• Banner textos

  • DEJAREMOS UN PAÍS EN EL QUE EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD PRIME SOBRE EL NEFASTO POPULISMO

    XXXIII ASAMBLEA GENERAL DE GOBERNADORES

    “Hay que regresar el poder al pueblo en la mayor extensión posible. (…) convocar la opinión de las gentes no para dividir la nación sino para unirla. Amplia participación, consenso, respeto a las minorías, aún las más distantes del credo del partido dominante, son los pilares de una nueva democracia y las columnas firmes para que el edificio de la misma no sea frágil”.

    Mi padre, el ex-presidente Misael Pastrana Borrero, escribió estas palabras hace más de 10 años y hoy vuelvo sobre ellas porque siguen resumiendo el ideal de democracia por el que luchamos y debemos seguir luchando todos los colombianos.

    Queremos una democracia que una, no que divida. Una democracia de respeto, no de intolerancia. Una democracia de participación, no de mera representación. Una democracia de consensos, no de imposiciones.

    Por esa democracia vale la pena trabajar, y esa es la democracia que -fortalecida- pudimos ver en acción el pasado domingo 10 de marzo, cuando más de 10 millones de ciudadanos se volcaron entusiasmados a las urnas para depositar sus votos. Pero esta vez no fueron tan sólo votos por éste o aquel candidato. Fueron votos de confianza en su democracia y votos de rechazo a los violentos y los terroristas que se siguen oponiendo a ella.

    La política, que es el arte de gobernar y de conciliar las diferencias por la vía del diálogo y la dialéctica, ha recibido el mensaje claro de un pueblo que quiere fortalecerla y que, al mismo tiempo, apuesta por su renovación, en aras de una mayor transparencia y eficiencia en la gestión pública.

    Nosotros, los gobernantes, tenemos que estar atentos, más que nada, al corazón del pueblo, en cuyo nombre ejercemos nuestras funciones. Hay una antigua historia china sobre este tema, cuya moraleja siempre me ha guiado, y que hoy quisiera compartir con ustedes:

    Se trata de la historia de un joven príncipe que fue enviado por su padre, el rey, a estudiar el arte de gobernar con el sabio maestro Pan Ku. Dicen que la primera tarea que el maestro dio al joven príncipe fue la de ir solo a un bosque cercano y regresar en un año para describir los sonidos del bosque:

    Pasado el tiempo, el discípulo regresó y dio su reporte al Maestro: “Pude oír el canto de los pájaros cu-cu, el roce de las horas, el aleteo del picaflor, el sonido de los grillos, el correr de la brisa por la grama, el zumbido de las abejas y la brisa susurrar y aullar”. Pan Ku, sin embargo, no quedó satisfecho y volvió a enviar al Príncipe al bosque para que escuchara lo más que él pudiera oír.

    El joven, asombrado, regresó, y pasó días y noches atento a escuchar, sin percibir nada nuevo a lo que ya conocía. Una mañana, al fin, comenzó a discernir débiles sonidos, diferentes a los que había oído antes. Entonces volvió donde su Maestro y le dijo: “Cuando yo escuché más de cerca, pude oír lo que no se oye: el sonido de las flores cuando se abren, el sonido del sol calentando la tierra y el sonido de la grama bebiendo el rocíol matinal”.

    El Maestro movió la cabeza en signo de aprobación y le dijo: “Oír lo inaudible es una disciplina necesaria para ser un buen gobernante. Sólo cuando un gobernante ha aprendido a escuchar de cerca el corazón de su gente, oyendo sus sentimientos no comunicados, dolores no expresados y las quejas no dichas, puede él inspirar confianza en su gente, entender cuando algo está mal y encontrar las verdaderas necesidades de sus ciudadanos. La muerte de los Estados sobreviene cuando los líderes escuchan sólo las palabras superficiales y no penetran profundamente en el alma de la gente para oír sus verdaderas opiniones, sentimientos y deseos”.

