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  • UN PRESENTE CARGADO DE FUTURO: LOS CRITERIOS DE ACCIÓN DE LAS ACTUALES POLÍTICAS DE JUVENTUD EN COLOMBIA

    “Una juventud digna constituye
    la condición de posibilidad de la
    existencia creadora. Sin tal anhelo,
    sin un afán de recuperar la grandeza
    perdida, no es posible ninguna
    renovación de la vida”.

    Walter Benjamin.

    Las políticas sobre la juventud tienen su inicio en Colombia con la creación, en 1.968, del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte. No obstante, su impacto fue débil y sólo hasta mediados de la década de los ochenta, tras la celebración, promovida por la Organización de las Naciones Unidas, del Año Internacional de la Juventud, se aglutinaron con mayor fortaleza los esfuerzos de distintas organizaciones interesadas en el tema. Al inicio de la década de los noventa, con el objetivo de coordinar las diversas iniciativas, fue creada la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia.

    En el año de 1.993, como parte de este importante proceso, la Ley 100 de salud incorporó en la normatividad vigente importantes reformas para la seguridad social de los jóvenes y, un año después, con el ánimo de seguir profundizando la coherencia y la continuidad en las políticas para jóvenes, se creó el Viceministerio de la Juventud. Luego, en 1.997, se sancionó la Ley de Juventud que, pensando tales políticas como un asunto de largo plazo, estableció las estrategias fundamentales para promoverlas. Toda esta evolución ha tenido repercusiones  efectivas en el presente año, cuando mi gobierno reglamentó los Consejos de la Juventud y cuando, con el genuino interés de convertir el tema en un asunto de mi propia agenda y no en un tópico ministerial, se creó el programa presidencial “Colombia Joven”.

    El tema de las políticas para la juventud, como lo demuestra esta apretada síntesis, ha experimentado una serie de transformaciones y, durante  tales giros, ha estado sometido a una multiplicidad de criterios. Al respecto, y con la intención de hacer explícito los que mi gobierno ha adoptado en la ejecución e interpretación de las más acabadas creaciones legales, me permitiré hacer algunas consideraciones sobre el concepto de juventud:

    Una primera aclaración remite a lo siguiente: no hay un concepto único de juventud. Para definir qué es ser joven no basta el criterio de la edad, pues, para decirlo en una frase genérica, yo afirmaría que el tiempo biológico está subordinado al impacto de la cultura. Como puede comprobar cualquiera que haya experimentado el contacto con otras formas de interpretar el mundo, esta afirmación es evidente. Por eso, hablar globalmente de quiénes son los jóvenes, en un país de tan particulares circunstancias o de tanta diversidad cultural como lo es Colombia,  no lleva sino a abstracciones simplificadoras.

    Quisiera, en segundo lugar, señalar otro punto decisivo: la juventud no se define por sus carencias. El lenguaje mismo lo revela cuando, al calificar como “adolescente” a una persona, estamos indicando que adolece de algo, que aún no es lo que debería ser. En el caso de quienes no han alcanzado aún la mayoría de edad esto es aún más dramático. A mi juicio, esa ha sido una inadecuada  perspectiva que, a la hora de adoptar políticas públicas, ha repercutido negativamente. Me explico: si se define al joven cómo alguien que no es niño pero que tampoco es adulto, no comprendemos lo propio de la juventud sino lo que a ella le falta, esto es, ser plenamente un niño o ser plenamente un adulto. De esa manera, en tanto no podemos actuar sobre lo que no es, sino sobre lo que es, esa definición genera vacíos en la acción gubernamental.

    En tercer lugar se hace pertinente otra aclaración: la juventud no es algo a controlar. Así como, cuando pensamos en salud, partimos de la construcción de bienestar y no de la lucha contra la enfermedad, deberíamos también considerar a los jóvenes como un potencial a promover y no sencillamente como un riesgo a prevenir. De lo contrario, como ya ha ocurrido en el pasado, sólo se tendrán políticas punitivas o, en el mejor de los casos, preventivas, que parten de un manifiesto prejuicio: que el joven tiende siempre a tomar el peor camino. Esa opción, a mi juicio, es manifiestamente desacertada.

