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  • COLOMBIA: UNA NACIÓN AMANTE DE LA VIDA ENFRENTADA AL MOMENTO MÁS CRUCIAL DE SU HISTORIA RECIENTE

    Hace unos cuantos años Jostein Gaarder le dio vida a una pequeña y curiosa niña llamada Sofía Amundsen y a un extravagante profesor de filosofía, Alberto Knox, quienes revivieron con imaginación y fantasía el interés del mundo, y sobre todo de los jóvenes, por la evolución del pensamiento filosófico. Su magia constituyó en saber hablar de temas complejos con palabras sencillas e imágenes perdurables.

    Hoy quisiera tener ese talento fabulador de Gaarder para contarles a ustedes, sus compatriotas y los compatriotas de Sofía, con claridad y concisión, lo que pasa, lo que vive y lo que sueña mi país: una nación amante de la vida y la alegría que se enfrenta al momento más crucial de su historia reciente.

    Voy a intentarlo, y me siento particularmente honrado de hacerlo hoy en el Instituto Nobel, la entidad que, por voluntad del mismo Alfred Nobel, tiene la inmensa responsabilidad de designar cada año el ganador del Premio Nobel de la Paz. ¡No concibo mejor escenario que éste para hablar de mi país y de su más caro anhelo: la paz!

    Colombia, como las demás naciones del mundo contemporáneo, tiene una larga y compleja historia, llena de éxitos, pero también de fracasos; con muchas cosas aún por hacer pero con sus propios valores, su propia cultura política y sus propias instituciones, forjadas en medio de dificultades y obstáculos como quizás ningún otro país de Latinoamérica.

    Hemos vivido largos períodos de paz en los cuales sembramos las bases de nuestro desarrollo, pero a esos años han sobrevenido otros de confrontación violenta que han amenazado con destruirlas. Sin embargo, y pese a lo duro de las confrontaciones, los colombianos seguimos trabajando por un futuro mejor, con la confianza que nos dan nuestras instituciones y el conocimiento de un pasado que ha sido testigo más de una vez de la grandeza de nuestras gentes.

    En mi país, por fortuna, la práctica de la democracia, las elecciones libres, el respeto a las libertades fundamentales, la promoción de los derechos humanos, incluyendo en éstos los derechos de contenido social y económico, así como los llamados derechos de tercera generación, sigue siendo característica esencial de nuestro sistema político.

    En octubre del año pasado, hace seis meses, millones de colombianos eligieron libremente y mediante masivas votaciones a sus mandatarios regionales: gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, en una muestra más de que Colombia, pese a las dificultades de orden público, cree  más que nada en el poder del voto y en el ejercicio de la democracia.

    Esto lo traigo a cuento porque a veces se olvida que Colombia ha construido pacientemente una institucionalidad respetable, que ha resistido durante los últimos lustros el embate feroz de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, que no se ha alejado de la democracia, que la legitimidad del gobierno es indiscutible, y que su clase dirigente ha hecho esfuerzos para abrir a todos los sectores de la sociedad  el esquema político, en un sistema multipartidista que cada vez incluye más opciones independientes y novedosas.

    Colombia ha sido y sigue siendo un baluarte de democracia, estabilidad política y estabilidad económica en América Latina.

    Como toda democracia, ha tenido y tiene imperfecciones. Pero siempre hemos obrado con la voluntad de superarlas, sin transitar las vías del autoritarismo. El gobierno que me honro en presidir fue elegido en unos comicios electorales cuya transparencia nadie ha puesto en duda, con la mayor votación de la historia, y recibió el poder de su antecesor, integrante del partido contrario, sin traumatismos ni contratiempos. Las ramas del poder público funcionan en forma separada y autónoma y los órganos de control cumplen sus labores en total independencia.

    Señoras y señores: ¡Si la democracia en Colombia fuera débil, ya habría desaparecido! Nuestra fuerza está precisamente en ella y en nuestra fe en sus valores.