    De la misma manera, apreciados Gobernadores de Colombia, tenemos nosotros que estar atentos a esa voz popular, a ese sentimiento interno de nuestra gente, que debe ser el norte de nuestras acciones.

    Cuando llegué al Gobierno, interpreté el sentimiento nacional, que además se había expresado en una votación sin precedentes, el cual pedía buscar la paz a través del diálogo y la negociación política, y obré de acuerdo con ese sentimiento y ese mandato.

    Pero no se trataba de cumplir apenas en la forma, sino de darle una oportunidad genuina, posible, generosa, a la paz. Así lo hice, a costa de incomprensiones y críticas, pero seguro de que era un camino que teníamos que ofrecer y que era indispensable recorrer.

    Infortunadamente, como lo ha tenido que sufrir el país, ganaron los guerreristas dentro de las FARC y nos han abocado a una situación de terrorismo que hoy nos exige a todos -más que nunca- obrar juntos, con vocación de patria, superando esas diferencias que se hacen pequeñas frente al inmenso reto que estamos afrontando como nación.

    No es la primera vez que nuestro país se enfrenta a la amenaza del terrorismo. Lo hemos vencido antes -cuando sufrimos el narcoterrorismo de los carteles- y podemos vencerlo otra vez si obramos como un solo cuerpo, con la solidaridad de defender entre todos la libertad y la democracia que nos legaron los próceres de la independencia.

    Tal como lo hablamos en la reunión que sostuvimos hace pocas semanas en la Casa de Nariño, éste es el momento para actuar unidos y para ponerle grandeza a nuestras acciones. Tenemos una inmensa responsabilidad por delante pero la vamos a cumplir, más aún porque contamos con el respaldo de unas Fuerzas Armadas mejor dotadas y más profesionales que nunca, porque contamos con un pueblo unido en torno al rechazo a la violencia y contamos, también, con el apoyo y la comprensión de la Comunidad Internacional.

    Con ese trípode poderoso -Fuerzas Armadas, Nación y Comunidad Internacional- no cabe duda de que los colombianos tenemos cómo ganarle a los terroristas. No será fácil, tomará tiempo seguramente, pero tarde o temprano los guerreristas dentro de las FARC y dentro de otras organizaciones criminales acabarán por entender que nunca, ¡nunca por las armas podrán entrar al corazón del pueblo!

    Es bueno reflexionar, sin embargo, ahora que las ideas y las emociones se han asentado, sobre el proceso de paz y lo que le deja a Colombia, porque estos tres años y medio de esfuerzos no han sido en vano para nuestro país:

    En primer lugar, la derrota política de las FARC, un grupo que despilfarró la opción política que con generosidad le ofreció el pueblo colombiano y que hoy ha perdido el poco respaldo popular que alguna vez creyó tener, gracias a que sus acciones e intenciones han quedado desenmascaradas ante la opinión pública nacional e internacional.

    En segundo término, se logró una total comprensión por parte de la comunidad internacional sobre el conflicto interno colombiano. Ahora el mundo sabe, a conciencia, que  nuestro conflicto no es una guerra civil sino que es una guerra de unos pocos violentos contra la sociedad civil. Ahora el mundo sabe que los que verdaderamente estamos luchando por el pueblo estamos del lado de las instituciones y no del lado del terrorismo, y, por ello, cada vez recibimos más apoyo y respaldo para nuestros esfuerzos por la paz y la democracia.

    En tercer lugar, algo muy importante sobre lo cual se ha reflexionado poco. El proceso de paz nos ha dejado una importante agenda de trabajo que estamos en la obligación de seguir adelantando, -con las FARC o sin las FARC-, porque ella contiene los grandes temas y las grandes reformas que necesita debatir el país. La Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia que se acordó en mayo de 1999, con la participación de diversos sectores de la vida nacional, y sobre la cual se surtieron audiencias públicas e importantes aportes y discusiones, debe seguir siendo trabajada por los colombianos que sí queremos alcanzar la justicia social desde la democracia y por medios pacíficos.

