Expresidente piensa que acuerdos de justicia transicional son un ‘golpe de mano’ al establecimiento.

Los maestros de obra del acuerdo de paz han hecho lo imposible en La Habana por crear una nueva institucionalidad para Colombia. Y, por ahora en el papel, lo han logrado. Se entregó el país en 72 horas.

Tras seis años de contactos y diálogos, cuando apenas llegaban a conclusiones etéreas y sin consecuencia, trasladaron la negociación a Bogotá y cambiaron los negociadores. En apenas 72 horas, se ufana uno de los nuevos, se dio a luz una criatura nunca antes engendrada en una democracia moderna. Del afán por cambiar dos milenios de tradición jurídica en un fin de semana surgió un Leviatán, reclamado por las Farc como “una obra maestra”, que suplanta todos los elementos democráticos de nuestro sistema actual de justicia.

Al cabo de los tres días que apenas daban tiempo para redactar, surgió un tribunal omnímodo, con facultades supraconstitucionales, sin límites en el tiempo, con capacidad para revisar las decisiones del pasado y del futuro, tanto en materia legislativa como en materia judicial y disciplinaria. Un tribunal constituyente que colmó plenamente las aspiraciones de cincuenta años de las Farc.

En diciembre del 2015, las partes presentaron al mundo su ‘sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición’, con los 75 puntos apurados en tres días, creando la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En su texto queda claro el golpe de mano a la estructura institucional colombiana. Esta JEP pasa aun por encima de los compromisos que en su tradición respetuosa del derecho internacional el país ha asumido en materia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional.

De las apresuradas 72 horas surgió un tribunal constituyente con poder para crear normas superiores y tomar decisiones inapelables sobre las decisiones que puedan ser interpretadas como contrarias a los intereses de las Farc. Vale la pena revisarlo.

Jurisdicción prevalente

El punto 15 le da la atribución al tribunal de ejercer una jurisdicción prevalente, en caso de que futuras leyes emanadas del Congreso de Colombia puedan implicar una modificación a lo pactado, para quienes se beneficien del acuerdo de La Habana. Esta ‘jurisdicción perenne’, sin límite en el tiempo, por encima de la Constitución actual o de cualquier constitución futura, condiciona al propio poder legislativo. Así, cualquier ley aprobada en un futuro estará supeditada a la jurisdicción especial, que aplicará con carácter preferente su poder para proteger el contenido de lo acordado en La Habana. En la práctica se trata de una revocatoria parcial del Congreso y de su función legislativa y de su control político.

El punto 33 implica la derogación del “poder disciplinario preferente” que la Constitución le atribuye al Procurador General de la República, dándole al Tribunal el poder de revisar y modificar sanciones disciplinarias, provengan de donde provengan.

El punto 49 le quita al Congreso su atribución constitucional de conceder amnistías e indultos (Art. 150) y al Presidente su atribución constitucional de concederlos (Art. 201). Esta atribución rompe totalmente el equilibrio de poderes al usurparlos, pues las amnistías se conceden por decisión de un órgano representativo, como es el Congreso, y el indulto lo concede el Presidente de la República como jefe de Estado, de gobierno y suprema autoridad administrativa. En ambos casos, quienes conceden amnistías e indultos son elegidos popularmente. Con el acuerdo de La Habana queda en manos de un órgano no representativo el concederlas, sin que exista control político alguno.

El punto 51 del acuerdo crea la “unidad de investigación y acusación”, que suplanta a la Fiscalía General de la Nación, pues tendrá la facultad de investigar y acusar. Lo más grave con respecto a esta ‘nueva Fiscalía’ es que no hay instancia que la vigile o la discipline en caso de desvío de sus funciones o abuso de poder.

El punto 52 crea una “nueva instancia de cierre” para la rama judicial en Colombia. En efecto, el nuevo tribunal constituyente, en términos textuales, “tendrá una sección de revisión de sentencias, con la función de revisar las proferidas por la justicia… recibirá los casos ya juzgados por órganos jurisdiccionales o sancionados por la Procuraduría o la Contraloría, siempre que no vayan a ser objeto de amnistía o indulto…”. El Tribunal será instancia suprema de cierre pactada con las Farc, por encima de la Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y órganos de control –Procuraduría y Contraloría.