    Por estos días Colombia vive ciertamente circunstancias que nos están poniendo a prueba como nación, pero estamos seguros de que saldremos adelante con renovados bríos, como ya lo hemos hecho en el pasado.

    El legado histórico de nuestras generaciones pasadas, que constituye nuestro más valioso activo, se ha visto amenazado en las dos últimas décadas por la aparición en nuestra vida nacional del fenómeno del narcotráfico.

    Éste, con los inmensos recursos económicos que genera, ha sido el principal catalizador de la violencia en el país; ha distribuido grandes sumas de dinero en diferentes sectores sociales, alimentando intensos ciclos de corrupción; ha desplazado con cultivos ilícitos la tradicional geografía agrícola de nuestro país, así como impulsado la colonización de nuevos territorios para su expansión. En esas zonas, y por la razón misma de ser una actividad ilícita, el narcotráfico se desenvuelve en medio de una dramática violencia con altos costos sociales, que lo convierten en un generador de conflictos y de pobreza.

    Colombia, sin embargo, pese a que no ha contado con los suficientes recursos para enfrentar tal amenaza, jamás ha claudicado ante ella. Por el contrario, sacrificando buena parte de sus mejores hombres y mujeres, y desviando importantes sumas de dinero que bien pudieran haberse invertido en desarrollo social, el país ha asumido con entereza y valentía la parte que le corresponde frente a un delito que tiene una naturaleza claramente internacional.

    No exagero si les digo que por cada aspiración de cocaína en Europa, en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo hay un muerto en Colombia.

    Pero, mientras logramos que las cargas para enfrentar este delito se distribuyan en forma equitativa, Colombia tiene que seguir su camino histórico de consolidación y fortalecimiento de un Estado social de Derecho que nos permita insertarnos positivamente en el mundo globalizado de este siglo XXI.

    Sobre ese objetivo mi gobierno ha venido trabajando incansablemente, asumiendo con valentía todos y cada uno de los retos que los actuales momentos nos han impuesto. No hay problema que no estemos enfrentando, no sólo con decisión, sino ante todo con perspectiva de largo plazo, construyendo el futuro en medio de no pocas incomprensiones y sacrificios.

    Desde el primer día de mi gobierno anuncié que le daríamos un profundo cambio al rumbo que traía el país y que ello lo haríamos respetando en todo momento nuestras instituciones democráticas y constitucionales. Mi decisión se fundaba en que Colombia venía acumulando unos problemas cuya solución no podía continuar aplazándose con fórmulas simplistas, y los comenzamos a enfrentar conociendo de antemano los costos políticos de impopularidad que ello acarrea.

    Por tratarse de problemas alimentados en medio de una compleja trama de procesos históricos, no hemos prometido milagros sino trabajo serio y responsable, audacia para buscar salidas creativas, tenacidad para enfrentar las adversidades y valor para aplicar los correctivos, por dolorosos que ellos sean.

    Identificamos como los grandes problemas que nos aquejan la violencia, la corrupción, la pobreza generada por el desempleo, el desequilibrio del gasto público y el debilitamiento del Estado. Ante todos ellos hemos venido actuando sin vacilaciones y hoy los resultados se comienzan a sentir en forma positiva.

    Colombia viene soportando desde hace cuatro décadas el costo social de un conflicto armado que desangra nuestro país y que en buena parte es financiado por los dineros del narcotráfico. Superar este conflicto mediante la negociación y el diálogo es un reto que mi gobierno ha asumido en cumplimiento del mandato que le otorgaron millones de colombianos.

    Pero debo ser claro, porque frecuentemente hay mucha confusión en la comunidad internacional sobre la verdadera dimensión de este conflicto. En Colombia no hay una guerra civil, sino una guerra contra la sociedad civil.

    Una guerra civil se da cuando los hijos de una misma nación se enfrentan entre sí en bandos que agrupan grandes proporciones de sus habitantes. Pero éste no es el caso de Colombia. Nosotros somos un país con cerca de 40 millones de habitantes, donde los actores armados al margen de la ley, tanto guerrilleros como autodefensas, no llegan siquiera a 40.000 miembros, o sea, menos de una milésima parte de la población, con un apoyo popular que no alcanza ni al 3% de los colombianos.

