justicia transicional son un ‘golpe de mano’ al establecimiento.

Los maestros de obra del acuerdo de paz han hecho lo imposible en La Habana por crear una nueva institucionalidad para Colombia. Y, por ahora en el papel, lo han logrado. Se entregó el país en 72 horas.

Tras seis años de contactos y diálogos, cuando apenas llegaban a conclusiones etéreas y sin consecuencia, trasladaron la negociación a Bogotá y cambiaron los negociadores. En apenas 72 horas, se ufana uno de los nuevos, se dio a luz una criatura nunca antes engendrada en una democracia moderna. Del afán por cambiar dos milenios de tradición jurídica en un fin de semana surgió un Leviatán, reclamado por las Farc como “una obra maestra”, que suplanta todos los elementos democráticos de nuestro sistema actual de justicia.

Al cabo de los tres días que apenas daban tiempo para redactar, surgió un tribunal omnímodo, con facultades supraconstitucionales, sin límites en el tiempo, con capacidad para revisar las decisiones del pasado y del futuro, tanto en materia legislativa como en materia judicial y disciplinaria. Un tribunal constituyente que colmó plenamente las aspiraciones de cincuenta años de las Farc.

En diciembre del 2015, las partes presentaron al mundo su ‘sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición’, con los 75 puntos apurados en tres días, creando la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En su texto queda claro el golpe de mano a la estructura institucional colombiana. Esta JEP pasa aun por encima de los compromisos que en su tradición respetuosa del derecho internacional el país ha asumido en materia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional.

De las apresuradas 72 horas surgió un tribunal constituyente con poder para crear normas superiores y tomar decisiones inapelables sobre las decisiones que puedan ser interpretadas como contrarias a los intereses de las Farc. Vale la pena revisarlo.

Jurisdicción prevalente

El punto 15 le da la atribución al tribunal de ejercer una jurisdicción prevalente, en caso de que futuras leyes emanadas del Congreso de Colombia puedan implicar una modificación a lo pactado, para quienes se beneficien del acuerdo de La Habana. Esta ‘jurisdicción perenne’, sin límite en el tiempo, por encima de la Constitución actual o de cualquier constitución futura, condiciona al propio poder legislativo. Así, cualquier ley aprobada en un futuro estará supeditada a la jurisdicción especial, que aplicará con carácter preferente su poder para proteger el contenido de lo acordado en La Habana. En la práctica se trata de una revocatoria parcial del Congreso y de su función legislativa y de su control político.

El punto 33 implica la derogación del “poder disciplinario preferente” que la Constitución le atribuye al Procurador General de la República, dándole al Tribunal el poder de revisar y modificar sanciones disciplinarias, provengan de donde provengan.

El punto 49 le quita al Congreso su atribución constitucional de conceder amnistías e indultos (Art. 150) y al Presidente su atribución constitucional de concederlos (Art. 201). Esta atribución rompe totalmente el equilibrio de poderes al usurparlos, pues las amnistías se conceden por decisión de un órgano representativo, como es el Congreso, y el indulto lo concede el Presidente de la República como jefe de Estado, de gobierno y suprema autoridad administrativa. En ambos casos, quienes conceden amnistías e indultos son elegidos popularmente. Con el acuerdo de La Habana queda en manos de un órgano no representativo el concederlas, sin que exista control político alguno.

El punto 51 del acuerdo crea la “unidad de investigación y acusación”, que suplanta a la Fiscalía General de la Nación, pues tendrá la facultad de investigar y acusar. Lo más grave con respecto a esta ‘nueva Fiscalía’ es que no hay instancia que la vigile o la discipline en caso de desvío de sus funciones o abuso de poder.

El punto 52 crea una “nueva instancia de cierre” para la rama judicial en Colombia. En efecto, el nuevo tribunal constituyente, en términos textuales, “tendrá una sección de revisión de sentencias, con la función de revisar las proferidas por la justicia… recibirá los casos ya juzgados por órganos jurisdiccionales o sancionados por la Procuraduría o la Contraloría, siempre que no vayan a ser objeto de amnistía o indulto…”. El Tribunal será instancia suprema de cierre pactada con las Farc, por encima de la Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y órganos de control –Procuraduría y Contraloría.

