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  • Quiero, ante todo, agradecer muy especialmente a mi buen amigo, el doctor Juan Manuel Santos, por su amable invitación al análisis y la discusión de las nociones y políticas de paz, seguridad y democracia en la Colombia de hoy.

    La Fundación Buen Gobierno se ha destacado por propiciar el libre examen y el debate equilibrado, tan esenciales para el desarrollo de una sociedad democrática en tiempos turbulentos. Esto se lo reconoce el país desde las primeras actividades políticas e intelectuales que daban fe de su ecuanimidad.

    Los temas que hoy nos convocan en torno de la política de la llamada Seguridad Democrática han demostrado ser, a lo largo de los últimos dos años y medio, eje de la vida nacional y poderoso instrumento de convocatoria. Sin embargo, con el paso del tiempo y el normal tránsito de un gobierno, su debate ha sido distorsionado por una cierta sensibilidad, no siempre sana cuando de definir el futuro de nuestra Patria se trata. Es por ello que eventos como el que hoy nos congrega son una vacuna democrática frente a la exagerada polarización de ideas y posturas.

    Para aproximarnos a la paz debemos entender -y acudo al plural-, siguiendo la famosa sentencia de don José Ortega y Gasset, que nosotros somos nosotros y somos nuestras circunstancias. Digo aproximarnos a la paz porque tal es el norte de una política de seguridad si ésta ha de ser, en verdad, democrática. Y digo nosotros, porque la paz es un anhelo colectivo y una tarea que en las democracias se debe acometer de frente a la opinión pública. La concordia no se puede definir como si fuera algo ajeno al futuro de todos. Por el contrario, a todos nos concierne y a todos nos pertenece.

    Por ello, resulta hoy esencial preguntarnos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde -colectivamente- debemos apuntar.

    ¿DE DÓNDE VENIMOS?

    Alguna vez nuestro hoy anfitrión, en calidad de comentarista político, y acudiendo al Diccionario de la Real Academia, advertía: “¡Ojo con el adanismo!”, recalcando su definición como “el hábito de comenzar una actividad cualquiera como si nadie la hubiera ejercitado anteriormente”.

    Con este ingenioso recurso, el doctor Santos recordó que lo que algunos funcionarios reclamaban como éxito exclusivamente propio y personal, tiene sus raíces en un pasado no muy lejano.

    Alguna referencia hizo, si mal no recuerdo, el doctor Santos en su escrito al Ministerio de Hacienda, lo que considero justa reivindicación por un trabajo bien hecho.

    Algo dijo de inflación e intereses bajos, del saneamiento del sector financiero y de la reactivación del crédito hipotecario. Se refirió a que se habían puesto en cintura a las entidades territoriales al punto de generar superávit fiscal y a la reestructuración voluntaria de la deuda pública que permitió aliviar las amortizaciones del futuro cercano. Recordó la recuperación de la confianza de los mercados internacionales que dejó al país con las reservas internacionales más altas de su historia. Se preguntó, además, sarcásticamente, quién hizo aprobar la reforma a las transferencias y la ley 715 que mejoró notablemente la eficiencia del gasto en salud y educación y le duplicó al gobierno central el producido de cualquier reforma tributaria; quién puso en marcha las medidas para que despegara la construcción que hoy está jalonando el crecimiento; quién salvó al sector cafetero de la quiebra con subsidios directos como parte del paquete de reactivación que hoy está dando sus frutos, y quién puso en marcha los planes de Jóvenes, Familias y Empleo en acción, pilar de la política social de este gobierno.

    Este balance editorial constituye en sí mismo la síntesis de lo que fue el trabajo de desactivación de la bomba social que, cuando recibí el mando del Estado, amenazaba la supervivencia de las instituciones democráticas. Este logro, sobre el cual se hace mutis en el foro de la seguridad, es esencial al planteamiento de una política de paz y de justicia. El elemento social, tan ausente del debate actual, es el cimiento de la seguridad, de la democracia y del desarrollo.

    En el mundo de hoy, sin lo social no hay estrategia de seguridad posible. Tampoco es posible con el narcotráfico enquistado en todos los niveles de la vida nacional.  Así lo planteamos internamente y así se lo hicimos saber a la comunidad internacional. Sobre estos principios, de la mano del fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la Policía, se concibió el Plan Colombia, política que ha perdurado en el tiempo y que hoy se constituye como el pilar fundamental que permitió que la política de Seguridad Democrática del Presidente Uribe pudiese ponerse en marcha -con el respaldo de un poderío militar sin antecedentes- desde su primer día en la Casa de Nariño.

    Otro panorama era el del país del siete de agosto de 1998. Recuerdo particularmente mi primera reunión con la cúpula militar en la que escuché al Comandante de las Fuerzas Armadas, general Fernando Tapias, afirmar tajantemente: “Presidente, la democracia está en peligro. Estamos perdiendo la guerra”.

    Lo que me correspondió durante mi gobierno fue conjurar ese peligro anunciado y cambiar para siempre la ecuación de la guerra en el país, haciendo de nuestra Fuerza Pública una fuerza profesional, moderna, ofensiva y exitosa

    En la preparación de estas palabras, el aparte que más tiempo me ha demandado ha sido el resumen de las cifras y, teniendo en cuenta que abrevio para no aburrirlos, les pido me excusen si no ahondo en especificaciones técnicas.

    Gracias a la Diplomacia por la Paz que adelantamos con todo entusiasmo para volver a situar a Colombia en un lugar digno del escenario internacional, logramos recomponer las relaciones con nuestro aliado natural, los Estados Unidos, y concretar su compromiso contra el narcotráfico y el terrorismo en la más grande ayuda jamás recibida.

    En total, los Estados Unidos entregaron al país, en desarrollo del Plan Colombia, 74 helicópteros, ¡setenta y cuatro! Con su concurso modernizamos con tecnología de punta las bases de Tolemaida y Larandia, actualizamos la aviación existente -incluyendo la entrega de 5 nuevas aeronaves Schweitzer-, y se capacitaron y entrenaron sus tripulaciones.

    También apoyaron a la Armada Nacional, entregando 4 buques patrulleros ‘PointClass’ para el cuerpo de Guardacostas y 2 aviones para apoyo logístico en las Fuerzas Navales del Sur y del Pacífico; dotando, además, un avión de reconocimiento, y mejorando los sistemas de aviónica de los helicópteros de la Armada.

    Con el esfuerzo propio de los colombianos, vale decir, con recursos del presupuesto nacional, adquirimos 12 helicópteros Black Hawk artillados que se sumaron a los 4 existentes, así como otros 7 Black Hawk UH-60 y 6 helicópteros rusos MI-17, que hoy son el sustento de la movilidad y rápida reacción de nuestros soldados. Para la FAC se adquirieron tres aviones fantasma y 4 aviones “Gavilán” de carga.

    Hoy podemos decir, sin temor a exagerar, que Colombia posee la Fuerza Aérea más operativa en América, después de la estadounidense.

    Resumiendo este punto: cuadruplicamos el número de helicópteros pesados artillados, pasando de 4 a 16, multiplicando así nuestro poder ofensivo, e incrementamos en 100 los helicópteros destinados al transporte de tropas, generando una transformación profunda en la capacidad de reacción y movilización de nuestras tropas.

    Todo esto se vio, además, apoyado por la creación de cuatro nuevas brigadas móviles; la creación de la Brigada Antinarcóticos y la creación de la Fuerza de Despliegue Rápido, un magnífico cuerpo élite, compuesto por cinco mil hombres de combate, bien armados y bien dotados para operaciones especiales, que ha probado su efectividad en incontables operaciones contundentes.

    También se instaló el primer batallón de alta montaña en la región del Sumapaz -que cortó el principal eje de comunicación de las FARC-, se dejó financiado el batallón de alta montaña para la zona de los Farallones en el Valle del Cauca y se planearon otros dos en la Sierra del Cocuy en Boyacá y en la Sierra Nevada de Santa Marta, los cuales fueron construidos y puestos en marcha por el siguiente gobierno.

    De especial importancia fue la activación de la Brigada Fluvial de Infantería de Marina para el control de los más de 8 mil kilómetros de ríos navegables que surcan nuestro país, la cual dejamos con cinco batallones dotados con 130 botes pirañas y 21 botes de comando y control, además de la construcción de tres nuevos puestos fluviales avanzados en los ríos Inírida, Putumayo y Meta. Los buenos resultados de la Brigada Fluvial, protagonista principal en la acción que evitó la toma de Puerto Inírida, han sido tales que se ha convertido en el elemento clave de las más exitosas operaciones en el sureste del país y, posiblemente, en la fuerza fluvial de combate más importante del mundo. Así le dimos un nuevo sentido a la Infantería de Marina, que era un componente de gran potencial, pero absolutamente subutilizado.

    Para  la Armada Nacional, además, se adquirieron 20 botes de comando y control y 9 embarcaciones blindadas para transporte de tropas en operaciones fluviales. Se reactivó la industria astillera y se recuperó la capacidad estratégica de diseñar, construir, reparar y mantener nuestra flota de guerra, muestra de lo cual fueron cinco buques nodrizas de apoyo fluvial construidos totalmente en nuestro país.