    En Colombia, la inmensa mayoría queremos la paz y no la confrontación, y en ese propósito estoy comprometido, en una política que no es sólo del Gobierno sino que corresponde a una verdadera política de Estado, que reúne en torno suyo a las diversas fuerzas políticas y sociales de la nación.

    Hoy puedo decir que, a pesar de los recientes tropiezos en el proceso, hemos avanzado en dos años lo que fue impensable durante décadas. Con las FARC, el grupo guerrillero más grande y antiguo del país, hemos iniciado un proceso de negociación, con una agenda y unos procedimientos definidos, en el que han intervenido todos los estamentos de la nación. Las fuerzas vivas de Colombia, mediante un proceso de audiencias públicas, expusieron ante un Comité Temático compuesto por miembros de las instituciones colombianas y de la guerrilla, sus fórmulas para avanzar en materia de empleo y reactivación económica, con miras a su próxima discusión en la Mesa de Negociaciones. Más de 1.100 colombianos de todos los sectores, de todas las regiones, presentaron sus propuestas y más de 24.000 se hicieron presentes en las audiencias públicas, que, además, eran transmitidas por televisión.

    Hace un año negociadores de las FARC y del gobierno estuvieron visitando algunos países europeos, incluyendo Noruega, con el ánimo de conocer la experiencia de diferentes modelos económicos, y de poder discutir algunos temas propios del mundo del nuevo milenio. En particular se habló del imperativo moral de humanizar el conflicto mediante el respeto por parte de la guerrilla de las normas del Derecho Internacional Humanitario.

    Más recientemente, en medio de un periodo de congelamiento del proceso por parte de las FARC, fui personalmente a encontrarme con el jefe de este grupo guerrillero y acordamos continuar el proceso, dotándolo de mayores garantías y de mayor acompañamiento internacional. Parte de este acompañamiento se ha visto reflejado en la creación de una Comisión de Países Facilitadores, en la cual tenemos la suerte de incluir a Noruega.

    Contra nuestra voluntad, nos hemos visto obligados a adelantar los diálogos en medio de la confrontación, pero esperamos hechos de paz de parte de los alzados en armas. Entretanto, seguiremos cumpliendo con el deber constitucional de salvaguardar el orden y la tranquilidad de los ciudadanos, para lo cual estamos fortaleciendo la eficiencia de las Fuerzas Armadas en un marco de respeto a los derechos humanos.

    Con el ELN, la segunda organización guerrillera del país, hemos avanzado también en el camino hacia la iniciación de un proceso de diálogo, que se pueda realizar en una Zona de Encuentro, con veeduría internacional y un término fijo. En esta fase del proceso hemos contado también con la presencia de Noruega como parte del Grupo de Países Amigos.

    En cuanto a los llamados grupos de Autodefensa, que se han formado ilegalmente como una respuesta de violencia y venganza contra los ataques absurdos de la subversión, quiero dejar muy claro que el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas de la nación los perseguimos con todo el peso de la ley, como se debe perseguir a unos criminales que siembran muerte y dolor por todo el país.

    Si algunos pocos militares descarriados del buen juicio, de manera individual, los han apoyado o han sido negligentes en su persecución, los hemos ido detectando, sancionando y separando del servicio. Pero debo ser enfático en que las fuerzas armadas de Colombia no son aliadas ni cómplices de este grupo delincuencial, al cual no le reconocemos ni le reconoceremos jamás un carácter político.

    Debe saber la comunidad internacional que tenemos un Plan de Acción definido contra estos grupos delincuenciales, que estamos llevando a cabo con decisión y convicción.

    En primer lugar, hemos creado un “Centro Nacional de Coordinación para la Lucha contra los Autodefensas Ilegales”, en el cual, además, del Gobierno y la Fuerza Pública, participan la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo.