El mismo punto 52 remata la calidad constituyente del Tribunal al crear una figura inédita en la historia del derecho universal, bajo el nombre de ‘mecanismo de estabilidad’ para garantizar la estabilidad y eficacia de las resoluciones y sentencias adoptadas por el Tribunal.

Dicho mecanismo, en palabras textuales del acuerdo, funcionará “si después de que el Tribunal para la Paz haya concluido sus funciones se llegaran a proferir providencias o resoluciones judiciales, administrativas o disciplinarias, con acusaciones de conductas competencia de esta Jurisdicción Especial para la Paz, se constituirá de nuevo el mecanismo… en caso de ser necesario constituirá nuevamente la Unidad de Investigación y Acusación y/o las salas y secciones que a su juicio sean necesarias para procesar el supuesto conforme a lo establecido en la normativa reguladora de la Jurisdicción Especial para la Paz ”.

Estamos frente a una institución que se puede ‘autoconstituir’, de manera indefinida en el tiempo, más allá de cualquier constitución política actual o futura, un verdadero tribunal constituyente con poderes de ‘autoconstituirse’ eternamente.

En su parte final, el acuerdo termina por diseñar todo un catálogo de impunidad que para cualquier estudiante de primer semestre de derecho resultaría inaceptable en el marco de los estándares internacionales.

Al reducir a simples ‘sanciones’ el concepto internacionalmente establecido y aceptado de ‘penas’ aplicables a la comisión de delitos graves, desconoce las exigencias mínimas de penas y justicia del Estatuto de Roma –artículos 77 y 110– cuando crea la figura de “penas privativas de la libertad”. La Fiscal de la Corte Penal Internacional, las ONG globales de justicia, y el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos han señalado este punto con profunda preocupación.

Finalmente, el tema del narcotráfico. En palabras textuales, el Gobierno y las Farc acordaron lo siguiente: “entre los delitos políticos y conexos se incluyen, por ejemplo, la rebelión, la sedición, la asonada, así como el porte ilegal de armas, las muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario, el concierto para delinquir con fines de rebelión (subrayado es mío) y otros delitos conexos. Los mismos criterios de amnistía o indulto se aplicarán a personas investigadas o sancionadas por delitos de rebelión o conexos, sin que estén obligadas a reconocerse como rebeldes”.

Este es el ‘mico’ más grande del acuerdo sobre justicia. En la figura del ‘concierto para delinquir’ podrían confluir delitos como el del narcotráfico y el secuestro extorsivo. En este contexto, basta que se alegue que ‘el concierto’ estaba dirigido a delinquir con fines de rebelión para obtener el beneficio de la amnistía o el indulto. Así, cualquier grupo que no estando obligado a reconocerse como rebelde alegue ser parte de una rebelión contra el Estado podrá utilizar el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y otros delitos comunes para financiar su lucha.

Con este Tribunal, el presidente Juan Manuel Santos da un golpe de Estado al destruir el edificio institucional desde sus cimientos. Este monstruo antidemocrático que –sin temor a exagerar– nos expone a un futuro totalitario es lo que el Presidente espera que sus compatriotas refrenden.

El acuerdo de las 72 horas, está claro en lo expuesto aquí, destruye la separación de poderes, que es la esencia misma de la libertad en una democracia. Los amigos de la paz y de la democracia debemos decir a estas pretensiones totalitarias: “Para ese despropósito, no cuenten con nosotros”.

ANDRÉS PASTRANA Expresidente de la República

Fuente: El Tiempo

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Bogotá, Colombia
28 de febrero del 2016
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Andrés Pastrana: “El Plan Colombia es una historia de éxito”

“Yo tengo críticas, yo he sido un hombre de paz, creo en la paz, me la jugué por la paz, pero creo que tenemos que buscar mecanismos que nos permitan que esta paz sea permanente”, dijo Andrés Pastrana, expresidente colombiano.