    Por ese sendero tenemos que transitar, y de hecho ya lo estamos haciendo, comenzando por el inaplazable tema de la reforma política, que cada día se hace más necesaria y sobre la cual hoy, por fortuna, existe un importante consenso.

    Ustedes saben que esa fue mi bandera y que presenté en tres oportunidades la reforma política al país, sin que pudiera salir exitosa por los obstáculos de la misma clase política. Hoy más que nunca -y así se vio en las últimas elecciones- la opinión pública está reclamando la realización de esta tarea nacional contra la corrupción y por el fortalecimiento de la democracia.

    Estamos muy satisfechos por el buen desarrollo de las últimas elecciones, pero no podemos dejar de anotar que éstas sacaron a la luz unas fallas en nuestro sistema político que es urgente solucionar. Por ejemplo, existe una cantidad exagerada de partidos, movimientos y candidatos, sin mayores controles o requisitos. Ahora hay 76 organizaciones políticas inscritas y ya hay 50 más haciendo fila para inscribirse. Aquí cualquiera crea un partido y , lo que es más grave, desde los partidos otorgan irresponsablemente avales a candidatos que ni siquiera conocen, permitiendo que personas de dudosa procedencia lleguen al Congreso de la República.

    Hoy quiero recordarle a los partidos y movimientos políticos que, de acuerdo con el Estatuto de los Partidos Políticos en Colombia, ellos son garantes de las calidades morales de sus candidatos desde el momento de su inscripción y hasta cuando terminen su periodo. Infortunadamente, parece que a muchos se les olvidó esta elemental obligación con los colombianos.

    Hoy cualquiera es candidato y los partidos funcionan sin agenda ni compromiso frente a sus afiliados ni frente a sus electores. ¡Esto no puede seguir así, y mi obligación como gobernante es retomar esta bandera, que jamás abandoné, para que Colombia comience ya mismo -sin más demoras- la discusión definitiva sobre la reforma política que necesita el país!

    Por esto, he decidido presentar al Congreso en las próximas semanas un nuevo proyecto de reforma política que congregue de nuevo los principales temas sobre los cuales los colombianos están demandando cambios.

    Mi obligación, como Presidente, -tal como lo decía la historia del sabio chino que narré antes-, es escuchar el corazón del pueblo, y ese mandato es el que me guía para abrir de nuevo el debate sobre la reforma política que el país necesita. No podemos esperar más cuando las necesidades son apremiantes.

    Ahora es el momento de centrar la ideas y de aprovechar la experiencia y el legado de un Gobierno que, como el mío, apostó con decisión por la reforma y la estudió y analizó con cuidado, recibiendo los aportes de muchos sectores de la vida nacional.

    ¿Qué es lo que hay que cambiar? La politiquería, el clientelismo, el abstencionismo, la crisis de los partidos, la carencia de una oposición real y constructiva y, por supuesto, la corrupción.

    Por eso vamos a comenzar, desde ya, sin esperar más, a trabajar sobre los puntos fundamentales de esta reforma, con la confianza en que el Congreso esta vez sí escuchará la voz del pueblo que ella contiene. ¿Cuáles serían los principales puntos?

    ¡Queremos menos cantidad y más calidad! Por eso apuntaremos a la reducción de los miembros del Congreso y de los Concejos Municipales, la Supresión de las Asambleas, las Contralorías Departamentales y Municipales, y la eliminación de la remuneración de los concejales y miembros de las Juntas de Acción Local, para que recuperen su carácter cívico.

    ¡No queremos más corruptos en los cargos públicos! Por eso estableceremos, como principio constitucional, que los condenados por delitos contra el patrimonio público, por enriquecimiento ilícito o tráfico de estupefacientes no podrán, de por vida, ser elegidos ni nombrados como servidores públicos, ni contratar con el Estado. Se perderá la investidura por los delitos contra el sufragio, el manejo indebido de recursos del presupuesto, la gestión de nombramientos o la selección de contratistas.