    En segundo término, creamos también una Brigada Financiera, en la que participan la Fiscalía, la Superintendencia Bancaria, la Dirección de Impuestos y los organismos de inteligencia del Estado, para detectar y combatir los fondos provenientes de la actividad delictiva de las autodefensas, así como a quienes financian a estos grupos ilegales.

    En tercer lugar, estamos luchando denodadamente, realizando múltiples operaciones militares contra estos grupos, las cuales se han incrementado en un 123% en el último año. Ahora bien: Es bueno aclarar que si las cifras de capturados son inferiores a las que se dan contra la guerrilla, esto también se debe a que estos grupos son tres veces más pequeños que éstas. Pero veamos los datos: Durante mi gobierno se han capturado 719 y dado de baja a 134 de sus miembros. Sólo el año pasado 419 integrantes de grupos ilegales de autodefensa fueron dados de baja o capturados, superando en un 14% el número de capturados y en un 163% el número de abatidos en el año 1999. Además, en los tres primeros meses del presente año hemos abatido en combate o capturado a 128 miembros de las autodefensas. Inclusive, hemos derribado un helicóptero artillado de estas fuerzas irregulares.

    Otro dato importante es el de los miembros de grupos de autodefensa que hoy están en prisión: Cerca de 800, vale decir, más del 10% de sus integrantes, están hoy retenidos en las cárceles colombianas, un porcentaje mucho mayor que el de guerrilleros detenidos.

    En cuarto lugar, hablando ya del aspecto judicial, las cifras también son contundentes: la cantidad de acciones penales que adelanta la Fiscalía contra los grupos de autodefensa es más de tres veces superior a las ejecutadas contra la subversión.

    Pero las investigaciones no son sólo penales, sino también administrativas, las cuales han producido importantes resultados. ¡En Colombia no se promueve la impunidad! Las denuncias por hechos de colaboración u omisión ejecutados por miembros de la fuerza pública a favor de estas fuerzas irregulares no quedan impunes. Además de las medidas disciplinarias internas, son investigadas por órganos de control y fiscalización independientes, que desarrollan sus procesos y adoptan sus decisiones con total autonomía del Gobierno, que las respeta y acata. Como prueba irrefutable de lo que afirmo están los fallos de destitución y condena que han afectado a altos oficiales de las fuerzas armadas por acciones u omisiones que fueron denunciadas.

    En quinto término, hemos atribuido al comandante general de las fuerzas militares, en el marco de una amplia reforma legal dirigida a la modernización y profesionalización de las fuerzas militares, la facultad discrecional de desvincular en forma inmediata de las filas, sin juicio previo, a los uniformados, cualquiera que sea su rango, contra los que existan sospechas fundadas de que violan derechos humanos o colaboran con los grupos ilegales. En su breve tiempo de vigencia, esta atribución ya ha sido ejercida,  separando de las filas a 458 miembros de las fuerzas militares, incluidos 89 oficiales.

    Hemos reformado también la Justicia Penal Militar y las normas penales colombianas, limitando el fuero militar y tipificando en nuestra ley delitos como la desaparición forzada y la tortura.

    En sexta medida, es resaltable que la mayor parte de las actividades de fumigación de cultivos ilícitos extensos la estamos realizando en zonas de alta presencia de los autodefensas, donde hemos destruido decenas de laboratorios de procesamiento de droga.

    Como puede verse, el Estado colombiano no se ha quedado quieto ni se quedará quieto en su lucha denodada contra estos grupos criminales. Estamos obrando siguiendo un plan serio y coherente, que está produciendo buenos resultados.

    Mi Gobierno está comprometido a fondo con la aplicación de unas normas mínimas de humanidad que alivien, siquiera parcialmente, el sufrimiento causado por el conflicto interno a sus víctimas y a la población civil.

    En este sentido, hemos incorporado a nuestra legislación interna la Convención de Ottawa para la Prohibición y Destrucción de las Minas Antipersonales. Asimismo, exoneramos de la prestación del servicio militar a los menores de 18 años de edad, yendo más allá de lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.