Andrés Pastrana Arango, expresidente de la República de Colombia entre 1998 y 2002 es una de las personas con mayor autoridad para abordar temas relacionados con el Plan Colombia, y no necesita mayor presentación. La vena política le viene de familia por ser hijo del expresidente Misael Pastrana Borrero, que rigió los destinos del país de 1970 a 1974.

Se encuentra en Washington por una invitación de la Casa Blanca para celebrar una década y media de progreso bajo el Plan Colombia, según el propio presidente Barack Obama, quien agradece la presencia de Pastrana junto al presidente Juan Manuel Santos.

“Yo creo que el que más está de celebración soy yo. Hoy es el propio presidente de EEUU quien nos invita a su casa, a la Casa Blanca, a celebrar 15 años de éxitos”, dice el ex mandatario colombiano.

Su biografía es extensa y su labor parece interminable. En 1988 se convirtió en el primer alcalde de Bogotá elegido por votación popular; en 1990 fundó el movimiento Nueva Fuerza Democrática, de ideología conservadora, por el que fue elegido senador. Se presentó luego a los comicios presidenciales de 1994, pero fue derrotado por el candidato liberal Ernesto Samper. En las elecciones presidenciales de junio de 1998 fue elegido presidente con el 50,4% de los votos, venciendo al liberal Horacio Serpa e iniciando de inmediato diálogos con la guerrilla de las FARC.

“Cuando yo llego a la Presidencia de la República en 1998, Colombia para muchos era un estado fallido, la guerrilla envalentonada. En los primeros años antes de mi toma de posesión, la guerrilla había secuestrado más de 1.000 soldados y policías. El país en ese momento estaba desertificado, el presidente de Colombia, Ernesto Samper, no tenía visa con Estados Unidos porque el narcotráfico había comprado en la cabeza de él, la presidencia de Colombia, la situación económica era difícil y ¿qué pasó? Creamos el Plan Colombia y 15 años después, hoy, pasamos de ser un estado fallido a un país viable”.

¿Estamos ante el capítulo II del Plan Colombia?

“Vamos a utilizar una expresión del tenis: si estamos ganando con el servicio, ¿para qué cambiarlo, si el Plan Colombia nació originalmente para la paz, para combatir el narcotráfico como uno de sus aspectos fundamentales? Nosotros en mi Gobierno logramos hasta 750 millones de dólares -en ayuda norteamericana-. Posteriormente, durante el Gobierno del presidente Uribe el Gobierno americano redujo a la mitad esa ayuda cuando nace la Iniciativa Mérida.

Pastrana se refiere a que en sus comienzos el Plan Colombia tenía destinados un 75% para programas de ayuda social y el restante 25% era para la estrategia militar. Luego, se invirtieron los usos y lo militar se llevó la mayor parte. ¿Cómo definirlo mejor?

”Si ya el Plan pasó por el Congreso, lo estamos haciendo, ¿para qué lo cambiamos? Lo que hay que hacer es al interior del Plan Colombia, tomar la decisión de que los recursos militares van a pasar en buena parte al aspecto social”

El expresidente señala que las tres políticas más importantes sociales en Colombia hoy en día se crearon sobre la base de este Plan.

“Yo cree un plan que se llamaba Familias en Acción que hoy beneficia a dos millones y medio de familias en Colombia, creamos también Jóvenes en acción, Empleo en Acción”, explica mientras recuerda que una de las condiciones del Plan Colombia era justamente el Tratado de Libre Comercio entre los dos países que finalmente se aprueba el 10 de octubre de 2011, por el congreso de los Estados Unidos, y entra en vigencia desde el 15 de mayo de 2012.

“Yo le dije a los americanos “I need trade not aid” (Yo quiero tratado comercial no ayuda).

¿Cómo entender ahora la fase del postconflicto?