    Con todos estos elementos -a los que habría que agregarles los esfuerzos hechos en materia de modernización de comunicaciones y de inteligencia, la cual dotamos de más plataformas y elementos técnicos, y de una Central de Inteligencia Conjunta para compartir información entre las fuerzas- las Fuerzas Militares de Colombia se transformaron en el curso de cuatro años en un ejército exitoso, eficaz y competente como ninguno, capaz de actuar con rapidez y contundencia frente a cualquier amenaza contra la vida o integridad de los colombianos.

    Dejamos nuevos helicópteros, aviones, barcos, radares, brigadas, batallones… pero nada de esto sería valioso si no lo hubiéramos acompañado de una radical transformación en el recurso humano, en el pie de fuerza que hace operativos todos estos elementos. ¡Y aquí sí que hubo una revolución!

    Cuando llegué al gobierno, en agosto de 1998, encontré que nuestro cuerpo armado estaba compuesto por 34 mil soldados bachilleres sin capacidad ni entrenamiento de combate, 60 mil soldados regulares y tan sólo unos 22 mil soldados profesionales. ¿Qué significaba esto? Que cerca del 30% del total de soldados no eran realmente combatientes y que apenas un 19% eran soldados profesionales, con el entrenamiento idóneo para ganar los combates. ¡Era urgente hacer algo!

    Sin embargo, no era posible -así se tuviera el presupuesto para hacerlo- incrementar el número de soldados profesionales y regulares de un momento a otro, pues esto implicaba formar simultáneamente los cuadros respectivos de oficiales y suboficiales para que los entrenaran y dirigieran, aparte de tener preparada toda una logística de ubicación y dotación del nuevo personal. Pensando en esto, diseñamos varios planes para ir incrementando y profesionalizando nuestros soldados de manera escalonada pero sostenida. Con el Plan 10.000 comenzamos a reemplazar cada año 10 mil soldados bachilleres por soldados profesionales, y con el Plan Fortaleza, que dejamos en funcionamiento, comenzamos a incrementar el número de soldados regulares también en 10 mil anuales.

    De esta forma, pasamos de 82 mil soldados combatientes, entre regulares y profesionales, en agosto de 1998 a 132 mil en agosto del 2002, lo que implicó un incremento de más del 60% en el pie de fuerza. Pero hubo algo más, muy importante, que se dio gracias al cambio de composición de la tropa: pasamos de 22 mil a 55 mil soldados profesionales (¡un aumento del 150%!) y redujimos los soldados bachilleres a una proporción mínima.

    Permítanme repetir para que el impacto de las cifras no se nos escape: entre 1998 y el 2002 se incrementó el número de soldados combatientes en más del 60% y, dentro de ellos, el número de soldados profesionales en un 150%. Esto no había ocurrido jamás en toda la historia de la Fuerza Pública en el país.

    Gracias al Plan Fortaleza que se dejó andando, el nuevo gobierno continuó incrementando el pie de fuerza, el cual a fines del año 2003 estaba compuesto por unos 60 mil soldados e infantes profesionales, cerca de 100 mil regulares y unos 3 mil bachilleres, para un total de 160 mil soldados realmente combatientes, el doble de los que encontré al iniciar mi gobierno.

    El académico Alfredo Rangel, uno de los más serios analistas del tema de seguridad,  resume el proceso de fortalecimiento del Estado durante mi gobierno de la siguiente manera: “Buena parte de los éxitos de la política de seguridad democrática del actual Gobierno se deben al fortalecimiento del Estado que realizó la administración Pastrana. Las Fuerzas Militares dieron el más importante salto adelante en muchos años. Su modernización y reestructuración las pusieron en condiciones de contener la marcha de las FARC hacia la generalización de la guerra de movimientos, que parecía inatajable. No es fortuito que la última gran movilización de guerrilleros hubiera ocurrido en agosto del año 2000. A todo lo anterior ha contribuido en forma invaluable el Plan Colombia, que se inició con la administración Pastrana y cuya continuidad hoy todos reconocen como indispensable. En fin, el gobierno anterior hizo un inmenso aporte al fortalecimiento de la Fuerza Pública y del Estado colombiano, que es injusto no reconocer”.

    Eduardo Pizarro Leongómez, en su libro Una Democracia Asediada, plantea que “Colombia se halla en un ‘punto de inflexión’ en el conflicto interno debido a la derrota estratégica sufrida por las FARC a partir de 1998, el grave proceso de desagregación de los grupos paramilitares y el hondo retroceso que ha sufrido el ELN en los últimos años”. Según Pizarro, la derrota estratégica que sufrieron las FARC a partir de 1998 “consistió en que, tras un esfuerzo para pasar de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos -mediante la conformación de unidades y cuadros militares propios de un ejército regular-, se vieron obligadas a retomar la guerra de guerrillas debido a la modernización y tecnificación de las Fuerzas Armadas”.

    ¿DÓNDE ESTAMOS?

    Nuestras acciones, tanto en lo social como en lo militar, correspondieron, entonces, a la recuperación y recomposición de un rumbo democrático. La amenaza combinada de narcotráfico y violencia demandaban decisiones de tajo. De este entorno surgieron, simultáneamente, el Plan Colombia y los diálogos de paz que culminaron en la calificación de terroristas de los grupos armados -derrotados políticamente en Colombia- por parte de la comunidad universal.

    Y recalco la noción de simultaneidad puesto que en torno a ella se configuró una estrategia en la que lo uno no se podía deslindar de lo otro.

    Con el cambio de gobierno, el análisis para el diseño de la nueva política se ha limitado a los parámetros de silencio en cuanto a las bondades del Plan Colombia y el ataque indiscriminado desde todos los ámbitos a lo que fuera la búsqueda de la paz a lo largo de la historia reciente de Colombia. De tal planteamiento surge lo que el profesor Alfredo Rangel -citando al profesor Hirschman en referencia al gobierno presente- designa como la política de la “fracasomanía”, o sea, el considerar que todo lo que se hizo en el pasado estuvo mal hecho y no sirve para nada; en cambio, lo propio es lo bueno y lo perfecto. Otra cara de la moneda del “adanismo”.

    Esta es la base sobre la que, suponiendo un barajar y repartir de nuevo, se formula una política de Seguridad Democrática que hoy se enmarca, a mi modo de ver, sobre cinco pilares: 1) La ofensiva de las Fuerzas Militares y la recuperación de un entorno de seguridad ciudadana; 2) El vuelco de la política de paz hacia el entorno del paramilitarismo y el narcotráfico; 3) Una política internacional postulada dentro de la lucha contra el terrorismo y un enfrentamiento con cualquier cuestionamiento a la interpretación local; 4) Las relaciones con Venezuela y 5) La reelección inmediata.

    En términos militares podemos decir que el presidente Uribe ha abierto tres frentes en lo internacional de su política de Seguridad Democrática.

    El apoyo norteamericano al Plan Colombia, que tuvo un origen bipartidista por votación unánime en el Congreso y bajo mandatarios de dos partidos en Estados Unidos, se ha convertido en un tema de debate parlamentario. Lo que nació prácticamente como una iniciativa de Estado de nuestro aliado, muestra, infortunadamente, las primeras grietas en lo que fue un respaldo monolítico a largo plazo a nuestra seguridad y democracia.

    El gobierno de Venezuela, por su lado, se ha volcado al armamentismo ante el silencio diplomático de Colombia. Pocas veces se ha dado una embestida de tal magnitud en términos de acumulación de armamento sobre nuestra frontera terrestre y nuestra amenazada y disputada frontera marítima. Colombia no puede cerrar los ojos ante este factor determinante de nuestra seguridad y soberanía.

    Tampoco se pueden descuidar los signos de resquebrajamiento de lo que fuera el respaldo incondicional de la Unión Europea a unas políticas claras y transparentes.

    En el terreno interno es indudable el evidente éxito de la política militar en el terreno del bienestar ciudadano y la política. Las cifras de combates y muertos de la Fundación Seguridad y Democracia indican que, si bien no ha disminuido la intensidad de los ataques a las Fuerzas Armadas y la Policía ni han aumentado los éxitos militares, ha habido una evidente transposición geográfica del conflicto. Es decir, las zonas y los afectados por los reveses hoy son distintos a los de otras circunstancias estratégicas. De cualquier forma, se vive una mayor “sensación” de seguridad, y esto es destacable.

    Las decisiones militares -lo sé bien y por experiencia propia- son difíciles de controvertir desde fuera, puesto que implican políticas a largo plazo y su conocimiento implica analizar componentes que no siempre pueden difundirse. Las operaciones secretas y los resultados ocultos del Plan Patriota tendrán su razón de ser estratégica. De ahí que los que en estos días aparecen como serios reveses militares para la opinión pública sean interpretados por el Jefe del Estado como gajes del oficio en una marcha victoriosa. ¡Dios quiera que sea así!

    Hoy en Colombia y el mundo estamos todos unidos en el rechazo contra el terrorismo. Que en esto no quede lugar a la duda. Cualquier esfuerzo legítimo, dentro del marco natural de los Derechos Humanos y el DIH, contra el terrorismo y sus funestas ramificaciones merece toda nuestra solidaridad y apoyo.

    ¿HACIA DÓNDE VAMOS?

    Cosa bien distinta resulta el componente político de la Seguridad Democrática del presidente Uribe, signado por la mesa con los paramilitares y el narcotráfico y el vuelco del gobierno hacia un empeño electoral que los colombianos no teníamos presupuestado.

