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  • GOBIERNO INTEGRARÁ COMISIÓN PARA REFORMAR Y MODERNIZAR EL SISTEMA JUDICIAL

    Imposición de la medalla José Ignacio de Márquez a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado

    El Estado Social de Derecho encuentra su razón de ser en la realización del valor supremo de la justicia, como su último y más importante fin. Es ella elemento sustancial de la vida en comunidad, pues sólo garantizando su aplicación los ciudadanos de la Nación encontrarán las condiciones necesarias para su vida tranquila y pacífica. Por eso la administración de justicia es indispensable para que todos, individual y colectivamente, podamos realizar nuestras aspiraciones legítimas.

    Los niveles de violencia de una sociedad están altamente ligados a los índices de impunidad. Cuando una sociedad no cuenta con un adecuado sistema de administración de justicia, los criminales encuentran una disculpa más para la realización de sus actividades delictivas.

    Aun cuando la impunidad no es el único determinante de las conductas antisociales, es evidente que un sistema judicial efectivo y rápido sí tiene una importancia cardinal en la disminución de los índices de criminalidad. Es obvio que la ausencia de la autoridad judicial socava la legitimidad del conjunto del Estado y contribuye a que los individuos pierdan el respeto debido a la ley.

    Nuestro país está inmerso desde hace décadas en una apabullante violencia, lo que nos ha conducido a tener este tema como prioridad. Una de las tareas inaplazables para la paz es devolverle a los individuos la credibilidad y la confianza en sus instituciones y preservar y fortalecer la majestad de la justicia.

    Si el Estado no cumple a cabalidad su papel de árbitro de los conflictos entre los ciudadanos, estos podrían llegar al extremo de recurrir a La justicia por mano propia, generalmente por medios violentos para su solución. Con esto la autoridad se menoscaba, la moral social se relaja y la convivencia ciudadana simple y llanamente se anarquiza.

    Como bien afirma Angel Osorio, “todo andará mal mientras creamos que la administración de justicia es una simple función pública o una herramienta del Gobierno. Lajusticia no es sólo un poder sino el más trascendental de los poderes. Actúa sobre los ciudadanos en su hacienda, en su libertad y hasta en su vida. Está sobre el Gobierno porque enjuicia a sus miembros y porque revoca y anula sus disposiciones… Impera sobre el mismo Parlamento ya que puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes”.

    Las instituciones son las personas que las componen. Por eso, la administración de justicia depende en lo fundamental de la calidad de sus jueces. Necesitamos fortalecer su profesionalización, dotándolos además de los recursos que nos ofrece la tecnología moderna.

    Pienso en los jueces del Siglo XXI. Ellos deberán contar con una sólida formación humanista, conocer ampliamente las materias del derecho, pero en especial tendrán que ser portadores de una ética auténtica, que les haga pedagogos de una sociedad que ha extraviado y requiere pronto recuperar los valores ciudadanos.

    Los jueces al interpretar las normas se convierten en verdaderos legisladores de la realidad concreta dándole con ello vida al derecho. Con acierto afirmaba Maggiore en su cátedra de la Universidad de Palermo: ” …  El que se resigna a ser aplicador automático de normas y no siente la dignidad de contribuir a la formación del derecho, es decir, de ser, como decía Aristóteles, el justo vivo, es un mal intérprete …”.

    El de nuestros días, es un mundo hacia la integración. Pero ella no depende sólo del mercado, o de esquemas de globalización económica. Uno y otros serán siempre frágiles si acaso no logramos que la justicia sea el factor común que rija en condiciones de igualdad las relaciones humanas. Si el tránsito de bienes y servicios es fundamental en el nuevo mundo, más resulta serlo el de las personas, cobijadas por el común sentimiento de seguridad que sólo ofrece la justicia.

    Pero integrarse hacia el mundo comienza por la integración de todos y cada uno de los puntos de nuestra propia geografía. Debe llevarse la justicia allí donde es precaria; hay que hacerla accesible a todos, no sólo mediante la edificación de oficinas, sino mediante la simplificación de sus procedimientos.

    En las ciudades tendemos a olvidar el tiempo en el que nuestros abuelos cerraban sus negocios con el apretón de manos y la certeza del respeto por la palabra empeñada. Esa costumbre, que aún es la regla en nuestros campos, no es otra cosa que la manifestación cotidiana del sagrado principio de la buena fe. Hay que retornar a él en todos los órdenes de la vida nacional.

    La preocupación por la justicia no se puede sustraer de la preocupación por la paz. Una de las causas que ha conducido a nuestra insoportable violencia es la imposibilidad que hemos tenido para darle a cada cual lo que por derecho le pertenece. Es por eso que en la política de paz del Gobierno está contemplado efectuar las reformas y transformaciones que garanticen hacia el futuro que la justicia sea eficiente, ágil y accesible para todos por igual.

