“El país no absolvió a Samper”: Pastrana

El 12 de junio de 1996 finalizó el juicio contra el entonces presidente Ernesto Samper Pizano, por la presunta financiación de su campaña con dineros del narcotráfico. La Cámara de Representantes precluyó el proceso que se llevaba en contra del mandatario, que fue absuelto por una mayoría de 111 votos contra 43.

Al conmemorarse 20 años de la absolución de Samper, el expresidente Andrés Pastrana Arango, uno de los artífices de esta investigación que se conoció en el país como el Proceso 8.000, habló con EL COLOMBIANO. Según el exmandatario, si se hubiera condenado a su predecesor, la política colombiana habría sido diferente.

¿Cómo recibió el país la noticia de la absolución por parte de la Cámara al presidente Ernesto Samper?

“Fue algo muy triste porque después se mostró con todas las pruebas que el narcotráfico compró una presidencia. Cuando hice la denuncia, tres días antes de las elecciones, no se tomaron las medidas necesarias. La decisión de la “comisión de absoluciones”, como quedó identificada a partir de ese momento, trajo consigo también el final del Proceso 8000. Si verdaderamente la Fiscalía y las autoridades investigan a fondo, muchos problemas se hubieran evitado”.

¿Si había pruebas, por qué los congresistas de la época no actuaron?

“En ese momento también había lo que hoy se denomina mermelada. En los análisis del presupuesto se evidenciaron las partidas presupuestales que fueron entregadas a los congresistas que tuvieron que ver con su absolución. Por ejemplo, al parlamentario investigador, de Córdoba, Heyne Mogollón, le dieron recursos para carreteras que nunca se hicieron o se terminaron. Si se hubiera llegado al fondo muchos de esos representantes no estarían en el Congreso y se hubiera renovado la política”.

¿La absolución mejoró la legitimidad del presidente, o afectó más su imagen?

“La empeoró, porque después vino la cancelación de la visa al presidente por parte de Estados Unidos. Colombia pasó a ser un país descertificado, paria, y después se confirmó todo lo que se había dicho, inclusive en los narcocasetes”.

¿Qué consecuencias políticas generó esta decisión?

“Hubo división profunda en el país. Los amigos del presidente Samper contra la gente de la calle. No había antecedentes de manifestaciones de esa magnitud para buscar la salida del presidente. Incluso, quien lideró ese proceso fue el presidente Juan Manuel Santos, quien se reunió con los paramilitares, con las Farc, con “Raúl Reyes” y la sociedad civil. Por eso es curioso que sea hoy el mayor defensor de Samper. Son los mismos”.

¿Por qué nunca se volvió a retomar la investigación?

“No hubo decisión política. Faltó que la Fiscalía asumiera el proceso. Incluso hay nuevas pruebas que permitirían abrir hoy el proceso. En mi libro Memorias olvidadas, hay un facsímil de la carta en la que los jefes del Cartel de Cali dicen que financiaron esa campaña y que no fue a las espaldas de Samper”.

¿Y en su gobierno qué se pudo hacer al respecto?

“No se pudo hacer nada. Pero es que quien inicia la investigación es el fiscal Gustavo de Greiff, el papá de la tesorera de la campaña de Samper, Mónica. El fiscal me dijo que tenía investigar mi campaña y le dije que tenía mis libros abiertos, pero le pregunté que si ya había investigado a la hija. Se quedó callado, no pasó nada. Después se comprobaron sus vínculos con el Cartel de Cali”.

¿Los coletazos de esa decisión siguen afectando la imagen del Congreso?

“La imagen de la institución se fue al piso. Había manifestaciones en todo el país. Fue tomada como una burla la compra de conciencias. Puede que a Samper lo haya absuelto la Comisión, pero el país nunca se la dio y tampoco la comunidad internacional”.

¿Y por qué entonces la Unasur lo acoge?

“No entiendo por qué Santos, que lo quiso sacar por corrupto y por su vinculación con el narcotráfico, es el que le da respaldo en Unasur. Y cómo el Gobierno lo respalda ante un organismo que tiene que velar por la defensa de la democracia, cuando el presidente Samper no tiene autoridad y su credencial está manchada”.

El Partido Liberal no volvió al poder después de eso, ¿fue otro afectado?

“Puede ser. Si la Fiscalía hubiera investigado, la política en este país hubiera cambiado. Si el Proceso 8.000, que involucró a congresistas al narcotráfico, hubiera llegado al fondo, habría una Colombia distinta”.