    El proyecto de paz con los paramilitares del presidente Uribe ha sido celoso en la reserva del origen de sus protagonistas, hermético en su evolución y enigmático en cuanto a su rumbo.

    De otro lado ha sido generoso en sus términos. Se cedió, por ejemplo, en una condición supuestamente inamovible como era la de no negociar en medio del conflicto. Pragmáticamente, el gobierno se hizo el de la vista gorda cuando el cese al fuego fue suplantado por la matanza de más de tres mil civiles en el curso de un año de conversaciones.

    En otros puntos, como el mantenimiento de la estructura paramilitar denunciada por el senador Rafael Pardo, los compromisos del Comisionado de Paz sacados a flote por la representante Gina Parody y las suplantaciones en la desmovilización del Bloque Nutibara o la ejecución de cabecillas denunciadas por distintos medios, la estrategia es la de callar frente a hechos que eventualmente se deberían diluir. Si todas estas no han sido concesiones como alegan algunos, por lo menos se debe tratar de una generosa interpretación de la mano firme.

    Que si el paramilitarismo controla -según sus propios voceros- el 35 por ciento del Congreso y, según diversos entendidos, 300 municipios del país, 40 por ciento de las exportaciones de droga, un alto porcentaje de las tierras cultivables y temibles ejércitos privados cuyas estructuras y zonas de influencia se conservan intactas, es una historia de vieja data. Que el paramilitarismo, con sus dineros, sus armas y sus comodines políticos pueden inclinar la balanza electoral, es un hecho notorio.

    La pregunta, entonces, bajo tales supuestos, es sí es lícito negociar con tal poder electoral mientras la cabeza negociadora está en trance electoral. Si aquí hay una simple interferencia o una flagrante incompatibilidad. Si aquí se pueden dar garantías plenas –más allá de un Estatuto- de igualdad en unas elecciones.

    A la reelección inmediata se le ha señalado, desde su concepción y por todos los medios, una extensa gama de incompatibilidades. Sin embargo, su incompatibilidad con un proceso o pacto de paz repercute en dos ámbitos esenciales a la supervivencia misma de nuestra democracia: el proceso de paz y el proceso electoral.

    Mientras proceso de paz, poder político paramilitar y elecciones no se deslinden se cierra el espacio a la generosidad necesaria que se requiere para sanar heridas. Y se abre el espacio a la suspicacia, riesgo al que no se puede exponer la democracia representativa.

    El país puede girar un cheque en blanco a una propuesta transparente, sin motivos ni ambiciones ulteriores, y lo puede hacer siempre y cuando se haga con un ánimo y un norte colectivos.

    Hoy y ahora el señor Presidente de la República tiene en sus manos el capital político para congregar al país expresando un propósito claro de futuro en paz, convocando a nuestra Patria tan querida por encima de partidos y aspiraciones.

    Hoy y ahora el señor Presidente puede definir si hacemos una política de futuro grande para el país o un pacto sometido al vaivén de las urnas.

    Porque, finalmente, la verdadera seguridad democrática es la paz. Y la paz se garantiza con verdaderas y confiables garantías políticas sin distinciones de credos, clases o condición.

    Apreciados amigos:

    He hablado del pasado con la certeza de haber logrado durante mi gobierno el mayor fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en toda su historia, un logro que reivindico con un orgullo que considero justificado, y que ustedes mismos juzgarán si así lo es.

    He hablado del presente con la convicción de que hay que seguir avanzando en el camino de la seguridad democrática, arrinconando a los violentos de todas las tendencias y devolviendo la tranquilidad a los ciudadanos. Eso está bien y debemos aplaudirlo y acompañarlo siempre, unidos en un frente monolítico contra el terrorismo. Señalo, eso sí, mi preocupación, en el campo internacional, por la eventual pérdida de apoyo parlamentario al Plan Colombia en los Estados Unidos, la carrera armamentista que ha iniciado nuestro vecino país de Venezuela y el resquebrajamiento del apoyo europeo a nuestras políticas de paz. Son alertas que no debemos perder de vista y que ameritan un examen cuidadoso.

    Hacia el futuro contemplo, inquieto, la mella a la transparencia de cualquier proceso de paz y de la misma democracia que implicaría el envolvimiento del Jefe de Estado, garante como debería ser del equilibrio, en un proceso electoral inmediato, en el que tendrían tanto peso los hoy poderosos interlocutores en las mesas de paz. Pueda ser que me equivoque.

    De cualquier forma, y ya como colofón de estas disertaciones, quiero dejarles la reflexión, no por obvia menos necesaria, de que, en aras de perseguir la seguridad, no podemos permitir que se resquebrajen otros valores esenciales de nuestra sociedad y nuestras creencias, como lo son la democracia y la igualdad.

    Como dijo ese sabio libertario que fue Benjamín Franklin: “Quienes son capaces de renunciar a la libertad esencial a cambio de una pequeña seguridad transitoria, no son merecedores ni de la libertad ni de la seguridad”.

    Muchas gracias


    Lugar y fecha

    Bogotá, Colombia
    25 de febrero del 2005

    Nunca se esperan las tragedias. Siempre parece que ocurrieran en otro rincón del planeta, al otro lado de la pantalla del televisor. Pero a veces nos llegan con su carga de dolor, y nos obligan a sacar lo mejor de nosotros para superarlas.

    El 25 de enero de 2008 el desastre fue una realidad para más de medio millón de compatriotas que vieron peligrar sus vidas y su integridad; que lloraron la muerte de 1.185 amigos o familiares; que perdieron sus casas y sus bienes materiales en el corto lapso de unos minutos.

    Yo recuerdo muy bien el momento en que percibí el sismo mientras estaba en mi despacho de la Casa de Nariño. Una lámpara comenzó a temblar y entonces supe que algo, muy grave, estaba sucediendo en alguna parte del país. Los primeros reportes que recibí, todavía sin confirmar, me decían que el epicentro había sido en el Eje Cafetero.

    Sin pensarlo dos veces, reuní a un grupo de funcionarios del Gobierno y, junto con los altos mandos militares y de policía, partimos presurosos, primero hacia Pereira y desde allí hasta Armenia. Nohra se quedó en Bogotá, organizando las ayudas para los damnificados. En ese momento no tenía ninguna duda: ¡TENÍAMOS QUE ACTUAR Y HACERLO YA!

    A las tres horas del terremoto ya estábamos sobrevolando esta querida ciudad -la más afectada por el sismo- y contemplamos, con dolor, sus devastadores efectos.

    Durante los siguientes cinco días, desplacé mi despacho y el gabinete mismo a Armenia y al Eje Cafetero: Aquí instalamos un Comité de Emergencia en plena vía pública; recorrimos uno a uno los 28 municipios afectados por la tragedia; hablamos con cientos de damnificados; organizamos la atención humanitaria de emergencia y la remoción de escombros; controlé personalmente la distribución de alimentos; sesioné con todos mis Ministros y determinamos las medidas a tomar, incluyendo el decreto que declaró la Emergencia Económica para facilitar la reconstrucción.

    En la zona del desastre me encontré con compatriotas angustiados, pero jamás vencidos ni derrotados. Aquí encontré a un pueblo con dolor, pero decidido a levantarse de nuevo, a reparar las grietas en sus vidas y en sus casas, y a construir de nuevo sus negocios y empresas, como si hubieran vuelto a nacer.

    LA DIMENSIÓN DEL DESASTRE.

    El terremoto del Eje Cafetero, con una intensidad de 6.5 en la escala de Richter, causó la muerte de más de mil personas y lesiones a otras 9 mil. De los 1.5 millones de habitantes del área afectada, más de la tercera parte sufrieron pérdidas directas, incluyendo 150 mil personas que quedaron sin vivienda.

    Los daños causados por el terremoto se estimaron en 1.600 millones de dólares, cerca del 35% del Producto Interno Bruto regional y del 2% del Producto Interno Bruto del país. El impacto más importante se dio en el tema de las viviendas, que constituyeron el 70% de la pérdida total. La infraestructura de la región también sufrió un daño considerable, incluyendo escuelas y centros de salud, carreteras, y redes de electricidad, de agua y alcantarillado.

    Por otra parte, la región venía sufriendo, en los años anteriores al terremoto, un decaimiento económico causado por los bajos precios internacionales del café, situación que se agravó aún más con el sismo.

    UN NUEVO MODELO DE RECONSTRUCCIÓN.

    Dictadas las primeras e indispensables medidas de emergencia, nos correspondió definir el modelo de reconstrucción.

    Había que partir del hecho de que el 80% de la población damnificada eran personas de bajos recursos económicos que no tenían recursos para reparar o reconstruir sus casas.

    Muchas de los afectados lo habían perdido todo, no tenían ahorros y tampoco un lugar provisional a donde ir mientras se reconstruían sus viviendas. ¡Un inmenso drama humano! Entendiendo esto, nos concentramos, no sólo en la recuperación física, que es el paso obvio en todo desastre natural, sino también –y desde el comienzo- en la recuperación psicológica de las personas.

    Hay que entender que la reconstrucción física es un proceso que lleva largo tiempo, desde la remoción de escombros y la demolición de construcciones afectadas, pasando por un completo censo de damnificados, hasta la reconstrucción de la infraestructura de servicios públicos y comunitarios, y de las mismas viviendas.