    Estimados amigos de Noruega:

    Como ustedes saben, vengo de asistir a la III Cumbre de las Américas en Quebec, donde nos reunimos los Jefes de Estado y de Gobierno de 34 países de América. ¡Con cuánta satisfacción recibí allí el respaldo decidido de todo el continente americano a nuestros esfuerzos por la paz, por la reconciliación y por la profundización de los valores democráticos!

    Con claridad, todos los representantes de los Estados americanos pidieron un compromiso firme hacia el cese al fuego y el fin de las hostilidades, y solicitaron a los grupos guerrilleros actuar de manera que corresponda a los esfuerzos del Gobierno colombiano para lograr este objetivo.

    Yo sé que en Noruega y en toda Europa podemos encontrar un clamor similar, para que pronto en Colombia los violentos dejen de utilizar la razón de la fuerza y comiencen a creer en la fuerza de la razón.

    Hoy puedo decirles, con el corazón en la mano, que no sé si voy a poder consolidar la paz durante el año y tres meses que me quedan al frente de la Presidencia de Colombia, pero que no cesaré jamás de luchar por ella.

    Pueden estar seguros de que dejaremos sentadas las bases del diálogo y la convivencia, para que las generaciones futuras disfruten de un privilegio que nosotros infortunadamente no hemos tenido: el privilegio de vivir en paz.

    Apreciados amigos:

    Todas las acciones que hemos asumido para buscar la paz, para combatir la corrupción, para sanear las finanzas públicas y para recuperar la economía, buscan en últimas el fortalecimiento de la presencia institucional del Estado como prerrequisito básico e inaplazable para que el país se inserte positivamente en este mundo de la globalización.

    Es dentro de esa perspectiva donde se inscribe la Estrategia de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social que estamos adelantando en Colombia y que hemos presentado a la comunidad internacional. Como país, y con el consenso de todas las fuerzas, estamos enfrentando el reto de recuperar las responsabilidades centrales del Estado: la promoción de la democracia, la generación de condiciones para el empleo, el respeto por los derechos humanos, la búsqueda de la paz y la lucha contra el narcotráfico.

    Con esta Estrategia estamos construyendo los cimientos de una paz duradera y de un desarrollo con justicia social, y nos asiste la confianza de que obtendremos el respaldo de los países amigos que le quieren hacer justicia al coraje y sacrificio que en las últimas décadas ha hecho nuestra nación.

    Estoy convencido de que el Reino de Noruega, como participante activo del Grupo de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, seguirá apoyando este mecanismo de apoyo a los sectores más vulnerables de nuestro país, tal como lo hizo en la reunión de octubre pasado en Bogotá. Nuestra próxima reunión de Bruselas será la mejor oportunidad para que Europa continúe demostrando con hechos que el principio de responsabilidad compartida es mucho más que retórica: es una realidad palpable que enaltece al pueblo noruego y a sus colegas europeos por el compromiso que asumen con el futuro de la humanidad.

    Dentro de los programas a cuya cooperación hemos convocado, en un acto de responsabilidad más que de simple solidaridad, a la comunidad internacional, están los relacionados con la atención a la población desplazada por el conflicto armado; el apoyo a programas comunitarios de carácter ambiental, de construcción de obras de infraestructura o de tipo productivo; la protección a los defensores de derechos humanos, y la implementación de programas de desarrollo integral alternativo que posibiliten la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos legales, con el menor costo ambiental y social.

    Yo sé que Noruega es, con orgullo, una abanderada de la lucha por el medio ambiente en Europa y en el mundo, y por eso los invito a cooperar con entusiasmo en la preservación del ecosistema colombiano, que contiene el 10% de la biodiversidad del planeta y que se ve seriamente afectado por la deforestación causada por los cultivos de coca y amapola. Se calcula que en los últimos 10 años se han destruido, por causa de la droga, cerca de un millón de hectáreas de bosques naturales en Colombia. Es una cifra aterradora que nos mueve a todos a la acción.

    Hoy quiero contarles que los programas de sustitución manual y voluntaria de cultivos ilícitos están avanzando con buenas perspectivas en zonas tan complejas como el Putumayo, donde los campesinos y los indígenas están comenzando a acogerse a los programas y las alternativas que les brinda el Gobierno.