¿Qué le queda al país de enseñanza de este caso?

“Que la justicia debe llegar al fondo en investigaciones de corrupción, como lo hizo con la parapolítica. Discrepo del presidente Santos al decir que el narcotráfico es delito conexo, cuando es principal. Todos los días caen laboratorios de coca de las Farc, mientras están sentados en La Habana, porque saben que no van a ser juzgados por ese delito”.

Fuente: EL COLOMBIANO

Narco golpe judicial navideño en Venezuela

La comunidad internacional debe hacer respetar el voto popular del 6D y sus legítimos representantes

La hermana Venezuela enfrenta un fin de año y un 2016 extremadamente complejos.

En lo económico el manejo incompetente del régimen y la caída del precio del petróleo han desnudado el colapso productivo. El ingreso de divisas petroleras ha declinado, buena parte de estos se regalan a otros países o internamente, porque en ningún otro lugar del mundo se compra 9.200 (Si, nueve mil doscientos) litros por 1€ (un Euro). En ningún otro país el Banco Central vende $us100 por 75 centavos de dólar (menos de 1% del valor) a amigos del régimen, para que se roben las pocas divisas. En ningún lugar el billete de más alta denominación, el de 100 “Bolívares Fuertes” en Venezuela, vale alrededor de 11 céntimos de Euro.

La tierra del Libertador enfrenta la explosiva mezcla de inflación de Zimbabue, criminalidad siria y escasez de alimentos subsahariana. La protesta pacífica y la crítica certera fueron virulentamente reprimidas: decenas de presos políticos y muchos periodistas procesados por reproducir noticias internacionales.

Por esta dramática situación y contra todo ventajismo electoral imaginable, descrito en la carta de 18 páginas del Secretario General de la OEA Luis Almagro, el pueblo votó masivamente por la oposición que obtuvo 112 de los 167 escaños para la nueva Asamblea Legislativa.

La votación fue un repudio contundente al hombre más poderoso de Venezuela, el Presidente saliente de la Asamblea Diosdado Cabello, un autoritario militar que desde ese cargo manejaba todas las instituciones “independientes”, buena parte de la economía y, según investigaciones internacionales, el tráfico de cocaína.

La tarde del pasado 6 de diciembre este tenebroso personaje anunció que se “votaría hasta la hora que sea”, anunciando en esencia que mantendría recintos electorales abiertos, sacaría a la calle las bandas crimínales (“colectivos”) para apoderarse de estos y alteraría la votación electrónica mediante la toma violenta de las mesas. Esta receta no pudo aplicarse ese día, porque el Ministro de Defensa General Padrino tomo una posición democrática, ordenó el cierre de las mesas y anunció que no permitiría desmanes violentos. Ese día Diosdado quedó destemplado, porque en unas pocas horas perdió su ascendiente militar y su base de poder institucional en el Congreso.

A pesar de ello, el Presidente Maduro, como nos aseguró la noche antes de la elección, anunció públicamente que aceptaba los resultados. También cumplió al permitir que Leopoldo López sufrague en Ramo Verde.

Lamentablemente, en este periodo de transición no se está buscando la reconciliación, ni abordando la reconstrucción económica. La falta de alimentos, suministros básicos y medicamentos tiende a agravarse. La crisis humanitaria está en ciernes. Pero la desesperación de Diosdado prima y prevalece sobre las necesidades nacionales.

Desde el 6 de diciembre, el gobierno que aceptó resultados ahora los llama “golpe electoral”; ha anunciado que entregará el Congreso a un “parlamento comunal”; Barreiro, la jueza que linchó a Leopoldo López con una sentencia de catorce años sin pruebas ni causa, acaba de ser elegida por Diosdado como Defensora Pública; además la Canciller ha mentido, tergiversado e insultado al Presidente Argentino Mauricio Macri por pedir la libertad de los presos políticos.

El desesperado Diosdado acaba de consumar su maniobra más descabellada: el intento de golpe judicial a la voluntad popular expresada en las urnas hace unos días. Como Presidente de una Asamblea saliente carente de legitimidad, ha obtenido Autorización judicial para convocar sesiones legislativas extraordinarias y el 23 de diciembre ha elegido en CUARTA votación, porque no tiene dos tercios para hacerlo en las tres primeras, a 13 jueces titulares y 22 suplentes en el Tribunal Supremo de Justicia.