    Mientras esto se da. ¿Qué pasa con la gente? ¿Cómo mantener vivos los vínculos sociales, evitando el deterioro definitivo de los lazos familiares y comunitarios? Nuestra principal preocupación fue la de mantener el tejido social, –en una sociedad que ya estaba golpeada económicamente por los bajos precios del café–, para garantizar el futuro y la sostenibilidad de la reconstrucción, vista de una manera integral.

    ¿Cuál fue el camino que elegimos para lograr este objetivo? Darle a la comunidad afectada un rol activo y determinante, “empoderándola” de su propia reconstrucción. Buscamos que el proceso se desarrollara de abajo hacia arriba, a partir de la comunidad, en lugar de ser un proceso asistencial -de arriba hacia abajo- que decidiera autónomamente el gobierno sin participación de los mismos afectados.

    Siguiendo este criterio, el Gobierno nacional y los municipios afectados llegamos a un consenso respecto a que el sector privado y las Organizaciones No Gubernamentales estaban mejor equipados para manejar la tarea diaria de reconstruir las comunidades afectadas. Fue así como las más urgentes prioridades para la reconstrucción fueron identificadas, no por el gobierno nacional o los gobiernos regionales, sino a través de un proceso en el que participaron grupos de la comunidad y ONGs cercanas a esas comunidades.

    Estos grupos jugaron un papel fundamental en la organización e implementación de las actividades de reconstrucción y en promover las acciones de seguimiento, tales como el desarrollo comunitario y el mantenimiento de los servicios públicos. Las ONGs recogieron y transmitieron las reales necesidades y prioridades de los damnificados, y sirvieron de puente entre el Estado y la sociedad de las regiones afectadas.

    La coordinación de este esquema descentralizado de gestión de la reconstrucción quedó a cargo de una entidad especial que se creó el 30 de enero de 1999, apenas 5 días después del terremoto: el Fondo para la Reconstrucción de la Región Cafetera -FOREC-, el cual reportaba directamente a la Presidencia de la Republica.

    El Forec fue constituido como una entidad nacional especial, financieramente autónoma, sin una estructura administrativa propia. Fue precisamente su estructura “delgada” y no burocrática la que le permitió operar eficientemente y liquidarse tan pronto cumplió con su objetivo, poco más de 3 años después del terremoto.

    Para financiar su presupuesto, que llegó a los 1.6 billones de pesos, creamos un impuesto especial sobre las transacciones financieras. Además, utilizamos créditos especiales que nos otorgaron el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

    Definido el modelo y creada la entidad coordinadora, correspondía ahora escoger y vincular legalmente a las ONGs que pudieran hacerse cargo, en lo local, del proceso integral de reconstrucción. Debo decir que todo esto fue posible gracias a la seriedad y experiencia de la red de ONGs que venían funcionando en Colombia desde años atrás.

    Nuestro primer contacto se hizo con “Antioquia Presente”, una ONG de amplia trayectoria de servicio social en la región. Con ella nos sentamos y diseñamos, a la medida de su capacidad de gestión y de atención de víctimas, un contrato modelo de administración delegada, regido por el derecho privado, que le permitiera representar al gobierno nacional ante la comunidad y adelantar las acciones necesarias para confrontar la tragedia en una zona determinada.

    Como se trataba de una intervención directa con la comunidad, no se contrató a una sola ONG sino al número que fuera necesario para que cada región afectada, con características particulares y cierta homogeneidad en sus necesidades sociales, tuviera una atención integral que respetara y preservara su cohesión e identidad social. Fue así como se dividió el territorio en 32 zonas de intervención y el Forec contrató igual número de ONGs para que funcionaran como Gerentes de Zona. Dichas ONGs fueron identificadas por los gobiernos locales y la misma sociedad civil, y fueron seleccionadas mediante un concurso público.

    Ahora bien, para calificar como Gerente de Zona, una ONG tenía que demostrar capacidad administrativa y financiera, un mínimo de 3 años de experiencia y un trabajo previo en las áreas de desarrollo social, administración, infraestructura y medio ambiente. Tan sólo en la ciudad de Armenia hubo 15 zonas de reconstrucción, con sus respectivas ONGs a cargo de cada una de ellas.

    ¿Por qué 15 zonas y 15 ONGs para una sola ciudad? Precisamente porque el objetivo era que cada ONG pudiera mantener el tejido social en zonas claramente distinguibles y homogéneas, y que no tuviera a su cargo más gente que la que realmente pudiera atender con calidad y eficiencia. Incluso, durante todo el proceso, buscamos mantener cohesionados los círculos de vecinos, de forma que las personas, aún en medio de al tragedia, encontraran siempre el apoyo y la compañía de una mano amiga y conocida.

    En la zona rural, en cambio, tuvimos una sola ONG a cargo, nada menos que la ONG más grande del país que es la Federación Nacional de Cafeteros. Teniendo en cuenta que casi todos los agricultores afectados eran cafeteros o tenían actividades relacionadas con el café, entendimos que no había otra entidad mejor que la Federación para ayudarlos a resolver sus problemas y recuperar su dinamismo económico. Y así quedó probado: su capacidad de liderazgo y convocatoria se tradujo en una exitosa y asombrosamente rápida reconstrucción en todo el campo cafetero.

    Las ONGs, como gerentes de zona, cuantificaron los daños, asistieron a las víctimas y, junto con las comunidades y las agencias gubernamentales, prepararon y desarrollaron los denominados Planes de Acción Zonales, que eran planes de corto y mediano plazo para restaurar la infraestructura social y comunitaria, y las viviendas.

    Algo muy importante cuando se manejan cuantiosos recursos es el control del correcto manejo de los mismos. Para brindar las garantías necesarias de una gestión transparente y eficaz por parte del Forec y sus aliados, se llevó a cabo un monitoreo permanente al proceso de reconstrucción por parte de la Red de Universidades.

    De esta manera, el Gobierno de Colombia, a través del Fondo para la Reconstrucción y el Desarrollo Social del Eje Cafetero -Forec-, unido a los gobiernos regionales; a las organizaciones no gubernamentales, solidarias y comunales; al sector privado; a la comunidad internacional, y a todos y cada uno de los afectados, demostró en el Eje Cafetero, con un modelo propio e innovador, que sí es posible trabajar eficiente y honestamente para superar un desastre natural de gran envergadura cuando se trabaja de la mano con la comunidad y no a espaldas de ella.

    Hoy podemos contar al mundo que, en este gran esfuerzo adelantamos por la reconstrucción del Eje Cafetero, invertimos a través del Forec 1.6 billones de pesos. ¡1.6 billones de pesos donde no tuvo cabida la corrupción y que dejaron a una región recuperada con una población comprometida con su futuro!

    Desarrollamos un modelo de reconstrucción en el Eje cafetero que se ha vuelto un ejemplo para otras regiones del planeta, y que fue merecedor de reconocimientos internacionales por parte de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

    Veamos algunos de los logros de la recuperación:

    Lo primero, EL MANTENIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL. Lo más complejo era lograr que la red de lazos sociales que forman las comunidades no se deteriorara durante el periodo necesariamente largo de asimilación de la tragedia y reconstrucción física de la vivienda y la infraestructura. Gracias al modelo descentralizado que desarrollamos, con el trabajo directo de las ONGs –psicológico, social y físico– sobre cada comunidad, se logró este objetivo con creces, y hoy las ciudades, como Armenia; los pequeños municipios, y la zona rural, que resultaron afectados por el terremoto, presentan un alto nivel de integración social. Los niños, aún en medio de dificultades y condiciones precarias, siguieron asistiendo a la escuela y teniendo controles de salud, las madres y vecinas siguieron apoyándose y trabajando juntas en la protección de sus familias, y los padres ayudaron con sus propias herramientas, iniciativa y trabajo a construir su nuevo entorno.

    Segundo, LA VIVIENDA. El Forec encontró una solución positiva y rápida para todos aquellos que habían perdido su vivienda a través de un programa de reparación y reconstrucción de viviendas que se realizó con tal eficiencia que se convirtió en un modelo que ha llevado a mejorar la política sectorial a nivel nacional. Este modelo se caracterizó por la participación social y democrática de las familias afectadas en los procesos de selección de sus viviendas. Se diseñó un instrumento denominado “Vitrina Inmobiliaria” para que los damnificados pudieran escoger el modelo de vivienda que preferían y se estimuló la participación de las Organizaciones Populares de Vivienda donde las mismas comunidades aportaron soluciones.

    Los resultados positivos no se hicieron esperar. En menos de 3 años se alcanzó el 100 por ciento de la reconstrucción y reparación de viviendas y el 70% de la construcción de viviendas nuevas, tanto en el campo como en las ciudades. Se otorgaron más de 126 mil subsidios. En total fueron cerca de 100 mil viviendas reparadas y reconstruidas, y más de 26 mil viviendas nuevas.

    Un hecho sin precedentes es que cerca de 16 mil familias que no eran propietarias ni poseedoras de una vivienda, sino apenas arrendatarios, accedieron al sueño de tener una casa propia gracias a los subsidios del Forec, a los subsidios donados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y a los entregados a través de las cajas de compensación del país.

    Igualmente, más de 17 mil familias que eran poseedoras, pero no dueñas, de sus inmuebles recibieron el título que las hizo propietarias de sus viviendas.

    TERCERO, el restablecimiento de LA INSFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SOCIAL.