    ¡Queremos partidos fuertes y no más organizaciones con fines exclusivamente electorales! No es posible que se siga presentando esta operación avispa que vimos en las pasadas elecciones, donde nadie representa a nadie y los partidos avalan listas a diestra y siniestra, sin comprometerse con ninguna. Para ello, propondremos que cada partido o movimiento político presente una lista única para cada elección, y que se organicen internamente de forma democrática. Para evitar indebidas injerencias, también estableceremos la financiación estatal de las campañas, y un régimen de responsabilidad de los partidos y los elegidos frente a sus electores.

    Además, en el tema electoral, pondremos a consideración un sistema que haga más representativa la participación en el Congreso, como podría ser el sistema de umbral y cifra repartidora, que ya se ha estudiado en otras ocasiones. Igualmente, es importante dotar de verdadero valor político y de consecuencias prácticas al voto en blanco, y pensar en la posibilidad de establecer el voto obligatorio para que la participación ciudadana quite las ventajas a los clientelistas, con sus votos amarrados.

    ¡Queremos una oposición real y constructiva, como el justo contrapeso del poder político! Para ello, proponemos que los cargos de control, como el Procurador y el Contralor, sean ejercidos por personas pertenecientes a un partido o movimiento de oposición.

    ¡No más trampolines políticos, ni más suplencias! Las inhabilidades e incompatibilidades de los cargos públicos durarán por todo el tiempo de su periodo, para que no usen sus cargos como escalones para pasar a otros para los que no fueron elegidos. También proponemos eliminar las suplencias, es decir, el engaño de elegir a un funcionario para que su cargo lo ocupe otro

    ¡Queremos un Congreso que se dedique a legislar! Para eso dispondremos que el los congresistas se retiren de cualquier manejo administrativo del parlamento, que sus votos sean públicos y nominales, y que sus salarios y prestaciones no tengan privilegios ni crezcan por encima de los demás.

    ¡No más influencia de la política en la justicia! Hay que estudiar la forma de que en la elección de los altos magistrados y funcionarios judiciales, así como de los altos cargos de control, corresponda más a sus méritos académicos y profesionales que a intereses políticos.

    Estos son sólo algunos de los temas que vamos a colocar a consideración del Congreso y de todos los colombianos. Yo sé que todos, si realmente queremos la reforma política con convicción y no sólo en las palabras, apoyaremos este esfuerzo que queremos dejar como legado a Colombia. ¡En este tema, cualquier día que ganemos ya será un triunfo para el mejoramiento de nuestra democracia!

    Señores Gobernadores:

    Hablamos de la agenda de la paz y la agenda política. Hablemos ahora de la Agenda Social. Ustedes son testigos, porque lo han visto en sus departamentos, que mi Gobierno ha obrado con un compromiso indeclinable con los colombianos más pobres y más desfavorecidos, haciendo en silencio la revolución social que los guerreristas, que tanto la pregonaban, nunca intentaron asumir.

    Miremos tan sólo unos ejemplos:

    ¡Hicimos la revolución de la vivienda! Mientras yo había prometido en mi campaña entregar por lo menos 242 mil subsidios para vivienda de interés social, hoy puedo contarles que, entre el Inurbe, el Banco Agrario, las Cajas de Compensación Familiar, la Caja Promotora de Vivienda Militar y el Forec, hemos entregado ya cerca de 350 mil subsidios para construcción, reconstrucción o adecuaciones de vivienda a lo largo y ancho del país, ¡por un valor superior a los 1.9 billones de pesos!

    ¡Hicimos también la revolución de la tierra! A través del Incora, durante mi Gobierno hemos entregado cerca de 5 millones de hectáreas a 78.000 familias en todo el país, con una inversión de 125 mil millones de pesos. ¡Son 78.000 familias de campesinos, indígenas y miembros de las comunidades negras que antes trabajaban la tierra de otros, y que ahora, por fortuna, son los dueños de su propia tierra!