Por increíble que parezca, el otrora hombre fuerte congresal y militar, habiendo perdido el 6D estas esferas de poder, ahora pretende atrincherarse con sus áulicos en el Poder Judicial, desde donde pretende facilitar a su régimen legislar por decretos ejecutivos, fallar contra la constitucionalidad de las leyes del nuevo congreso, impugnar o enjuiciar a nuevos congresistas y protegerse judicialmente de posibles juicios e investigaciones. Ese es un intento de golpe judicial de fin de gestión por parte de una persona acusada de manejar el Cártel de los Soles, en suma un Narco Golpe Judicial Navideño.

La comunidad internacional debe rechazar esta acción dolosa. El próximo año 2016 el nuevo Congreso Venezolano removerá de su cargo a estos jueces narco-golpistas. El régimen intentará denunciar “conflicto de poderes”. Cuentos de Diosdado. No habrá tal.

Ante la última intentona autoritaria de Diosdado instalando su Tribunal golpista, la OEA y los gobiernos de la región deberán reclamar el respeto a los 112 parlamentarios electos por el pueblo el 6 de diciembre. De ser necesario, la OEA debe invocar el Artículo 20 de la Carta Democrática para hacer respetar el voto popular, a sus legítimos representantes y jamás avalar el narco-golpismo judicial de Diosdado.

Eso es democracia, el resto son golpes disfrazados de jueces.

Fuente: Periódico El País 

Sin Caguán no habría nada en La Habana: Andrés Pastrana

El expresidente dijo que los diálogos que lideró en el Caguán, no se comparan a los que actualmente se adelantan en La Habana, aduciendo que las condiciones no favorecieron esa iniciativa, además se mostró escéptico frente al acuerdo de justicia transicional entre el Gobierno y las Farc.

EL NUEVO DÍA: ¿Cuál fue la sensación que experimentó al ver que en La Habana no había una silla vacía como le ocurrió a usted hace más de una década en el Caguán?

ANDRÉS PASTRANA: Me alegra que las Farc hayan entendido 13 años después, lo que tenían que hacer, pero es distinto sentarse en La Habana con guayabera, mojito y bajo aire acondicionado, a tener que ir a hablar con el jefe guerrillero en las selvas de Colombia, como lo hice yo con Marulanda en tres oportunidades. Yo lo que digo es que sin Caguán no habría La Habana. Lo dice Santos, lo dice Clinton y los Estados Unidos. Ese fue el primer paso para deslegitimar a la guerrilla, eso el mundo lo ha reconocido, pues creíamos que la guerrilla había que derrotarla militarmente, pero también políticamente.

E.N.D.: Para muchos la zona de despeje fue un fracaso, sin embargo usted asegura que el Caguán permitió lo que hoy sucede en La Habana. ¿De qué forma contribuyó su mandato para que se haya pactado ese acuerdo en La Habana?

A.P.: Creo que no nos favorecieron las condiciones: más de mil soldados y policías secuestrados entre enero y junio de 1998, no teníamos Fuerzas Militares, por lo que creamos el Plan Colombia y fortalecimos como nunca nuestras fuerzas armadas y debilitamos a las Farc internacionalmente. Eso permitió a Uribe diseñar la política de seguridad, que posteriormente permitió a Juan Manuel Santos este proceso. Con lo que se firmó en La Habana, el Plan Colombia se acabó, sin embargo, hasta ese momento había una política de Estado combatiendo un enemigo común que era el narcoterrorismo y eso permitió que hoy se hubiera llegado a La Habana.

E.N.D: Sobre el acuerdo de Justicia Transicional, muchos analistas aseguran que es mejor que el que se acordó con los grupos paramilitares ¿cuál es su opinión?

A.P.: Lo primero que debo decir es que no conocemos ese acuerdo. Por eso es importante que el presidente Santos le muestre al país el acuerdo, porque tengo entendido que todavía el grupo negociador del Gobierno está negociando en La Habana. Me parece preocupante lo que dijo el doctor Juan Carlos Henao, que es uno de los redactores de este proyecto, pues hay unos temas que llaman la atención. Yo le dije al presidente Santos en la última Comisión Asesora, que nosotros íbamos a respaldar la paz, soy un hombre de paz, pues si hay alguien que se la ha jugado por la paz soy yo. Inclusive sacrifiqué todo mi prestigio político por la paz, pero todo en el marco de la constitucionalidad y la ley. Por fuera de la constitucionalidad no podemos trabajar los colombianos. Lo importante es que las Farc se sometan a las instituciones en Colombia, pero si ustedes ven las declaraciones de Henao, son las instituciones las que se sometieron.