    En lo que se refiere a la infraestructura pública, la inversión se concretó en 517 proyectos, incluyendo 10 casas de la cultura, 35 oficinas públicas, 30 cárceles, 30 estaciones de bomberos, 163 iglesias, 21 estaciones de ejército y de policía, 57 salones comunales, 16 plazas de mercado, 8 centrales de sacrificio, 66 obras de acueductos y alcantarillados, y 80 vías.

    Algo muy importante fue la reconstrucción del aeropuerto de Armenia, que había quedado semidestruido. Éste es hoy un aeropuerto amplio y provisto de novedosas técnicas antisísmicas, así como de nuevos servicios para el manejo y orientación tanto de pasajeros como del transporte de carga por vía aérea.

    Igualmente, se adelantaron 857 proyectos de infraestructura social. Estos comprenden: 2 restaurantes escolares, 26 hogares infantiles, 15 ancianatos, 67 proyectos de recreación, cultura y deporte, 52 proyectos de salud y 695 proyectos de educación, beneficiando a una población cercana a los 300 mil estudiantes.

    Nohra se apersonó desde el primer día de la recepción y movilización de ayudas nacionales e internacionales para el Eje Cafetero y, a través de un plan que convocaba la cooperación internacional, denominado Plan Padrino, canalizó recursos para la construcción, reconstrucción y dotación de 20 centros escolares en el Quindío y uno en Pereira.

    En el trascendental campo de la salud, por otra parte, adelantamos 52 proyectos que incluyen hospitales, centros y puestos de salud y centros de nutrición, beneficiando a cerca de 100 mil habitantes.

    Fueron tantos y tan eficientes los recursos invertidos en salud que, al terminar mi gobierno, este departamento del Quindío, que fue el más afectado por el terremoto, era el departamento, en todo el país, con mayor cobertura de salud para la población de bajos recursos.

    El Forec, además, invirtió en la organización de las comunidades, en su capacitación para procesos productivos y en el acompañamiento a las familias para el trámite de los subsidios y las tareas de reconstrucción, entendiendo que la participación y la concertación de las comunidades eran la clave del éxito de este proceso.

    Un logro importante fue que se aprovechó la destrucción de la mayor parte de las instalaciones para el procesamiento del café, que empleaban tecnologías contaminantes y de baja productividad, para reemplazarlas por instalaciones basadas en tecnologías limpias y de menor costo de operación.

    Por primera vez en la historia del país se decretó la “emergencia ecológica”, estrenando el artículo 215 de nuestra Constitución, con base en la cual se formuló el Plan de Acción Ambiental para la Reconstrucción del Eje Cafetero.

    Precisamente, el Forec recibió en el 2000 el premio Sasakawa, por parte de las Naciones Unidas, por su esfuerzo en la prevención y reducción de la vulnerabilidad en la región, gracias a los planes de ordenamiento territorial, que se aprobaron en todos los municipios afectados, el plan de manejo ambiental y la mitigación de riesgos, procesos liderados por el Ministerio de Medio Ambiente.

    Finalmente, es destacable cómo todo este proceso de reconstrucción impulsó la reactivación económica de la región y generó más de 128 mil empleos.

    Apreciados amigos Armenia y el Quindío:

    De las dificultades es de dónde más se aprende, y en este proceso aprendimos todos y obtuvimos resultados sorprendentes:

    Aprendimos a construir un modelo propio y descentralizado que no fue ejecutado únicamente por el Gobierno, sino de la mano con las mismas comunidades y con organizaciones sociales y no gubernamentales que le dieron mayor transparencia y eficacia. Lo que creamos en el Eje Cafetero fue un modelo exitoso de cogestión que –respetando las particularidades- puede replicarse en otras regiones y otros proyectos de inversión social en el mundo.

    Aprendimos a desarrollar novedosos procesos de vivienda como la Vitrina Inmobiliaria o las urbanizaciones que se realizaron con las Organizaciones Populares de Vivienda.

    Se crearon nuevas organizaciones sociales y se fortalecieron las organizaciones comunitarias, dejando una importante red de ONGs trabajando y en contacto con las comunidades.

    Generamos confianza y también -por qué no decirlo- admiración en la comunidad internacional.

    Aprendimos a construir el progreso respetando el medio ambiente.

    Incluso, convertimos la dura experiencia en una lección para futuros eventos catastróficos, y con ella construimos los Protocolos para la actuación frente a los Desastres que hoy son vanguardia mundial en este tema.

    Si yo o cualquier colombiano cerráramos los ojos hoy, por un momento, y recordáramos esas imágenes terribles de lo que era Armenia, de lo que era todo el Eje Cafetero hace 10 años, cuando ocurrió la tragedia, y los abriéramos de nuevo en este momento para ver la pujante ciudad y región que hoy son, ¡no podríamos dar crédito a nuestros ojos!

    ¿Quién hubiera dicho entonces que las tres principales ciudades del Eje Cafetero -Armenia, Pereira y Manizales- iban a poder ser, sólo dos años y medio después del sismo, las anfitrionas de la fase eliminatoria de la Copa América de Fútbol, mostrando al mundo su civismo y el esplendor de su belleza?

    Hoy el Eje Cafetero es el segundo polo turístico de Colombia, después de la costa caribe, y atrae a miles de turistas nacionales e internacionales, con una completa oferta turística basada en su riqueza natural, en la belleza de sus paisajes y en la hospitalidad de su gente.

    Hace 10 años el Eje Cafetero era una región devastada. Hoy es un ejemplo de pujanza y desarrollo. ¡Qué mayor muestra del éxito del modelo de reconstrucción!

    Un país como Colombia no está, ciertamente, en posición de ayudar con recursos materiales a otros países que vivan desastres similares al terremoto del Eje Cafetero. Pero hoy podemos decir que tenemos los equipos, el capital humano y la experiencia, para compartir y llevar a donde se requiera y que el modelo que construimos en 1999 probó ser una nueva y eficaz forma de construir desarrollo desde la comunidad. Trabajando por la gente, pero, sobre todo, CON LA GENTE.

    ¡Qué alegría siento hoy al volver a Armenia y encontrarme con esta ciudad alegre y pujante que siempre conocí y a la que tantas veces visité como Presidente!

    Han pasado 10 años de su más dura prueba, y el pueblo cafetero, el pueblo arriero, ha dado muestra de su capacidad para superar sus problemas y construir un futuro promisorio por encima de las dificultades.

    Nunca olvidaré lo que significaron Armenia, el Quindío y el Eje Cafetero durante mi mandato, ni el afecto que siempre recibí de sus gentes.

    Me siento privilegiado al estar de nuevo en esta tierra que, con su coraje y su laboriosidad, supo hacer de la tragedia un nuevo renacer.

    Muchas gracias


    Lugar y fecha

    Armenia, Colombia
    24 de enero del 2009

    First of all, I want to thank the “Wholesale Florist and Flower Supplier Association”, especially Ms. Wanda Weder and Mr. Jim Wanko, President and Executive Vice-president of this organization, and the other members of the Board of Directors, for inviting me to speak about the Colombian flower industry in such an important event.

    I have come with true enthusiasm to this Annual Convention Floral & Expo 2006, to pay tribute to an economic sector that has turned, in my country, into a symbol of prosperity, social commitment, environmental awareness, entrepreneurial spirit, as well as export success.

    The adventure that some visionaries undertook more than thirty years ago, when they packed a few bouquets of flowers and sent them to the United States, is nowadays an exciting reality and a source of pride for our country.

    The Colombian flower industry is, without a doubt, a success story for the world. We have demonstrated that a developing country can successfully penetrate the markets of developed economies, with a single product. Indeed, today Colombia is the second world exporter of fresh cut flowers and the first flower supplier to the United States.

    The Colombian flower growers have known how to take advantage of the ideal natural conditions of the different regions of our country to grow and to export those beautiful ambassadors of our land, which have become one of the most recognized symbols of Colombia in the world.

    The flower growers and exporters are also an example, for other productive sectors in Colombia, which have hesitated before entering international markets. The success obtained by more than two hundred companies that today export their flowers to the world, is evidence that the international market is, above all, the best alternative for companies that decide to rise to the challenge of global competition.

    The concept of productivity is not foreign to the Colombian flower growers. Everyday they face a hard battle for their share of the world markets. The 909 million dollars exported in 2005 are the result of a consistent and intelligent strategy by this sector, the most export-oriented in the entire Colombian economy.

    The results are easy to see: from 1998, up to now, flower exports have practically doubled. Flower exports to the US market make up more than 80% out of our entire flower exports. The total for 2005, 736 million dollars, was 28% more than the exported value to the US in 2004!

    But the floriculture is much more than the production and export of flowers. It is also employment, ecology, and an international showcase for Colombia.

    Almost 180,000 Colombians, work, direct or indirectly, in the flower industry. If we keep in mind their families, this means that there are near a million Colombians that depend on floriculture for their living. This is the most important social contribution of floriculture to national prosperity.

    Even more valuable is the impact of this activity on female employment: Two out of three workers in the flower industry are women, many of them heads of household. In the areas surrounding Bogotá and Medellín floriculture has allowed families to raise and educate their children and enjoy levels of well-being resulting from job employment and fair wages.

    Likewise, I have to mention the commitment of the Colombian flower growers to the environment. This sector was the first one to recognize environmental protection as critical to market entry and positioning in the global market.