El mismo punto 52 remata la calidad constituyente del Tribunal al crear una figura inédita en la historia del derecho universal, bajo el nombre de ‘mecanismo de estabilidad’ para garantizar la estabilidad y eficacia de las resoluciones y sentencias adoptadas por el Tribunal.

Dicho mecanismo, en palabras textuales del acuerdo, funcionará “si después de que el Tribunal para la Paz haya concluido sus funciones se llegaran a proferir providencias o resoluciones judiciales, administrativas o disciplinarias, con acusaciones de conductas competencia de esta Jurisdicción Especial para la Paz, se constituirá de nuevo el mecanismo… en caso de ser necesario constituirá nuevamente la Unidad de Investigación y Acusación y/o las salas y secciones que a su juicio sean necesarias para procesar el supuesto conforme a lo establecido en la normativa reguladora de la Jurisdicción Especial para la Paz ”.

Estamos frente a una institución que se puede ‘autoconstituir’, de manera indefinida en el tiempo, más allá de cualquier constitución política actual o futura, un verdadero tribunal constituyente con poderes de ‘autoconstituirse’ eternamente.

En su parte final, el acuerdo termina por diseñar todo un catálogo de impunidad que para cualquier estudiante de primer semestre de derecho resultaría inaceptable en el marco de los estándares internacionales.

Al reducir a simples ‘sanciones’ el concepto internacionalmente establecido y aceptado de ‘penas’ aplicables a la comisión de delitos graves, desconoce las exigencias mínimas de penas y justicia del Estatuto de Roma –artículos 77 y 110– cuando crea la figura de “penas privativas de la libertad”. La Fiscal de la Corte Penal Internacional, las ONG globales de justicia, y el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos han señalado este punto con profunda preocupación.

Finalmente, el tema del narcotráfico. En palabras textuales, el Gobierno y las Farc acordaron lo siguiente: “entre los delitos políticos y conexos se incluyen, por ejemplo, la rebelión, la sedición, la asonada, así como el porte ilegal de armas, las muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario, el concierto para delinquir con fines de rebelión (subrayado es mío) y otros delitos conexos. Los mismos criterios de amnistía o indulto se aplicarán a personas investigadas o sancionadas por delitos de rebelión o conexos, sin que estén obligadas a reconocerse como rebeldes”.

Este es el ‘mico’ más grande del acuerdo sobre justicia. En la figura del ‘concierto para delinquir’ podrían confluir delitos como el del narcotráfico y el secuestro extorsivo. En este contexto, basta que se alegue que ‘el concierto’ estaba dirigido a delinquir con fines de rebelión para obtener el beneficio de la amnistía o el indulto. Así, cualquier grupo que no estando obligado a reconocerse como rebelde alegue ser parte de una rebelión contra el Estado podrá utilizar el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y otros delitos comunes para financiar su lucha.

Con este Tribunal, el presidente Juan Manuel Santos da un golpe de Estado al destruir el edificio institucional desde sus cimientos. Este monstruo antidemocrático que –sin temor a exagerar– nos expone a un futuro totalitario es lo que el Presidente espera que sus compatriotas refrenden.

El acuerdo de las 72 horas, está claro en lo expuesto aquí, destruye la separación de poderes, que es la esencia misma de la libertad en una democracia. Los amigos de la paz y de la democracia debemos decir a estas pretensiones totalitarias: “Para ese despropósito, no cuenten con nosotros”.

ANDRÉS PASTRANA
Expresidente de la República

Fuente: El Tiempo

“Llegó el fin del Socialismo del siglo XXI”, expresidente Pastrana tras derrota de Evo Morales

A juicio del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, en la región latinoamericana llegó el fin del Socialismo del siglo XXI. Esto con relación a la derrota del presidente Evo Morales en el referendo consultivo celebrado el pasado domingo en Bolivia.

Fuente: NTN24

Si Farc dice la verdad sobre el narcotráfico se alcanzará la paz: Andrés Pastrana

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, el expresidente se refiere al peligro de perder los esfuerzos del Plan Colombia, por el aumento en la producción y venta de estupefacientes.