    Ahora bien, estos tres argumentos han inspirado buena parte de las políticas dirigidas hacia la juventud que mi gobierno ha emprendido. Desde el Plan de Desarrollo “Cambio para construir la paz”, formulado en 1.998 y provisto de un enfoque poblacional, esto es, de una perspectiva sustentada en la valoración de las personas como sujetos de múltiples necesidades que no pueden segmentarse de acuerdo a las divisiones sectoriales, se ha buscado reflejar institucionalmente las ideas antes sugeridas.

    La diversidad cultural, en esa línea, ha sido reconocida como un hecho que las acciones del Estado deben respetar. Esto se ha reflejado institucionalmente en el apoyo a la entidades territoriales encargadas del tema de la juventud,  cuya importancia no sólo radica en aumentar la cobertura y el impacto de las políticas, sino en acoplar los planes a las características sociales y culturales existentes en el nivel local. En ese contexto, el gobierno está capacitando el personal para implementar los consejos municipales de juventud, los cuales, en coordinación con entidades de nivel departamental, formularán su propio plan de desarrollo. De ese modo, y contando con la infraestructura de las Casas de la Juventud, los jóvenes indígenas o negros, los de las costas, la amazonía o los llanos, no sólo verán respetada su singularidad sino que cogestionarán las políticas que a ellos les atañen.

    Asimismo, como el pluralismo de formas de interpretar el mundo no siempre permite la convivencia y como la variedad de culturas no se reduce a la variedad de costumbres regionales ni a la diversidad étnica, sino que incluye también la pluralidad de hábitos y creencias que, dentro de una misma región, dentro de una misma etnia o, también, dentro de una misma clase, tiene lugar,  estamos promoviendo procedimientos para manejar esa diversidad y, de esa manera, prevenir el surgimiento de la violencia. A esa meta va encaminado el programa de “Contribuciones a la construcción de  una cultura para la paz y la interculturalidad”, el cual, mediante la promoción de pedagogías alternativas para la resolución pacífica de conflictos y mediante el apoyo a proyectos juveniles donde los jóvenes lideren la solución de los mismos, impulsará la unión del pluralismo con la de la paz.

    En segundo lugar, dado que el interés del gobierno es saber qué es la juventud y no qué no es, estamos recolectando la información necesaria para comprender las experiencias, las costumbres y las expectativas de los jóvenes. Para ese efecto, el Proyecto Vértice  recogió en una encuesta sus opiniones sobre temas cruciales: sus perspectivas sobre la religión o la violencia, pasando por tópicos como la sexualidad o los medios de comunicación, fueron así recogidas y sistematizadas. Con entrevistas distribuidas en 50 puntos de obtención de muestras a lo largo y ancho del país, se posibilitó que contemos ahora con un más genuino y preciso saber sobre este segmento de la población.

    Como parte del mismo proyecto se creará también el “Observatorio Nacional de juventud”, el cual, consciente de cómo la ciencia debe tener una función social,  consolidará y actualizará la información disponible, tanto de tipo cualitativo como de tipo cuantitativo, sobre los jóvenes colombianos. Recurriendo a las investigaciones estatales y privadas y, a la vez, apelando a los estudios y publicaciones internacionales, el Observatorio será una imprescindible base de datos para tomar más acertadas políticas. De ese modo, no adoptaremos imprecisas políticas sobre lo que suponemos que son los jóvenes, sino que adecuaremos la acción gubernamental a lo que ellos, en realidad, son y esperan.

    Respecto al tercer punto, según el cual es preciso concebir a los jóvenes por su potencial y no por los riesgos que provocan, he insistido en la importancia de considerarlos como actores esenciales de la democracia colombiana. A mi juicio, sólo podremos mantener y afianzar nuestras instituciones democráticas, si enseñamos a nuestros muchachos a practicar las virtudes del diálogo, la tolerancia y la participación que ellas implican. Ese ejercicio, en el futuro, revertirá seguramente en la consolidación de una más sólida sociedad civil.