    Environmental awareness is the flower industry’s best guarantee of market access. Asocolflores deserves special recognition for its “Florverde” program, that implements practices to mitigate the impact of the flower industry on natural resources. The creation of an environmental conscience in the flower growing industry is an added competitive advantage in today’s world.

    Also deserving recognition is the successful international image campaign that the industry is committed to. The great degree of recognition of Colombian flowers amongst decision makers of the United States is testimony of these efforts. The sound support to the recently signed Free Trade Agreement was fundamental to its positive outcome. The industry’s experience has also proven valuable to other economic sectors in Colombia which strive for global entry and permanence.

    Finally, I want to highlight the important evolution that the industry has experienced during the last thirty years. In every step of the export ladder, the use of this knowledge has been crucial to the sector’s advancement.

    Internationally, radical changes have taken place in the flower trade, where fusions and partnerships have changed the industry’s landscape. Domestically, it is interesting to point out that the success of the Colombian flower industry lies mainly in the rapid response and adaptation to these global fluctuations, and the incorporation of decades of experience into new trade practices.

    Flower growers have established work groups in their companies. Horizontal alliances have been created among several companies that are joining to obtain common benefits. In short, the management of the knowledge has been implemented.

    As a result of the successful enterprises I have mentioned, national floriculture has received strong support in its globalization process. Foreign investment is further recognition of rational management by those Colombians who began and developed this sector. The presence of the foreign capital can be interpreted as a vote of confidence in the future of Colombia and it ratifies that the Colombian economy is widely considered as competitive and ready for further development. It is also testimony of the skill of Colombian managers and workers.

    5 years ago, being President of Colombia, I presented to the Colombian flower growers the importance of a Free Trade Agreement with the United States. I was convinced that nobody better than this industry could understand the virtues of gaining access to the world’s largest market. Indeed, four out of five Colombian flowers are sold in the US Market, and the flower industry has greatly benefited from the tariff preferences of ATPDEA.

    On that occasion in my speech I said something that I would like to recall today: “The prophets of disaster, those that believe that Colombia doesn’t have a way to compete in the global economy, should analyze the lessons of Colombian flower growers and exporters”.

    Today, when FTA has successfully overcome complicated negotiations, we see that the rest of the economy is well on its way to learning this lesson.

    With FTA we will have a scenario of stability that guarantees to you, the US wholesalers, that you will receive from Colombia the best flowers in the world with the best quality and the most competitive prices and that Colombian flowers will continue to bring beauty and happiness to hearts and homes across the United States.

    Dear friends:

    Thanks to the continuous management of Asocolflores, the Colombian Association of Flower Exporters; under the stewardship of its President Augusto Solano, and to the indefatigable work of all and each one of the Colombian flower growers and exporters, flowers continue to generate well-being and stability for thousands of Colombians. The flower industry has become testimony of the best that Colombia has to offer the world.

    Roses, carnations, gerberas, alstroemerias, chrysanthemums and many other varieties of flowers are today the colorful emblems of that prosperous and peaceful nation that we all are determined to build.

    The flowers are the symbol of the new Colombia! I invite you to keep believing in the power of their beauty.

    Many thanks.


    Lugar y fecha

    Florida, Estados Unidos
    23 de febrero del 2006

    inline_909_http://andrespastrana.org/apav2/wp-content/uploads/2015/05/CARTA-BRUCE-GELB-PRESIDENTE-DEL-COUNCIL-OF-AMERICAN-AMBASSADORS-JULIO-13-2006.jpg></img></br><h2>Lugar y fecha</h2>Washington, Estados Unidos
13 de julio de 2006

</div></p>

    inline_761_http://andrespastrana.org/apav2/wp-content/uploads/2015/05/CARTA-REPRESENTANTE-TOM-OSBORNE-DICIEMBRE-9-2005.jpg></img></br><h2>Lugar y fecha</h2>Washington, Estados Unidos
9 de diciembre de 2005

</div></p>

    COMUNICADO

    Los expresidentes Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez se reunieron esta noche e intercambiaron preocupaciones sobre asuntos nacionales.La paz, la Asamblea Constituyente, el Referendo, la eliminación de los auxilios parlamentarios (mermelada) -fuente de corrupción y amenaza a la democracia-, la crisis de la industria y del campo, los tratados de libre comercio, el deterioro de la seguridad, la brecha entre el país político y el país nacional, la crisis de la drogadicción juvenil y la urgencia de convocar  amplios acuerdos nacionales de mano dura contra la corrupción, son temas que estuvieron en la conversación.

     

    Lugar y fecha

    Bogotá, Colombia
    20 de enero del 2014

    Doctor
    JUAN MANUEL SANTOS CALDERON
    Presidente de la República
    Ciudad
    Señor Presidente

    Tan pronto las Farc entregaron al general rehén, el señor Presidente de la República correspondió el gesto con una propuesta de amnistía para los delitos relativos al narcotráfico del grupo rebelde. El tema de las drogas ilícitas -que el gobierno daba por resuelto en La Habana- despertó esta vez, por razón de la extemporánea iniciativa presidencial, la indignación nacional.

    Ya sea como pago del rescate de un general o claudicación de principios ante la guerrilla para lograr su firma a cualquier costo, el acto presidencial constituye una vergüenza. El amparo del narcotráfico bajo la sombrilla del pretexto político es la genuflexión del estado colombiano ante el poder del crimen organizado.

    La excluyente y sectaria política de diálogo del señor presidente y sus amigos – en contravía de la gran mayoría del país- es cada día más débil ante los enemigos del estado. Sumada a las concesiones territoriales de las zonas de reserva y políticas de las circunscripciones para las Farc, la amnistía al narcotráfico acerca cada día más al país a la firma de un acuerdo peligrosamente desfavorable para nuestra democracia.

    El espacio para un real diálogo nacional en torno a la paz se estrecha, pero nunca es tarde para comprender que sin él no hay paz duradera posible.

    Ruego respetuosamente, por lo tanto, al señor Presidente, considerar la posibilidad de oír a los colombianos más allá de su círculo personal para rectificar oportunamente el curso del proceso de entrega y del nuevo mandato que comienza mal.

    Sin otro particular, me suscribo del señor Presidente.

    Descargar la carta en PDF


    Lugar y fecha

    Bogotá, Colombia
    9 de diciembre del 2014

    “Situación actual de la economía en Iberoamérica y perspectivas de futuro”

    Cuando me invitaron a dar esta conferencia ante la Trigésima Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio me sentí particularmente honrado y, sobre todo, motivado por la calidad del auditorio y la importancia del tema propuesto: la situación de la economía en Iberoamérica y sus perspectivas hacia el futuro.

    Antes que nada, -y debo aclararlo- no soy economista, pero sí he destinado mi vida entera al desempeño en la actividad pública de mi país y, como Presidente, tuve el reto y la oportunidad de trabajar, al frente de un equipo excelente de técnicos y economistas, para quebrar la tendencia decreciente que llegó a presentar su economía y reanudar el camino de estabilidad, seriedad y crecimiento que ha caracterizado a Colombia en el entorno internacional.

    Con medidas muchas veces impopulares, pero necesarias, logramos poner al país de nuevo en la vía del desarrollo, bajando su índice de inflación a un dígito, controlando las desmedidas tasas de interés, liberando sin traumatismos su tasa de cambio y recuperando las cifras positivas en el comportamiento del PIB.

    Todo esto se consiguió en medio de un difícil conflicto interno financiado por la inagotable fuente del narcotráfico, en cuya solución trabajamos sin descanso, a pesar de la intransigencia de los grupos subversivos, que derivaron tristemente hacia el terrorismo y traicionaron la voluntad de paz de todo un pueblo.

    Con el bagaje de esta experiencia hoy quiero hacer algunas reflexiones sobre la situación que hoy viven las economías de Iberoamérica, cada una de ellas dentro de circunstancias particulares, si bien con un mismo contexto general, que es al que me referiré.

    El nuevo desafío de América Latina

    América Latina se encuentra hoy ante un desafío fundamental: la necesidad de redefinir el rumbo hacia el desarrollo económico y social. Ésta es una necesidad que surge después de haber apostado a realizar drásticas reformas estructurales a comienzos de la década pasada, sin percibir los beneficios prometidos, y después de haber esperado por varios años el regreso de altas tasas de crecimiento, que nunca llegaron.

    La gran preocupación de los países latinoamericanos es recobrar una senda de crecimiento alto y sostenido. Infortunadamente, ni la estabilización de la inflación a niveles relativamente bajos, ni el mayor ritmo que ha venido mostrando la economía de los Estados Unidos, se han reflejado en la reactivación de la actividad productiva. Las proyecciones oficiales de crecimiento para este año se han reducido en varias ocasiones y, aunque las del año próximo muestran una mayor dinámica en la generalidad de los países, no alcanzan todavía niveles satisfactorios.

    Como un factor positivo hay que anotar que, luego de la crisis que redujo los flujos de capital hacia la región, la abundante liquidez que hoy presentan los mercados internacionales ha posibilitado que retornen estos capitales, dándole un alivio a la pesada deuda externa que creció abruptamente con la devaluación de las monedas latinoamericanas.

    La pregunta ahora es: ¿cómo mantener este creciente flujo de capitales dentro de un saneamiento progresivo de las aún maltrechas finanzas públicas? ¿Estamos realmente en Latinoamérica frente a un retorno de capitales más estable, o es éste apenas un respiro dentro de la volatilidad demostrada por dichos flujos en la década pasada?