Fuente: W Radio 

Tras 15 años de su puesta en marcha, el expresidente y Juan Manuel Santos analizan sus resultados.

Las tres últimas administraciones son las responsables de la ejecución y del cumplimiento de las metas que se gestaron con el Plan Colombia, puesto que bajo su mando estuvieron la destinación de recursos y la ejecución de las políticas públicas establecidas para recuperar a un país que –por poco– es considerado como un Estado fallido.

Es por eso por lo que EL TIEMPO les pidió a dos de sus protagonistas –al presidente Juan Manuel Santos y al exmandatario Andrés Pastrana– que analicen en retrospectiva y, al mismo tiempo, hacia el futuro los resultados que se han visto desde que se puso en marcha el Plan Colombia.

Santos, quien asegura que este programa se debe reenfocar por cuenta de la paz, y Pastrana, más crítico con lo que se ha hecho durante el último lustro, estarán esta semana en Washington como invitados especiales de la Casa Blanca para conmemorar los 15 años de la implementación de este programa.

Un plan que cambió a Colombia: Juan Manuel Santos

El 30 de agosto del 2000, el presidente Clinton vino a Cartagena para lanzar, junto al presidente Pastrana, el Plan Colombia. Al terminar la ceremonia, el mandatario norteamericano preguntó si alguien quería hacer algún comentario. Yo, que entonces era ministro de Hacienda, alcé la mano y le dije: “¿Usted se acuerda del lema de su campaña?”. Me refería a aquella frase que hizo carrera sobre lo que realmente importa a la gente: “¡Es la economía, estúpido!”. Clinton captó de inmediato y me respondió, sonriendo: “¿Me está llamando estúpido?”. “Ni más faltaba –le dije–. Solo quería recordarle que Colombia está en una situación muy delicada. Venimos de la peor recesión en más de 70 años, y necesitamos el apoyo de Estados Unidos para que el Banco Mundial nos dé una garantía que nos permita vender nuestros bonos e impedir una cesación de pagos. Si esto llega a ocurrir, el Plan Colombia nace muerto”.

Como resultado de esta pregunta Clinton me citó en Washington, donde tuvimos todo el apoyo de su gobierno y logramos los recursos para comenzar la recuperación económica. Eso salvó al Plan Colombia y a la economía colombiana. Y ahí comenzaron a llegar los fondos para fortalecer nuestra Fuerza Pública.

Posteriormente, como ministro de Defensa del presidente Uribe, con el apoyo del Plan Colombia, tuve la oportunidad de hacer una reingeniería de la inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas y fortalecer su capacidad operacional, lo que permitió cambiar la correlación de fuerzas con la guerrilla, allanando el camino hacia la paz.

Ya como Presidente, he liderado el último lustro de cooperación con Estados Unidos a través del Plan Colombia, una cooperación que, si bien sigue teniendo un componente de seguridad, cada vez destina más recursos a otros aspectos, como el desarrollo social y rural.

La Colombia de hoy, esta Colombia que se acerca a la paz, que lidera el crecimiento económico en América Latina, que ve disminuir cada vez más el desempleo y la pobreza, y que tiene la tasa de homicidios más baja en 35 años, tiene muchos motivos de gratitud con los gobiernos de los presidentes Clinton, Bush y Obama, y con el Congreso de Estados Unidos, por haber mantenido su apoyo a este plan. Un apoyo cercano a los 10.000 millones de dólares.

Ahora tenemos que avanzar sobre nuevos retos: la consolidación de la paz en las regiones; la sustitución de cultivos ilícitos y el apoyo a proyectos productivos alternativos, sin descuidar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado; el desminado; el fortalecimiento de la justicia; la protección de los recursos naturales; el estímulo al emprendimiento y la innovación, y la promoción de una cultura de tolerancia y convivencia en el país.

En estas y otras tareas –que se proyectan por otros 15 años–, estoy seguro de que Estados Unidos y Colombia seguiremos siendo los mejores socios por el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos.