    Por supuesto, estos programas –de inmensa trascendencia- son válidos frente a los pequeños cultivadores, pero no resultan suficientes para contrarrestar los cultivos ilícitos a escala industrial. En estos casos sigue siendo necesaria la fumigación, pero la comunidad internacional puede tener la seguridad de que, en dichos eventos, hacemos hasta lo imposible para no comprometer el medio ambiente. Es más: nos hemos negado a usar elementos exógenos como el hongo fusarium oxisporum, para evitar riesgos de deterioro no sólo ambiental, sino también en la salud humana.

    Y es importante hacer una claridad adicional: es mucho mayor el daño ambiental que producen los narcotraficantes para sembrar y producir la droga que el que pudiera derivarse de los procesos de fumigación que realiza el gobierno sobre los cultivos ilícitos extensos, donde se utilizan parámetros técnicos rigurosos para minimizar los efectos nocivos en la población y el medio ambiente. En efecto, mientras en 1998 se emplearon 150.000 litros del herbicida glifosato para fumigar, el narcotráfico empleaba 163.000 toneladas de químicos para la siembra y el procesamiento de droga.

    Se estima que en los últimos 15 años se utilizaron, para la producción de estupefacientes, más de 900 mil toneladas de precursores químicos, cuyos deshechos generalmente van a parar a las miles de riachuelos que circundan nuestro territorio. Así que, como pueden ver, en este caso no se puede decir que el remedio sea peor que la enfermedad. Dejar crecer el negocio de la droga, alegando motivos ecológicos, sería la más funesta y equivocada alternativa para el medio ambiente no sólo colombiano, sino mundial.

    Estimados amigas y amigos:

    Estamos construyendo los colombianos, con el respaldo de la comunidad internacional, la Colombia del siglo XXI: una Colombia en paz, con oportunidades de empleo para su gente, con unas instituciones fuertes y con una economía sólida, caminando el sendero del progreso y la justicia social y contando con la participación activa de las demás naciones del planeta en la lucha contra el problema mundial de las drogas.

    ¡Esa es la Colombia que estamos forjando, con la voluntad y el coraje de todos los colombianos, con la decisión indeclinable de mi gobierno y con el apoyo solidario de muchos países amigos, como el Reino de Noruega!

    La historia de las naciones puede ser leída como la sucesión de períodos de auge y caída, de declives y renacimientos. Pero siempre ha sido la voluntad libre de los hombres la que ha logrado superar los derrumbamientos y construir la prosperidad, como nos lo ha enseñado, a través de los siglos, el pueblo noruego, que hoy es, sin duda, un ejemplo de convivencia y de logros sociales y económicos para todo el mundo.

    Los colombianos hemos vivido el invierno de nuestras desventuras pero, y en esto no tengo la menor duda, estamos comenzando a vivir la primavera de nuestras esperanzas. Tenemos la capacidad para hacerlo. No somos un pueblo de violentos, mediocres o corruptos, como algunos con mucho simplismo nos quieren rotular. Somos, por el contrario, un pueblo que lucha contra muchas adversidades y que empieza a recuperar la confianza en lo mejor de sus valores y capacidades para seguir adelante.

    Decía Henrik Ibsen que “un pueblo con vida, por diezmado que se encuentre, extrae de la adversidad médula y fuerzas”. Esa descripción se ajusta con precisión al caso colombiano y resume la razón por la que hoy estoy aquí, con ustedes, hablando de mi país, de sus problemas y de su inmensa capacidad para superarlos: Porque Colombia es “un pueblo con vida”.

    Porque, como decía nuestro Premio Nobel, Gabriel García Márquez, merecemos y estamos consiguiendo “una segunda oportunidad sobre la tierra”.

    ¡Los invito, amigos míos, a acompañar a Colombia en este compromiso con la esperanza y el porvenir!

    Muchas gracias.


    Lugar y fecha

    Oslo, Noruega
    24 de abril del 2001

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