    La búsqueda de renovadas fuentes de crecimiento y la necesidad de reducir la vulnerabilidad externa han despertado de nuevo el interés por los procesos de integración comercial en la región, ahora también condicionados por elementos geopolíticos.

    El fracaso de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio en Cancún, México, y el papel protagónico que en ellas jugaron la mayoría de los países de la región, muestran claramente el interés de América Latina por repensar su proceso de crecimiento.

    Por otro lado, el relativo estancamiento de las negociaciones tendientes a establecer el Área de Libre Comercio de las Américas -ALCA- que se ha producido a partir de los acontecimientos que rodearon las negociaciones en Cancún, y las dudas que existen sobre la viabilidad de una extensión del Mercosur, parecen haber despertado un afán en varios países por alcanzar tratados de libre comercio bilaterales con los Estados Unidos, tal como ya lo hizo Chile. Por el momento, sólo Centro América y Colombia han recibido una respuesta positiva del país del norte y avanzan en las respectivas negociaciones.

    Mi esperanza es que el camino del ALCA se reactive y la región pueda avanzar de manera ordenada por el camino de la integración, elemento central del crecimiento futuro de sus economías. Pero ello sólo será posible en la medida en la que pueda establecerse un tratado más equitativo, consecuente con las diferencias relativas entre las distintas economías. Las negociaciones comerciales pueden ser la oportunidad para que el mundo desarrollado demuestre que puede romper barreras políticas que en el pasado han impedido una integración más equitativa.

    Más allá de estos elementos, quiero llamar su atención respecto a unos problemas de gran profundidad que considero marcarán el futuro del continente latinoamericano.

    Como dije al comienzo, la región se encuentra en un momento crucial de su historia ante evidencias que podrían estar señalando el fracaso del modelo de desarrollo que ha guiado el diseño de políticas en la última década.

    Detrás de este fenómeno está un crecimiento lento, demasiado lento para servir de base a cualquier esfuerzo por incrementar el ingreso per cápita y aliviar la pobreza. Esto, sumado al hecho de que la política social no ha sido adecuadamente integrada dentro de la estrategia de manejo económico, ha conducido al deterioro de las condiciones de vida de la población, con mayor incidencia de la pobreza y el desempleo.

    Adicionalmente, las economías de la región son cada vez más vulnerables a choques externos en los términos de intercambio y a los caprichos de los mercados internacionales de capital, lo que, de paso, genera dudas acerca de las bondades de la apertura comercial y de la integración financiera, elementos centrales de la globalización.

    A esto puede sumarse el hecho de que nuestros gobiernos no tienen la capacidad financiera para poner en práctica políticas anticíclicas de carácter fiscal, ni cuentan con redes de apoyo social que permitan suavizar el impacto de estos choques.

    Estos elementos combinados, -el lento crecimiento, el deterioro social, la vulnerabilidad externa y la imposibilidad de contrarrestar choques-, han sumido a los países de la región en una situación de virtual estancamiento que, por su prolongada duración, constituye un episodio único en la historia económica reciente.

    Como es de esperarse, dicho estancamiento, con su efecto perverso sobre las posibilidades de inversión social y sobre el nivel de vida de la población, ha causado un profundo desencanto y una gran frustración en la población latinoamericana, que aún está esperando los frutos de la apertura democrática que acompañó el proceso de globalización.

    Este escenario de fragilidad política, el prolongado período de virtual estancamiento económico y la falta de espacio para una política económica independiente y dirigida a las necesidades domésticas, contribuyen a conformar un peligroso clima de inestabilidad política que complica aún más la situación actual y hace más urgente su solución.

    Frente a esta situación han surgido dos posiciones. Por un lado, están quienes condenan el modelo de desarrollo y proponen su inmediata supresión, para regresar al aislacionismo del pasado, aderezado con algunas porciones de populismo. Algo simplemente impensable en el escenario de la globalización.

    Por el otro lado, está la propuesta de quienes sostienen que el problema del modelo de desarrollo seguido por América Latina no está tanto en el modelo como tal, sino en el hecho de que nos hemos quedado en la mitad del camino y que no logramos pasar el umbral donde el balance entre costos y beneficios comienza a favorecer a estos últimos. Esto se dice a menudo, por ejemplo, de la integración financiera a los mercados internacionales, cuyos efectos positivos no son aún plenamente evidentes, mientras que esa integración sí ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de las economías de la región a choques externos.

    Se afirma que el problema está en que niveles bajos y moderados de integración no son suficientes para la generación de mayor crecimiento económico, pues no le proveen a la economía de la capacidad de absorción suficiente para asimilar los efectos de la integración, mientras que sí la hacen, en cambio, más frágil y la someten a crisis financieras recurrentes.

    Sin embargo, esperar a que esta llamada “capacidad de absorción” se construya paralelamente a la adopción de estas reformas no es una opción inteligente. Soy de la opinión de que esa capacidad o incapacidad debe tenerse muy en cuenta desde el principio, como parte del diseño de las reformas mismas. No haberlo hecho en su momento puede ser el principal error del modelo de desarrollo de América Latina.

    Hemos aprendido, sin embargo, y es necesario y urgente poner en práctica las lecciones adquiridas. Ya no es una herejía, por ejemplo, decir que la liberalización financiera debe hacerse con mucha mayor cautela que la comercial, ni mencionar la posibilidad de acudir eventualmente a controles a los flujos de capital como medida para disminuir la vulnerabilidad de nuestras economías, ni que las privatizaciones en los servicios públicos deben acompañarse de adecuadas instituciones de regulación, ni tampoco que las reformas a los regímenes de pensiones deben tener muy en cuenta la capacidad de pago de corto plazo de los gobiernos, independientemente de los beneficios de la reforma en el largo plazo.

    También han quedado atrás las ideas de que es obligatorio escoger entre crecimiento y equidad, y que no es necesario complementar los beneficios del crecimiento con medidas que conduzcan a una mejor distribución del ingreso. De hecho, en la revisión de sus propuestas, los autores del llamado Consenso de Washington han llamado la atención sobre la necesidad de moverse en esta dirección y, más aún, han identificado una amplia gama de políticas que promueven la equidad sin afectar el crecimiento económico.

    De la misma manera, al revisar la literatura económica reciente, en especial aquella que trata de identificar las causas del bajo crecimiento de los países latinoamericanos, es posible también llegar a la conclusión de que la vieja distinción entre crecimiento y desarrollo puede y debe ser superada. Dichos estudios han llegado a la trascendental conclusión de que el principal determinante del crecimiento es la calidad de las instituciones del país.

    En efecto, los esfuerzos por invitar inversionistas extranjeros a venir a nuestra región sólo encontrarán eco si, al mismo tiempo, les aseguramos un marco legal adecuado y estable para la regulación y supervisión de sus actividades, bajos niveles de corrupción, mucha transparencia y gobernabilidad corporativa.

    En general, hemos aprendido que existe una estrecha relación entre crecimiento y aquellas instituciones que favorecen el adecuado funcionamiento de los mercados. Esto puede no ser nuevo para muchos de ustedes. Lo que tal vez sí es nuevo es la coincidencia que se ha descubierto entre estas instituciones y aquellas que consolidan la democracia. La satisfacción de una sociedad con su régimen político va de la mano con la satisfacción que ella deriva de su sistema económico.

    El buen comportamiento de la economía ya no es suficiente para asegurar gobernabilidad. Los países latinoamericanos enfrentan un delicado balance entre deuda pública, flujos de capital y crecimiento, de cuyo buen manejo dependerá que consigan el espacio necesario para emprender una política social ambiciosa. Para esto se requieren unas estrategias que, a mi modo de ver, se pueden resumir en una única e indispensable condición: CREDIBILIDAD.

    La credibilidad, a su vez, está cimentada en la madurez que hayan logrado o logren alcanzar las instituciones de los diferentes países, desde las instituciones políticas como los partidos políticos y los parlamentos, hasta las instituciones económicas, especialmente los Bancos Centrales.

    En medio de la incertidumbre sobre la inversión extranjera, las grandes deudas públicas y el bajo nivel de crecimiento, una crisis de credibilidad es particularmente grave porque se alimenta a sí misma, rompiendo este delicado balance y generando un círculo vicioso difícil de frenar.

    Las instituciones y los países

    Veamos algunos casos puntuales en Latinoamérica. Tanto Venezuela como Argentina han tenido que enfrentar crisis de credibilidad que, aunque diferentes, ambas tienen fuertes componentes institucionales.

    El caso argentino ha sido especialmente complejo pues la dolarización le restó margen de maniobra y creó por sí misma un conflicto entre instituciones económicas y judiciales difícil de resolver. Por otro lado, aunque se intentó en varias oportunidades, no fue posible conseguir un consenso político, entre partidos o entre provincias, que le diera credibilidad a un ajuste fiscal, así fuera progresivo.

    En el caso venezolano la crisis de los partidos e instituciones políticas lleva ya una década, con el agravante de que no hay señales de que esté en camino de superarse. Por el contrario, aún en medio de los más altos precios del petróleo de todos los tiempos, la crisis de credibilidad en este país se profundiza, llegando a golpear instituciones claves como la propia empresa petrolera nacional, PDVSA, cuyo manejo profesional es crítico en Venezuela.