El Plan Colombia descansa en paz: Andrés Pastrana

Las nuevas generaciones están descubriendo la existencia del Plan Colombia y el contexto histórico de una iniciativa que salvó a Colombia del abismo y la enrumbó por el camino de la paz. Son pocos los jóvenes que saben hasta dónde llegó la mafia al comprarse la Presidencia del país. No muchos conocen, por ejemplo, un aviso de recompensa del Departamento de Estado estadounidense que ofrece cinco millones de dólares por un capo de la droga:

“Él (Rodrigo Londoño, alias Timochenko) fijaba las políticas de cocaína de las Farc dirigiendo y controlando i) la producción, manufactura y distribución de cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y el mundo; ii) la ‘tributación’ del tráfico de drogas en Colombia para conseguir fondos para las Farc, y iii) el asesinato de cientos de personas que violaban o interferían las políticas coqueras de las Farc. En el 2000, junto con Pastor Alape, ordenó al bloque Magdalena Medio retomar zonas coqueras, derribar avionetas de fumigación, aumentar la producción de coca, secuestrar ciudadanos de Estados Unidos y matar campesinos que vendieran pasta de coca a compradores distintos de las Farc.

El plan resucitó las Fuerzas Armadas y la Policía mientras montaba el más ambicioso plan social –Familias en Acción, sustitución de cultivos, etc.– contra el narcotráfico. Enfrentó integralmente al negocio sin condicionarse a un posconflicto. Introdujo la tesis de corresponsabilidad de Estados Unidos como país consumidor. Las Farc, entusiasmadas por su éxito como cartel de la droga, envalentonadas por sus éxitos militares y el ascenso al poder de su amigo Hugo Chávez, no quisieron ver lo que venía.

Sin embargo, doblegadas militarmente y llevadas a sentarse a la mesa de diálogo, las Farc consiguieron lo imposible. En La Habana pactaron con el Gobierno el lavado de su negocio. Lograron el cese de acciones militares y el fin de la erradicación de sus cultivos. Y coronaron con la declaratoria de su narcotráfico como indultable delito político. Las consecuencias fueron inmediatas: la ONU reportó aumentos de 42 % anual en coca y cocaína. En el lapso de los diálogos de La Habana se retornó a los niveles iniciales del plan, en los que Colombia predominaba globalmente en el mercado de la droga.

Los acuerdos de La Habana han desembocado en una nueva bonanza coquera que marca el entierro del Plan Colombia. Las Farc no han enfrentado con franqueza el problema. Al no confesar la verdad de su negocio ni cooperar en su desmantelamiento, dejan una estela de duda sobre el rumbo del llamado posconflicto. Las consecuencias de la vista gorda del Gobierno en este respecto son algo sobre lo que los colombianos debemos reflexionar. La preservación intocable del negocio y las utilidades del narcotráfico de las Farc, terroristas reconocidos globalmente, no pueden ser condición de la paz de Colombia.

Fuente: El Tiempo

El expresidente Andrés Pastrana, quien asistirá a los actos de conmemoración en la Casa Blanca de los 15 años de vigencia del Plan Colombia, aseguró en entrevista con Blu Radio que el mandatario Juan Manuel Santos será el responsable de acabar con el mismo.

“La partida de defunción, el verdugo del Plan Colombia es el presidente Santos y es clarísimo (…) Ahora digo que en este caso es el fin del Plan Colombia porque si para el Gobierno del presidente Santos el narcotráfico es un delito conexo, se está legalizando el mayor cartel de la droga del mundo que es las Farc”, manifestó Pastrana.

En diálogo con Mañanas BLU, el expresidente también lamentó que durante los últimos años el presidente Santos no ha perseguido a las Farc porque está sentado en la mesa de La Habana, lo que ha generado el crecimiento de los cultivos ilícitos.

Sin embargo, aclaró que está feliz, pues fue el padre y creador del Plan Colombia y le tocó “parir y hacer concebir al Plan Colombia en el Congreso de Estados Unidos”.

Fuente: Blu Radio 

Andrés Pastrana: “El narcotráfico siempre quiere comprar el poder”

Abogado, político, comunicador, concejal, alcalde de Bogotá, senador y presidente. A Andrés Pastrana, podríamos calificarlo como un Presidente fundamental para entender la historia actual de Colombia, ya que gracias a él se avanzó muchísimo en el proceso de paz. Con aciertos y desaciertos, fue el hombre que preparó al país con el Plan Colombia, para recuperar la vida pacífica a pesar de la resistencia de las FARC.