E.N.D.: ¿Qué es lo que le preocupa del modelo de Justicia Transicional diseñado por el exmagistrado Juan Carlos Henao y el expresidente de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda?

A.P.: Aquí vamos a estar juzgados todos nosotros, pues hablan de los actores del conflicto. Ustedes como diario y periodistas pueden ser actores del conflicto porque patrocinaron a X o Y. Yo como expresidente puedo ser acusado. Hay varios interrogantes, las personas con fuero constitucional, por ejemplo, ¿quedan en su órbita? Realmente el fuero no se estableció en ninguna parte del sistema, no hay fuero para nadie. Ese tema no se expresó y no quedó concreto en el documento y ese es un problema de interpretación, pero en principio traduce que no hay personas que estén por fuera del sistema, es decir, un cambio total en el sistema jurídico colombiano. Segundo, dice que el Tribunal podrá conocer de hechos cometidos, cuando se supone que cosa juzgada es cosa juzgada, pero para este tribunal no. Su competencia es sobre todo el conflicto armado y también abarca casos ya fallados, que podrían ser revisados por el tribunal. Esa revisión podría ser por iniciativa de cualquier persona condenada, porque un punto clave es que este sistema no es solo para la guerrilla, sino para todos los actores del conflicto, algo que querían las Farc, lograron su objetivo.

E.N.D.: Según su interpretación ¿Quiénes son los actores del conflicto?

A.P.: Eso hay que identificarlo. Políticos, empresarios, periodistas, campesinos, ¿quiénes son los actores del conflicto? No los conocemos y lo estamos viendo. Será un Tribunal de cierre, es decir: mañana lo pueden acusar a usted de violador de los Derechos Humanos, y si usted no acepta, lo condenan a 20 años. Este es un caso sin apelación, es una cosa juzgada absoluta, no hay nada que valga frente a sus decisiones. Lo más grave es que como cualquier persona puede denunciar y condenar, y lo advertimos nosotros: “ojo que este tribunal se va a meter con el tema de los falsos positivos, cuando están siendo juzgados por la justicia ordinaria”. A eso es a lo que posiblemente las Farc se están refiriendo, y como el presidente Santos, como Ministro de Defensa, fue acusado de promover los falsos positivos, lo van a llevar a ese tribunal.

E.N.D.: Según usted ¿Quiénes más podrían terminar siendo juzgados por este Tribunal?

A.P.: Dos personas que podrían terminar en este tribunal son Raúl y Fidel Castro, patrocinadores del ELN, como siempre los reconocieron ellos. Entonces, aquí puede caer desde el presidente Santos, hasta los hermanos Castro.

E.N.D.: Según lo ha interpretado usted ¿Es tan ingenuo el presidente Santos para ponerse la soga al cuello?

A.P.: No sé si él ha visto esto como yo, hay que conocer el fallo, pero eso es lo que está diciendo el que lo redactó. Yo estoy en contra de que el narcotráfico sea un delito conexo, para mí es el delito principal, ¿o quedan dudas de que las Farc es un grupo narcoguerrillero?. La negociación va a generar un cambio, el paso de un movimiento de armas a un movimiento electoral, el M-19 es un ejemplo de esto. Esto supone garantías de que quien lo haga, no va a ser extraditado.

E.N.D.: ¿La opción entonces es seguir en guerra?

A.P.: No, pero esta no es la paz que esperamos, y en esa medida, la opción es la constitución y la ley, nada contrario a ellas. Esto no es lo que queremos los colombianos, un cambio institucional porque no lo piden las Farc, es que son las Farc quienes están cambiando el sistema de justicia, no los que se están sometiendo a la justicia colombiana. Hay una cosa que se llama justicia transicional, que no es esto, esto es justicia restaurativa, que es una teoría que hay que empezar a aplicar y por eso hay que llegar a un cambio constitucional que tiene que pasar por el Congreso, ¿pero los colombianos estamos dispuestos a esto?.

E.N.D.: ¿No está negando usted con esa posición la responsabilidad de otros sectores responsables y achacándole todo a la guerrilla?

A.P.: Andrés Pastrana denunció la parapolítica y la compra de la presidencia por el narcotráfico y el proceso ocho mil, que infortunadamente no se investigó. Todos esos casos se pueden reabrir. Pero si aquí hay empresarios que patrocinaron paramilitares, deben pagar, porque los paramilitares igual o peor que lo que actúo la guerrilla, deben pagar.