    La crisis venezolana nos muestra la compleja interrelación que existe entre los aspectos institucionales y políticos, por una parte, y los aspectos económicos, por la otra. Han pesado más la crisis institucional del país y las pocas luces sobre su resolución que las buenas cifras económicas que pudiesen derivarse del petróleo, en contraste, por ejemplo, con lo que ocurrió con la recuperación rusa después de 1998.

    En Venezuela, la estabilización del país, como una primera etapa hacia el fortalecimiento de los partidos e instituciones políticas, dependerá de la respuesta que el Gobierno dé a la búsqueda de caminos institucionales para devolver la confianza a los mismos venezolanos.

    Resulta interesante dentro de este marco diferenciar dos casos entre lo que muchos analistas ven indistintamente como parte de la ola de populismo que  sacude al continente. Me refiero a la importancia de diferenciar el caso de Venezuela, que surge de una crisis de partidos e instituciones políticas, del caso de Brasil, en donde el Partido de los Trabajadores del Presidente Lula ha tenido una historia y una presencia institucional importante.

    Los ojos de los mercados internacionales se han volteado con razón hacia Brasil previendo que el gobierno de Lula pondrá a prueba la madurez de las instituciones.

    En la medida en que los brasileños puedan ponerse de acuerdo sobre la importancia de la estabilidad macroeconómica como un objetivo de todos los partidos políticos, se abrirá un nuevo camino en donde la inversión extranjera directa encontrará un campo fértil para llegar, independientemente de las dificultades económicas de corto plazo.

    El resultado final de Brasil -que veo con buen pronóstico- tendrá, creo yo, repercusiones importantísimas en el resto de América Latina, no sólo por el efecto sobre los flujos de capital, sino por su ejemplo sobre las instituciones políticas en el resto de los países latinoamericanos que aún no tienen instituciones maduras. Brasil podrá marcar la diferencia entre el populismo de los ochentas -cuyo fantasma asoma aún en algunos países- y la consolidación de un acuerdo alrededor de algunos temas fundamentales, entre ellos la estabilidad y responsabilidad en el manejo macroeconómico.

    El caso colombiano

    No he querido comenzar por el análisis de Colombia, -la experiencia que, por razones obvias, más conozco-, para hacerlo ahora dentro de este mismo contexto que les propongo. A mi modo de ver, a Colombia se le analiza a través de un prisma equivocado en donde prima el factor del conflicto y de la violencia.

    La violencia, indudablemente, es un factor a tener en cuenta para la credibilidad y la confianza. Pero creo que la fortaleza y el desarrollo que han mostrado las instituciones colombianas no han sido estudiados ni valorados a fondo, especialmente en contraste con la mayor parte de América Latina. Incluso, puede afirmarse que la solidez de nuestras instituciones ha sido puesta a prueba, como ninguna otra, por esta violencia, y que ha salido, y sigue saliendo, airosa de esta prueba. La pacífica votación del referendo y los comicios regionales de hace dos semanas -sin entrar a analizar sus resultados- son un ejemplo palpable de la madurez que mantiene la democracia en mi país.

    Uno debería preguntarse por qué la economía colombiana ha tenido un buen comportamiento a pesar de cuarenta años de conflicto. Es decir, ¿por qué, si el conflicto es tan central al análisis, Colombia ha crecido, en promedio, más que muchos otros países de la región que no sufren este problema?

    Estoy convencido de que si la guerrilla hubiese aceptado la propuesta de paz del gobierno, esto hubiera sido un importante paso adelante. Sin embargo, lo contrario no significa haber dado un paso atrás a nivel institucional. El proceso de paz, como tal, fortaleció aún más las instituciones colombianas tanto internamente como a nivel internacional. Veamos dos ejemplos: la credibilidad de las Fuerzas Armadas entre la población colombiana pasó de un 30% a más del 80%, convirtiéndose en la institución con mayor respaldo y credibilidad en el país. Por su parte, la guerrilla perdió, no sólo el mínimo respaldo popular que creía tener en Colombia, sino también el apoyo internacional que antes tenía en Europa y América Latina.

    Hoy el Presidente Uribe cuenta con el apoyo en recursos y tecnología de los Estados Unidos para continuar fortaleciendo el ejército, y con la comprensión -aunque todavía con pocos recursos- de Europa. Además cuenta con un amplio respaldo popular para derrotar a una guerrilla que ha decidido recurrir al terrorismo ante la disminución de su poder relativo. De esta manera, lo que alguna vez fue un conflicto político interno se ha ido convirtiendo a pasos acelerados en una lucha de todos los colombianos contra un grupo de criminales y terroristas financiados por el narcotráfico. Una lucha así, en la cual la sociedad no está dividida sino unida, es mucho más sencilla de resolver y no atenta contra las instituciones democráticas, aunque tenga sus dificultades logísticas y sus dolorosos costos sociales.

    En materia económica los gobiernos colombianos siguen en el camino de reducir el déficit fiscal, más lentamente de lo que le gustaría a los prestamistas nacionales e internacionales, pero con una gran continuidad, sin grandes sorpresas o sobresaltos.

    En Colombia, al igual que en el Brasil, la sostenibilidad de la deuda dependerá de que el crecimiento de la economía reaccione con más rapidez de la que ha mostrado desde la crisis de 1998. Las bases para la recuperación están dadas, entre ellas un conjunto estable de instituciones democráticas y unas instituciones económicas, incluido un Banco Central independiente, que han ido adquiriendo mucho más peso. Pero los flujos de capital están aún a la expectativa.

    La indispensable inversión extranjera

    Mi tesis, entonces, es que en la mayor parte de Latinoamérica las instituciones no se desarrollaron al tiempo con los mercados, lo cual dio paso a un desequilibrio estructural. Es claro que las reformas de los noventas exigían nuevos retos institucionales, que en la mayoría de los casos siguen rezagados. Los países que han logrado avanzar en esas reformas están mejor preparados para afrontar la globalización.

    Ahora bien, la experiencia de los noventas sobre capitales golondrina y tasas de cambio fijas nos ha dejado graves dificultades, pero también valiosas experiencias. Hoy sabemos que  necesitamos vivir con menos deuda externa y, por lo tanto, desarrollar nuestros mercados de capitales. Y tenemos claridad en que debemos cerrar la brecha institucional. Chile y México, sin duda, han avanzado mucho mejor en estos campos que los demás países del continente.

    El momento actual, sin embargo, es muy delicado. Sin flujos de capital no hay crecimiento y sin crecimiento es imposible soportar el peso de la deuda externa acumulada en el pasado y perseverar en las necesarias reformas estructurales. Los nuevos préstamos apenas servirían para pagar los intereses de la deuda vigente, ahogándonos en un remolino sin fin.

    Este escenario sólo puede romperse si logramos poner en movimiento un proceso de crecimiento que esté fundamentado en incrementos en la productividad y que permita hacer un uso eficiente del escaso financiamiento externo con que contamos. Esto lo lograremos si este financiamiento viene acompañado de la tecnología, la experiencia y la cultura empresarial que acompañan a la inversión extranjera directa.

    Así pues, la vía principal -casi la única- que les queda a los países latinoamericanos para salir de la trampa de endeudamiento externo en que han caído es la inversión extranjera.

    La ventaja de la inversión extranjera directa radica en que ésta responde más a consideraciones de largo plazo, encontrando en los países receptores verdaderos socios y no simplemente “prestatarios”. El inversionista extranjero le apuesta a un país y entiende que el futuro de ambos está estrechamente relacionado.

    Esto probablemente es más cierto en América Latina que en cualquier otro continente: por eso afirmo que la inversión extranjera es casi la única salida que nos queda para acelerar nuestro proceso de desarrollo. Por fortuna, se trata de un camino de doble vía, que beneficia tanto a los países como al sector privado. Los empresarios deben ser conscientes de que la región brinda una oportunidad óptima para emprender nuevos y exitosos negocios que les permitan recomponer sus utilidades generando verdadera riqueza.

    Mi llamado, entonces, en esta Asamblea que reúne, a través de sus Cámaras de Comercio, el pensamiento y la fuerza empresarial de Iberoamérica es para que los empresarios tradicionalmente vinculados a América Latina entiendan la verdadera naturaleza de los problemas que hoy enfrentamos, y especialmente las crisis de nuestra deuda externa. Para que no respondan automáticamente a las señales mal informadas y de corto plazo que hoy tiene virtualmente paralizado los mercados internacionales de bonos, sino que usen sus conocimientos y su experiencia directa en el momento de tomar sus decisiones.

    Ustedes, que entienden que la globalización llegó para quedarse y que los retardos en aceptar esta integración sólo generarán inmensos costos económicos y políticos, son quienes pueden influir más decididamente en sus países para que América Latina reencuentre, más pronto que tarde, el camino del crecimiento y de la reducción de la pobreza.

    Apreciados amigos:

    Gabriel García Márquez dijo, en su discurso de aceptación del premio Nobel de Literatura, hace poco más de dos décadas, estas palabras con las que quiero culminar mi exposición:

    “América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspiración occidental”.

    Si hacemos, entre todos, -retomando la cita de Gabo-, que los designios de independencia y originalidad de América Latina se conviertan en una aspiración occidental, habremos avanzado, sin duda, hacia un futuro de cooperación y equidad del que podremos enorgullecernos.

    Muchas gracias


    Lugar y fecha

    Sevilla, España
    10 de noviembre del 2003
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