“Hay dos temas todavía que son complicados. Ayer salió una encuesta que dice que el 70% del país no está de acuerdo con el manejo que le ha dado (Juan Manuel) Santos al proceso de paz en Colombia, por eso yo hablo de que hay que crear un consenso. El problema no es firmar la paz, sino firmar una paz que sea duradera. Por eso yo insisto en que el único que puede convocar al país es el presidente de la República y convocar a los colombianos para que firmemos una paz duradera. En segundo lugar, en mi caso personal tengo críticas al tema de la justicia que está planteando el presidente porque viene impulsando la tesis de que el narcotráfico es un delito conexo”.

“Si no es un delito principal, en buena parte se está lavando la cara de las FARC ¿y no van a ser juzgadas luego de que los EEUU los han catalogado como el mayor cartel de la droga del mundo?”.

Pastrana sostiene que si a Timochenko, hoy jefe de las FARC, catalogado como el jefe máximo por el Departamento de Estado, no se le juzga por los delitos cometidos, ¿cómo puede Colombia mantener ante el mundo que el narcotráfico es un delito conexo y no un delito político y luego entrar en la contradicción de pedir ayuda para combatir o seguir combatiendo a la narcoguerrilla?

Pastrana recuerda como por exigencias de las FARC, el presidente Santos suspendió la fumigación en el año 2014 y a raíz de esa decisión aumentaron los cultivos en un 40%.

“Eso demuestra que estamos en retroceso de lo que logramos con el Plan Colombia y no solo 40% se aumentaron los cultivos sino que Colombia pasó a hacer el mayor cultivador de coca inclusive hoy más que Bolivia y Perú juntos, además de que aumentaron los ingresos de las FARC en un 40% a consecuencia de la decisión del Presidente Santos de parar la fumigación”.

¿Se está firmando la paz muy rápido o no está lista todavía?

“Hay temas que llaman la atención. Parece que hay temas por discutir. Ojalá que el país conozca de forma muy clara que es lo que se va a discutir, especialmente en este punto, porque yo no creo que haya un caso en el mundo en el que se esté negociando con un grupo terrorista y al mismo tiempo con el capo del cartel más importante. Esa mezcla no se ha dado en ningún otro proceso de paz y eso hay que manejarlo con mucho cuidado”.

¿Está optimista?

“Yo tengo críticas, yo he sido un hombre de paz, creo en la paz, me la jugué por la paz, pero creo que tenemos que buscar mecanismos que nos permitan que esta paz sea permanente. ¿Cómo entender nosotros que después de 60 años de violencia, el 70% de los colombianos no estén de acuerdo con el Gobierno y no estén de acuerdo con un proceso de paz? Eso no puede suceder”.

¿Si ustedes no están de acuerdo, como esperan que EEUU o el mundo lo esté?

“Por eso le he dicho al presidente (Santos) convoque al país, hay críticas. El presidente me invitó a participar en la Comisión de Paz. No le gustaron algunas de las críticas que le hice y ya no estoy en la Comisión y de lo que se trata es de oír, para que podamos llegar a esa paz duradera que es la que queremos los colombianos. Están jugándose a apresurar una negociación cuando quedan 70 o 100 temas todavía por discutir que se llaman los asteriscos del proceso de negociación”.

Entonces ¿debemos separar el Plan Colombia del Plan de Paz?

“Plan Colombia es una historia de éxito, es una parte fundamental, si llegamos a un proceso de paz. Pero ese final todavía no ha llegado, tristemente porque eso es lo que estamos anhelando los colombianos. Hoy el presidente Obama puede decir que va a dar una partida de 500 ó 600 millones de dólares, pero ese es solo el comienzo, porque el camino, como decimos en Colombia, es largo y culebrero y ese camino es el del Congreso. Nos pueden dar 450 millones o simplemente que nos den 50 o 100. Si ya el Plan Colombia está funcionando ¿Para qué cambiamos el camino?

Fuente: Diario Las Américas 

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