Yo denuncié a Chiquita Brands porque nos metió 10 mil fusiles por el Urabá antioqueño, y el hoy procurador de los Estados Unidos, se declaró culpable, pues en ese entonces era el abogado de Chiquita y le pusieron una sanción de 17 millones de dólares, que no es nada por todo el daño que nos han hecho esas armas entregadas a los grupos paramilitares. Para eso tenemos la legislación colombiana, no tiene que venir un tribunal internacional; y, los falsos positivos son actos por fuera del servicio que también tienen que ser juzgados. Me preocupa que hoy lo que estamos haciendo es transformando nuestras instituciones para acoplarnos a las Farc.

E.N.D.: Entonces ¿Hacia dónde debe ir el proceso de paz?

A.P.: Nosotros invitamos a todos los colombianos a que le demos una oportunidad a la paz, porque si hay alguien que se la ha jugado por la paz es el partido Conservador. Guillermo León Valencia, Belisario Betancur y Andrés Pastrana, no la hemos jugado por la paz y aspiramos a consolidar un proceso. El presidente Santos me invitó a participar en la Comisión Asesora de Paz, y allá he sido crítico, pues me preocupa que las armas se queden en Venezuela.

E.N.D.: ¿Es decir que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry y las Naciones Unidas se apresuraron en celebrar el anuncio?

A.P.: Hay contradicciones de los norteamericanos, pues tenemos informaciones que aseguran que los Estados Unidos presionaron la fecha de marzo como plazo para firmar la paz. Las Farc piden que se declare el narcotráfico como delito conexo, pero no creo que los Estados Unidos vayan a permitir eso. Nos han entregado 7.6 billones de dólares para la lucha contra el narcotráfico con el Plan Colombia, ahora resulta que no eran narcotraficantes sino políticos, y eso en el Congreso norteamericano trae dificultades. Creo que lo del delito conexo, si se aprueba, es el fin del Plan Colombia.
E.N.D.: ¿Este sería el primer traspié de esta nueva etapa del proceso de paz?

A.P.: Es que este es el corazón de la negociación, y si se revisa la carta que yo le envié al presidente Santos hace unos meses, yo le hacía propuestas sobre justicia transicional. Me gustaría un acuerdo de paz que aprobemos todos los colombianos, pues el 70 por ciento del país no cree en la paz y es muy triste. El problema no es firmar un acuerdo de paz, lo importante es firmar un acuerdo perdurable y duradero. El acuerdo que me gusta, y se lo dije al presidente Santos, es a través de un consenso. El presidente Uribe, sobre el tema de Justicia Transicional, dijo que no se trata de juzgar a los guerrilleros rasos, hay que juzgar a los líderes y hay mecanismos para hacerlo. En eso es donde tenemos que ser imaginativos, pero de esta forma va a ser muy difícil.

“Es curioso que a un mes de elecciones investiguen a Barreto”

E.N.D.: Cambiando de tema y a propósito de su visita a Ibagué ¿Por qué Barreto debe ser el Gobernador del Tolima?

A.P.: Porqué conoce muy bien al Tolima, ha trabajado por el Departamento y fue un hombre que hizo una buena gobernación, quiere al Departamento y tiene un apoyo muy importante, por eso el partido Conservador lo respalda en pleno.

Barreto ha consolidado una alianza importante con sectores del partido Liberal, de La U, CD, entre otros. Hoy se están viendo mucho esas tendencias, algo que me criticaba a mí cuando hacía las coaliciones. Ojalá el Tolima vote por Barreto.

E.N.D.: Hay preocupación respecto a una serie de procesos que tiene Óscar Barreto por su anterior Gobernación. ¿Cómo analiza este tema?

A.P.: Eso es algo que ocurre en todo el país, y eso es algo preocupante pues la Fiscalía entra a jugar políticamente. Es muy curioso que cuando Barreto se lanza, y llevan cuatro años señalándolo y no pasa nada, pero un mes antes de las elecciones sí empiezan a investigar.

Las ‘ias’ están siendo utilizadas políticamente, están ahuyentando a una parte de colombianos que quieren servir a su país.

Otra cosa que me preocupa, volviendo al tema de la paz, es porqué un mes antes de las elecciones, se avanza en el tema de justicia, porque si uno revisa en tierras y lucha contra el narcotráfico, no se ha avanzado tanto.

E.N.D.: ¿A qué le apuesta el partido Conservador para las elecciones regionales?

A.P.: A ganar alcaldes, gobernadores y diputados.

Fuente: El Nuevo Día

27 de septiembre de 2015
Copyright2020 Biblioteca Presidencial Andrés Pastrana | All Rights Reserved