Luchador incansable contra el narcotráfico y en la búsqueda de la paz desde sus tiempos de periodista. Recientemente ha dicho que la recaptura del “Chapo” Guzmán, podría tener implicaciones para el proceso de paz colombiano. ¿Nos explica?

La paz nace de la verdad y en esa medida las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), deben decir si tienen relación con el narcotraficante mexicano de quien se dice es uno de los socios mas importantes de la FARC. Son los carteles mexicanos los que están manejando hoy la droga en Colombia, por lo tanto, el impacto de esta captura será evidente en Colombia.

Pasemos a Venezuela. ¿Por qué le da el tratamiento de paisano a Nicolás Maduro?

(Risas) Cuando me refiero al paisano Maduro, lo que quiero decir es que todos somos bolivarianos y, por esa razón, nos podemos considerar paisanos y debemos tratarnos con respeto.

Aquí hay una polémica sobre la nacionalidad o doble nacionalidad de Maduro que, de confirmarse, le impediría haber sido siquiera postulado para la presidencia.

Eso se ha investigado. En Cúcuta hay quienes recuerdan a Maduro, dicen que vivió por allí. No ha aparecido la fe de bautismo en mi país y Maduro ha dicho que él nació en Venezuela.

¿Cómo ha visto el proceso de elecciones parlamentarias en Venezuela y el comportamiento del oficialismo ahora en minoría en la Asamblea?

“La voz del pueblo es la voz de Dios” decía Chávez y el pueblo está en la Asamblea. En democracia se gana y se pierde. Ganar es muy fácil, lo más importante es saber perder, no ha dado el oficialismo esa señal de saber perder. Ahora bien, los mensajes hay que leerlos correctamente. La MUD está conformada por seis o siete partidos y el oficialismo obtuvo 42% de los votos en medio de la peor situación financiera, política, económica y social del país, por lo tanto, ese es también un mensaje que la oposición debe revisar con mucho cuidado.

Ya pasó el proceso electoral y la responsabilidad que tienen los partidos políticos hoy en Venezuela es sentarse a pensar como se resuelve el tema humanitario, de salud, el social que cada vez se complica más. Si los dos millones de barriles de petróleo que se están produciendo, a un precio de 27 dólares por barril habla de la complicada situación de caja que tiene Venezuela, el pago de la deuda externa también se muestra difícil. Si no resuelve el tema financiero va a llegar un momento en que, o se paga la deuda externa o se compra comida, eso hay que solucionarlo.

Lo que pasa en Venezuela se siente en Colombia y viceversa.

El gobierno colombiano no tiene aún conciencia de lo que está sucediendo en Venezuela, tanto así, que cuando América Latina se está alejando del modelo chavista, Colombia está llegando a él. Santos con el referéndum que plantea revocará al Congreso. A nombre de la paz, el presidente solicita que los parlamentarios sólo hagan análisis de los proyectos de ley que podrán aprobar o no, pero nunca modificar ¿dónde queda la función legislativa? Lo más grave: la revocatoria de la justicia, cómo entender que una negociación que lleva cinco años, se haya acordado en 50 horas en Bogotá con una justicia transicional que no es otra cosa que la creación de un “tribunal” que conformarán las FARC, el gobierno y unos jueces internacionales para que hagan justicia en Colombia. Imagine usted al señor Obama diciendo que va a crear un tribunal para resolver el problema de Guantánamo en el que Isis y Al Qaeda ponen la mitad de los jueces, el gobierno de USA pone otros tantos y llegan unos jueces internacionales para que juzguen a Bush, Clinton… ¿quién lo va aceptar?

Pero es que Santos califica al narcotráfico como delito conexo.

Hemos sacrificado los mejores militares, políticos, periodistas, nos los han asesinado y el delito principal no es el narcotráfico porque los guerrilleros lo que querían era tumbar el gobierno; entonces ¿vamos a acusarlos de rebelión? Cuando en mi administración se impuso el Plan Colombia, logramos obtener de los americanos los recursos dentro de la tesis de la corresponsabilidad. Yo como Colombia produzco, usted se la consume. El Departamento de Estado, que fue el que calificó a Timochenko como el narcotraficante número uno de Colombia y tiene a las FARC en la lista de terroristas ¿podría entender al narcotráfico como un delito conexo?