    ¡Y también hicimos la revolución agrícola! En los tres últimos años hemos recuperado más de 427 mil hectáreas sembradas y productivas en el país, las cuales, unidas a las 201 mil que esperamos aumentar en área sembrada este año, nos dejarán un balance satisfactorio para el campo: ¡en sólo cuatro años habremos recuperado más de 60 por ciento del millón de hectáreas que salieron de la producción en la década pasada! Así mismo, hemos aumentado la producción agrícola en más de 2 millones 600 mil toneladas y aspiramos que, al terminar mi Gobierno, la hayamos incrementado en casi 4 millones de toneladas.

    ¡Y qué decir del gran impacto social que hemos generado con la puesta en marcha del Plan Colombia en las regiones más apartadas y los municipios más pequeños y pobres del país! Ustedes conocen muy bien la cobertura de programas como “Familias en Acción”, “Empleo en Acción”, “Jóvenes en Acción”, “Gestión Comunitaria” y “Vías para la Paz” en sus departamentos. En todos ellos mi Gobierno dejará invertidos más de un billón de pesos, representados en nuevos empleos, viviendas, carreteras y educación, en programas sociales que beneficiarán a más de 2 millones de los colombianos más necesitados.

    ¡Así se hace Patria! ¡Así se lucha por el pueblo! ¡Con trabajo y no con violencia; con servicio y no con terrorismo!

    Apreciados amigos Gobernadores de Colombia:

    La Administración que me honro en presidir entra en su recta final de trabajo, la de los últimos cinco meses del cuatrienio institucional, con el firme propósito de consolidar las múltiples acciones adelantadas durante los primeros tres años y medio, dejando a la próxima administración y a las nuevas generaciones un legado de responsabilidad.

    Si en un campo hemos trabajado con ahínco ha sido en el de la profundización de la descentralización y el fortalecimiento y saneamiento de la situación financiera de las entidades territoriales, de la mano de las autoridades regionales del país. Así conjuramos una de las más difíciles crisis fiscales de su historia, además de que hemos procurado garantizar su viabilidad para los próximos años.

    Como uno de los logros principales es necesario mencionar, en primer lugar, la reforma constitucional al régimen de transferencias, la cual constituye uno de los hechos de mayor significado para el futuro de las entidades territoriales. Gracias a ella, los municipios y departamentos pueden hoy hacer una adecuada planificación de sus inversiones, sin depender de los vaivenes de la economía nacional, pues se garantizó la estabilidad de los recursos para la inversión social, particularmente la educación y la salud. Por los próximos años las finanzas territoriales no correrán el riesgo, como ocurrió en años pasados, de que baje el monto de las transferencias que reciben por fenómenos recesivos en la economía nacional. Todo lo contrario: las transferencias siempre subirán por encima de la inflación.

    El total del Sistema General de Participaciones para el 2002 asciende a más de 12 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 21.4% con respecto a las transferencias constitucionales que se repartieron el año pasado. En el caso específico de los departamentos, la primera asignación del Sistema General de Participaciones para salud y educación a sus regiones asciende a más de 4.8 billones de pesos, lo que significa un incremento del 24% sobre el valor del año anterior. Incluso, esta cifra va a ser mayor pues queda por repartir la otra doceava en salud, en propósito general y más de 2 billones de pesos para el sector de la educación.

    Con el adecuado complemento de la Ley 715 de 2001, estamos logrando -tal como habíamos planteado- una distribución más equitativa de los recursos que le permita a todas las regiones la efectiva ampliación de la cobertura en salud y educación.

    Hoy los convoco para que, junto a los Ministerios de Educación, Salud y el Departamento Nacional de Planeación, participen en la reglamentación de la misma a través de la autorizada vocería de la Federación Nacional de Departamentos.

    Es muy resaltable, por otra parte, que, por primera vez en la historia del país, hayamos dispuesto el año pasado de 420 mil millones de pesos de los recursos ahorrados en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-, que ascendían a más de 660 mil millones de pesos, para el pago de la deuda de inversión de los departamentos y municipios no productores de hidrocarburos.