    He invitado a la insurgencia a que se vincule como coprotagonista de las  grandes reformas que requiere la construcción del nuevo país. Pero no se puede avanzar en la consolidación de un sistema de justicia a punta de fuego y destrucción.

    Quiero ser enfático: la violencia sólo trae más violencia, por lo que preferiría el Gobierno que las negociaciones de paz se efectúen en el clima de paz. Si el Gobierno ha aceptado negociar en medio de las hostilidades no ha sido porque lo considere conveniente sino porque se comprometió a iniciar un diálogo sin condiciones. Es la insurgencia quien propone la confrontación y no el Gobierno.

    He dispuesto la ratificación del tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional, en cuya preparación trabajó la delegación colombiana con admirable liderazgo.

    La creación de una Corte Penal Internacional, independiente, de carácter permanente, complementaria de las jurisdicciones penales nacionales, es un viejo anhelo de la comunidad internacional que está empeñada en que los crímenes más graves de trascendencia internacional no queden sin castigo.

    La corte tendrá competencia para investigar, juzgar y sancionar a los autores de los más graves crímenes de trascendencia internacional.

    De esta forma el Gobierno Nacional reitera su decisión de seguir luchando contra la impunidad y de promover a todos el respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Así lo hace mi Gobierno, convencido de que la perdurabilidad de la paz y el verdadero perdón surgen de la justicia, y no de la impunidad.

    Nadie como ustedes son tan conscientes de que no se puede actuar de una manera diferente. No va el Gobierno Nacional, en ningún caso, a dar al traste con los fundamentos mismos de la Nación y de la comunidad civilizada de naciones. Actuar en contrario sería ofender la memoria de todos los jueces y fiscales que hemos visto caer durante los últimos años en la lucha contra el delito y en especial contra los crímenes atroces. Esta administración se asegurará de preservar la dignidad de la justicia y la majestad de sus instituciones.

    Sé de la vocación y compromiso que las Cortes y cada funcionario de la justicia tiene con la reconciliación nacional. Por eso quiero expresarles una vez más mi agradecimiento al respaldo ofrecido a la política de paz que lidero. La prudencia y buen juicio que acompaña sus decisiones en esta materia deben ser pauta de comportamiento para todos los funcionarios de mi Gobierno, que saben que el proceso de paz puede y debe realizarse por el exclusivo cauce de la legalidad, con, apego al Estado de Derecho y preservando a toda costa la unidad nacional.

    Antes de tomar posesión como Presidente de la República tuve la grata oportunidad de reunirme con la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado y Superior de la Judicatura para manifestarles nuestra mayor disposición para realizar un trabajo armónico con la rama judicial. Hoy quiero reiterar ante ustedes esta invitación.

    Son muchos los campos en los que esta colaboración armónica puede dar frutos para el bien del país. La revisión de algunos ordenamiento s para ponerlo s a tono con las circunstancias actuales del país y la consolidación de esquemas conjuntos de trabajo que nos permitan fortalecer la justicia, son algunos de los temas que rápidamente podríamos abordar.

    En este sentido y dentro de la política de las reformas estructurales al Estado, quiero formularle a las Altas Cortes una invitación para que en los próximos días conformemos una comisión compuesta por representantes de las Cortes y el poder judicial, el Congreso de la República, la Fiscalía, el Ministerio Público y representantes de la sociedad, para iniciar con la mayor brevedad posible, el estudio y elaboración del proyecto de reforma y modernización a nuestro sistema judicial.

    El trabajo armónico del gobierno y la rama judicial nos permitirá lograr grandes avances en la lucha contra la impunidad, en la lucha contra la injusticia, en la construcción del cambio que tanto quieren los colombianos y en la edificación de la paz.

    Nos convoca aquí el más importante reconocimiento que la Nación le hace a los funcionarios de la Rama Judicial. Lo hacemos reunidos en el nuevo Palacio de Justicia, trece años después de que el país presenciara el sombrío episodio de la inmolación de los más eminentes juristas con que contara el país. Hoy, al reunirnos por primera vez en la nueva sede del Poder Judicial, no podemos menos que rendirle un sentido homenaje a los mártires de la Patria que perdieron la vida.

    Para el Presidente de la República es un profundo honor asistir a la imposición de la Medalla José Ignacio de Márquez a los honorables magistrados Dolly Pedraza, José Fernando Ramírez y Vladimiro Naranjo, presidentes del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, así como a los demás condecorados.

    Llegar a tan alta magistratura significa haber recorrido con perseverancia y tesón un camino difícil, siempre ascendente para el cual es necesario ir provistos de las mejores condiciones morales e intelectuales. Al fin Y al cabo cuando los hombres se encuentran en la necesidad de juzgar, como decía Carnelutti, “deben tener la consciencia de que hacen, cuando juzgan, las veces de Dios”.

    Pocos colombianos pueden decir con orgullo que han sabido responder a los desafíos tan altos que la vida les ha impuesto.


    Lugar y fecha

    Bogotá, Colombia
    9 de diciembre de 1998

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