Se está buscando una fórmula para acabar con el narcotráfico y conseguir la paz.

Al declarar al narcotráfico como delito conexo no se acabará con él en Colombia. El tema es ¿están dispuestos a entregar el negocio de la droga, el más importante del mundo? Te voy a dar una cifra: Colombia produce actualmente 450 toneladas de droga, eso, precio más o menos, está entre 20 a 40 billones de dólares de utilidad, por lo tanto nos vamos a enfrentar a un grupo político que se llama FARC que dice que no entrega las armas sino que las deja ¿Dónde? en la casa de la novia, de la mamá o en Venezuela. Yo pregunto a la FARC ¿nos van a dar las rutas, dirán quienes son los socios del cartel de los soles en Venezuela, hablarán de su sociedad con el Chapo en México, van a dar el dinero? Por eso es que yo, y también lo ha hecho el presidente Uribe, somos críticos del proceso.

25 mil muertos al año en Venezuela es una cifra de guerra. ¿Cómo se le combate?

Fundamental es combatir el narcotráfico. Y ese se encuentra en las altas esferas del gobierno civil y militar. Es complicado, en Colombia también llegó a Nariño y hoy está en UNASUR. El narcotráfico compró la presidencia de Colombia eso ha sido lo más vergonzoso que nos ha pasado a los colombianos, se compraron el congreso, la justicia y del narcotráfico terminamos en la parapolítica.

Usted ha dicho que cuando el narcotráfico se hace de las instituciones, lo más barato son los partidos políticos.

El narcotráfico lo que quiere siempre es comprar el poder y ese es el gran error que comete Pablo Escobar, meterse a la política, porque en ese momento sale a luz pública. Cuando me secuestra Escobar, es por ejercer el periodismo. Habíamos creado un grupo, denunciamos a los narcotraficantes, los carteles y comenzamos a generar conciencias. La denuncia es fundamental. Oswaldo Álvarez Paz, exgobernador del Zulia, dijo hace siete años en un programa: “Ojo con el narcotráfico que se está trasladando de Colombia a Venezuela” y lo metieron preso, le quitaron el pasaporte, tiene prohibición de salir del país y hasta de votar. ¿Y que está pasando hoy? Señalamientos y acusaciones internacionales a miembros del gobierno. El mundo esta muy atento a lo que pasa en Venezuela.

Obama quiere conmemorar los 15 años del Plan Colombia.

Allí estaré. El Plan Colombia nació en mi gobierno y lo continuaron Uribe y Santos. Obama quiere que asistamos los tres junto a los presidentes Clinton y Bush para demostrarle al mundo que cuando se piensa en políticas de Estado nacionales se pueden convertir en internacionales. Trabajamos conjuntamente en temas que han sido fundamentales para la transformación de Colombia y por eso hoy, hay una Colombia distinta. El Plan Colombia no fue un plan partidista y por eso ha permanecido en el tiempo, lo mismo deberíamos hacer con la paz, ¡ojalá se logre!

Fuente: El Venezolano de Panamá

Narco golpe judicial navideño en Venezuela

La comunidad internacional debe hacer respetar el voto popular del 6D y sus legítimos representantes

La hermana Venezuela enfrenta un fin de año y un 2016 extremadamente complejos.

En lo económico el manejo incompetente del régimen y la caída del precio del petróleo han desnudado el colapso productivo. El ingreso de divisas petroleras ha declinado, buena parte de estos se regalan a otros países o internamente, porque en ningún otro lugar del mundo se compra 9.200 (Si, nueve mil doscientos) litros por 1€ (un Euro). En ningún otro país el Banco Central vende $us100 por 75 centavos de dólar (menos de 1% del valor) a amigos del régimen, para que se roben las pocas divisas. En ningún lugar el billete de más alta denominación, el de 100 “Bolívares Fuertes” en Venezuela, vale alrededor de 11 céntimos de Euro.

La tierra del Libertador enfrenta la explosiva mezcla de inflación de Zimbabue, criminalidad siria y escasez de alimentos subsahariana. La protesta pacífica y la crítica certera fueron virulentamente reprimidas: decenas de presos políticos y muchos periodistas procesados por reproducir noticias internacionales.

