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  • CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

    El 4 de julio de 1991, cuando al unísono los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente proclamaron la vigencia de la nueva Constitución Política de Colombia, se sellaba un proceso de reformas esenciales en la vida jurídica y política nacional y se daba inicio a otro proceso no menos importante de implementación y ajuste de la nueva carta magna.

    En 380 artículos permanentes y 60 artículos transitorios estaban resumidas las expectativas de todo un pueblo y el trabajo diligente de 70 constituyentes, elegidos por el voto popular de los más diversos sectores de la sociedad y de la política, representantes de los partidos tradicionales, del recientemente incorporado a la vida civil M-19, de otros movimientos políticos o religiosos, y de etnias indígenas. Incluso, participaron cuatro delegatarios con voz, pertenecientes a grupos guerrilleros en proceso de desmovilización.

    Se trataba, pues, de convocar a la nación entera, al pueblo mismo en el que reside el poder constituyente primario, para que participara a través de sus legítimos voceros en la construcción del nuevo andamiaje político del Estado.

    Y así nació una Constitución que habría de cambiar el curso de la vida nacional y que ha atravesado con nosotros el umbral del nuevo siglo y del tercer milenio, generando el marco institucional para que los colombianos luchemos ordenadamente por la paz, por el progreso y por la justicia social.

    Desde el nacimiento de la nueva constitución hasta hoy han transcurrido casi ocho años y medio, tiempo suficiente para evaluar sus bondades, identificar o corregir sus deficiencias y analizar su impacto en el entorno nacional.

    Son muchos los cambios fundamentales que propuso la Carta de 1991 y no es éste el espacio para estudiar con profundidad cada uno de ellos. Ella buscó generar un viraje desde un Estado fuertemente presidencialista y centralista, con democracia representativa y un concepto monolítico de la nación hacia un Estado con un régimen presidencial más moderado, mayor autonomía de los entes territoriales, con democracia participativa y claramente pluralista.

    Instituciones jurídicas y económicas como la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Junta Directiva del Banco de la República; mecanismos legales de participación, como la elección de gobernadores, el referendo, la consulta popular, las iniciativas legislativas y la revocatoria del mandato de origen popular, y acciones legales, tales como la tutela, la acción de cumplimiento y las acciones populares, fueron avances definitivos para hacer de los principios y derechos proclamados en la Constitución postulados concretos con facultad de ser exigidos y ejecutados por cualquier ciudadano.

    Nuestra Constitución apuesta por el hombre, como individuo, como parte de una familia y como sujeto de derechos y de deberes dentro de la sociedad. Es una constitución que aboga por primera vez por el desarrollo sostenible y la necesaria protección del medio ambiente. Es una constitución que protege ante todo los derechos humanos, regulados en 85 artículos y rodeados de todo un sistema de garantías, incluyendo el reemplazo del estado de sitio por los más limitados estados de excepción.

    Ante esta amplia declaración de derechos, que contempla desde el derecho a la paz hasta el derecho al libre desarrollo de la personalidad o a un ambiente sano, no han faltado los críticos que hayan hablado de una “constitución para ángeles”. Por supuesto, cualquiera es consciente de que la mera enunciación de derechos no es garantía de su respeto y protección, pero sí es el primer paso –y uno muy importante- para movilizar los mecanismos estatales y la misma conciencia ciudadana hacia este objetivo fundamental.

    Esta nueva edición de la Constitución Política de Colombia realizada por la Imprenta Nacional, la última del siglo XX, difiere, por supuesto, de la primera edición realizada a comienzos de 1992, por cuanto varios actos legislativos han modificado ya algunas de sus normas. Dos de estas reformas me parecen de una alta significación:

    En primer lugar, es resaltable la modificación del artículo 58, gracias a la cual ya no se permite la expropiación sin indemnización. Este tema fue desde la expedición de la Constitución un motivo de preocupación que generaba incertidumbre a los inversionistas extranjeros sobre la debida protección y estabilidad del capital invertido en nuestra nación. Gracias a la reforma, hoy estamos reactivando las inversiones del exterior en nuestro país y firmando acuerdos de estímulo recíproco a las inversiones con varios Estados.

    En segundo lugar, la modificación del artículo 35 de la Carta, que prohibía la extradición de nacionales, ha sido un triunfo de la legalidad y de la aplicación universal del derecho sobre los intereses que propugnaban por la prohibición, a pesar de que ésta representara en muchas ocasiones la impunidad para los criminales nacionales que delinquían en el exterior.

    Y es que la constitución de un país en movimiento, como lo es toda entidad conformada por seres humanos, debe ser a la vez firme y flexible. Firme, como garantía de estabilidad para todos los asociados, y flexible, para que pueda incorporar los cambios que demanden las nuevas situaciones o corregir las deficiencias que no se hubieran advertido en su redacción original.

    La Constitución es la columna vertebral del Estado y al tiempo la carta de navegación para la realización de los sueños del pueblo que constituye la nación. Esta constitución que establece el derecho a la paz y a la vez el deber de procurarla y mantenerla ha sido y seguirá siendo la inspiración del cambio hacia un horizonte de justicia social y la brújula que guía a los gobernantes hacia el norte que la misma nación se ha fijado.

    Ese norte es la paz. Ese norte es el progreso económico con justicia social. Ese norte es un país con igualdad de oportunidades. Ese norte es la Colombia ideal por la que estamos trabajando, en la que convivan las diferencias y se congreguen los esfuerzos de todos los colombianos. Sólo así entendida, la Constitución tendrá sentido, más que jurídico, ético.

    Bolívar planteó ante el Congreso de Angostura el ideal de ese gobierno que debe ser el resultado de una buena Constitución: “Un Gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables, la Igualdad y la Libertad”.

    Bajo esta perspectiva nos juzgará el futuro y será él quien diga la última palabra.

    ANDRÉS PASTRANA ARANGO

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