    A la fecha, del total de más de 200 mil millones de pesos que se han girado por este concepto, más de 165 mil millones han sido para los departamentos. Es decir, señores Gobernadores, que el 83% de los recursos girados hasta hoy ha ido a solventar deudas de la mitad, o sea, de 16 de los departamentos del país. Mi Gobierno continuará con este proceso hasta que todos los departamentos sean beneficiados con estos recursos adicionales.

    La lista de medidas tomadas durante mi administración en beneficio de los departamentos y municipios es muy amplia: Hoy los departamentos cuentan con mayores ingresos propios, gracias a la transferencia a los departamentos de parte de la sobretasa a la gasolina y el ACPM, y a la Ley de Juegos de Suerte y Azar. También pensamos en el futuro de las pensiones a cargo de las entidades territoriales y creamos el Fondo de Pensiones Territoriales –Fonpet-, que garantizará en el mediano y largo plazo el pago de las mismas.

    En cuanto al tema del endeudamiento, mediante la Ley de Intervención Económica facilitamos los acuerdos de los departamentos y municipios con sus acreedores bajo circunstancias favorables. A diciembre del año pasado ya eran 39 entes territoriales los que se habían acogido a esta ley para reestructurar sus pasivos corrientes. En total, los pasivos en reestructuración suman 1.89 billones de pesos, una suma que equivale al 1% del Producto Interno Bruto del año pasado. De ese total, el 40% corresponde a 7 departamentos y, es más, del total de pasivos reestructurados con acuerdos firmados, el 70% corresponde a departamentos.

    Por otro lado, con la Ley 617 de 2000 de Ajuste Fiscal Territorial logramos dos propósitos: por una parte, que las finanzas territoriales se ajusten a los ingresos recibidos, evitando descalabros fiscales, y, por otra, la autorización, de la que ya muchos se están beneficiando, para que el Gobierno Nacional avale con garantías de hasta el 100% los créditos otorgados por las entidades financieras a las entidades territoriales para financiar programas de saneamiento fiscal y hasta en un 40% las deudas que sean refinanciadas.

    En desarrollo de esta ley, a diciembre del año pasado 16 entidades territoriales ya habían culminado el proceso de reestructuración de sus deudas. En total, se han reestructurado pasivos por 1.5 billones de pesos, equivalentes al 31% del saldo total de la deuda territorial. Se ha reestructurado ya el 30% del total de la deuda departamental y esperamos llegar a niveles de más del 50%.

    Pero más allá de los alivios fiscales y la posibilidad de acceso a nuevos créditos que está generando la aplicación de estas normas, lo más importante -creo yo- es el legado que ustedes, señores Gobernadores, podrán dejar a sus regiones, como los primeros mandatarios regionales que desempeñaron sus funciones bajo un criterio legal estricto de responsabilidad fiscal y de control y eficiencia de los gastos administrativos.

    Se los dije en la Cumbre de Paipa, en agosto del año pasado, y lo repito ahora: ¡Que no nos recuerden por la popularidad, pero sí por la responsabilidad. No aspiremos a nada más. ¡Pero tampoco a nada menos!

    A todos los trascendentales avances señalados debemos unir el proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que se presentó el año pasado al Congreso y que es el fruto de dos años de trabajo y consultas a través de foros regionales y departamentales a diversos actores representativos de la diversidad étnica y cultural del país.

    El trámite de esta Ley -que desde 1991 ha sido pedida por los entes territoriales como un desarrollo de los principios constitucionales de la descentralización- ha sido un compromiso de mi Gobierno que esperamos sacar adelante con el apoyo de todos ustedes.