Por esta dramática situación y contra todo ventajismo electoral imaginable, descrito en la carta de 18 páginas del Secretario General de la OEA Luis Almagro, el pueblo votó masivamente por la oposición que obtuvo 112 de los 167 escaños para la nueva Asamblea Legislativa.

La votación fue un repudio contundente al hombre más poderoso de Venezuela, el Presidente saliente de la Asamblea Diosdado Cabello, un autoritario militar que desde ese cargo manejaba todas las instituciones “independientes”, buena parte de la economía y, según investigaciones internacionales, el tráfico de cocaína.

La tarde del pasado 6 de diciembre este tenebroso personaje anunció que se “votaría hasta la hora que sea”, anunciando en esencia que mantendría recintos electorales abiertos, sacaría a la calle las bandas crimínales (“colectivos”) para apoderarse de estos y alteraría la votación electrónica mediante la toma violenta de las mesas. Esta receta no pudo aplicarse ese día, porque el Ministro de Defensa General Padrino tomo una posición democrática, ordenó el cierre de las mesas y anunció que no permitiría desmanes violentos. Ese día Diosdado quedó destemplado, porque en unas pocas horas perdió su ascendiente militar y su base de poder institucional en el Congreso.

A pesar de ello, el Presidente Maduro, como nos aseguró la noche antes de la elección, anunció públicamente que aceptaba los resultados. También cumplió al permitir que Leopoldo López sufrague en Ramo Verde.

Lamentablemente, en este periodo de transición no se está buscando la reconciliación, ni abordando la reconstrucción económica. La falta de alimentos, suministros básicos y medicamentos tiende a agravarse. La crisis humanitaria está en ciernes. Pero la desesperación de Diosdado prima y prevalece sobre las necesidades nacionales.

Desde el 6 de diciembre, el gobierno que aceptó resultados ahora los llama “golpe electoral”; ha anunciado que entregará el Congreso a un “parlamento comunal”; Barreiro, la jueza que linchó a Leopoldo López con una sentencia de catorce años sin pruebas ni causa, acaba de ser elegida por Diosdado como Defensora Pública; además la Canciller ha mentido, tergiversado e insultado al Presidente Argentino Mauricio Macri por pedir la libertad de los presos políticos.

El desesperado Diosdado acaba de consumar su maniobra más descabellada: el intento de golpe judicial a la voluntad popular expresada en las urnas hace unos días. Como Presidente de una Asamblea saliente carente de legitimidad, ha obtenido Autorización judicial para convocar sesiones legislativas extraordinarias y el 23 de diciembre ha elegido en CUARTA votación, porque no tiene dos tercios para hacerlo en las tres primeras, a 13 jueces titulares y 22 suplentes en el Tribunal Supremo de Justicia.

Por increíble que parezca, el otrora hombre fuerte congresal y militar, habiendo perdido el 6D estas esferas de poder, ahora pretende atrincherarse con sus áulicos en el Poder Judicial, desde donde pretende facilitar a su régimen legislar por decretos ejecutivos, fallar contra la constitucionalidad de las leyes del nuevo congreso, impugnar o enjuiciar a nuevos congresistas y protegerse judicialmente de posibles juicios e investigaciones. Ese es un intento de golpe judicial de fin de gestión por parte de una persona acusada de manejar el Cártel de los Soles, en suma un Narco Golpe Judicial Navideño.

La comunidad internacional debe rechazar esta acción dolosa. El próximo año 2016 el nuevo Congreso Venezolano removerá de su cargo a estos jueces narco-golpistas. El régimen intentará denunciar “conflicto de poderes”. Cuentos de Diosdado. No habrá tal.

Ante la última intentona autoritaria de Diosdado instalando su Tribunal golpista, la OEA y los gobiernos de la región deberán reclamar el respeto a los 112 parlamentarios electos por el pueblo el 6 de diciembre. De ser necesario, la OEA debe invocar el Artículo 20 de la Carta Democrática para hacer respetar el voto popular, a sus legítimos representantes y jamás avalar el narco-golpismo judicial de Diosdado.

Eso es democracia, el resto son golpes disfrazados de jueces.

Fuente: Periódico El País 

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