    En este sentido, creo que la definición de ciudadanía que ha formulado el filósofo Fernando Savater, es perfectamente aplicable a nuestra valoración moral de la juventud: “Entiendo por ciudadano el miembro perfectamente consciente y activo de una sociedad democrática: aquel que conoce sus derechos individuales y sus deberes públicos, por lo que no renuncia a su intervención en la gestión política de la comunidad que le concierne, ni delega automáticamente todas las obligaciones que ésta impone en manos de los especialistas a dirigir”. Nuestros jóvenes, no me cabe duda, pueden pensarse como unos activos ciudadanos.

    Desde el Programa Presidencial “Colombia Joven”, mi administración ha pretendido desarrollar esta concepción. Dado que  la ciudadanía no se restringe al derecho al voto, hemos estimulado, a través del programa de “Impulso, fortalecimiento y consolidación de los espacios de participación juvenil” y del programa “Formación democrática y solidaria de la juventud”, su ejercicio en los espacios educativos y en diversos espacios comunitarios. Ya sea a nivel de los colegios, donde se ha creado la figura de los personeros estudiantiles, cuya función es participar en la gestión y en las decisiones de dichos centros, o ya sea a nivel de la administración barrial o municipal, con las ya mencionadas Casas de la Juventud, donde los jóvenes se encuentran para discutir o para plantear proyectos, de tipo artístico, recreativo o científico, a los demás miembros de su localidad o municipio, estamos generando las condiciones para que los jóvenes no sólo manifiesten sus inquietudes sino que sean parte activa de la evolución de sus sociedades.

    Igualmente, como prueba de mi interés por el aporte político de la juventud, he incorporado en mi administración a jóvenes profesionales en cargos de gran responsabilidad. Algunos medios de comunicación lo han percibido y, por eso, hablan de cómo, en la Colombia actual, los jóvenes están en el poder. Creo que así estamos cultivando líderes y aprovechando nuestros mejores talentos, pues como lo señalaba un importante sacerdote español: “Hay jóvenes que exceden la prudencia y sabiduría ordinaria de los ancianos. Si aquellos fuesen promovidos con prontitud a los cargos, gozaría la república por largo tiempo de su buena administración; al paso que es corto el provecho que se logra reservando su promoción para una avanzada edad”.

    Como padre de dos jóvenes y como colombiano atento a los movimientos de mi sociedad, he aprendido y sigo aprendiendo que los jóvenes tienen una muy clara imagen de las realidades del momento y, sobre todo, que desean involucrarse en la historia de la nación. Aparte de manifestaciones tan decisivas como lo fue la de la “Séptima papeleta”, la cual condujo a cambiar una constitución con más de 100 años de existencia, su protagonismo en el espacio público, transita cada día por los movimientos estudiantiles, por las organizaciones barriales, por la participación como funcionarios del Estado, por los grupos religiosos y artísticos, por los caminos del rap y del rock. Esta evidencia debería liquidar cualquier leyenda negra sobre la juventud.

    Con iniciativas como las que anteriormente se han mencionado, cuyo costo, incluyendo los préstamos del Banco Mundial,  ha ascendido a más de 9.000 millones de pesos, sumadas a las que la Oficina de la Primera Dama ha venido adelantando y adelantará, lograremos que los 7 millones de jóvenes colombianos desplieguen lo mejor de su rico potencial. Nohra, en coordinación con otras primeras damas de países andinos, está trabajando en un proyecto conjunto para poner en marcha una red regional que trabaje las políticas públicas sobre el tema. Tales esfuerzos redundarán en aún mejores efectos para nuestra población juvenil. En últimas la función del Estado, creo yo, radica en potenciar las capacidades de sus ciudadanos. Así lo estamos logrando.

    La juventud es un presente cargado de futuro. Por eso, si queremos liberar lo mejor de esa carga, si queremos que el mañana nos regale un mundo mejor, tenemos la obligación de trabajar por el bienestar de nuestros jóvenes. Los gobernantes, en ese sentido, tenemos una responsabilidad que nuestros coetáneos nunca percibirán: debemos cultivar ahora el presente de los que vendrán. Esa responsabilidad es inmensa, pero con la debida reflexión y la infaltable convicción,  tendremos seguramente los mejores frutos.

    Lugar y fecha

    Bogotá, Colombia
    2000

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