    Así mismo, con el fin de seguir contribuyendo al alivio de las dificultades financieras de los departamentos y municipios, cursa también en el Legislativo un proyecto de ley dentro del cual se determina que el 70% de los recursos del Fondo Nacional de Regalías que estén siendo administrados por la Dirección General del Tesoro Nacional, y que no hayan sido apropiados por el Fondo a diciembre 31 de 2001, se destinarán en su totalidad y exclusivamente a la financiación de proyectos de inversión dirigidos a cubrir el pasivo pensional de las entidades territoriales, a través del Fonpet. Estamos hablando -¡óigase bien!- de cerca de 700 mil millones de pesos que irían a aliviar las deudas por pensiones de las entidades a su cargo.

    Por último, en cuanto a iniciativas legislativas, hemos presentado al Congreso un proyecto de Estatuto de Ingresos Territoriales que busca superar el caos normativo y procedimental en materia tributaria, dotando a los departamentos y municipios de un estatuto único y homogéneo, de fácil aplicación, que haga más eficaz el recaudo y mejore sus ingresos.

    Quiero resaltar también el apoyo que hemos dado a las entidades territoriales a través de los recursos del Fondo Nacional de Regalías. Durante los últimos 3 años y medio hemos entregado más de un billón cincuenta y ocho mil millones de pesos para la financiación de 2.440 proyectos de saneamiento básico, redes eléctricas, proyectos viales, culturales y educativos, ¡cubriendo el 81% del total de los municipios de Colombia que presentaron proyectos a consideración!

    No más el año pasado tuvimos la cifra record de 888 proyectos aprobados con asignaciones por más de 469 mil millones de pesos.

    Vale destacar, por último, la ejecución del Programa Mejor Gestión de los Departamentos realizado por el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana GTZ, en más del 40% de los departamentos del país que así lo han solicitado, en temas como el desarrollo de la visión y prospectiva departamental, la transparencia, la gobernabilidad y el saneamiento fiscal.

    Estoy convencido de la necesidad de fortalecer los departamentos en su papel como intermediarios entre la Nación y el municipio. Trabajamos para consolidar una acción departamental más coherente y eficaz y, en ese sentido, es muy positivo que la Comisión Intersectorial para la Reforma de los Departamentos, conformada por el Gobierno Nacional y presidida por el Ministerio del Interior, presente en esta Cumbre los resultados de su trabajo, los cuales servirán como base para los debates legislativos sobre la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.

    Estimados Gobernadores:

    No cabe duda de que mi Administración se la ha jugado por las regiones y por su futuro como ninguna otra. Lo hemos hecho con responsabilidad, pensando en el porvenir de nuestra gente. En sus manos queda utilizar de la mejor manera las herramientas y los recursos que hemos entregado, para que sirvan, de verdad, a todos los colombianos.

    Ustedes y yo, apreciados amigos, hemos tenido el desafío de ser gobernantes en tiempos difíciles para nuestra Patria, y lo hemos asumido de la mejor manera posible. Como diría una frase popular, “nos ha tocado bailar con la más fea”, superando complejas situaciones fiscales y de orden público. Pero hemos salido adelante en nuestro empeño y hoy podemos decir que dejaremos un país nuevo, en el que el valor de la responsabilidad prime sobre el nefasto populismo.

    No siempre han sido fáciles nuestras relaciones, pero lo cierto es que al final nos ha unido el deseo de acertar y de servir al pueblo colombiano. En esa vocación nos hemos encontrado y tenemos que persistir, con más razón en estos días que requieren de la total unidad de los colombianos. Hoy quisiera decirles que para mí, como Presidente, ha sido un honor haber podido compartir con ustedes esta compleja y delicada labor de gobierno.

    Gracias por su comprensión, por su respaldo y por su determinación de servir a sus regiones. Nos quedan casi 5 meses de trabajo conjunto. Quiera Dios que sean 5 meses para el mejor futuro de Colombia y de las nuevas generaciones. ¡Quiera Dios que sean 5 meses para la paz y la justicia social!

    Muchas gracias


    Lugar y fecha

    San Andrés, Colombia
    14 de marzo del 2002

    Destacados

    publicaciones recientes

    Relacionados

    Deja un comentario

    Copyright2021 Biblioteca Presidencial Andrés Pastrana | All Rights Reserved