El Gobierno Nacional que me honro en presidir entra en su recta final de trabajo, la del último semestre del cuatrienio constitucional, con el firme propósito de consolidar las múltiples acciones adelantadas durante los primeros tres años y medio, dejando a la próxima administración y a las nuevas generaciones un legado de responsabilidad.

Si en un campo hemos trabajado con ahínco ha sido en el del fortalecimiento y saneamiento de la situación financiera de las entidades territoriales, de la mano de las autoridades regionales del país, conjurando una de las más difíciles crisis fiscales de su historia y procurando garantizar su viabilidad para los próximos años, dentro del máximo respeto por el principio de la descentralización.

En primer lugar, es necesario mencionar la reforma constitucional al régimen de transferencias, la cual constituye uno de los hechos de mayor significado para el futuro de las entidades territoriales. Gracias a ella, los municipios y departamentos pueden hoy hacer una adecuada planificación de sus inversiones, sin depender de los vaivenes de la economía nacional, pues se garantizó la estabilidad de los recursos para la inversión social, particularmente la educación y la salud.

Ya el Conpes aprobó más de 11 billones de pesos para la asignación correspondiente a los primeros 11 meses del año 2002, dentro del marco del nuevo Sistema General de Participaciones, lo cual significa, por sí solo, un crecimiento de más del 22% sobre los recursos asignados por el anterior sistema.

Con el adecuado complemento de la reforma realizada a la Ley 60 de 1993, estamos logrando una distribución más equitativa de los recursos que le permita a todas las regiones la efectiva ampliación de la cobertura en salud y educación.

Es muy resaltable, por otra parte, que, por primera vez en la historia del país, hayamos dispuesto el año pasado de 420 mil millones de pesos de los recursos ahorrados en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-, que ascendían a más de 660 mil millones de pesos, para el pago de la deuda de inversión de los departamentos y municipios no productores de hidrocarburos.

La lista de medidas tomadas durante mi administración en beneficio de los departamentos y municipios es muy amplia: Hoy los departamentos cuentan con mayores ingresos propios, gracias a la transferencia a los departamentos de parte de la sobretasa a la gasolina y el ACPM, y a la Ley de Juegos de Suerte y Azar. También pensamos en el futuro de las pensiones a cargo de las entidades territoriales y creamos el Fondo de Pensiones Territoriales –Fonpet-, que garantizará en el mediano y largo plazo el pago de las mismas.

En cuanto al tema mismo del endeudamiento, mediante la Ley de Intervención Económica facilitamos los acuerdos de los departamentos y municipios con sus acreedores bajo circunstancias favorables. El Ministerio de Hacienda, además, con su programa de Apoyo al Saneamiento Fiscal y Fortalecimiento Institucional de las Entidades Territoriales, ha sido un respaldo concreto a aquellas entidades que se comprometieron con procesos de ajuste fiscal y de reorganización administrativa.

Por otro lado, con la Ley 617 de 2000 de Ajuste Fiscal Territorial logramos dos propósitos: por una parte, que las finanzas territoriales se ajusten a los ingresos recibidos, evitando descalabros fiscales, y, por otra, la autorización, de la que ya muchos se están beneficiando, para que el Gobierno Nacional avale con garantías de hasta el 100% los créditos otorgados por las entidades financieras a las entidades territoriales para financiar programas de saneamiento fiscal y hasta en un 40% las deudas que sean refinanciadas.

Todos estos son instrumentos que antes no existían y que hemos creado para ustedes, pensando únicamente en aliviar la situación de los departamentos y municipios de Colombia. A estos avances debemos unir el proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que se presentó el año pasado al Congreso y es el fruto de dos años de trabajo y consultas a través de foros regionales y departamentales a diversos actores representativos de la diversidad étnica y cultural del país.

Así mismo, con el fin de seguir contribuyendo al alivio de las dificultades financieras de los departamentos y municipios, cursa también en el Legislativo un proyecto de ley dentro del cual se determina que el 70% de los recursos del Fondo Nacional de Regalías que estén siendo administrados por la Dirección General del Tesoro Nacional, y que no hayan sido apropiados por el Fondo a diciembre 31 de 2001, se destinarán en su totalidad y exclusivamente a la financiación de proyectos de inversión dirigidos a cubrir el pasivo pensional de las entidades territoriales, a través del Fonpet. Estamos hablando de cerca de 700 mil millones de pesos que irían a aliviar las deudas por pensiones de las entidades a su cargo.

Quiero destacar, por último, el apoyo que hemos dado a las entidades territoriales a través de los recursos del Fondo Nacional de Regalías. Durante los últimos 3 años y medio hemos entregado más de un billón cincuenta y ocho mil millones de pesos para la financiación de 2.440 proyectos de saneamiento básico, redes eléctricas, proyectos viales, culturales y educativos, ¡cubriendo el 81% del total de los municipios de Colombia que presentaron proyectos a consideración!

No más el año pasado tuvimos la cifra record de 888 proyectos aprobados con asignaciones por más de 469 mil millones de pesos.

No cabe duda: este Gobierno se la ha jugado por las regiones y por su futuro como ningún otro. Lo hemos hecho con responsabilidad, pensando en el porvenir de los colombianos. En sus manos queda utilizar de la mejor manera las herramientas y los recursos que deben servir a todos los colombianos.


Lugar y fecha

Bogotá, Colombia
2002
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